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El abogado de la familia de Débora Pérez Volpin apuntó contra el sanatorio de La Trinidad por supuesto ocultamiento de pruebas

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Diego Pirota, letrado que representa a los parientes de la periodista en la causa por homicidio culposo que investiga su muerte, apunta a un hueco en la historia clínica y cree que el endoscopio incautado no es el que se usó en el estudio original. La curiosa presentación de la empresa detrás del centro médico
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Diego Pirota, abogado querellante en representación de la familia de Débora Pérez Volpin, asegura en diálogo con Infobae: “No nos vamos a quedar con esto”.

Esta mañana, Pirota –ex defensor en Comodoro Py de funcionarios en causas sensibles como Amado Boudou y Fernando de Santibañes- presentó un pedido de  medidas de prueba en la causa que investiga la muerte de la periodista a cargo de la fiscal Nancy Olivieri, bajo la firma del juez Gabriel Ghirlanda, con una calificación de homicidio culposo. No solo la anestesista Nélida de la Puente y el gastroenterólogo Diego Bialolenkier están cuestionados y bajo sospecha en los cálculos de la querella: a tres semanas de la muerte de la ex legisladora y conductora de TN en el Sanatorio de la Trinidad, la clínica misma está bajo fuego. La historia clínica y el aparato con el que se habría realizado la endoscopía y que fue incautado por la Policía de la Ciudad dos días después del fallecimiento se convierten en el nuevo centro del problema.

-Hoy se presentaron una serie de medidas de prueba en la causa. ¿Cuáles son estas medidas?

-El pedido se lo hicimos a la fiscal Nancy Olivieri que tiene delegada la instrucción. Primero, queremos conocer los nombres de todas las personas que trabajaron los días 5, 6 y 7 de febrero en la clínica y que tuvieron que ver con el tratamiento de Débora, toda la gente que haya intervenido desde que llegó hasta el último día. Sobre el endoscopio secuestrado también estamos ampliando la investigación para corroborar si ese endoscopio se usó o no en el procedimiento. Queremos las identidades de quienes trabajaron para citarlos como testigos, a los que tengan un grado de responsabilidad médica se verá el tenor de la declaración.

-¿Por qué hay sospechas sobre el endoscopio incautado?

Sospechamos que el que se secuestró no es el que se utilizó. Vamos a la explicación más simple, la que nos dan los profesionales que lo vieron en persona o en fotografías. Es uno muy antiguo, que no se usa a hace muchos años, más en un sanatorio como La Trinidad que cuenta con equipos de otra tecnología. Diré algo burdo: el avance de la tecnología es terrible y vemos este equipo que tiene 20 o 30 años. En el mismo lugar tienen tecnología más actual en otro lugar del edificio y no en los quirófanos. Casualmente no graba, no saca fotos ni deja registro de las imágenes que se ven. Y lo que reclamamos son las imágenes. El estudio se ordena justamente para eso, para ver las imágenes. Este estudio no se hacía de urgencia, sino que fue programado, no estaba en un cuadro de desesperación. Y Débora, como dijo la anestesista, estaba llena de vida. No tenía un cuadro de gravedad tal que había que hacer el estudio como sea. Quince minutos después sabemos lo que pasó.

Diego Bialolenkier. el gastroenterólogo que le practicó la endoscopía a Pérez Volpin.

Diego Bialolenkier. el gastroenterólogo que le practicó la endoscopía a Pérez Volpin.

Pirota luego va hacia un terreno igual de inquietante: una serie de anotaciones realizadas durante el procedimiento por el responsable de hacerlo, el gastroenterólogo Diego Bialolenkier y que están presentes en la historia clínica de la periodista fallecida. “Refiere primero una cosa y a la hora y media después refiere otra”, dice Pirota.

El abogado querellante cita: “18:15. Se progresa con distensibilidad dificultosa del tracto digestivo sin lograr correcta visualización” Es decir, le costó ingresar. “19:45. Se inicia procedimiento a las 19:20 progresando sin dificultad”, Pirota continúa. “Esto”, asevera el querellante, “fue secuestrado y consta en la causa. Es el mismo procedimiento evaluado por la misma persona.”

Por lo pronto, Pirota no pidió la indagatoria de Bialolenkier, que no tiene ninguna restricción legal para dejar el país a pesar de verse involucrado en un expediente bajo la calificación de homicidio culposo, algo que Pirota no cree necesario. “Todavía restan muchas más medidas. Para conocer la verdad tenemos que conocer todas las pruebas para que cuando se den las indagatorias pueda defenderse como corresponde”, asevera el abogado: “No es este el momento.”

-Por lo que puede verse en la causa hasta hoy: ¿la responsabilidad recae en la anestesista, en el gastroenterólogo o en ambos?

-Hoy los abogados de la querella consideramos que la responsabilidad es compartida. Entendemos que el endoscopista mediante una situación imprudente coloca a Débora en una situación de crisis tal que hace necesaria la intervención de la anestesista que realizando un procedimiento que no debía realizarse provoca la muerte. No sé quién tiene más responsabilidad que quién, cada uno tuvo un aporte distinto para el mismo resultado. Se concluyó una parte de la pericia. Ahora falta el informe histopatológico. Pero con esto sabemos que Débora murió por este tratamiento.

-Pérez Volpin pasa por varios estudios antes de llegar a la endoscopía. ¿Falló tal vez la supervisión de un médico superior?

-La sensación que tenemos de analizar la historia clínica, que es de la poca documentación que hay en la causa, es que faltaba ese médico de cabecera que coordina y va recibiendo la información para determinar el paso siguiente. Es una historia clínica donde no hay diagnóstico más profundo que un “dolor abdominal”, cada profesional repite lo mismo que el anterior. Y así va hasta la endoscopía. Sí hay un momento en donde un gastroenterólogo que ordena la endoscopía, lo que quiere es verlo, por eso no está presente. Necesita ver el resultado. La clínica nos quiere hacer creer que la clínica no se grabó. ¿Cómo se iba a ver si no se grababa? Lo ideal será conocer las imágenes, donde estará la verdad absoluta.

-¿Existen las imágenes?

-Siempre hablo en hipotético: entiendo que no. Pero tengo la confianza de poder corroborar y que si se hizo algo mal se encuentre al responsable.

Hay una curiosidad final que apunta a Galeno, la empresa que controla al Sanatorio de la Trinidad. Galeno hizo, según Pirota, una presentación judicial sumamente llamativa. “Se presentó en el juzgado con en un poder general apoderando a una abogada, algo que nos tiene atónitos. El juez hizo a lugar a este pedido de una persona jurídica que no está imputada, no hay directivo imputado y hoy no lo debería haber salvo que demostremos que no se entregó la máquina que usó. No sé lo que pasó. Es un híbrido. El juez no aclaró qué tipo de responsabilidad tienen. Pedimos una nulidad que el juez rechazó.”

La familia de Pérez Volpin, por lo pronto, no presentó un letrado civil para iniciar una demanda por daños y perjuicios con un resarcimiento económico

EL CRONISTA

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Patricia Bullrich, sobre la amenaza al fiscal Carlos Stornelli: “Es un mensaje intimidatorio y mafioso”

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Un artefacto que simulaba ser una bomba fue hallado este domingo frente a la casa de uno de los hijos del fiscal Carlos Stornelli, en cercanías del Colegio Bayard, en Jerónimo Salguero y Castex, en el barrio porteño de Palermo. Se trataba de “una maqueta”, es decir que no contenía explosivos. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a lo ocurrido como “un mensaje intimidatorio y mafioso”.

La funcionaria confirmó que el elemento encontrado en la puerta del edificio en el que vive uno de los hijos del fiscal es “un artefacto símil bomba sin explosivos”, y por eso consideró que la intención del autor de la intimidación fue “la de generar una situación de amenaza”.

“Es una amenaza dura porque es peor que este tipo de artefactos esté en la casa de los hijos que del propio fiscal. Es más amenazante, es un mensaje mafioso”, añadió Bullrich en diálogo con TN.

Además, la ministra detalló que hubo un llamado al 911 para reportar el hallazgo. “El objetivo era que se hiciera público, que se descubriese, y es un intento de generar una situación de mucha angustia y de mucho miedo al propio fiscal”, explicó.

Y remarcó: “Es una mensaje contra la Justicia, contra la tarea que lleva el fiscal a través de un tipo de amenaza muy dura”.

La funcionaria explicó también que, en principio, en el cruce de Salguero y Castex no hay cámaras de seguridad, pero que este lunes los investigadores averiguarán si las hay en algún establecimiento de la zona, para a partir de ello dilucidar cómo sucedió el hecho y dar con los responsables.

En tanto, contó que habló con el fiscal Stornelli tras el episodio: “Él lo toma como un mensaje claramente de intimidación respecto a los temas que está investigando, y a la idea de querer desestructurarlo, desarmarlo y que no siga adelante con la tarea”.

Por último, recordó el ataque que sufrió el juez Claudio Bonadio en noviembre del año pasado, cuando un hombre de 26 años arrojó un paquete con elementos explosivos en el domicilio del magistrado, en la calle Rómulo Naón al 2200, en el barrio porteño de Belgrano.

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Comenzará mañana el juicio oral a Cristina Kirchner por la obra pública: cómo será la primera audiencia y el proceso en medio de la campaña

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Quiénes son los acusados, qué lugar especial tendrá la ex presidenta y qué rol tendrá el ahora precandidato presidencial Alberto Fernández

La ex presidente Cristina Kirchner afrontará desde mañana su primer juicio oral y público. Es por el caso de la obra pública. Según la imputación, desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. El proceso se dará durante la campaña para las elecciones presidenciales en las que será vicepresidente de la fórmula con Alberto Fernándezquién también estará en el juicio: será testigo. Cristina Kircner comenzará a ser juzgada como ex mandataria y cuando se conozca el veredicto, dentro de un año aproximadamente, podría ser una de las cabezas del estado.

El juicio se iniciará a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py y se realizará en la sala AMIA, la más grande del edificio judicial y que está en su subsuelo y en la que Cristina Kirchner ya estuvo: declaró como testigo en los juicios por el atentado a la AMIA y en diciembre de 2016 por las irregularidades en esa investigación.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y Adriana Palliotti como cuarta magistrada. El fiscal será Diego Luciani y habrá dos querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner y Báez; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor KirchnerNelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

La ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. Si es encontrada culpable podría ser condenada una pena de entre cinco y 16 años de prisión. En cualquier escala, la condena es de cumplimiento efectivo en una prisión pero para que eso se cumpla el veredicto debe ser ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y Lázaro Báez, tres de los acusados en el caso de la obra pública

Julio De Vido, Cristina Kirchner y Lázaro Báez, tres de los acusados en el caso de la obra pública

¿Cómo será la primera audiencia del juicio? “Sabemos que hay una gran expectativa pero para nosotros será como la de cualquier juicio, aburrida”, le dijo a Infobae una fuente judicial que trabaja en el caso.

La expectativa está puesta porque es el primer juicio que enfrentará la ex mandataria, porque se da en un contexto electoral, a pocos días de haber anunciado su fórmula y porque estará junto con ex funcionarios presos y condenados. De Vido, Báez y Kirchner están detenidos y López bajo el programa de protección de testigos e imputados tras declarar como arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once y está en juicio por la compra de trenes chatarra durante su gestión; Báez está siendo juzgado por lavado de dinero y López por los bolsos con nueve millones de dólares con los que fue detenido en el convento de General Rodríguez y por los que tiene pedido de condena a seis años de prisión. López podría tener un papel central en el juicio de la obra pública.

“La presidenta se fijaba los montos que debían cobrar Austral, CPC, Electróingeniería y JCR”, dijo el ex funcionario en su última declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos. Austral es la empresa de Báez y los montos era el dinero de la obra pública que tenía. López dijo todos los meses le entregaba a Cristina Kirchner y a De Vido un listado con lo que las empresas debían cobrar y los fondos disponibles y que la mandataria decidía quién cobraba.

José López

José López

Eso lo declaró en otra causa y la expectativa estará en si también lo hará en el juicio o si decide seguir otra estrategia ya que en ese proceso no es arrepentido.

La primera audiencia estará destinada a leer la acusación del caso, que es como comienza todo juicio. Pero se prevé que haya entre tres o cuatro audiencias para eso y que cada una dure de cuatro a cinco horas. Se leerán las acusaciones de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, de la OA, de la UIF y la elevación a juicio del juez Julián Ercolini. Todas son muy extensas. La de la Fiscalía tiene 584 páginas.

Para ese trámite no sea tedioso la costumbre es leer solo las partes importantes. Pero en este caso el tribunal tiene la intención de que se conozca íntegramente para evitar cualquier planteo de nulidad a futuro. Pero las defensas pueden consentir que se lee solo un extracto.

El dato no es menor. En la lectura de la acusación todos los acusados tienen la obligación de estar presentes, lo que haría que Cristina Kirchner deba asistir a esas audiencias: una vez por semana durante un mes en tribunales. Luego puede pedir autorización para no ir a la declaración de los testigos, como suelen hacer muchos acusados. Los otros dos momentos en que los imputados tienen que estar es en los alegatos y en el veredicto.

Más allá de la lectura de la acusación no se descarta que en la primera audiencia las defensas hagan algún tipo de planteo. Es porque en la Corte Suprema de Justicia de la Nación están pendientes de resolución nueve apelaciones. Eso generó que la semana pasada el inicio del juicio haya estado en vilo. El máximo tribunal le pidió al tribunal la causa lo que generó la posibilidad que el proceso no empiece hasta que eso esté resuelto. El tribunal no suspendió el juicio, la Corte dijo que empezaba el martes y el viernes devolvió la causa.

Pero las defensas pueden objetar que lo que vaya a resolver la Corte pueda tener injerencia directa en el desarrollo del juicio. De hecho, durante el proceso el máximo tribunal definirá las apelaciones y la expectativa está puesta en cómo podría repercutir. De hecho, el viernes Báez recusó a dos jueces y pidió que no comience.

Una de las discusiones es sobre un peritaje. De las 51 obras públicas que están en discusión se dispuso una pericia solo sobre cinco de ellas. Las defensas lo objetaron y eso está entre los temas que tiene que resolver el máximo tribunal.

Mañana habrá un operativo de seguridad especial en Comodoro Py. El edificio estará vallado y tendrá un refuerzo de 70 oficiales de la Policía Federal más a los habituales. El exterior del lugar estará a cargo de Prefectura y Gendarmería con una cantidad de personal que todavía no se definió porque dependerá de si va público y qué cantidad a acompañar a la ex presidente.

El fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación del juicio (Foto: Fiscales.gob.ar)

El fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación del juicio (Foto: Fiscales.gob.ar)

La seguridad definió que la ex mandataria ingrese por la calle Costa Brava, que da atrás de Comodoro Py y por la que siempre llegó cada vez fue a tribunales. Ingresará por una puerta lateral que queda a poco más de 20 metros de la sala de audiencia. Para la ex mandataria se dispuso que en caso que en el juicio se haga un cuarto intermedio tenga una sala y un baño a su disposición para que espera allí el reinicio de la audiencia. 

Tras las lecturas en el juicio se hará lo que se conoce como “cuestiones preliminares”. Allí las partes podrán pedir nulidades y hacer distinto tipo de planteos. Luego será el momento de las indagatorias. Es la etapa en la que cada acusado puede declarar o no.

En el juicio declararán 159 testigos, entre ex funcionarios y empresarios. Uno de ellos es Alberto FernándezTambién los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner, Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, todos a pedido de la defensa de la ex presidenta.

Además fueron citados el ex titular de la Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, quien en 2016 presentó la denuncia que originó la causa; las diputadas de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Paula Olivettto y la ex legisladora Margarita Stolbizer.

Alberto Fernández, candidato a presidente en la fórmula con Cristina y testigo en el juicio

Alberto Fernández, candidato a presidente en la fórmula con Cristina y testigo en el juicio

Otros testigos serán el arrepentido Leonardo Fariña y varios empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Juan Chediak y Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Los dos están procesados en la causa de los cuadernos de la corrupción.

El juicio está previsto que dure un año. “Es difícil precisar una fecha porque los juicios son dinámicos y dependen de muchos factores, pero no menos de un año”, explicó una fuente.

Con ese cronograma ninguna fecha del juicio coincidirá con las elecciones. Cuando se hagan las internas -el 11 de agosto–, la primera vuelta –el 27 de octubre– o el ballotage –el 24 de noviembre– el juicio transcurrirá en la etapa de testigos. Cuando sean los alegatos, el momento en el que se piden penas y absoluciones, y el veredicto ya se sabrá quién ganó las elecciones.

Los audiencias serán todos los lunes y se prevé que más adelante se sumen los martes.

Cristina Kirchner no será la primera ex presidenta en ser juzgada. También lo fueron Carlos Menem y Fernando De la Rúa. La diferencia es que la ex mandataria llega al proceso con poder político y expectativas electorales. Ni Menem ni De la Rúa tuvieron ese escenario en sus juicios.

“No desconocemos el contexto político, ni que juzgamos a una ex presidenta. Pero es nuestra función y sabemos la expectativa social que tienen los casos de corrupción. Sin un mínimo de coraje no se puede ser juez”, le dijo a Infobae uno de los magistrados del caso.

También señaló que cualquier decisión que tomen será objetada. “En ese sentido, la grieta ya nos pasa”, dijo para graficar que cuando el mes pasado pasado autorizaron a Cristina Kirchner a viajar a Cuba donde está su hija Florencia recibieron críticas y elogios.

Comodoro Py (Adrián Escandar)

Comodoro Py (Adrián Escandar)

La acusación y la defensa de Cristina Kirchner

El caso fue elevado a juicio oral en marzo de 2018 y el juez Ercolini señaló en su resolución que se investigó “una asociación destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Para el magistrado, Cristina Kichner “en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”. Pero en rigor, los presuntos delitos comenzaron mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner asumió como presidente y “montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos” y continuaron en los gobiernos de Cristina Kirchner.

La acusación que hicieron los fiscales Pollicita y Mahiques está centrada en los 51 contratos de obra pública para Santa Cruz por 8 mil millones de pesos, que luego se ampliaron 16 mil millones, que recibieron las empresas de Báez, “Austral Construcciones”, “Kank y Costilla”, “Sucesión de Adelmo Biancalani” y “Loscalzo y del Curto Construcciones”.

Según la imputación fueron contratos amañados a favor de Báez cuando en muchas obras no tenía ni los antecedentes ni la capacidad operativa para hacerlas. Para los fiscales hubo un “incumplimiento sistemático, reiterado y permanente” ya que de las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas y las que culminaron fue con ampliaciones de plazos y costos.

Para la Fiscalía todo eso fue posible porque se permitió desde el gobierno que instrumentó distintos mecanismos legales, como decretos presidenciales, resoluciones del Ministerio de Planificación Federal o de la Dirección Nacional de Vialidad, para beneficiar a Báez.

También señalaron que Báez creó su empresa en 2003, pocos días antes que Néstor Kirchner asuma como presidente, y que después compró, alquiló y administró propiedades y hoteles de la familia presidencial. La sospecha es que ese dinero salió de los fondos públicos que recibió de las obras. Esos hechos forman parte de las causas “Los Sauces” y “Hotesur” que se juzgarán en otro juicio.

La defensa de Cristina Kichner -a cargo del abogado Carlos Beraldi- rechaza la acusación. Sostiene que ningún gobierno puede ser considerado una asociación ilícita y que las decisiones sobre la obra pública no pasaban por ella ya que las partidas para esos contratos las votó el Congreso en el presupuesto y que sus modificaciones son decisiones de los jefes de gabinete. Por eso pidió que los cuatro que ocuparon el cargo en sus gobiernos -Alberto y Aníbal Fernández, Massa, Capitanich y Abal Medina- declaren cono testigos.

Cuando fue indagada por el juez Ercolini, Cristina Kirchner también sostuvo que la acusación de los fiscales era “genérica y difusa” y que ella no es amiga de Báez y que en caso que Néstor Kirchner hubiese querido beneficiarlo lo podría haber hecho cuando era gobernador de Santa Cruz. También destacó que los fiscales obviaron analizar en su investigación el Informe Definitivo 3/2016 de la Unidad de Auditoria Interna de la Dirección Nacional de Vialidad.

“Se concluyó que no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse; que sólo se consideraron obras que hayan tenida certificación a partir de enero de 2010; que los auditores razonaron que los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación con la magnitud de las respectivas obras y que los incumplimientos advertidos son totalmente insignificantes”, declaró Cristina Kirchner.

La ex mandataria también sostuvo que detrás de la causa había una intencionalidad del gobierno de Macri y que en la obra pública a nivel nacional Báez estuvo durante su gobierno en el puesto 38, mientras que IECSA, la empresa entonces de Calcaterra -primo del actual presidente- había recibido más obra pública.

Todas las pruebas y los testimonios se expondrán en el juicio en donde al final del camino los jueces dirán si Cristina Kirchner es culpable o inocente.

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El arma hallada en la casa de Navarro Cádiz es la que se usó en el ataque a Olivares y Yadón

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Lo confirmaron fuentes de la investigación. Se trata de una pistola calibre .40

La pistola calibre .40 secuestrada anoche en el departamento de Juan José Navarro Cádiz (24), en la calle Montevideo al 76, fue la usada en el ataque contra el diputado Héctor Olivares y el funcionario Miguel Yadón, confirmaron fuentes de la investigación a Infobae. El arma, con mira láser, fue identificada luego de pericias balísticas y según trascendió, estaba escondida dentro de una bolsa en la cocina de la casa de uno de los seis detenidos.

El arma fue hallada ayer tras un allanamiento de la División Homicidios de la Policía Federal en la casa de Navarro Cádiz, quien había huido a Paysandú, Uruguay, y que luego fue detenido junto con su madre, María Rosa Cadiz, que también quedó bajo arresto y cuya situación judicial está siendo evaluada.

Después de la detención de Navarro Cádiz, principal sospechoso del ataque, el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, relató que, tras cometer el crimen, se vio al joven de 24 años a través de las cámaras de seguridad caminando en dirección a ese lugar y descartando seis balas en dos canastos de basura. Además, el sospechoso es el titular del Renault 19 en el que Juan Jesús “El Gitano” Fernández se fugó a Entre Ríos junto al padre del joven, Miguel Navarro Fernández.

Juan José Navarro Cadiz, uno de los acusado de participar en el ataque

Juan José Navarro Cadiz, uno de los acusado de participar en el ataque

Con este nuevo avance en la investigación, la situación de Navarro Cádiz pasó a ser una de las más complicadas. Es que además del arma y de su claro intento de fuga a Uruguay, se suma la declaración de “El Gitano”, quien dijo ante el juez de instrucción Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades después de ser traslado a la ciudad de Buenos Aires, que fue su primo Juan José el que disparó contra el legislador radical y le quitó la vida a Yadón.

El acusado dio la misma versión que su hija, Estefanía Fernández Cano, también detenida. Según dijo la mujer, el día del hecho su padre le contó que estaba en el auto con Navarro Cadiz y que sin ningún motivo comenzó a disparar. Ella permanece detenida acusada de encubrir a su padre en la huida.

Después de ser detenido en Uruguay, Navarro Cádiz admitió ante la justicia de ese país que estuvo en el auto Volkswagen Vento de donde salieron los disparos pero que él no los efectuó. Así lo dijo en declaraciones a un medio de aquel país el fiscal Juan Gómez. Se trata del funcionario judicial uruguayo que indagó al joven luego de la detención.

“A nosotros desde el punto de vista de nuestro trabajo no nos importa su participación en el hecho, pero él admite su participación. Eso es informalmente, lo que nos interesaba saber era si había entrado al país haciendo los trámites de migración y eso efectivamente ocurrió”, sostuvo Gómez, quien indicó que la declaración no tiene validez para la Justicia argentina.

El arma fue hallada ayer tras un allanamiento de la Policía Federal Argentina

El arma fue hallada ayer tras un allanamiento de la Policía Federal Argentina

La Policía Federal también llevó adelante un allanamiento en un departamento, propiedad de la mamá de Navarro Cádiz. Se trata de una vivienda en la calle Virrey Cevallos 215, donde hallaron y secuestraron varias armas de fuego y municiones: dos pistolas calibre .32 y .380 y rifles de aire comprimido.

Ayer, en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que ya no quedan sospechosos libres y que el clan cometió el crimen “por un código de sangre”. En cuanto al estado de salud de Olivares, el último parte médico preciso que “sigue siendo crítico” y “se mantienen todas las medidas de soporte vital”.

“En este momento está inestable con altos requerimientos de drogas vasoactivas, con los reemplazos de la función de órganos, reemplazo de la función respiratoria, de la función renal con diálisis, y el soporte hemodinámico para mantener su función cardiovascular”, dice el parte.

Infobae

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