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El abogado de la familia de Débora Pérez Volpin apuntó contra el sanatorio de La Trinidad por supuesto ocultamiento de pruebas

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Diego Pirota, letrado que representa a los parientes de la periodista en la causa por homicidio culposo que investiga su muerte, apunta a un hueco en la historia clínica y cree que el endoscopio incautado no es el que se usó en el estudio original. La curiosa presentación de la empresa detrás del centro médico
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Diego Pirota, abogado querellante en representación de la familia de Débora Pérez Volpin, asegura en diálogo con Infobae: “No nos vamos a quedar con esto”.

Esta mañana, Pirota –ex defensor en Comodoro Py de funcionarios en causas sensibles como Amado Boudou y Fernando de Santibañes- presentó un pedido de  medidas de prueba en la causa que investiga la muerte de la periodista a cargo de la fiscal Nancy Olivieri, bajo la firma del juez Gabriel Ghirlanda, con una calificación de homicidio culposo. No solo la anestesista Nélida de la Puente y el gastroenterólogo Diego Bialolenkier están cuestionados y bajo sospecha en los cálculos de la querella: a tres semanas de la muerte de la ex legisladora y conductora de TN en el Sanatorio de la Trinidad, la clínica misma está bajo fuego. La historia clínica y el aparato con el que se habría realizado la endoscopía y que fue incautado por la Policía de la Ciudad dos días después del fallecimiento se convierten en el nuevo centro del problema.

-Hoy se presentaron una serie de medidas de prueba en la causa. ¿Cuáles son estas medidas?

-El pedido se lo hicimos a la fiscal Nancy Olivieri que tiene delegada la instrucción. Primero, queremos conocer los nombres de todas las personas que trabajaron los días 5, 6 y 7 de febrero en la clínica y que tuvieron que ver con el tratamiento de Débora, toda la gente que haya intervenido desde que llegó hasta el último día. Sobre el endoscopio secuestrado también estamos ampliando la investigación para corroborar si ese endoscopio se usó o no en el procedimiento. Queremos las identidades de quienes trabajaron para citarlos como testigos, a los que tengan un grado de responsabilidad médica se verá el tenor de la declaración.

-¿Por qué hay sospechas sobre el endoscopio incautado?

Sospechamos que el que se secuestró no es el que se utilizó. Vamos a la explicación más simple, la que nos dan los profesionales que lo vieron en persona o en fotografías. Es uno muy antiguo, que no se usa a hace muchos años, más en un sanatorio como La Trinidad que cuenta con equipos de otra tecnología. Diré algo burdo: el avance de la tecnología es terrible y vemos este equipo que tiene 20 o 30 años. En el mismo lugar tienen tecnología más actual en otro lugar del edificio y no en los quirófanos. Casualmente no graba, no saca fotos ni deja registro de las imágenes que se ven. Y lo que reclamamos son las imágenes. El estudio se ordena justamente para eso, para ver las imágenes. Este estudio no se hacía de urgencia, sino que fue programado, no estaba en un cuadro de desesperación. Y Débora, como dijo la anestesista, estaba llena de vida. No tenía un cuadro de gravedad tal que había que hacer el estudio como sea. Quince minutos después sabemos lo que pasó.

Diego Bialolenkier. el gastroenterólogo que le practicó la endoscopía a Pérez Volpin.

Diego Bialolenkier. el gastroenterólogo que le practicó la endoscopía a Pérez Volpin.

Pirota luego va hacia un terreno igual de inquietante: una serie de anotaciones realizadas durante el procedimiento por el responsable de hacerlo, el gastroenterólogo Diego Bialolenkier y que están presentes en la historia clínica de la periodista fallecida. “Refiere primero una cosa y a la hora y media después refiere otra”, dice Pirota.

El abogado querellante cita: “18:15. Se progresa con distensibilidad dificultosa del tracto digestivo sin lograr correcta visualización” Es decir, le costó ingresar. “19:45. Se inicia procedimiento a las 19:20 progresando sin dificultad”, Pirota continúa. “Esto”, asevera el querellante, “fue secuestrado y consta en la causa. Es el mismo procedimiento evaluado por la misma persona.”

Por lo pronto, Pirota no pidió la indagatoria de Bialolenkier, que no tiene ninguna restricción legal para dejar el país a pesar de verse involucrado en un expediente bajo la calificación de homicidio culposo, algo que Pirota no cree necesario. “Todavía restan muchas más medidas. Para conocer la verdad tenemos que conocer todas las pruebas para que cuando se den las indagatorias pueda defenderse como corresponde”, asevera el abogado: “No es este el momento.”

-Por lo que puede verse en la causa hasta hoy: ¿la responsabilidad recae en la anestesista, en el gastroenterólogo o en ambos?

-Hoy los abogados de la querella consideramos que la responsabilidad es compartida. Entendemos que el endoscopista mediante una situación imprudente coloca a Débora en una situación de crisis tal que hace necesaria la intervención de la anestesista que realizando un procedimiento que no debía realizarse provoca la muerte. No sé quién tiene más responsabilidad que quién, cada uno tuvo un aporte distinto para el mismo resultado. Se concluyó una parte de la pericia. Ahora falta el informe histopatológico. Pero con esto sabemos que Débora murió por este tratamiento.

-Pérez Volpin pasa por varios estudios antes de llegar a la endoscopía. ¿Falló tal vez la supervisión de un médico superior?

-La sensación que tenemos de analizar la historia clínica, que es de la poca documentación que hay en la causa, es que faltaba ese médico de cabecera que coordina y va recibiendo la información para determinar el paso siguiente. Es una historia clínica donde no hay diagnóstico más profundo que un “dolor abdominal”, cada profesional repite lo mismo que el anterior. Y así va hasta la endoscopía. Sí hay un momento en donde un gastroenterólogo que ordena la endoscopía, lo que quiere es verlo, por eso no está presente. Necesita ver el resultado. La clínica nos quiere hacer creer que la clínica no se grabó. ¿Cómo se iba a ver si no se grababa? Lo ideal será conocer las imágenes, donde estará la verdad absoluta.

-¿Existen las imágenes?

-Siempre hablo en hipotético: entiendo que no. Pero tengo la confianza de poder corroborar y que si se hizo algo mal se encuentre al responsable.

Hay una curiosidad final que apunta a Galeno, la empresa que controla al Sanatorio de la Trinidad. Galeno hizo, según Pirota, una presentación judicial sumamente llamativa. “Se presentó en el juzgado con en un poder general apoderando a una abogada, algo que nos tiene atónitos. El juez hizo a lugar a este pedido de una persona jurídica que no está imputada, no hay directivo imputado y hoy no lo debería haber salvo que demostremos que no se entregó la máquina que usó. No sé lo que pasó. Es un híbrido. El juez no aclaró qué tipo de responsabilidad tienen. Pedimos una nulidad que el juez rechazó.”

La familia de Pérez Volpin, por lo pronto, no presentó un letrado civil para iniciar una demanda por daños y perjuicios con un resarcimiento económico

EL CRONISTA

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Las ocho causas judiciales que acorralan a Hugo y Pablo Moyano

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Están investigados por asociación ilícita, lavado de activos, defraudación, malversación de fondos, evasión impositiva y extorsión

Hugo y Pablo Moyano

Hugo y Pablo Moyano

El cúmulo de causas judiciales que enfrentan Hugo y Pablo Moyano pronostican una larguísima batalla en los tribunales de varios fueros. El frente judicial es tanto o más intrincado que las acusaciones que pesan sobre su aliada, Cristina Fernández de Kirchner.

El secretario general de la CGT, líder del Sindicato de Camioneros y presidente del Club Independiente junto al mayor de sus hijos, Pablo, su mano derecha en estas dos últimas instituciones, son investigados como presuntos miembros de una asociación ilícita y por otros delitos que van desde el lavado de activos, defraudación y malversación de fondos, evasión impositiva y hasta extorsión.

Sólo en el gremio que dirigen se los acusa de pergeñar maniobras fraudulentas mediante la adulteración de facturas y de haber creado una compleja red de sociedades operadas por familiares y allegados para adquirir inmuebles, desviar fondos y enriquecerse ilícitamente.

Todos los cargos han sido negados por los Moyano, que le apuntan a una supuesta persecución judicial movilizada desde la Casa Rosada.

Las sospechas por el supuesto manejo irregular de fondos pertenecientes al club de Avellaneda, no obstante, sumaron en las declaraciones de dos arrepentidos, los barrabravas Pablo “Bebote” Álvarez y Damián Langaronne, imputaciones por manejos turbios de dinero por la venta de jugadores y otras operatorias deportivas a través paraísos fiscales y de financieras que les atribuyen al clan Moyano.

Los hechos que les imputan fiscales y jueces son numerosos y se dispersan, según las distintas imputaciones, en una nube societaria incapaz al momento de determinar la cuantía patrimonial y cuáles son las empresas que ellos efectivamente manejarían. Sin embargo, los vasos comunicantes para las operatorias investigadas tanto en el manejo del club como del sindicato de camioneros encuentran en muchos casos un patrón común: la malversación de fondos y hasta supuestos métodos de coerción. Puntualmente, el clan Moyano es investigado en ocho causas que se instruyen en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Uno por uno cuáles son los expedientes

La principal pesquisa es la que impulsa el fiscal Sebastián Scalera, quien indagará al hijo de Moyano la semana próxima como presunto jefe de una asociación ilícita e insistirá en su detención. Scalera anunció que recurrirá por parcialidad al juez de la causa, Luis Carzoglio, y dijo que cuenta con abundante material probatorio que acreditaría una defraudación millonaria por reventa masiva de entradas desviadas de las cuentas del club rojo. Para el fiscal, su padre como presidente del club no podría estar ajeno a esa operatoria.

El juez Luis Carzoglio rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano

El juez Luis Carzoglio rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano

El juez federal de Morón, Néstor Barral, investiga la compra de dos propiedades en Parque Leloir para el gremio que se habrían llevado a cabo por medio de empresas ligadas a la familia Moyano. La Justicia busca determinar si los fondos para esas adquisiciones tuvieron origen en la sobrefacturación de esas empresas para lavar dinero.

También el juez federal de Quilmes Luis Armella los investiga por lavado de activos a raíz de las declaraciones como arrepentidos de Álvarez y de Langaronne, quienes sindicaron que los Moyano utilizaban empresas de su propio círculo familiar para lavar activos.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció la compra irregular de cinco terrenos en La Falda, Córdoba, en 2013, por parte del sindicato por montos supuestamente inflados. El fiscal federal Gustavo Vidal impulsó la causa en 2017 a raíz de la denuncia de un particular que señaló que se pagaron $6 millones por los terrenos que dos meses antes habían sido adquiridos por otra persona por un total de $309.255. El juez Alejandro Sánchez Freytes espera una pericia clave del Tribunal de Tasación de la Nación para resolver si procesa a Hugo Moyano.

Una de las causas más antiguas la promovió la diputada Graciela Ocaña ante el juzgado de Claudio Bonadio por el supuesto fraude a la Agencia Gubernamental de Administración de Programas Especiales (APE) por reintegros a la obra social de camioneros por medicamentos oncológicos. Según la denuncia, se habrían adulterado los troqueles de la especialidad medicinal Erbitux para cobrar más de $400.000 en reembolsos.

La diputada Graciela Ocaña fue una de las primeras en denunciar a Hugo Moyano

La diputada Graciela Ocaña fue una de las primeras en denunciar a Hugo Moyano

Tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) como la Procelac fueron muy activos para investigar a empresas manejadas supuestamente en las sombras por los Moyano. El titular de la Procelac, Gabriel Pérez Barberá, imputó a la empresa OCA por la evasión de aportes previsionales y otros tributos. La causa recayó en el juez del fuero Penal Económico Javier López Biscayart que procesó a dos de sus directivos, Patricio Farcuh y Jorge Mario Aste. Farcuh acusó a Hugo Moyano de manejar la empresa con la ayuda de Aste para desviar los fondos.

También Pérez Barberá avanzó contra OCA y otras empresas que giran alrededor del gremio de Camioneros por presunto lavado de dinero y evasión impositiva. Lo hizo apoyado en información de la UIF y en la pesquisa de la fiscal Alicia Sustaita que recayó en el Juzgado Penal Económico N° 3 a cargo de Rafael Caputo.

En tanto, el clan Moyano es investigado en otra causa por la presunta extorsión a directivos de la empresa de logística Expreso Pontevedra. Siete dirigentes de la cúpula de camioneros ya fueron procesados por coacción para cobrar una supuesta deuda de $2.000.000 por kilometraje mal facturado a choferes, sin ninguna constancia formal de esos trayectos. Los aprietes se habrían realizado mediante llamados telefónicos y obligada asistencia a reuniones en la que se habría intimidado a los directivos. Esa pesquisa también llega hasta Hugo y Pablo Moyano.

Infobae

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Cuadernos de la corrupción: citaron a indagatoria a los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique “Japonés”

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Ambos fueron mencionados por José López en su declaración como arrepentido

El juez federal Claudio Bonadio (Foto de archivo: Adrián Escandar)

El juez federal Claudio Bonadio (Foto de archivo: Adrián Escandar)

En una parte de su declaración como arrepentido en la causa iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López dijo: “En el 2013 se da el tema que aparece en escena Sergio Massa como candidato sorpresa y ahí aparece un condimento nuevo, había que darle respaldo a las agrupaciones que no tuvieran intendente que no jugara para Frente para la Victoria. En este contexto De Vido y Baratta me dicen hay que hacer la recaudación y el que va a concentrar va a ser Abal Medina, a quien lo ponen a cargo del distrito de San Martín para que coordinara a los grupos no tuvieran intendente que jugara para Frente para la Victoria. Me llamo así Abal Medina para que colaborara con eso, se lo consulte a la presidenta y me dijo “hay que poner todo para ganarle a ese traidor”, refiriéndose a Sergio Massa. Así fue como tuve una participación política, coordinando con las agrupaciones. Me reuní con Ivoskus en la casa del japonés García, le planteé la necesidad de apoyo, e Ivoskus me contestó que debíamos resolver un tema logístico, y me dijo que necesitaba 5 millones de pesos. Así dentro del listado que teníamos que habíamos hablado con Wagner, se seleccionó uno y ese pagó los 5 millones que se necesitaban. No recuerdo cual era la empresa. Alrededor de 100 millones de pesos en total junto con Roberto Baratta se juntaron de obras para la campaña 2013″.

De los nombrados por López en ese párrafo, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su segundo Roberto Baratta y el empresario Carlos Wagner fueron procesados por el juez Claudio Bonadio en setiembre pasado cuando explicó que hubo una asociación ilícita destinada a manejar dinero proveniente del pago de coimas por parte de hombres del negocio de la obra pública. Empresarios y ex funcionarios –entre ellos las ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- fueron alcanzados por el procesamiento. El ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fue indagado y aún no se resolvió su situación procesal.

A raíz de los dichos de López sobre la recaudación ilegal para la campaña de 2013, los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique “Japonés” García fueron citados a indagatoria por Bonadio. El ex intendente de San Martín debe declarar hoy. En tanto el ex intendente de Vicente López debe presentarse mañana.

Ricardo Ivoskus y Enrique García. Deberán presentarse ante Bonadio para defenderse de las acusaciones en la causa de loas cuadernos

Ricardo Ivoskus y Enrique García. Deberán presentarse ante Bonadio para defenderse de las acusaciones en la causa de loas cuadernos

Ivoskus comparte hoy día de indagatoria con Julián Álvarez, ex secretario de Justicia de los últimos tiempos del kirchnerismo. En tanto García declarará mañana una hora antes que el diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner.

Álvarez y Máximo Kirchner también fueron nombrados por López como parte de los dirigentes de la agrupación La Cámpora que tenían relación con los recaudadores de dinero ilegal proveniente de la obra pública.

Infobae

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Cuadernos de las coimas K: ordenaron la detención de la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner

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Buscan a otras cinco personas vinculadas a los negocios del ex colaborador del matrimonio presidencial

Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

El juez Claudio Bonadio ordenó ayer por la noche la detención de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario del matrimonio Kirchner, quien fue señalado en la causa de los cuadernos como el receptor de los bolsos con dinero proveniente de coimas que pagaban empresarios vinculados a la obra pública durante el gobierno anterior.

Muñoz fue secretario privado de los Kirchner hasta 2009. Los arrepentidos José López (ex secretario de Obras Públicas), el financista Ernesto Clarens y Claudio Uberti (ex OCCOVI), entre otros, explicaron que era Muñoz quien recibía los bolsos con dinero destinado a los Kirchner.

En las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Muñoz aparece como receptor de varias entregas del servicio de delivery de bolsos que manejaba Roberto Baratta, número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

Muñoz, quien murió el 25 de mayo de 2016, fue sobreseído por Bonadio cuando en septiembre pasado dictó los procesamientos de ex funcionarios y empresarios involucrados en las coimas reveladas a partir de lo escrito por Centeno.

Para los investigadores del caso iniciado por las anotaciones de Centeno, parte del dinero que circuló como coimas fue a parar al patrimonio de Muñoz-Pochetti y por eso el juez ordenó las detenciones.

Bonadio también le ordenó a la Policía Federal la detención de los marplatenses Sergio Todisco y María Elizabeth Ortiz Municoy, investigados como testaferros del matrimonio Muñoz-Pochetti.

Bonadio dio la orden para que sean detenidos Carlos Temístocles Cortez, Carlos Gellert y Perla Puentes Resendez, quienes aparecen involucrados en el entramado de sociedades que hicieron operaciones para el matrimonio Muñoz-Pochetti. Según explicaron a Infobae fuentes judiciales, como los investigadores del Caso Cuadernos determinaron que estos tres imputados están fuera del país, se le dio intervención a Interpol para que se haga efectiva su detención con vistas a la extradición.

Las seis personas a las que ordenó detener Bonadio están investigadas también en una causa a cargo del juez Luis Rodríguez donde actúa como fiscal Carlos Stornelli, también fiscal del Caso Cuadernos. Stornelli había pedido la detención de los imputados en la causa a cargo de Rodríguez.

Para Stornelli, las personas a las que se les pidió la detención “conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados (en la causa de los cuadernos) y convertirlos integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud todo ello desde al menos el año 2010 y con vigencia en la actualidad”.

Según información de la Unidad de Información Financiera (UIF) en manos de Rodríguez –quien investiga el delito de lavado de dinero del matrimonio Muñoz-Pochetti- hubo 16 operaciones inmobiliarias en Miami y Nueva York, entre abril de 2010 y diciembre de 2015, por 70 millones de dólares.

Muñoz-Pochetti aparecieron en los Panamá Papers como accionistas de una off shore registrada en las Islas Vírgenes. A partir de aquella información se llegó a un entramado de sociedades con vinculaciones en Suiza, Uruguay, Miami, Delaware, Nevada, Andorra, Seychelles y Nueva Zelanda que se dedicó a la compra de propiedades.

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