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Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes: Nadie sabe, nadie contesta

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Francisco Godinez Galay, director del Centro de Producciones Radiofónicas – CEPPAS, consultó a la Defensoría del Público “a ver si sabían algo del texto del Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes”. A meses de distintos anuncios y promesas, el anteproyecto brilla por su ausencia

La Resolución 601 de marzo de 2017 del Ministerio de Comunicaciones admite que la Comisión de Redacción ya terminó el texto del Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes. Desde que supimos esto, y entendiendo que es derecho ciudadano acceder a esos textos cuya voluntad declarada del gobierno es someterlos a consulta pública, venimos haciendo infructuosos pedidos de información al respecto (al término de este artículo estamos a la espera de la respuesta al sexto pedido).

En el proceso hemos consultado tanto al Ministerio de Comunicaciones como al Ministerio de Modernización, luego de la disolución del primero y el traslado del ENaCom a su esfera. Pero también nos pareció pertinente consultar a la Defensoría del Público al respecto, sobre todo para saber si el organismo es tenido en cuenta a la hora de la redacción de la futura norma o si cuentan con información adicional por ser una institución creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual todavía vigente.

Les solicitamos que nos informaran sobre cuál venía siendo el rol de la Defensoría en la elaboración de ese Anteproyecto, entendiendo que debe ser partícipe del proceso, no solo por tratarse de un organismo que debe conocer si seguirá existiendo, sino por ser especializado en la materia, ser parte del Estado, tener rol de contralor y de defensa de los derechos de las audiencias en sentido amplio, lo que coloca a la institución en una posición de conocimiento y contrapeso imprescindible.

La respuesta del organismo no fue muy alentadora. La participación que se le dio en la elaboración del texto es equivalente a la participación que dieron a organizaciones no gubernamentales, academia, agrupaciones de interesados. Una participación escueta consistente en cierta cantidad de reuniones donde cada organización podía exponer 15 minutos ante la Comisión de Redacción qué creía que la nueva norma debería tener. La Defensoría del Público, organismo creado por Ley, especializado en la materia y parte del Estado, solo fue invitada a exponer 15 minutos. Además, nos envían los documentos donde constan las propuestas que acercaron a la Comisión de Redacción y una carta remitida al relator especial de libertad de expresión de la CIDH Edison Lanza informándolo sobre el proceso de transformaciones de la legislación vigente en comunicación vía decretos desde diciembre de 2015, donde lo alertan justamente de “las restricciones y déficits en materia de participación y consulta multisectorial democrática en la discusión y elaboración del futuro proyecto de ley de ‘comunicaciones convergentes’”.

El gobierno prometió tener un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes. Pidió dos veces prórroga. Admitió en una Resolución tenerlo listo, como así también en declaraciones de algunos funcionarios. Sin embargo, no se publica ni se somete a debate. Y ni organismos como la Defensoría del Público han podido participar del proceso o tienen información sobre qué se plantea hacer desde el gobierno en esta materia.
Fuente: CPR

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Corrupción K Los medios de Cristóbal López le deben $1.400 millones a la AFIP

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La suma es por diferentes tributos. Sospechan que puede haber desvío de fondos para otros fines.

Los principales medios de comunicación que controlan Cristóbal López y Fabián De Sousa siguen en serios problemas financieros. Acumulan una deuda con el fisco superior a los $ 1.400 millones y en la Justicia sospechan que esos fondos que deberían ir a parar al Estado se estaría desviando hacia otros fines.

La deuda de las empresas se compone de varios tributos. Desde los aportes a la seguridad social, pasando por el IVA e Impuesto a las Ganancias. La AFIP ya intimó a las empresas que incrementaron la deuda con el organismo que dirige Leandro Cuccioli. Si bien se procedió con el embargo de algunas cuentas, los medios se encuentran en pleno concurso de acreedores a cargo del juez en lo civil y comercial Javier Cosentino, el mismo que decretó la quiebra de Oil Combustibles el principal activo del Grupo Indalo. Oil es la empresa que se quedaba con Impuesto a la Transferencia del Combustible y que acumuló una deuda de $ 8.000 millones.

De fuentes judiciales, Clarín pudo conocer el detalle de la deuda acumulada. El canal de noticias C5N debe $ 590 millones, Radio 10, $ 230 millones; Radio Pop, $ 160 millones; Ámbito Financiero, $ 160 millones; Ideas del Sur, $ 310 millones; Vale FM, $ 20 millones; Diario registrado, $ 7 millones.

Del análisis que los veedores judiciales realizaron sobre el holding meses atrás, se desprende la crítica situación del emporio que en doce años construyó Cristóbal López y que llevó el sello distintivo del Grupo Indalo. El informe indica que el conglomerado está al límite de su capacidad operativa y en un “estado grave de situación”. Para entonces sólo adeudaban $ 900 millones a la AFIP. El escenario actual es más complejo.

Con sus dueños presos por defraudar al Estado, al financiarse con $ 8.000 millones que debían pagar a la AFIP en concepto del ITC, el Grupo Indalo transita un laberíntico camino judicial. Muchas empresas tienen el concurso preventivo abierto en el fuero comercial, mientras se sortean las dificultades financieras para responder desde el grupo al pago de los salarios.

En diciembre de 2017 ante la justicia en lo Civil y Comercial, los administradores del Grupo, solicitaron la apertura del concurso preventivo de acreedores de las empresas que manejan los medios de comunicación: Telepiú (C5N), Ideas del Sur, Votionis (Radio 10 y Mega), Imagen Radial (Radio One), Dh Com (Radio Pop), Radio Productora 2000 (Radio Vale), Pensado para Televisión (PPT), Editorial Amfin (Ambito Financiero), Nefir (Ambito.com), Real Time Solutions (Diarioregistrado.com) e IGD (Diario El Patagónico).

Los medios de comunicación emplean en la actualidad más de 1.400 trabajadores y se trata de uno de los activos más relevantes del Grupo Indalo.

El agravante además de la deuda que se incrementa mes a mes, es la sospecha que persiste en el Gobierno como en la Justicia: que se estén desviando fondos a otros fines que deberían destinarse a los salarios e impuesto correspondientes.

“Se investiga si no hay una maniobra similar a la que ya se observó con Oil Combustibles”, expresaron a Clarín fuentes de la causa. El planteo es compartido en la Casa Rosada donde temen que termine ocurriendo lo mismo que con la petrolera: que se acumule impagable que ponga en riesgo la continuidad de las empresas.

Por lo pronto, el organismo que dirige Cuccioli está decidido a “recuperar la mayor cantidad de dinero en el marco del concurso preventivo una vez que se expida la Justicia”, señalaron fuentes del sector.

El empresario K Cristóbal López sigue preso.

CLARIN

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Claudio Bonadio le respondió a Julio De Vido dónde está el dinero de los cuadernos

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Habló de propiedades de Néstor y Cristina Kirchner, de las inversiones de Daniel Muñoz, campañas electorales y los bolsos de López

Escondida en una de las 127 páginas del fallo que procesó al empresario Paolo Rocca y a otros hombres de negocios junto a ex funcionarios, el juez federal Claudio Bonadio envió una respuesta al ex ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, quien lo había desafiado a encontrar la plata de los cuadernos de la corrupción.

Tal como reveló Infobae el 13 de noviembre pasado, De Vido declaró en indagatoria en la causa de los cuadernos. Precisamente se trató de una ampliación de las acusaciones en su contra. En aquel momento, De Vido rechazó las imputaciones y advirtió: “¿Si ese dinero existió, dónde está?”.

Lo que nadie preveía fue que Bonadio le contestara a De Vido en su propio procesamiento. El juez le respondió a De Vido que la plata se encontraba en las campañas electorales de La Cámpora, en las propiedades del matrimonio Kirchner y del ex secretario privado de Néstor Kirchner en el exterior y hasta en los bolsos que el ex secretario de Obras Públicas José López llevó al convento de General Rodríguez. Y también le dijo que los investigadores siguen buscando la ruta del dinero y están en las mira los bienes de los imputados.

Los números detrás de la banda de los cuadernos

Los bolsos y los dólares con los que José López fue detenido

Los bolsos y los dólares con los que José López fue detenido

Bonadio sostuvo que detrás de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ex mano derecha de De Vido, se movieron 100 millones de dólares. Puntualmente, Bonadio advirtió que “de los elementos de prueba colectados y los distintos descargos efectuados en las presentes actuaciones es posible afirmar que, los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de u$s 55.460.000, en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015 lo que permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita”.

“Como consecuencia de las maniobras realizadas se perjudicaron las arcas del Estado Nacional, en razón que debieron afrontarse gastos en obras y servicios públicos superiores a lo que correspondían y por los que los imputados –ya sea funcionarios o empresarios-, obtuvieron considerables réditos económicos -aseguró Bonadio-. Debe destacarse que producto de la investigación aquí desarrollada se ha podido establecer que al patrimonio de los ex funcionarios públicos imputados en el marco de la presente causa habría ingresado una suma cercana a los cien millones de dólares”.

Dónde está el dinero recaudado por la banda de los cuadernos, según Bonadio

“¿Si ese dinero existió, dónde está?”, preguntó De Vido en su indagatoria. El juez aprovechó el fallo, que incluyó el procesamiento del ex ministro, para responder: “En el marco de la presente causa no sólo se encuentra acreditada la entrega de sumas de dinero tanto al imputado como al personal del ex Ministerio que estuvo a su cargo, sino también la posterior circulación de este dinero dentro de la banda investigada”.

Según señaló, la plata se usó “para atesoramiento personal -como en el caso de Néstor Kircher, Cristina Fernández o Daniel Muñoz-, como así también para el sustento de acciones de índole político (campañas electorales o financiamiento de la agrupación La Cámpora)”.

Sobre ese punto, el juez avanzó en torno al procesamiento que, en la misma resolución, dictó sobre el ex jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, y su secretario Martín Larraburu, como miembros de la asociación ilícita de los cuadernos. “Debe señalarse que Abal Medina y Larraburu indicaron que Roberto Baratta y Nelson Lazarte les entregaron fondos para la campaña electoral correspondiente al año 2013”, indicó.

Fue ahí que Bonadio comenzó a hacer las cuentas. “Así, como fue mencionado anteriormente, de los archivos obrantes en los pendrives secuestrados en el domicilio de Larraburu obran los ingresos correspondientes a la citada campaña, surgiendo la suma de 95.000.000 de pesos en el rubro ‘PL’ (Planificación) y 152.467.662 pesos en el rubro ‘JDV’ (Julio De Vido)”.

El juez añadió: “Además, a modo de ejemplo, también se pueden mencionar los bienes detectados a otros miembros de la organización, como ser Héctor Daniel Muñoz, respecto de quien surge la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas por un valor aproximado de U$S 70.146.600, como así también otras propiedades que resultan objeto de investigación en la causa n° 17.459/18, conexa a la presente”.

“A su vez –abundó Bonadio-, a José Francisco López se le incautó el 14 de junio de 2016 la suma de U$S 8.982.047, $ 59.114 153.610″. Se trata de la plata que López llevó al convento de General Rodríguez y por está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito.

“Finalmente, corresponde mencionar que de las medidas de prueba efectuadas se determinó la existencia de propiedades, dinero en efectivo y cuentas bancarias de las personas imputadas que podría tener vinculación con las maniobras ilícitas investigadas en el marco de la presente causa”, añadió.

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Paolo Rocca fue procesado por el caso de los cuadernos de las coimas K

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La decisión fue adoptada por el juez federal Claudio Bonadio. El empresario Marcelo Mindlin fue beneficiado con la falta de mérito

Se complicó la situación de Paolo Rocca en la Justicia (Maximiliano Luna)

Se complicó la situación de Paolo Rocca en la Justicia (Maximiliano Luna)

Paolo Rocca, CEO de Techint y uno de los empresarios más importantes de la Argentina, fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa iniciada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Según informaron a Infobae fuentes judiciales, en la investigación quedó corroborado el pago de coimas por parte de la empresa Techint a ex funcionarios del kirchnerismo para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.

Ya estaba procesado en la causa Luis Betnaza, director de la compañía, a quien Rocca le había endilgado la responsabilidad por el pago de las coimas a los kirchneristas para que intercedieran ante el gobierno de Hugo Chávez por la estatización de la empresa Sidor que pertenecía al Grupo Techint.

En su declaración indagatoria, Rocca había dicho: “Con referencia a esta imputación yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas“.

El juez procesó a Rocca por los delitos de asociación ilícita, pago de coimas y dádivas y le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.

Julio De Vido y Abal Medina, más complicados

Julio De Vido y Abal Medina, más complicados

En la misma resolución en la que procesó a Rocca, el juez les amplió sus procesamientos -por varios hechos nuevos- a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, José María Olazagasti, Roberto Baratta, Hernán Camilo Gómez y Nelson Lázarte.

Además, Bonadio procesó al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y a su ex secretario privado Martín Larraburu, quienes admitieron haber recibido dinero de la recaudación ilegal aportada desde el Ministerio de Planificación para utilizarla en campañas electorales.

El embargo de $4.000 millones también se le aplicó a Abal Medina y otros procesados entre quienes se encuentran Alberto Padoán y Rubén Aranda. En tanto, Claudio de Lassaletta fue procesado pero le trabaron un embargo por una cifra menor.

Marcelo Mindlin fue beneficiado con la falta de mérito (Foto: Adrián Escandar)

Marcelo Mindlin fue beneficiado con la falta de mérito (Foto: Adrián Escandar)

En la misma resolución en la que fue procesado Rocca, el juez determinó que no hay mérito para procesar ni sobreseer a otro de los empresarios importantes del país: Marcelo Mindlin. El juez consideró que no se puede probar que haya pagado coimas y le dictó la falta de mérito.

Determinó lo mismo para otros indagados en la causa: Raúl Ibarra, Santiago Moresco, Miguel Ángel Marconi y Guillermo Prokopiw.

Con esta resolución de Bonadio, se cierra la primera etapa del Caso Cuadernos. La causa que estalló el 31 de julio pasado con la detención de Centeno y derivó en la apertura de varios expedientes más.

Omar Lavieri

Infobae

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