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Congress rolls out ‘Better Deal,’ new economic agenda

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Con sabor a poco, gobernadores dejan pelea por jubilaciones para el Congreso

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Firmaron en el Pacto Fiscal una suba por sobre el nivel de la inflación. El Ejecutivo presentó una fórmula que es el costo de vida más 5% sobre el crecimiento del PBI

El miércoles 15 de noviembre los gobernadores se habían plantado en que no querían aceptar el costo político de aprobar una modificación del cálculo de jubilaciones que sea sólo por inflación, como lo proponía el Ejecutivo.

El jueves 16, los 24 jefes de estados provinciales salieron de la Casa Rosada con el Pacto Fiscal firmado y la convicción de que habían ganado esa discusión por la suba jubilatoria.

“Logramos que el texto diga que es inflación más algo, pero no sabemos cuánto más todavía”, explicaba el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

El texto del acuerdo menciona, en su punto “j”, el compromiso de impulsar inmediatamente, dadas las reformas propuestas en el régimen tributario y en la distribución de recursos públicos, la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que ellas se ajusten trimestralmente, garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación”.

En la madrugada del viernes se enteraron que finalmente la fórmula propuesta y el proyecto establece que las prestaciones ajustan trimestralmente por inflación y, una vez al año, se le agrega el 5% del crecimiento de la economía.

Esa movilidad de 5%, el proyecto enviado al Congreso establece que “será incrementada en el mes de junio de cada año”.

“Sabíamos que iba a ser poco, nunca nos imaginamos que tan poco”, explicó a El Cronista un ministro de Economía provincial que participó activamente del acuerdo.

Teniendo en cuenta que el Presupuesto 2018 prevé un crecimiento de 3,5%, el 5% sería 0,17%. Es decir, en una jubilación de $ 10.000 se le sumarían 17 pesos más el ajuste por inflación que en la ley de leyes 2018 establece un promedio de 15,7%. “No había una fórmula establecida en el texto que se firmó, por lo que creo que ahora será el turno de discutirla en el Congreso”, explicó otro ministro de hacienda provincial.

Una recorrida por varias provincias mostró que los gobernadores entienden que la discusión entre ellos y la Casa Rosada está cerrada y que ahora todo se definirá en el Congreso.

“Serán los legisladores ahora porque las conversaciones por este tema con el Gobierno ya se cerraron. No creo que se puede repetir la circunstancia de la semana pasa pasada en donde habíamos logrado ponernos de acuerdo, explicó el gobernador de una provincia en off the record.

En la misma línea respondieron otros dos gobernadores, al señalar que no cambia nada lo firmado y que ahora lo tienen que discutir los legisladores.

Los jefe de estados no sólo entienden que, con los fondos repartidos, el escenario ya no es el mismo para encontrar una posición de fuerza conjunta; sino que creen que los legisladores deben enfrentar la discusión y asumir el costo político.

En el Gobierno señalan que la discusión con las provincias ya está saldada. Y adelantan que el margen para modificar la fórmula es mínimo.

Nosotros acordamos que esté por arriba de la inflación, y es así, explicó una fuente de Balcarce 50. No hay mucho margen, esto es la sábana corta. Si no queremos pasarnos del 3,2% del PBI de déficit, no la podemos cambiar. Sino, habrá que sacar otro gasto.

El proyecto que envió el Ejecutivo el viernes a última consta de 10 artículos en donde, además de modificar la ecuación matemática de actualización de los haberes señala que, de aprobarse, la nueva movilidad se hará efectiva a partir del 1´ de marzo de 2018.

Además, en el Capítulo Haberes Mínimos Garantizados, propone incorporar un artículo (125´ bis) en donde establece el 82% móvil del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil que para aquellos que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos. Es decir, deja afuera de esto a los de las moratorias.

Los últimos dos puntos establecen la extensión optativa de de la edad jubilatoria de los 65 a los 70 años y señala que esto no es aplicable para los trabajadores del sector público.

Imagen de DAVID CAYÓN

por  DAVID CAYÓN

El Cronista

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Desde marzo, la jubilación mínima pasaría a $ 7.623 y la AUH, a $ 1.485

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Es por el cambio en la fórmula de la movilidad que prevé el proyecto oficialista acordado con los gobernadores. Es una suba de 5,2%.

Mauricio Macri firma la semana pasada el acuerdo con gobernadores que prevé cambios en las jubilaciones. Lo acompañan Vidal (Buenos Aires) y Corpacci (Catamarca).

Por el cambio en la fórmula de movilidad que propone el Gobierno, el haber mínimo bruto –antes de los descuentos– que cobra más de la mitad de los 6 millones de los jubilados y pensionados subirá en marzo de 2018 de $ 7.246 a $ 7.623, un incremento de $ 377. Y la Asignación Universal por Hijo (AUH) de $ 1.412 pasará a $ 1.485, un incremento de $ 73.

Estas cifras son porque las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales que alcanzan a más de 17 millones de personas se ajustarán en marzo próximo en un 5,2%, si se aprueba el proyecto oficial que ingresó el viernes al Congreso que estipula que el próximo primer aumento se basará en la inflación de julio-septiembre de 2017.

Luego, en junio, esos beneficios se ajustarán por la inflación de octubre a diciembre de 2017, más un 5% de la variación porcentual real del Producto Bruto Interno. Esto significa, por ejemplo, que si la inflación del cuarto trimestre fuese del 4,5% y el crecimiento anual del 4%, el plus por PBI sería de 0,2 puntos y el aumento total sería del 4,7%.

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De aquí se desprende que para una jubilación o pensión de $ 10.000, el plus anual por crecimiento sumaría $ 20 más por jubilado o pensionado por mes. En cambio, si se otorgara todo el aumento del PBI, el plus anual sería de $ 400.

Además de cambiar la fórmula de movilidad, el proyecto propone reemplazar el aumento semestral por incrementos trimestrales pero con un desfase de hasta de 6 meses. Esto es así porque, por ejemplo, recién en junio de 2018 los beneficiarios de las prestaciones recibirán la inflación de cuarto trimestre de 2017, de acuerdo al proyecto oficial.

En cambio, con la actual fórmula, en marzo de 2018 las prestaciones deberían aumentar por las variaciones de las variables – salario/recaudación– del segundo semestre de 2017. En septiembre de 2018, se repite el desfase porque el aumento de haberes se basará en la inflación de enero-marzo de 2018, cuando por la actual fórmula deberían aumentar por lo que pasó entre enero y junio de 2018.

El especialista Guillermo Jáuregui insiste en que la fórmula no puede ser modificada en forma retroactiva. Su argumento es que, al votar el Congreso la nueva fórmula, ya estarán devengados los índices de la fórmula actual (salarios/recaudación) que arrojarían no menos del 12% a otorgar en marzo.

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El proyecto fija que los “beneficiarios de la PBU (Prestación Básica Universal) tendrán la garantía del 82% del salario mínimo, vital y móvil –una relación que ya rige en la práctica– que acrediten 30 años de aportes efectivos. Expresamente, excluye de esa garantía a los que se jubilaron por moratoria. Pero, según los especialistas, las jubilaciones de regímenes con menos de 30 años de aportes, los que se jubilaron con “exceso de edad” compensando años de aportes y las pensiones por invalidez o fallecimiento (que se calculan sobre el sueldo, y no tienen PBU) quedarían al margen de esa garantía, con lo que habría diferentes haberes mínimos, según el tipo de jubilación o pensión, menores al mínimo universal.

Otro cuestionamiento de los especialistas es que, mientras las jubilaciones y pensiones ya otorgadas se ajustarán por inflación, los haberes de los nuevos jubilados se basarán en el sueldo promedio de los últimos 10 años actualizados por una nueva fórmula que toma en cuenta la variación de los salarios (RIPTE). La falta de uniformidad en los índices de ajustes puede llevar a desfases en el sistema, advierten.

Foto : Mauricio Macri firma la semana pasada el acuerdo con gobernadores que prevé cambios en las jubilaciones. Lo acompañan Vidal (Buenos Aires) y Corpacci (Catamarca).

Clarin

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Quiénes son los jueces que están en la mira de Macri

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Desde la Casa Rosada tienen en la mira a por lo menos otros tres magistrados que habitan Comodoro Py; esperan a que sigan el camino que atravesó Freiler antes de fin de año

La depuración de la justicia federal no terminó con Eduardo Freiler . Al menos es lo que aseguran desde el Gobierno.

Según detalla el diario La Nación, en la Casa Rosada tienen en la mira a por lo menos otros tres magistrados que habitan Comodoro Py: Daniel Rafecas, Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo.

La intención de los principales asesores del presidente Mauricio Macri es que al menos dos de ellos, en principio Rafecas y Canicoba Corral, sigan el camino que atravesó Freiler antes de fin de año. Un objetivo ambicioso por los tiempos que restan para llegar a la feria judicial.

Los encargados de llevar adelante la embestida contra los magistrados, además de tener que sortear las dificultades de cada caso, también cuentan con un tándem oficial que busca entorpecer sus iniciativas.

Los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas y Ariel Lijo.

Los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas y Ariel Lijo.

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y el jefe de los espías, Gustavo Arribas, son los encargados de mantener el statu quo.

La elevada expectativa se funda en tres variables: el envión que consiguió el Gobierno con el triunfo en las elecciones del 22 de octubre, la firma de los acuerdos con los gobernadores y sindicatos y el descrédito social que atraviesa la Justicia, en particular los responsables de investigar las causas por corrupción; es decir, los 12 jueces federales.

“No tienen forma de frenar el cambio”, se envalentonó uno de los responsables de la estrategia.

El sentimiento también gana relieve con los resultados que obtuvieron las últimas tres semanas. En particular, la renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acusada por el Gobierno de ser “la líder de un grupo de fiscales cercanos al kirchnerismo” que buscó sembrar de denuncias penales a los integrantes del oficialismo y así asociarlos con causas de corrupción.

El caso de Freiler, el ex camarista, de amplios lazos con el kirchnerismo, que fue destituido ayer por el jurado de enjuiciamiento por no poder justificar su patrimonio, es diferente. “Su salida estaba cantada. No hay margen para los corruptos”, aseguraron fuentes oficiales.

Desde el Gobierno, además, resaltaron los fundamentos de la resolución que terminó con la carrera judicial de Freiler.

“¡Es durísimo con los jueces!”, describieron cerca de Macri. Es que en su fallo, el Consejo de la Magistratura resaltó las cualidades que debe tener un magistrado.

Nexofin

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