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Cayó otro de los líderes de La Salada: “La feria no era Disney”, dijo antes de entregarse

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Juan Manuel Louzan, alias “JP”, un ex policía de La Bonaerense apartado de sus filas por actos de corrupción, habló con Infobae

—¿Desde cuándo está prófugo de la justicia?
—Y…desde el 10 de agosto. Ese día detuvieron a (Enrique) “Quique” Antequera y a otras personas a las que el fiscal (de Lomas de Zamora) Sebastián Scalera considera miembros de una asociación ilícita.

—¿Usted cree en la justicia?
—No. Cómo voy a creer en esta justicia que lleva adelante una causa armada. Una causa en la que hay injerencia del poder político. Cómo voy a creer en una justicia en la que el fiscal Scalera dejó de hacer allanamientos para ir a una conferencia de prensa junto a la ministra (de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich, y al ministro (Cristian) Ritondo, para acusarnos de mafiosos.

—¿Me va a decir que en La Salada no había mafias? Si en los puestos de la calle hasta asesinaban por un lugar.
—La Salada no era Disney. Pero adentro de la feria Urkupiña no había mafias. Las mafias estaban afuera. Afuera pasaba de todo. Se vendía droga, estaban los pungas, las mecheras…

—Si no cree en la justicia, ¿por qué se va a entregar?
—Porque esto es una locura. No nací para que me corran. Desde agosto no veo a mis hijos. Porque mi nuevo abogado, Lucio de la Rosa, me aconsejó que me ponga a derecho. Porque quiero que se sepa la verdad. En esta causa se inventaron pruebas. La única manera que tengo de defenderme es declarando. Como no tengo confianza en el fiscal Scalera, ya pedí la presencia del juez de Garantías Gabriel Vitale. A él le voy a poder contar cosas.

—¿Por ejemplo?
—Que la abogada que representa a las personas que yo eché de la feria por corruptas y que declararon en mi contra por venganza, es la doctora Mónica Frade, la abogada de la diputada Elisa Carrió. Esta es una causa armada políticamente. A Jorge Castillo (conocido como “El Rey de la Salada”) lo detuvieron el 28 de junio, pocas semanas antes de las elecciones PASO (se realizaron el 13 de agosto) y a “Quique” tres días antes de las elecciones. Mire, yo voté a este gobierno. A mí (María Eugenia) Vidal, la gobernadora, me parece que quiere hacer las cosas bien. Hasta creo que el ministro Ritondo quiere combatir algunas mafias. Pero con nosotros se equivocaron. A las mafias no se las combate con pescado podrido.

—¿Usted sabe que de los tribunales de Lomas de Zamora sale esposado y va a un penal?
—Sí.

—Pensando en eso, ¿qué cenó anoche?
—(Llora)…Nada, hace dos días que no como. Quiero que esto se termine. Quiero ver a mis hijos. Lo peor de estar prófugo es no ver a tu familia.

El que dialoga con Infobae antes de entregarse a la justicia en el marco de una de las causas policiales más resonantes del año, es Juan Manuel Louzan, alias “JP”, un ex policía de La Bonaerense apartado de sus filas por actos de corrupción.

Para el fiscal y juez de la causa, Louzan era el poderoso jefe de seguridad de Urkupiña, una de las ferias que integran el complejo La Salada. El otro referente era el también preso Jorge Castillo, el dueño de Punta Mogotes. El mismo que recibió a balazos a los grupos especiales de la policía de la Provincia de Buenos Aires cuando fueron a detenerlo en su mansión de Luján.

La Salada fue calificada por la Unión Europea como “la feria ilegal más grande del mundo”. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), calculó que allí se movilizaban, por año, 71.500 millones de pesos, y que la mayoría de ese dinero era en negro, es decir que no tributaba al fisco.

Jorge Castillo, el “Rey de La Salada”

Jorge Castillo, el “Rey de La Salada”

Antequera y Castillo están procesados con prisión preventiva. Se los acusa de ser los líderes de una o más asociaciones ilícitas, formadas por más de 40 personas, que amenazaban y extorsionaban a puesteros en los alrededores de esa feria ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. También por los delitos de “coacciones agravadas, extorsión y privación ilegal de la libertad”.

Según la acusación fiscal, Louzan parece tener una situación procesal extremadamente complicada.

Está señalado de ser el jefe de un ejército paralelo, contratado por Antequera e integrado por barras bravas de Boca como el también detenido Marcelo Aravena, para supuestamente controlar la seguridad en el predio; pero, según el expediente, cobraban “peajes” a ladrones y mecheras para robar a los clientes que se agolpaban para comprar desde zapatillas truchas hasta ropa ofertada por Barbie Pop, la puestera más conocida del lugar –ella trabajaba en Punta Mogotes-.

Louzan era el jefe de los casi 130 hombres y mujeres de “seguridad privada” que Antequera le contrataba a la empresa Vae-soli, de la cual “JP” también formaba parte –era el cuarto en el escalafón jerárquico-, según reconoció ante Infobae.

Mirian Irala, una ex integrante de ese “ejército paralelo”, declaró ante la fiscalía de Scalera que la fuerza de choque liderada por Louzan torturaba a “mecheras” y pungas que “robaban sin su autorización” y que hasta les exigían “pegarles con la tonfa en los tobillos, en los muslos y en las costillas” a las mecheras.

Sobre los pungas, es decir los ladrones varones, “les poníamos la mano sobre una mesa y les pegábamos con una taza de café en los dedos; salían destrozados”, declaró.

“Yo fui jefe de seguridad de la feria desde fines del año 2013 en adelante. Así que todo lo que pasaba en Urkupiña yo lo sabía perfectamente”, dice ante Infobae el hombre acusado de, por ejemplo, ordenar retener de manera ilegal a ladrones a los que les precintaban las muñecas y los retenían en un sector apartado al que denominaban “La Jefatura”.

—Entonces conocía las atrocidades que hacían con las mecheras a las que las obligaban a pasearse desnudas por los puestos y la connivencia con las barras bravas para delinquir.
—La connivencia con la barra de Boca, por ejemplo, no existía dentro de Urkupiña. Eso pasaba afuera. Afuera pasaba de todo. Pero nosotros no teníamos puestos en la calle. Tampoco los tenía Jorge Castillo.

—Eso está acreditado por testigos y escuchas en la causa.
—No. En la causa aparece involucrado con los puestos Adrián Castillo. Nosotros no. Yo voy a demostrar que nada teníamos que ver con eso.

—¿Me va a decir que en La Salada no había mafia?
—Pero afuera. Ya presentamos 92 testigos que van a declarar que Quique Antequera era la cara visible de Urkupiña para adentro. A esa gente todavía no se le tomó declaración. Cuando me entregue, en un rato nomás, voy a presentar más testigos. Nosotros no teníamos relación con los barras.

—¿Y con Aravena, que está preso, me va a decir que no tenía contacto?
—El famoso “manco” Aravena fue dos veces junto a otros barras a la feria Urkupiña para hablar con Antequera y Quique no los atendió. Fue después de los disturbios tan grandes que hubo en los alrededores de la feria en el año 2015. En el medio del pasillo Quique les dijo: “Yo no tengo nada que ver con lo que pasó. Los problemas de afuera los arreglan ustedes afuera”, y nunca los atendió. La segunda vez que fue Aravena fue a pedir plata porque había estado preso y no tenía un peso. Y tampoco lo recibió. La barra se manejaba sola. “Los Chaqueños” se manejaban solos.

—En la causa figura que ustedes apretaban a los puesteros, que les cobraban 600 pesos para dejarlos trabajar…Que les pegaban a las mujeres…
—(Se ríe) Cuando yo asumo como jefe de seguridad de la feria, que a la feria me manda Luis Ávalos, el dueño de Vae-soli, audité la seguridad y detecté los actos de corrupción que ocurrían dentro de las ferias más grandes: Punta Mogotes, Urkupiña y Ocean. Eran tres personas que hacían todo lo que ahora nos endilgan a nosotros que era cobrarles a las mecheras. Cobrar para estacionar. Robarles la mercadería a las mecheras. Liberarles la zona a las mecheras para que roben. Usted no sabe cómo corría la droga entre los vigiladores. Y los delitos que se cometían, como robarles la plata a los pungas y después liberarlos en vez de entregarlos a la policía.

—¿Y quieres hacían o permitían todo eso?
—Los tres principales testigos de la causa: Facundo Coria, que era el jefe de seguridad antes de que llegara yo. Pedro Coria y Miriam Irala. Yo denuncié a estas tres personas ante Ávalos, el dueño de la empresa de seguridad, y esta gente fue despedida e indemnizada como corresponde. Estas personas, a las que les cortamos un negocio fabuloso, son las que hacen las falsas denuncias contra nosotros de la mano de Mónica Frade, la abogada de Lilita Carrió.

Juan Manuel Louzan habla rápido. Contra reloj. Sabe que sus horas en libertad están contadas. Su abogado Lucio de la Rosa pasará a buscarlo para ponerlo a disposición de la fiscalía de Scalera.

Esta no será la primera vez que termine en una cárcel. El 17 de septiembre de 2004 fue detenido, junto a otros dos policías de la Bonaerense –todos estaban en actividad-. Fueron acusados y condenados a 7 años de prisión por secuestrar a la esposa del presunto jefe de una banda de salideras bancarias. Pidieron 5000 dólares de rescate, que no llegó a pagarse. Antes habían paseado a la mujer durante dos horas en un auto y, al ver que la situación se complicaba, la dejaron en libertad.

Louzan, que no recuerda cuánto tiempo estuvo preso, salió en libertad hasta que la condena quede firme, una etapa judicial imprescindible que aún hoy, 13 años después, no ocurrió.

“Esa causa también me la armaron. Estábamos trabajando bien en la zona de Quilmes combatiendo el delito, a los narcos, pero el kirchnerismo, con La Cámpora a la cabeza, nos barrió de la zona”, se defiende molesto por el recuerdo que lo persigue.

—¿Siempre le arman las causas?
—Vamos a probar con mi abogado que en la causa de La Salada no tengo nada que ver. Fue un golpe político armado antes de las elecciones y el fiscal Scalera llevó a cabo una investigación vergonzosa. Me encanta la forma de trabajar de la gobernadora y de Ritondo. Pero en este caso se equivocaron. Fiscal y ministerio inventaron cosas. Yo estoy de acuerdo con la antimafia pero que hagan un trabajo serio.

—Le pregunto otra vez: ¿en La Salada no había mafias?
—Sí. Las mafias que todavía siguen y no somos nosotros. La mafia de los pibes que están tirados en la calle y arrastran a una mujer embarazada para robarle una cartera. Las mafias de los pungas. La mafia de los carteristas, la mafia de las mecheras. Todas mafias que perjudican al pueblo. Todas esas mafias siguen trabajando ahí y los ministros y fiscales no hacen nada.

—A pesar de sus palabras, Antequera, Aravena, Castillo, entre tantos otros y ahora usted, pasarán mucho tiempo presos, y hasta quizás los condenen.
—Sería una injusticia. Le juro que yo no formo parte de ninguna asociación ilícita.

—¿Y también confía en Antequera? ¿Podría asegurar que es un hombre honesto?
—Sí.

Hasta aquí la palabra del flamante preso que tiene la explosiva causa sobre las mafias en La Salada. Ahora es tiempo de que hable la justicia.

INFOBAE

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Condenaron a siete años de cárcel a Ibar Esteban Pérez Corradi por el tráfico de efedrin

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La fiscalía había pedido 10 años de prisión. Se tuvo en cuenta su rol de arrepentido en la investigación

Ibar Esteban Pérez Corradi fue condenado a la pena de siete años de prisión por el desvío ilegal de miles de kilos efedrina entre los años 2004 y 2008. La decisión la tomaron esta tarde los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 de la Capital Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez.

El juicio había comenzado el 13 de septiembre y la fiscalía, a cargo de Marcelo Colombo, había pedido para él una pena de diez años de prisión. Fuertemente custodiado, el acusado escuchó el veredicto. Según trascendió, se tuvo en cuenta su rol de arrepentido en el marco de la investigación.

Pérez Corradi se encargaba de traer al país efedrina –un precursor químico que se utiliza para elaborar drogas sintéticas– para venderlo al narcotráfico.

Prófugo durante cuatro años, fue recapturado el 19 de junio de 2016 en Foz de Iguazú, Brasil, y extraditado al país desde Paraguay. Inmediatamente, quedó detenido en el edificio “Centinela” de Gendarmería Nacional bajo el régimen de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia de la Nación.

En su rol de imputado-colaborador, declaró en unas diez ocasiones para confirmar que había comercializado estupefacientes y había hecho ingresar efedrina al país: unos 14 mil kilogramos de esa droga. En sus declaraciones, también involucró a policías federales y funcionarios de Aduana.

El ingreso desproporcionado de efedrina al país quedó al descubierto tras el “triple crimen” de General Rodríguez, cometido en agosto de 2008, en el que fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

Pérez Corradi se convirtió uno de los principales sospechosos: Forza le había querido robar un negocio y Pérez Corradi había prometido vengarse. Incluso, un testigo aseguró que le habían ofrecido dinero para matarlo.

No obstante, la jueza María Servini dictó la falta de mérito de Pérez Corradi por ese triple crimen, al entender que no había pruebas o elementos para procesarlo por esa masacre.

Foto : Pérez Corradi detenido (Fabian Ramella)

Infobae

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Sindicatos, organismos públicos, pilotos de TC y municipios “compraron” facturas truchas para estafar a la AFIP por $ 5.000 millones

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Detalles exclusivos de una causa escandalosa
Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos
Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos

Doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un ministerio, son solo algunos de los de los 3.500 usuarios que se beneficiaron “comprado” facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 “usinas” comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez. A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $ 5.000 millones –mil millones más de lo que se creía originalmente- al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas.

Infobae reveló la semana pasada la maniobra perfectamente organizada por la asociación ilícita integrada por 16 personas, entre ellas funcionarios de la AFIP y un policía federal en actividad.

Gómez era el encargado de conseguir los clientes que provenían de todo el país. Tanto es así que el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo de la causa, le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.

Los que “compraron” facturas truchas

La AFIP aclaró cómo valuar los inmuebles y autos.

La AFIP aclaró cómo valuar los inmuebles y autos.

En la causa ya fueron identificados la mayoría de los 3.500 beneficiarios de esas facturas electrónicas apócrifas y las 100 “usinas” generadoras de ellas. Todas las “usinas” tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya fue separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio y “culata” del grupo.

El uniformado no solo era el encargado de aproximarse y convencer a los indigentes de aceptar firmar la documentación y hasta realizar los trámites ante la AFIP como presuntos responsables inscriptos sin límite de facturación. También era el que les pagaba entre $ 5.000 y $ 10.000 a las denominadas “usinas” por prestar sus nombres.

El resto corría por cuenta de Russo. Él se encargaba de poner a nombre de las personas “sin capacidad económica” las sociedades o reales a través de las cuales se facturarían los trabajos nunca realizados para descargar los impuestos.

La organización también contaba con dos empresas perfectamente establecidas y también utilizadas como “pantalla” para realizar las estafas: Argentina Publicidad Contemporánea y Suárez Constructora. Al frente de ellas estaban las parejas de Gómez y del policía Benavides.

Entre los municipios que utilizaron buena parte de las facturas truchas generadas por estas “usinas” figuran la Municipalidad de Pilar, a cargo de Nicolás Ducoté (PRO) quien asumió el cargo en diciembre de 2015; y la Municipalidad de José C Paz., cuyo intendente es un histórico del peronismo del Conurbano Bonaerense Mario Alberto Ishii (reasumió funciones en diciembre de 2015. Pero antes había sido el alcalde del distrito entre el 10 de diciembre de 1999 y la misma fecha pero de 2011).

En otras intendencias, la AFIP detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas.

También están involucradas la Municipalidad de La Calera, Córdoba. Está a cargo del reelecto intendente justicialista Rodrigo Rufeil, también ex ministro de Desarrollo Social del gobernador Juan Schiaretti. Es el mismo Rufeil denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, imputación negada por el aludido funcionario.

Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Iguazú, a cargo de Claudio Raúl Filippa, también figura entre los involucrados. El alcalde ya fue procesado en dos causas iniciadas por su ex esposa por los presuntos delitos de “lesiones leves” y “lesiones leves y amenazas”. Uno de los procesamientos quedó firme y ya fue elevado a juicio.

Después de allanar esas municipalidades y secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir sin tener en cuenta si la estafa a la AFIP la había realizado la administración anterior –en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos-.

De ser así, se le dictará la falta de mérito al actual funcionario, y se imputará al anterior. Pero para que eso suceda la AFIP deberá realizar la “determinación de deuda” de cada uno de los organismos involucrados en la maniobra delictiva, algo que aún no terminaron de hacer los contadores del organismo recaudador.

Un buen ejemplo de esto es el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tanto el actual ministro, Andrés Scarsi, como su antecesora en el cargo –también de Cambiemos- Zulma Ortiz, se presentaron ante el juzgado federal de Quílmes manifestando que la facturación trucha utilizada por esa cartera era anterior al 10 de diciembre de 2015 –fecha en que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal-. Es decir que correspondía al entonces ministro sciolista, Alejandro Collia.

Otro de los organismos que utilizó facturas truchas es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a cargo de Rodrigo Aybar.

En diálogo con uno de los altos funcionarios de ese organismo, se aseguró que cuando el juez Armella los cite a declarar demostraran que la facturación apócrifa –que existe- correspondía a la administración del peronista Daniel Scioli.

Sostienen que los funcionarios anteriores –José Molina y Hugo Bilbao- le alquilaban un supuesto local “a estos tipos”, por Russo y Gómez.

Como se razona, la tarea de Armella y la secretaría que trabaja a destajo en este expediente, tendrán una dura tarea para llegar a la verdad y castigar a los culpables.

La banda criminal de Russo, considerado como uno de los mayores estafadores del país, también le “vendió” en el año 2016, es decir durante la actual gestión, facturas apócrifas a BAPRO Medios de Pago S.A.

Los sindicatos

Carlos Acuña

Carlos Acuña

Uno de los mayores beneficiarios de estas “usinas” de facturas truchas fueron los sindicatos.

A la cabeza de ellos se encuentra el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE). Su titular es Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT.

Apenas se conoció la noticia del allanamiento a la sede de su sindicato, los abogados del gremio primero reconocieron la existencia de esas facturas truchas. Pero minimizaron su importancia. Aseguraron que había tan solo un puñado de ellas y que se habían utilizado para el pago del alquiler de micros y un hotel.

Sin embargo Infobae está en condiciones de contradecir esa afirmación realizada al diario La Nación. Los peritos de Prefectura descubrieron durante el allanamiento a la sede sindical facturas por USD  9.000.000.

Por eso, los investigadores sostuvieron al ser consultados por este medio que el gremio de Acuña fue el que más facturas apócrifas le “compró” a la banda de Russo y Gómez.

Hugo Moyano en el discurso de esta tarde

Hugo Moyano en el discurso de esta tarde

El sindicato de choferes de camiones, cuyo titular es Hugo Moyano, uno de los gremialistas que primero apoyó al gobierno de Mauricio Macri, y ahora está fuertemente enfrentado, es otro de los que usó facturación proveniente de las cien “usinas” ilegales.

A diferencia del resto de los sindicatos, sobre Camioneros la AFIP ya terminó de realizar los peritajes sobre la defraudación al fisco.

Como la suma es inferior al millón y medio de pesos, Moyano, después de reconocer la utilización de esas facturas “homologadas por la AFIP” –cosa que es verdad ya que el CUIT de las empresas fantasmas era reales– ingresó a un “plan de pago” para abonarle al fisco –con los intereses que corresponden- la suma defraudada.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), a cargo del histórico referente sindical, Luis Barrionuevo, también figura en la lista negra de organizaciones obreras que se beneficiaron con las facturas falsas. Por esa razón Barrionuevo también está imputado en la causa.

El líder sindical gastronómico Luis Barrionuevo

El líder sindical gastronómico Luis Barrionuevo

Como en todos los casos, el juez Armella deberá determinar un punto clave: si la utilización de las facturas apócrifas fue “dolosa o culposa”. Es decir si intendentes, ministros o sindicalistas sabían que estaban utilizando ese tipo de documentación, o lo hacían empleados o funcionarios infieles a sus espaldas para sacar un provecho económico.

El magistrado también deberá establecer si además del delito de “evasión” se realizaron otro tipo de maniobras, como por ejemplo, “lavado de dinero”. En ese caso la situación judicial de los imputados se agravaría.

Otro de los gremios que en principio son investigados por haberse beneficiado con las “usinas” de facturas truchas para evadir impuestos y posiblemente lavar dinero negro son los sindicatos de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; el Sindicato de la Carne y Afines; el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; y el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines.

A todos se los investiga por el presunto delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas.

Las carreras del vale todo

La organización criminal consiguió sus primeros “clientes” entre algunos pilotos y escuderías de Turismo Carretera (TC), en sus distintas categorías, entre ellas las del Top Race. En la causa se estableció que Gómez era el encargado de conseguir los “clientes” y que por esa actividad, Russo le “pagaba” 150.000 pesos por mes, más el 4% de la facturación conseguida en cada factura.

Para lograr su cometido el “socio” de Russo –ambos detenidos- montaba un show en las inmediaciones de arena. Cada fin de semana llegaba temprano a la pista en que se corría –no importaba si era en La Rioja o en Paraná- con sus camionetas relucientes y una docena de provocativas promotoras con sombrillas en la mano, y los “clientes” llegaban como abejas a la miel.

Entre los pilotos más comprometidos se encuentran, Daniel Vázquez, integrante del equipo Quilmes Plas Racing y que en la temporada 2017 terminó en el puesto 35; Fabio “Kelo” Torres, un bolivariense corredor de Turismo Pista en las clases 2 que solía competir con un Chevrolet; y Mariano Tripichio. Los tres –conocidos en el ambiente fierrero aunque no tanto para el gran público- fueron detenidos y después excarcelados por el magistrado.

Infobae pudo saber que estos no son los únicos pilotos bajo la lupa de la justicia. Tanto es así que ya fue allanada la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y en estos momentos se están cruzando los datos de facturaciones, publicidad y contratación de servicios con la base de datos de la AFIP.

Durante la instrucción de la causa, los investigadores escucharon frases como “no hay automovilismo sin facturas truchas”. Sucede que los pilotos deben acceder a una pequeña fortuna cercana a los $ 600.000 para participar solo en una carrera.

Al parecer, y siempre según la investigación, en el Turismo Carretera el sistema de las facturas truchas está más que bien aceitado. Y la lógica delictiva es la siguiente: las empresas quieren evadir impuestos y los pilotos necesitan auspicios, sin importar que el monto que reciben es significativamente menor al que se declara en las facturas apócrifas.

El principio del fin

Diego Avila, Leandro Cuccioli (titular de AFIP) y Jimena de la Torre

Diego Avila, Leandro Cuccioli (titular de AFIP) y Jimena de la Torre

La AFIP descubrió esta fabulosa maniobra delictiva casi por casualidad. O no. Un funcionario de línea le llamó la atención los millones de pesos que en poco tiempo había facturado una ignota empresa que estaba a nombre de María Fernández.

Más dudas surgieron cuando descubrieron que la mujer comenzó a facturar sumas desmesuradas a los pocos días que se inscribió en la AFIP, pero que hasta antes de eso, no tenía ni siquiera un empleo formal.

Y la configuración del delito terminó de establecerse cuando los especialistas de la Administración de Ingresos Públicos, y de Prefectura, descubrieron que las facturas electrónicas de la presunta empresaria María Fernández, eran impresas desde una computadora cuyo IP -toda computadora conectada a internet o a cualquier red posee una identificación única, llamada dirección IP (en inglés, Internet Protocol), compuesta por cuatro combinaciones de números- era utilizada por otras empresas también creadas de un día para el otro y cuyos titulares hasta ese momento o no tenían trabajo o eran beneficiarios de planes sociales.

El resto fue paciencia y seguir los rastros que la banda de Russo y Gómez habían dejado, como si se tratara de las piedras del cuento alemán protagonizado por dos niños, Hansel y Gretel.

Claro que los chicos de la historia infantil dejaron los pequeños trozos de canto rodado exprofeso para no perderse en el bosque. En cambio, la asociación ilícita lo hizo por descuido y esos rastros los llevó a prisión.

Atrás de ellos, quedaron los 120 vehículos secuestrados por Prefectura -buena parte de alta gama-, 77 propiedades,8 embarcaciones, campos, lujos y millones y millones de pesos “lavados”.

Inflobae

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Desvalijaron la casa de Cacho Castaña en Olivos, mientras el cantante está internado en una clínica porteña

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El músico fue internado en la madrugada del miércoles por un cuadro bronquial. Pero en estas horas sufrió un disgusto, al ser víctima de la inseguridad

Luego de que se conociera la internación de Cacho Castaña (76) en el Sanatorio de Los Arcos, de Palermo, en la madrugada del miércoles, al menos un delincuente ingresó a robar a su casa de Olivos este viernes, sin forzar ninguna cerradura. Y si bien habría sido sorprendido por la empleada doméstica mientras se encontraba en la cocina de la vivienda, logró escapar corriendo. Portaba en una mochila el valioso botín: 25 mil dólares y un reloj Rolex.

“Cacho se recupera favorablemente, pero todavía no sabe nada del robo“, le dijo a Teleshow su agente de prensa, Leticia Gourdin. El músico ingresó a la clínica con un cuadro bronquial, luego de haber suspendido un compromiso el último sábado por un malestar que habría sido, al fin, un aviso. En estas horas se esperaba su evolución luego de que los médicos le hicieran los estudios rigor.

Meses atrás, el autor de “Café La Humedad” se había mostrado alarmado por la inseguridad que, junto con “la falta de laburo y educación”, es la gran problemática que afecta al país. “Hay gente que está muy mal y todo eso preocupa. Hay mucha inseguridad”, enfatizó.

El 12 de octubre fue la última aparición pública de Castaña, cuando asistió al cumpleaños que Guillermo Cóppola organizó en Tango Porteño. El cantante estuvo acompañado por su mujer, Marina Rosenthal, y su amigo Matías Santoiani.

Cacho Castaña al terminar la fiesta en el Teatro Porteño; en primer plano, su esposa (Foto: Teleshow)

Cacho Castaña al terminar la fiesta en el Teatro Porteño; en primer plano, su esposa (Foto: Teleshow)

Días después, refiriéndose a las peleas de las famosas en el Bailando 2018, Castaña dejó una declaración que levantó controversia, y que podría valerle una denuncia del Instituto Nacional de las Mujeres. “A las minas hay que volteárselas. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Esperá a que se les caiga la cola a todas…”, dijo en el ciclo radial de Marcelo Polino.

Infobae

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