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El abogado de la familia de Débora Pérez Volpin apuntó contra el sanatorio de La Trinidad por supuesto ocultamiento de pruebas

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Diego Pirota, letrado que representa a los parientes de la periodista en la causa por homicidio culposo que investiga su muerte, apunta a un hueco en la historia clínica y cree que el endoscopio incautado no es el que se usó en el estudio original. La curiosa presentación de la empresa detrás del centro médico
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Diego Pirota, abogado querellante en representación de la familia de Débora Pérez Volpin, asegura en diálogo con Infobae: “No nos vamos a quedar con esto”.

Esta mañana, Pirota –ex defensor en Comodoro Py de funcionarios en causas sensibles como Amado Boudou y Fernando de Santibañes- presentó un pedido de  medidas de prueba en la causa que investiga la muerte de la periodista a cargo de la fiscal Nancy Olivieri, bajo la firma del juez Gabriel Ghirlanda, con una calificación de homicidio culposo. No solo la anestesista Nélida de la Puente y el gastroenterólogo Diego Bialolenkier están cuestionados y bajo sospecha en los cálculos de la querella: a tres semanas de la muerte de la ex legisladora y conductora de TN en el Sanatorio de la Trinidad, la clínica misma está bajo fuego. La historia clínica y el aparato con el que se habría realizado la endoscopía y que fue incautado por la Policía de la Ciudad dos días después del fallecimiento se convierten en el nuevo centro del problema.

-Hoy se presentaron una serie de medidas de prueba en la causa. ¿Cuáles son estas medidas?

-El pedido se lo hicimos a la fiscal Nancy Olivieri que tiene delegada la instrucción. Primero, queremos conocer los nombres de todas las personas que trabajaron los días 5, 6 y 7 de febrero en la clínica y que tuvieron que ver con el tratamiento de Débora, toda la gente que haya intervenido desde que llegó hasta el último día. Sobre el endoscopio secuestrado también estamos ampliando la investigación para corroborar si ese endoscopio se usó o no en el procedimiento. Queremos las identidades de quienes trabajaron para citarlos como testigos, a los que tengan un grado de responsabilidad médica se verá el tenor de la declaración.

-¿Por qué hay sospechas sobre el endoscopio incautado?

Sospechamos que el que se secuestró no es el que se utilizó. Vamos a la explicación más simple, la que nos dan los profesionales que lo vieron en persona o en fotografías. Es uno muy antiguo, que no se usa a hace muchos años, más en un sanatorio como La Trinidad que cuenta con equipos de otra tecnología. Diré algo burdo: el avance de la tecnología es terrible y vemos este equipo que tiene 20 o 30 años. En el mismo lugar tienen tecnología más actual en otro lugar del edificio y no en los quirófanos. Casualmente no graba, no saca fotos ni deja registro de las imágenes que se ven. Y lo que reclamamos son las imágenes. El estudio se ordena justamente para eso, para ver las imágenes. Este estudio no se hacía de urgencia, sino que fue programado, no estaba en un cuadro de desesperación. Y Débora, como dijo la anestesista, estaba llena de vida. No tenía un cuadro de gravedad tal que había que hacer el estudio como sea. Quince minutos después sabemos lo que pasó.

Diego Bialolenkier. el gastroenterólogo que le practicó la endoscopía a Pérez Volpin.

Diego Bialolenkier. el gastroenterólogo que le practicó la endoscopía a Pérez Volpin.

Pirota luego va hacia un terreno igual de inquietante: una serie de anotaciones realizadas durante el procedimiento por el responsable de hacerlo, el gastroenterólogo Diego Bialolenkier y que están presentes en la historia clínica de la periodista fallecida. “Refiere primero una cosa y a la hora y media después refiere otra”, dice Pirota.

El abogado querellante cita: “18:15. Se progresa con distensibilidad dificultosa del tracto digestivo sin lograr correcta visualización” Es decir, le costó ingresar. “19:45. Se inicia procedimiento a las 19:20 progresando sin dificultad”, Pirota continúa. “Esto”, asevera el querellante, “fue secuestrado y consta en la causa. Es el mismo procedimiento evaluado por la misma persona.”

Por lo pronto, Pirota no pidió la indagatoria de Bialolenkier, que no tiene ninguna restricción legal para dejar el país a pesar de verse involucrado en un expediente bajo la calificación de homicidio culposo, algo que Pirota no cree necesario. “Todavía restan muchas más medidas. Para conocer la verdad tenemos que conocer todas las pruebas para que cuando se den las indagatorias pueda defenderse como corresponde”, asevera el abogado: “No es este el momento.”

-Por lo que puede verse en la causa hasta hoy: ¿la responsabilidad recae en la anestesista, en el gastroenterólogo o en ambos?

-Hoy los abogados de la querella consideramos que la responsabilidad es compartida. Entendemos que el endoscopista mediante una situación imprudente coloca a Débora en una situación de crisis tal que hace necesaria la intervención de la anestesista que realizando un procedimiento que no debía realizarse provoca la muerte. No sé quién tiene más responsabilidad que quién, cada uno tuvo un aporte distinto para el mismo resultado. Se concluyó una parte de la pericia. Ahora falta el informe histopatológico. Pero con esto sabemos que Débora murió por este tratamiento.

-Pérez Volpin pasa por varios estudios antes de llegar a la endoscopía. ¿Falló tal vez la supervisión de un médico superior?

-La sensación que tenemos de analizar la historia clínica, que es de la poca documentación que hay en la causa, es que faltaba ese médico de cabecera que coordina y va recibiendo la información para determinar el paso siguiente. Es una historia clínica donde no hay diagnóstico más profundo que un “dolor abdominal”, cada profesional repite lo mismo que el anterior. Y así va hasta la endoscopía. Sí hay un momento en donde un gastroenterólogo que ordena la endoscopía, lo que quiere es verlo, por eso no está presente. Necesita ver el resultado. La clínica nos quiere hacer creer que la clínica no se grabó. ¿Cómo se iba a ver si no se grababa? Lo ideal será conocer las imágenes, donde estará la verdad absoluta.

-¿Existen las imágenes?

-Siempre hablo en hipotético: entiendo que no. Pero tengo la confianza de poder corroborar y que si se hizo algo mal se encuentre al responsable.

Hay una curiosidad final que apunta a Galeno, la empresa que controla al Sanatorio de la Trinidad. Galeno hizo, según Pirota, una presentación judicial sumamente llamativa. “Se presentó en el juzgado con en un poder general apoderando a una abogada, algo que nos tiene atónitos. El juez hizo a lugar a este pedido de una persona jurídica que no está imputada, no hay directivo imputado y hoy no lo debería haber salvo que demostremos que no se entregó la máquina que usó. No sé lo que pasó. Es un híbrido. El juez no aclaró qué tipo de responsabilidad tienen. Pedimos una nulidad que el juez rechazó.”

La familia de Pérez Volpin, por lo pronto, no presentó un letrado civil para iniciar una demanda por daños y perjuicios con un resarcimiento económico

EL CRONISTA

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Cuáles son los vínculos entre las empresas de los Moyano y el gremio de Camioneros que investiga la Justicia

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También analiza contrataciones que Independiente realizó con una compañía de la familia del sindicalista para terminar el estadio Libertadores de América

Las empresas pertenecientes a la familia Moyano abarcan distintos rubros. Su crecimiento en los últimos años fue más que importante y la Justicia investiga si está vinculado a supuestas contrataciones irregulares por parte del gremio de Camioneros.

La familia del dirigente sindical posee una empresa que presta servicios de seguridad llamada Organización de Seguridad Las Marías, otra que brinda servicios de salud denominada IARAI, una que realiza consultorías informáticas y confecciona uniformes que se llama DIXEY y una dedicada a la construcción de edificio que lleva el nombre ANCORA.

Pese a que las empresas se dedican a rubros diferentes, todas cuentan con un patrón en común: gestiones poco claras y negocios casi en su totalidad realizados con el Sindicato de Choferes de Camiones, que dirigen Hugo y Pablo Moyano, y entidades afines.

Todas las empresas, con excepción de la que brinda servicios de seguridad, registran domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires en la calle Florida 878, Piso 2°, y cuentan con el mismo escribano interviniente, Augusto Galdos . Además, poseen la misma compañía de seguros. Se trata de Caminos Protegidos, que es propiedad de Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros. La compañía asegura la mayoría de los camiones del país.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano (Nicolás Stulberg)

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano (Nicolás Stulberg)

A lo largo de 2014, la empresa DIXEY generó $34 millones de ingresos mediante la venta de servicios informáticos. Para el mismo ejercicio económico los equipos informáticos de la empresa poseían una valuación contable inferior a $80 mil, por lo que resulta extraño que con un modesto nivel de infraestructura informática se hayan podido generar más de $4 millones de dólares de ingresos. Con una estructura informática muy similar a la que tenía la empresa en el 2014, los ingresos correspondientes a consultoría durante el 2012 fueron de $18 millones.

Dixey logró duplicar sus ingresos por servicios informáticos en dos años y sin haber invertido prácticamente nada de dinero adicional. Casi la totalidad de las ventas que habría tenido a lo largo de 2017 en concepto de prestación de servicios se encuentran asociadas a alguna empresa del grupo Moyano-Zulet o corresponde a alguna de las entidades vinculadas al Sindicato de Camioneros. Por lo tanto, se puede inferir que los más de $10 millones gastados por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros en concepto de uniformes corresponden a DIXEY, al igual que los $20 millones anuales que el Sindicato Camionero destina a uniformes y guardapolvos.

En lo que concierne a la empresa constructora, entre los años 2007 y 2010, los ingresos de ACONRA aumentaron un 577%, pasando de $27 millones a $156 millones. Ese incremento se encuentra explicado casi en su totalidad por las obras vinculadas al ex Sanatorio Antártida, el cual fue inaugurado por primera vez, de manera fallida, durante el año 2009. Nueve años después, sigue sin estar en funcionamiento.

Del mismo modo, la Federación de Choferes de Camiones gastó casi $17 millones en reparaciones que habrían sido provistas por la constructora de la familia Zulet. Además, la Mutual de Trabajadores Camioneros destinó más de $22 millones en concepto de reparación de inmuebles. El circulo siempre termina con la prestación de servicio de las mismas empresas. Todas vinculadas a la familia Moyano.

Los Moyano vinculan a sus empresas con las entidades en las que tienen influencias (NA)

Los Moyano vinculan a sus empresas con las entidades en las que tienen influencias (NA)

Lo mismo sucede con el Club Atlético Independiente, presidido por Hugo Moyano. Con el control del poder desde la presidencia, el líder camionero encontró en ANCORA a la empresa ideal para terminar la construcción del Estadio Libertadores de América, donde juega el equipo de Avellaneda. En febrero del 2015, ANCORA recibió un pago de más de $5 millones por parte del club.

El tercero de los rubros que despierta sospechas es el de la seguridad. Al 31 de Marzo de 2017, el Sindicato de Choferes de Camiones destinó $190 millones anuales en concepto de gastos de seguridad. Ese servicio habría sido provisto por la empresa Seguridad Las Marías.

Ante ese escenario, en menos de dos años habrían montado una estructura comercial que le permitió facturar cerca de $200 millones al año, algo que en la práctica no serían tan sencillo de lograr.

Por otra parte, los gastos en seguridad pareciera ser desproporcionado si se tiene en cuenta que algunos bancos que operan en la Argentina, con más de 100 sucursales en todo el país, destinan para seguridad montos significativamente menores.

En resumen, lo producido por estas empresas se encuentra explicado en más de un 80% por ser entidades vinculadas a Hugo Moyano como el Sindicato y Federación de Camioneros, y el club Independiente.

Hugo Moyano y Liliana Zulet en la platea de Independiente

Hugo Moyano y Liliana Zulet en la platea de Independiente

Desde comienzos del 2018, las empresas vinculadas al ex secretario general de la CGT son investigadas por el Juez Federal de Morón, Néstor Barral, en el marco de una causa por lavado de dinero, donde se busca determinar si las propiedades que poseen las empresas en Parque Leloir son producto de una sobre facturación al Sindicato de Camioneros y las entidades afines.

La investigación avanza. La justicia quiere clarificar cómo es el recorrido del dinero de la sociedad Moyano-Zulet, que comienza con el aporte de los afiliados y termina en un retiro de dividendos a través de las empresas de su familia.

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Los cuadernos de las coimas: José López acordó ser arrepentido y será un testigo protegido

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José López, el hombre de los bolsos, se quebró por primera vez en su largo historial con la Justicia. El exsecretario de Obras Públicas, detenido desde hace más de dos años, confesó su rol en el esquema de pagos ilegales que ya atravesó distintas áreas del gobierno kirchnerista y dejó salpicados a una decena de empresarios.
La llegada de esta mañana de José López a los tribunales de Comodoro Py Fuente: LA NACION – Crédito: Emiliano Lasalvia

José López, el hombre de los bolsos, se quebró por primera vez en su largo historial con la Justicia. El exsecretario de Obras Públicas, detenido desde hace más de dos años, confesó su rol en el esquema de pagos ilegales que ya atravesó distintas áreas del gobierno kirchnerista y dejó salpicados a una decena de empresarios.

A pesar de que el acuerdo con la Justicia todavía se está negociando, López ya acordó que ingresará en el programa de protección a testigos por la información valiosa que aportó hasta el momento, anticiparon fuentes oficiales. El primer beneficio que recibirá el exfuncionario es una mejora en sus condiciones de detención, que incluso puede ser fuera de un penal.

“Ya habló muchísimo, pero faltan algunas cosas importantes todavía”, dijo a LA NACION una fuente al tanto de la investigación . Y agregó que, como requiere la ley del arrepentido, López apuntó hacia “arriba” en la escala jerárquica, que sólo completan el entonces ministro Julio De Vido y la familia Kirchner.

Aunque la decisión final quedará en manos del juez Claudio Bonadio, quien debe homologar el acuerdo y ya no está en los tribunales de Comodoro Py. La negociación, de todos modos, continuará durante los próximos días.

Después de varias horas frente al fiscal Carlos Stornelli, López confesó su participación, que podría también involucrar a los interlocutores con los que solía tratar el exfuncionario, como intendentes y gobernadores, personajes que hasta ahora no habían sido mencionados en la causa de los cuadernos de las coimas.

Sobre el final de la noche, el fiscal Stornelli dijo: “Tuvimos una conversación sincera. Fue una larga charla donde tocamos todos los tópicos en los que podía hacer aportes. Llegamos a un acuerdo y esto se presentará en el juzgado para homologarse”. En la entrevista con TN, aclaró que esto “no implica ninguna excarcelación o libertad”.

Agregó que no puede revelar detalles de lo conversado, pero adelantó: “Hizo aportes sustanciales a la causa”. Al ser consultado sobre la situación de la expresidenta Cristina Kirchner dijo que de eso no iba a hablar. Y agregó que, con 25 años como fiscal, esta es una causa que tiene componentes que lo sorprenden.

López fue nombrado en distintas ocasiones en los cuadernos de Oscar Centeno, pero también fue mencionado por varios de los arrepentidos. Carlos Wagner, por ejemplo, que se desempeñó como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que entre el 10 y el 20% de todo el dinero de la obra pública era destinado a sobornos para los funcionarios kirchneristas.

“Dinero de la política”

López cayó en prisión el 14 de junio de 2016, cuando fue detenido in fraganti en un convento de General Rodríguez con bolsos que contenían U$ 9 millones, 153.000 euros y relojes Rolex.

En su primera indagatoria ante el juez federal Daniel Rafecas, el exsecretario de Obras Públicas había manifestado que el dinero que había transportado aquella madrugada “era de la política”.

Recién brindó más detalles sobre el origen de los dólares días atrás, cuando debió declarar en el juicio oral y público en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. “El dinero de los bolsos no era mío, era de personas de la política”, ahondó, tras decirle a los jueces que pensaba “decir todo”.

“Fui obligado por unas personas a realizar diligencias, una de ellas era que yo debía trasladar los bolsos al convento que yo conocía y al que tenía entrada entendiendo que a a partir de allí se los iba a ir retirando para darles otro destino”, señaló López.

“Me usaron como chivo expiatorio, como una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar”, agregó.

En simultáneo a su declaración ante el tribunal oral, varios empresarios se habían arrepentido en la causa de los cuadernos y habían asegurado que habían hecho aportes en negro a la campaña kirchnerista.

Sin embargo, en los últimos días, la pesquisa del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Stornelli detectó que los fondos negros fueron mucho más que una mera recaudación para la campaña. En el expediente hay fuertes indicios de que existieron coimas en el área de energía, de transporte, de las concesiones viales y también en los negocios con Venezuela. López podría abrir nuevas líneas de investigación.

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Conocelo a Gabriel Romero otro empresario arrepentido que reconoció coimas en la era Kirchnerista

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Empresario Gabriel Romero admitió haber pagado U$S 600 mil por un decreto en gobierno de Cristina

El dueño de EMEPA reconoció ante la Justicia haber pagado coimas para que el gobierno de Cristina Kirchner le extienda la concesión de la Hidrovía. También reconoció sobornos a Ricardo Jaime.

El líder del grupo EMEPA, Gabriel Romero, se convirtió hoy en nuevo empresario arrepentido en el caso de los cuadernos del chofer Oscar Centento, en tanto que Rodolfo Poblete, de la misma empresa, recuperó su libertad en las últimas horas.

 

Foto Diario 26

 

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