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Contrataciones, autos y viajes en ejecutiva: 6 claves del decreto que firmó Mauricio Macri para recortar gastos del Estado

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Casa Rosada (iStock)

Casa Rosada (iStock)

El Gobierno publicó este martes el decreto 632/2018, que está orientado a recortar gastos del Estado. La norma, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Andrés Ibarra (Modernización) y Nicolás Dujovne (Hacienda y Finanzas), apunta a una reducción de unos 25.000 millones de pesos en lo que se considera la segunda etapa del plan de ajuste público encarado por Cambiemos.

“La calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos”, expresó el Ejecutivo en los considerandos de la medida.

En esta línea, el Gobierno argumentó que “la asignación de recursos a la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos”.

A continuación, los puntos más salientes del texto:

1. Congelamiento de ingresos al Estado

El texto congela hasta el 31 de diciembre de 2019 designaciones y contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias. Alcanza a toda la estructura del Estado excepto a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También quedan al margen de la prohibición los nombramientos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Servicio Exterior y del Cuerpo de Guardaparques Nacionales.

2. Convenios de Servicios de Asistencia Técnica

No se podrán cerrar nuevos acuerdos de este tipo. Los convenios vigentes celebrados entre el Estado y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019. Este tipo de servicios fueron instalados por el kirchnerismo y en muchos casos hubo abusos en el uso y contratación de personal externo en las universidades, lo que implicaba un importante gasto para el erario público.

3. Bonificaciones, premios, incentivos o suplementos 

El texto prohíbe instrumentar nuevos bonos, premios, incentivos o suplementos hasta el 31 de diciembre de 2019. Los organismos que los abonen deberán informar dentro de 30 días “la norma que dispuso su creación y aplicación, sus características y la planificación de su pago para el año en curso a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público”, que dictaminará respecto de la procedencia e impacto presupuestario de estos pagos.

4. Servicios extraordinarios, gastos de movilidad, de comida y viáticos

Los organismos deberán remitir, también dentro de 30 días, un informe al Ministerio de Modernización. El documento deberá reflejar “la evolución del pago por servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos, que avale su cumplimiento” y prever “una disminución del 30% en tales conceptos para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso”.

El ministro de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne (Gustavo Gavotti)

El ministro de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne (Gustavo Gavotti)

5. Viajes al exterior

En los traslados en cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, o en uso de becas, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto público, del personal del PEN, solo las autoridades de nivel de Ministro o Superior podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva, con la conformidad del Jefe de Gabinete de Ministros.

En el caso del traslado de funcionarios con rango de Secretario, sólo podrán utilizarse pasajes en clase ejecutiva para viajes de duración mayor a ocho horas, siempre y cuando cuenten con la previa autorización del titular de la Jurisdicción o Entidad de la que dependan.

Además, los organismos deberán remitir un informe a la Jefatura de Gabinete con la “planificación de los viáticos, gastos de pasajes y movilidad derivados del cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, o en uso de becas”. El informe deberá presentarse en 15 días y prever, asimismo, “una disminución del gasto por dichos conceptos del 30% para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso”.

6. Vehículos de uso oficial

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá efectuar en 30 días un relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados.

La norma también encomienda “la elaboración de un informe de flota óptima para cada jurisdicción u organismo relevado a los efectos de su posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad”.

Mientras se realiza el relevamiento, el Gobierno ordenó suspender los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos que se encuentren en curso.

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El triángulo nuclear entre Teherán, Caracas y Buenos Aires: los antecedentes de un pacto letal

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La muerte del fiscal especial para el Caso Amia, Alberto Nisman, fue uno de los hechos más dramáticos de la historia reciente de Argentina. Su cuerpo fue hallado el 18 de enero de 2015, justo el día anterior a su declaración ante el Congreso argentino. Se esperaba que Nisman revelara los indicios de un pacto entre el gobierno argentino y sus pares iraníes para deslindar a los persas de toda responsabilidad por el atentado que mató a 85 personas en marzo de 1994. Esa denuncia, tenía un componente nuclear hasta hoy no revelado.

 

(Reuters)

(Reuters)

La muerte del fiscal especial para el Caso Amia, Alberto Nisman, fue uno de los hechos más dramáticos de la historia reciente de Argentina. Su cuerpo fue hallado el 18 de enero de 2015, justo el día anterior a su declaración ante el Congreso argentino. Se esperaba que Nisman revelara los indicios de un pacto entre el gobierno argentino y sus pares iraníes para deslindar a los persas de toda responsabilidad por el atentado que mató a 85 personas en marzo de 1994. Esa denuncia, tenía un componente nuclear hasta hoy no revelado.

Teherán nuclear

El programa nuclear de Irán fue iniciado involuntariamente por otro gobierno peronista, pero en 1973. Fue en esos días que un grupo de siete científicos nucleares fueron despedidos por el presidente Héctor Cámpora a causa de sus ideas políticas. El régimen del Sha Reza Pehlevi decidió contratarlos, al tiempo que creaba la Agencia Atómica Iraní.

El plan de investigaciones nucleares persa continuó cuando triunfó la revolución de los Ayatolas en 1979. En 1985 el gobierno iraní firmó un convenio con Argentina para intercambiar tecnologías y conocimientos en ese campo. Esa colaboración incluyó la provisión de más de cien kilos de uranio enriquecido al 20% desde la Argentina. Ese material servía para hacer funcionar un reactor de investigación, pero era inservible para fabricar artefactos nucleares.

La colaboración argentino – iraní continuó hasta 1994, momento en que las investigaciones por el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires condujeron a la pista de un grupo de diplomáticos iraníes como instigadores del ataque. Ambos gobiernos, decidieron cortar el hilo atómico que los unía.

Los iraníes continuaron sus investigaciones nucleares sin asistencia argentina, favorecidos por la culminación de un contrato que habían firmado en los meses finales de 1988 que les permitió recibir de Buenos Aires la tecnología para seguir de manera independiente el proceso de purificación de uranio.

El esfuerzo iraní para avanzar en la depuración de uranio es una de las actividades que más atrajo las sospechas de Occidente respecto al carácter pacífico del plan atómico iraní, ya que si bien esa senda puede conducir a la producción de combustible para centrales nucleoeléctricas, es la misma ruta que con un pequeño desvío lleva a la construcción de armas nucleares. De hecho, la purificación de uranio es una de las tecnologías en las que más ha avanzado el plan atómico iraní, según lo explicó en su momento Darío Jinchuk, quien fuera Jefe de RRII de la Comisión Nacional de Energía Atómicaargentina y quien actualmente se desempeña como consultor de la OIEA.

Jinchuk explica que Irán no necesita uranio enriquecido de Argentina y a lo sumo, lo que precisa es asistencia en el manejo de “agua pesada”, tecnología que permitiría que el material ya usado en su central atómica iraní de Arak sea convertido en plutonio, materia prima para la elaboración de armas nucleares. Argentina ha avanzado tanto en ese campo, que su central de agua pesada en la localidad de Arroyitos es una de las más eficientes del mundo.

Una alianza radioactiva

La búsqueda de uranio para abastecer a su plan nuclear, llevó a Irán a ampliar su alianza estratégica con el régimen chavista venezolano. La existencia de reservas de uranio en el Macizo Guayanés y probablemente en los estados de Navay y Tachira, hizo suponer que Caracas estaba interesada en suministrar mineral de uranio a su aliado en Medio Oriente.

Esta suposición se hizo más fuerte con la instalación de empresas iraníes en Venezuela cuyo propósito fue origen de sospechas. Es el caso de la cementara Cerro Azul, instalada con fondos persas y cuya actividad fue protegida como si se tratase de instalaciones militares. En una investigación del diario ABC de España, se reveló que las autoridades de Caracas impusieron una restricción a los vuelos aéreos sobre la cementera operada por la estatal iraní Edhasse Sanat.

La cementera Cerro Azul exigió una inversión de 750 millones de dólares y nunca logró cumplir con ninguna de las metas de producción anunciadas. Sin embargo, su localización sobre el Orinoco resultaba ideal para recibir cargas de minas de oro localizadas río arriba, en la misma zona donde un grupo de geólogos persas y venezolanos afirmaron haber hallado también vetas de uranio. La presencia de militares iraníes operando en la zona fue confirmada por el brigadier general Antonio Rivero, ex encargado militar de la región que escapó en 2015 a EEUU luego de negarse a jurar fidelidad al régimen chavista.

Hasta hoy, se supone que las minas de oro explotadas por la estatal iraní Impasco están inactivas. No obstante, lo que sucede en esa región fue colocado bajo el mismo secreto con el que se opera en las instalaciones industriales de capitales persas. Impasco, por otro lado, es proveedora del plan nuclear iraní en territorio de su país.

La región alta del Río Orinoco había recibido años antes la visita de geólogos iraníes que elaboraron un estudio de los reservorios de uranio bajo contrato del Instituto de Industrias y Minas venezolano. Ese estudio fue presentado en 2007 por Hugo Chávez ante la OIEA dentro de un documento que anunciaba la construcción las dos primeras plantas nucleares de ese país. La empresa rusa Rosatom iba a ser la encargada de construir las centrales de 1.200 Mw conjuntas, era la misma que había ganado el contrato para la mayor central nuclear iraní en la localidad de Busher. Y el plan se consolidó en 2010 con la firma de acuerdos bilaterales con Moscú que intercambiaron petróleo venezolano por tecnología nuclear rusa.

Hugo Chávez

Hugo Chávez

Otra de las empresas bajo sospecha es la joint venture “Venirán Tractor CA” integrada por la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Iran Tractor Manufacturing (ITMCO). Veniran (acrónimo de Venezuela e Irán) fue creada para construir una gran fábrica de tractores, pero nunca cumplió las expectativas de producir 3 mil unidades anuales. La presencia constante de la Guardia Bolivariana custodiando los alrededores de la planta de Veniran tampoco permitió saber que hacían los operarios iraníes importados para manejarla. Esa misma empresa perdió en 2009 una carga de 22 containers que se dirigían desde Teherán a su planta en la zona industrial de Ciudad Bolivar. La policía del puerto turco de Mersin en donde hizo escala la carga, inspeccionó los containers y en lugar de encontrar repuestos para motores, decomisó un gran contrabando de materiales bélicos.

Las sospechas

En 2008, el gobierno de Israel acusó abiertamente a Venezuela de estar proveyendo de mineral de uranio a Irán. La denuncia fue hecha por el ex embajador israelí en EEUU desde 2002 a 2006, Danny Ayalon. Aquella acusación, se producía al mismo tiempo que la prensa internacional sumaba elementos para suponer que Irán y Venezuela estaban involucrados en una operación secreta para exportar uranio para abastecer al plan nuclear persa.

La cadena Associated Press hizo público en mayo de 2009 un informe secreto del gobierno israelí preparado en ocasión de la visita a la región del viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, Avigdor Lieberman. En el reporte, sus agentes habían llamado la atención sobre el incremento de la actividad diplomática iraní en Venezuela y Bolivia con el fin de proveerse de uranio para su plan nuclear. El alerta israelí tenía mucho que ver con el peligro que percibían en el avance del plan nuclear iraní y las recientes expresiones de su presidente Ahmadineyad que prometían “borrar a Israel del mapa”.

Tanto Teherán como Caracas y La Paz desmintieron estar comerciando uranio y Ahmadineyad volvió a asegurar que su programa nuclear tenía propósitos pacíficos. Para ese momento, Irán ya había comenzado a sentir la presión internacional a causa de su plan atómico. En efecto, el 23 de diciembre de 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado la Resolución 1737 que le imponía sanciones económicas por las sospechas sobre el propósito de sus actividades nucleares. Meses antes, el presidente Ahmadinayed había anunciado el reinicio de las actividades en las instalaciones de Natanz y la puesta en marcha de nuevas plantas de centrifugado de uranio.

Mahmud Ahmadinejad

Mahmud Ahmadinejad

El 22 de enero siguiente, el gobierno iraní prohibió el ingreso de inspectores de la OIEA a sus instalaciones de investigación y la ONU redoblo su apuesta al aumentar las sanciones por medio de la Resolución 1747. El 8 de abril del año siguiente, Irán anunció la puesta en marcha de 8.000 centrifugadoras de uranio adicionales en Nanatz.

El tira y afloja entre Irán y la comunidad internacional siguió por años; mientras aumentaban las sanciones, Teherán anunciaba nuevos avances en su programa atómico. El 5 de diciembre de 2010, informó que, pese a las restricciones, había logrado la autosuficiencia en la producción de polvo de uranio para sus plantas nucleares. Esto ocurría dos meses después que la OIEA informara que Irán poseía material suficiente para producir dos o tres armas nucleares.

Al año siguiente, Teherán volvió a desafiar las sanciones al anunciar, con unos meses de diferencia, que triplicaría su producción de uranio enriquecido y la puesta en marcha de la planta de Busher, terminada por una empresa rusa y con tecnología que, según afirmaron algunas fuentes, resultaba sugerentemente similar a la que había sido usada para construir las centrales nucleares argentinas de la serie Atucha.

Quedaba claro entonces que, en pocos años y pese a las sanciones en su contra, el régimen iraní había logrado desarrollar un exitoso programa nuclear autónomo. Recién cuando el reformista iraní Hasan Rohani ganó las elecciones en Irán en junio de 2013, la tensión comenzó a ceder. El 19 de septiembre siguiente, Rohani aclaró que su país “no desarrollará armas nucleares bajo ninguna circunstancia”. Sin embargo, para los expertos de la OIEA aquella expresión llegaba tarde, dado que Irán había logrado avanzar lo suficiente como para convertirse en potencia nuclear. De todos modos, la salida de Ahmadinayed trajo consigo el fin de las sanciones gracias al acuerdo firmado por las partes el 14 de julio de 2015.

No habían importado las restricciones que le había impuesto ni el embargo que le impedía negociar acuerdos de cooperación con países poseedores de tecnología atómica. De algún modo, los persas se las habían ingeniado para cumplir con sus metas nucleares.
En 2013, también se cerraron las operaciones de la fábrica de tractores Venirat SA en Venezuela. Se culpó a la falta de financiamiento. Que esto sucediera finalizado el plan nuclear iraní es, por supuesto, una casualidad.

La denuncia de Eliaschev

El 26 de marzo de 2011, el periodista argentino Alberto “Pepe” Eliaschev publicó un artículo en el diario Perfil en el que denunciaba la existencia de un pacto secreto entre el gobierno iraní y las máximas autoridades de la administración de la presidente argentina Cristina Kirchner.

Eliaschev reveló que el canciller argentino Héctor Timerman mantuvo una serie de reuniones con su par iraní, Alí Akbar Salehi, en la ciudad siria de Alepo en los días 23 y 24 de enero de 2011. El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid Al-Mohalem, había participado también del cónclave secreto. Recordemos que para la justicia argentina, el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 había sido obra de iraníes, pero que además existía una presunción de la participación de agentes sirios en el ataque.

En esa reunión se había pactado que el gobierno argentino propiciaría la absolución de Irán como instigador del atentado de 1994. En principio, el acuerdo buscaría aumentar el comercio bilateral a cambio de lo cual se aseguraba la impunidad por un ataque que causó la muerte de 85 personas en el centro porteño, aunque aquel logro resultaba poco creíble si se consideraba que se ofrecía lo que podía obtenerse por medio de misiones comerciales tradicionales.

Hector Timerman (NA)

Hector Timerman (NA)

Eliaschev fue atacado con dureza y desmentido duramente por el gobierno argentino y por los periodistas adictos a la pauta estatal, incluso luego de su muerte en noviembre de 2014. Sus detractores tuvieron que callar cuando el propio gobierno se vio obligado a reconocer la existencia de esas reuniones. La salida al escándalo que significaba haber pactado con una potencia extranjera sospechada de haber participado en el mayor acto terrorista ocurrido en el país, fue reconocer las negociaciones y enviar un proyecto al Parlamento para que los legisladores oficialistas le dieran el aval correspondiente.

Aunque el Memorándum fue aprobado por la mayoría oficialista del kirchnerismo, la suposición de la existencia de otros negocios y pactos no revelados en torno a la diplomacia secreta con Teherán, se hicieron cada vez más fuertes. Después de todo, se sospechaba del mismo grupo que había asegurado en un principio que no habían existido negociaciones secretas entre el gobierno argentino y el iraní.

A la denuncia de Eliaschev, se le sumó otra proveniente de miembros del partido republicano de los EEUU. El 8 de julio de 2011 los congresistas norteamericanos Ileana Ros-Lehtinen, Connie Mack y David Rivera le enviaron una carta a la Secretaria de Estado de su país, Hillary Clinton, advirtiendo que Irán estaba recibiendo tecnología atómica argentina usando a Venezuela como intermediario. La carta era acompañada con un pedido para que se prestase mayor atención a la penetración iraní en la región Latinoamérica y vigilara las relaciones entre Buenos Aires y Teherán que pudieran implicar asuntos nucleares. No se tiene constancia de una respuesta de parte de Hillary Clinton aunque el asunto llegó a ser tratado dentro del parlamento de ese país.

Por un tiempo, la posible existencia de un triángulo atómico entre kirchneristas, chavistas y persas se mantuvo lejos de las primeras planas. Sin embargo, las suposiciones de un pacto nuclear entre Argentina e Irán renacieron cuando un medio brasileño hizo una revelación impactante.

La revelación de Veja

El 14 de marzo de 2015, la revista brasileña Veja publicó un artículo que involucró directamente al régimen chavista como mediador de la transferencia de tecnología nuclear entre Argentina e Irán. El corresponsal de Veja en Washington, Leonardo Coutinho, entrevistó a tres de los doce informantes venezolanos que colaboran con la justicia norteamericana desde 2012 en un caso por tráfico de drogas que involucra a los máximos dirigentes del régimen chavista.

Los informantes revelaron, en tres entrevistas realizadas por separado, que habían presenciado la reunión que mantuvo el entonces presidente venezolano Hugo Chávez con su par Mohamed Ahmedinejad el 24 de enero de 2007, en la que el mandatario persa requirió asistencia para obtener tecnología atómica argentina y levantar el pedido de captura a una decena de dirigentes iraníes investigados por el ataque a la AMIA. La respuesta de Chávez habría sido “me encargaré personalmente de esto”.

En su artículo, Coutinho reveló que los arrepentidos venezolanos “estaban presentes cuando los representantes de Irán y Venezuela discutieron, en Caracas (…) los representantes del gobierno argentino recibirían grandes cantidades de dólares, y a cambio de ese dinero, dicen los chavistas disidentes, Irán pidió que la autoría del atentado fuera encubierta”.

Uno de los gestores de esos acuerdos sería nada menos que Tareck El Aissami, ex gobernador del estado venezolano de Aragua, y ex vicepresidente por Nicolás Maduro. El que fuera segundo en la línea de sucesión en Caracas fue mencionado en las investigaciones del diario The Wall Street Journal como el nexo entre Venezuela, Irán y Siria en tiempos en que se negociaba el desvío de tecnología y materiales nucleares hacia Medio Oriente a cambio de jugosas cantidades de divisas.

Tareck El Aissami y Nicolás Maduro

Tareck El Aissami y Nicolás Maduro

El nombre del segundo al mando en el régimen chavista y siempre de acuerdo a los arrepentidos que declararon en EEUU, aparece citado como el encargado de gestionar el envío de dinero que lubricó el acuerdo nuclear secreto con Argentina. Las divisas, fueron blanqueadas en parte como aportes de campaña durante la primera carrera presidencial de Cristina Kirchner.

Fue precisamente el 4 de agosto de 2007 que el venezolano Guido Antonini Wilson fue detenido en la aduana de Buenos Aires cuando intentó ingresar con 800.000 dólares no declarados. Wilson había llegado en un avión privado de la petrolera venezolana PDVSA acompañado por varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Néstor Kirchner. Pese al escándalo que generó el incidente y que la administración de Cristina Kirchner negó tener vínculo con él, dos días después fue detectado en un acto oficial en la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino.

El período que va desde que Chávez informó que se encargaría personalmente de negociar con los argentinos en favor de los persas por el tema nuclear, coincide con la época en que Teherán logró sus mayores avances tecnológicos en esa área. Nada prueba que esos logros se hayan debido a la intervención argentina, aunque tampoco se pueden soslayar hechos tan significativos como la firma de un acuerdo de cooperación nuclear entre Argentina y Venezuela en 2005, cuyo objetivo era instalar un reactor nuclear tipo CAREM de 150 Kw desarrollado por científicos argentinos. El aparato iba a ser instalado en la región petrolera del Orinoco para ser usado en el procesamiento de crudo. Nunca llegó a concretarse, pero se tiene constancia de la existencia de delegaciones que realizaron un constante intercambio tecnológico hasta 2012 sin que se construyera ningún reactor en la misma zona en donde años antes los geólogos persas y venezolanos hallaron rastros de uranio.

Tampoco se concretó ninguno de los puntos del acuerdo irano venezolano del 11 de noviembre de 2009, que preveía la instalación de una “villa nuclear” para desarrollar un plan nuclear chavista. Todo fue un juego de anuncios mientras Irán ganaba tiempo y transfería tecnología y materiales para su propio programa utilizando acuerdos con la agencia atómica argentina y la constructora de centrales nucleares rusas Rosatom. La plataforma que le dieron esos acuerdos fueron las ideales para triangular lo que el embargo internacional le impedía obtener por derecha.

El fiscal Nisman, mientras tanto, siguió trabajando en el análisis de la red de complicidades que había ocultado a los autores del ataque de la AMIA. En ese trámite, es que comenzó a prestar atención a las actividades de los argentinos que negociaban con Irán y de aquellos que, sin ser funcionarios, estaban ligados al gobierno y oficiaban como miembros de la democracia subterránea con Teherán. En ese camino, se encontró con la presencia del gobierno bolivariano de Caracas.

Traición a la patria

Aun no se sabe cuáles eran los documentos que pretendía mostrar Nisman ante el Congreso para fundamentar su acusación contra la entonces presidente Cristina Kirchner, imputación que podría haber escalado incluso al delito de “traición a la patria” por haber negociado a favor de potencias extranjeras un pacto que lesionaba los intereses nacionales. Su presentación preliminar está cargada de referencias al pacto entre Cristina Kirchner y los iraníes para ocultar la verdad de lo sucedido en 1994 en la sede de la AMIA.

La tarea de la Unidad Fiscal de Investigaciones – AMIA que dirigía Nisman fue asumida tras su muerte por un grupo nombrado por el gobierno kirchnerista, de manera que no se avanzó en la pista nuclear ni se volvió a mencionar ese tópico en los siguientes documentos que publicó esa oficina. La encargada de nombrar a los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini fue Alejandra Glis Carbó, que en ese momento era procuradora nacional y operadora judicial del kirchnerismo.

Alberto Nisman

Alberto Nisman

En los documentos que llegó a mostrar públicamente Nisman antes de que el kirchnerismo copara la UFI AMIA, se revela la existencia de una conspiración a favor de Irán que incluía a la presidente, a su canciller y a otros personajes de su periferia política como el dirigente social Luis D´Elía, al jefe de la juventud kirchnerista, Andrés “cuervo” Larroque, al hombre de confianza del régimen iraní en Buenos Aires, Yusuf Khalil y a Fernando Esteche, un hombre ligado a los grupos más oscuros de la comunidad “revolucionaria” de los servicios de inteligencia, que además financió su actividad con dinero de la embajada iraní en Buenos Aires.

Entre las referencias dadas por Nisman en su denuncia, se cita una declaración del dirigente kirchnerista Luis D´elía, que en abril de 2010 habría admitido estar a favor de un acuerdo de cooperación para colaborar con el programa nuclear con Irán y otras menciones a la intención iraní de hacerse con tecnología atómica.

Fernando Esteche

Fernando Esteche

En otras partes de la denuncia, se da cuenta la actividad del ex embajador venezolano en Argentina, Roger Capella, como parte de la negociación del Memorándum entre Argentina e Irán, que para Nisman era una de las piedras angulares de su acusación contra la entonces mandataria por entorpecer la búsqueda de la verdad en la causa AMIA. En la página 223 del último escrito que presentó, se explica que “durante su estadía en Argentina, el embajador Roger Capella trabó una aceitada relación con distintas agrupaciones sociales argentinas, financiando a referentes como Luis D’Elía y Fernando Esteche con viajes, becas y otros recursos”. Esas afirmaciones coinciden con las de los chavistas arrepentidos entrevistados por Veja, que dicen haber presenciado las reuniones en las que se discutió el impacto que tendría la investigación que llevaba adelante el fiscal Nisman y la denuncia que podría involucrarlos.

(Gustavo Gavotti)

(Gustavo Gavotti)

En el documento de su denuncia, el fiscal Nisman hace otras referencias a la presencia de la cuestión nuclear en la negociación con Irán, demostrando que estaba al tanto de las suposiciones que corrían el mundillo de las relaciones internacionales sobre un posible pacto secreto entre ambos países en ese rubro.

La sospecha respecto de un capítulo nuclear en la relación entre Irán, Argentina y Venezuela nunca pudo ser demostrada porque el fiscal que debía presentar pruebas de ello nunca llegó al recinto donde debía demostrar que se trataba de un hecho.

A la distancia, no pareciera que un tratado secreto para aumentar el comercio bilateral a cambio de dar por cerrado un caso judicial fuera suficiente para mandar matar a un fiscal. El pacto fue blanqueado en el recinto parlamentario sin mayores contratiempos. Menos aún, le preocupaba la existencia de aportes en negro a una campaña presidencial, acusación que el kirchnerismo ya debió soportar cuando se probó que recibía dinero de traficantes de drogas o proveedores estatales. Quizás, había algo más en lo que podía revelar el fiscal que ameritara tomar una decisión tan grave.

Hugo Chávez junto a Cristina y Néstor Kirchner (AFP)

Hugo Chávez junto a Cristina y Néstor Kirchner (AFP)

Tras su muerte, la investigación que llevaba adelante Nisman fue clausurada por el juez Daniel Rafecas, quien decidió darla por concluida en cuestión de horas. Fue tan poco el tiempo que transcurrió entre que recibió la causa y el momento que decidió darla por cerrada, que resultaba lógicamente imposible que hubiera alcanzado a leer las miles de fojas del expediente y repasar las 5.000 horas de escuchas que contiene. Rafecas fue siempre un juez obediente al kirchnerismo, al igual que los ex camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que confirmaron en su momento el cierre propiciado por el juez que revisaba las causas en tiempo récord.

Tras cinco intentos de la AMIA y los grupos de la justicia argentina que reclamaban la reapertura de la causa, la Cámara de Casación ordenó retomar las investigaciones de Nisman.

Con la reapertura de la causa que investiga a Cristina Kirchner, se abre la posibilidad de explorar nuevamente los motivos que llevaron a la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y saber que se negoció en las sombras en aquella reunión en Alepo.

Los elementos para suponer que además de dinero e impunidad se podrían haber negociado la venta de tecnología nuclear, no son pocos. Las pistas que indicarían que algunos de los involucrados podrían haber cobrado pequeñas fortunas por ello, también deben ser tenidas en cuenta.

Alguien dijo que habría que acercar un detector de radiación nuclear a la investigación de Nisman y observar el resultado. Minas y fábricas iraníes secretas en Venezuela protegidas por el ejército chavista, acuerdos atómicos, reuniones en las sombras para pactar impunidad entre argentinos, sirios e iraníes, valijas cargadas de dólares y sugestivas similitudes entre los programas nucleares argentino y persa, son apenas la punta del ovillo en un tema que podría tener derivaciones explosivas.

Por Ignacio Montes de Oca

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Politica

Macri reformuló el reparto de poder y desarmó la mesa chica

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Los cambios puertas adentro del Gobierno no paran. Tras la modificación del gabinete, Mauricio Macri tomó una nueva decisión de alto impacto: desarmó su mesa chica, símbolo de la toma de decisiones de su administración.

Así, dejó de existir el espacio que ocupaban el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, y Carlos Grosso, el exintendente porteño que acompaña a Macri desde el comienzo de su gestión como asesor estrella.

El grupo de consulta, que se diseñó como un apoyo para el Presidente y que se convirtió en una instancia de poder en la Casa Rosada, no se juntará más. Eso sí, los cinco continuarán muy cerca de Macri, que los tiene como sus principales consejeros.

“No existe más esa mesa”, confió a LA NACION uno de los hombres de consulta permanente del Presidente. El último encuentro del grupo de los cinco fue hace 18 días, en la quinta de Olivos, en el dramático fin de semana que terminó con la mitad de los ministros eyectados.

El objetivo de Macri es mostrar un gobierno con una dinámica de trabajo más abierta, viejo reclamo de algunos de sus funcionarios y de sus socios políticos. Se trata de la segunda etapa del plan que se puso en marcha con el cambio del gabinete, que se compactó a la mitad.

Tanto el Presidente como Peña, pese a algunos análisis que se hicieron después del cambio de gabinete, están convencidos de que “el cambio de diseño de gobierno fue estructural”.

El nuevo esquema

El final del tridente, que componían Peña y los exvicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, fue el primer paso. Los ministros sobrevivientes, ahora empoderados como “ministros de gobierno”, no tendrían que rendir cuentas al trío que Macri había bautizado como “sus ojos e inteligencia”.

Con Peña fortalecido en la conducción del gabinete -más volcado a la gestión y al armado político, mantendrá un bajo perfil por el momento-, el resto de la mesa chica quedará como fuente de consulta, pero ya no habrá reuniones programadas.

“La mesa chica siempre fue un gran fetiche. Más mito que realidad”, describió una fuente del Gobierno. Según uno de los integrantes, el grupo más cercano del Presidente solo se reunió cuatro o cinco veces.

Cerca de Macri explicaron que con esta determinación buscó “fortalecer espacios”, pero con el foco puesto en los diez ministros, nuevos actores protagonistas. Al potenciarlos, explicaron fuentes oficiales, creció la protección de la figura presidencial, que por el estilo de conducción, quedaba siempre más expuesto.

“Cerrarse en unos pocos lo debilitó. Ahora el vínculo es mayor. Los ministros se complementan y trabajan juntos en las estrategias”, aseguraron fuentes de la Casa Rosada. Antes, con el esquema que imponían Quintana y Lopetegui, quedaban desacoplados.

Pese a esto, fuentes cercanas al jefe del Estado destacaron el trabajo de los exvicejefes de Gabinete, los controllers del Gobierno hasta hace diez días. Hoy el seguimiento de la gestión quedó en cabeza de Peña, pero los asisten el flamante vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra; Alejandro Fontán Balestra -el ingeniero, cercano al ministro coordinador, quedó como uno de los nuevos coordinadores-, y el exministro de Producción Francisco Cabrera, entre otros. También participarán directamente los ministros.

El Presidente buscó terminar con las desconfianzas que provocaba en el resto la idea de que detrás de las decisiones más relevantes solo había espacio para cinco asesores con un estatus superior.

Ese malestar lo palpó de primera mano Macri el 1° de septiembre. Como publicó Clarín, la ascendencia de Grosso y de Durán Barba en las deliberaciones de esas horas generaron problemas internos, con el ala política del macrismo y con los socios de Cambiemos, en particular con el radicalismo.

Mientras pone en funcionamiento el nuevo esquema, el Gobierno trabaja día y noche para evitar que la crisis cambiaria vuelva a desatarse, aunque en esta oportunidad sin pronósticos. “Nos acercamos al abismo tres o cuatro veces en cinco meses, pero estamos haciendo las cosas que hay que hacer para que esta sea la última crisis”, admitió un hombre con trato frecuente con Macri.

La Nacion

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Local

MDP : Lanzan iniciativa para crear un Banco Municipal

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Esta mañana, en el Torreón del Monje, se presentó una propuesta para la creación de un Banco Municipal para Mar del Plata y Batán. Esta iniciativa es una presentación conjunta de los partidos Sumar por Mar del Plata y el Partido Socialista, quienes trabajaron durante los últimos meses en este proyecto cuyas primeras formulaciones datan de los años sesenta.
Santiago Bonifatti, concejal que lidera el partido vecinal Sumar por Mar del Plata, dijo al respecto “Desde Sumar por Mar del Plata creemos que nuestras ciudades necesitan contar con herramientas que sean eficientes, que permitan desarrollar nuestra economía y alcanzar progreso sin perder la calidad de vida que caracteriza nuestro entorno. Mar del Plata como ciudad es grande. Tanto por su población como por su actividad económica podría ubicarse en el puesto 11 entre las provincias de Argentina. Esto habla de un potencial de desarrollo pero también de un problema a ser atendido. Nosotros junto al Socialismo pensamos que atender ese problema es pensar en el futuro, en soluciones, en herramientas y en este caso es pensar en un Banco Municipal que entre otras cosas impulse el sector productivo local. También que permita alcanzar la Primera Vivienda, sea garante para jóvenes en su primer alquiler”.
“En definitiva queremos un Banco que esté cerca de los vecinos, atienda las demandas sociales pero también tenga visión estratégica para el desarrollo industrial y comercial de la ciudad, apuntalando a las Pymes que son quienes mayor empleo generan. Y todo esto constituye lo más importante: una mayor autonomía del Municipio frente a la Provincia y la Nación. Mar del Plata debe poder decidir las herramientas para su desarrollo porque eso también es poder decidir sobre su futuro.”, finalizó Bonifatti.
Por su parte, Pablo Zelaya Blanco, Secretario General del Partido Socialista local, expresó: “Estamos entusiasmados ante la posibilidad de presentarles este proyecto a marplatenses y batanenses que retoma la agenda histórica del Socialismo, con una impronta de desarrollo y progreso para la ciudad. Creemos que esta iniciativa potencia la estructura económica existente, fomenta el desarrollo de la pequeña y mediana empresa local, y brinda un espacio de cercanía para con los vecinos”. Y añadió “Continuaremos trabajando en el marco de esta iniciativa, donde esperamos que se pueda avanzar en estudios de factibilidad y en los consensos necesarios con otros partidos y bloques legislativos para finalizar el diseño de esta propuesta.”
Estuvieron presentes durante el evento distintos representantes de la comunidad, entre ellos, el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata Alfredo Lazzeretti, los concejales Ariel Ciano (FR), Mario Rodríguez (UCR), la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Mónica Biasone, el dirigente de Sumar por Mar del Plata Juan Rey, el Secretario de Comunicación de la UNMdP Alberto Rodríguez, la presidenta de la ONG Casa de 20 y referente de Sumar Lucia Bonifatti, los ex concejales Juan Anastasia (PS), Fernando Maraude (FPV), la ex Secretaria de Educación Municipal Mónica Rodríguez Sammartino, el contador municipal Guillermo Constanzo, el Secretario General Adjunto del Partido Socialista de Argentina Jorge Illa, el Presidente de la Cooperativa El Amanecer Fabio Pandiani, el representante de Veraz Federico Feresini, la Presidenta de la Federación Universitaria Marplatense Jazmín Gallardo, el Presidente de la Asociación de Lic. En Turismo de la Pcia. de Bs. As. Esteban Zaballa, la coordinadora del programa de prácticas sociocomunitarias de UNMdP Ana Catelen, representando a Movimiento Libres del Sur Sofía Ardusso, miembro de ATICMA Alejandro Ortiz, el referente de Consumidores Argentinos Elvis Toto, en representación del Centro de Estudios Municipales y Provinciales Mar del Plata Francisco Barberis y Florencia Colaianni, el Consejero Escolar de Sumar por Mar del Plata Esteban Roman, en representación del Diputado Provincial Juan Manuel Cheppi Solange Flores, miembro del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Eugenia Mascitti, el dirigente de Unidad Popular Facundo Villalba, empresarios del sector TIC, sector inmobiliario y comercial de la ciudad.

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