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Politica

El Cronista anuncia “una poderosa Agencia de Comunicaciones Convergentes”

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La nueva Ley de Convergencia ratifica la neutralidad de internet e impone un gravámen a los Netflix y Spotify para financiar la producción nacional de cine, música y teatro

Por: María Gabriela Ensinck
Tras la fusión de Cablevisión y Telecom, que se encuentra en instancia de revisión por parte de Defensa de la Competencia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene los días contados. Un borrador del anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que la reemplazará y unificará con la Ley de Comunicaciones Digitales, había sido terminado en marzo de 2017, y comenzó a circular el fin de semana.

El documento, al que tuvo acceso El Cronista, mantiene gran cantidad de artículos de la Ley de Medios, pero introduce modificaciones y figuras novedosas en otros. Una de ellas es la de “Servicios de Transmisión Libre” (OTT por sus siglas en inglés, que refieren a servicios provisión de contenidos montados sobre internet, como podrían ser Spotify y Netflix), y el concepto de neutralidad de la red, que establece la prohibición de restringir o discriminar contenidos en función de su origen o tipo de dispositivo.

“Se trata de un anteproyecto que busca unificar dos mundos que hasta ahora corrían en paralelo: el de las comunicaciones audiovisuales y electrónicas”, comentó el abogado constitucionalista Andrés Gil Dominguez, uno de los miembros de la comisión redactora.

En su artículo 13´, el documento propone la creación de la Agencia de Comunicaciones Convergentes (ACC), que reemplaza al ENaCom y a su antecesor, el AFSCA. El nuevo organismo está compuesto por un presidente y tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo; y tres directores propuestos por una Comisión Bicameral integrada por ambas cámaras del Congreso.

Además se crea la figura del Defensor del Público de las Comunicaciones Convergentes y un Consejo Federal de Comunicaciones Convergentes (CoFeCCo), integrado por representantes de cada provincia y la Ciudad Autónoma, de los prestadores privados con y sin fines de lucro, de las universidades, las prestadoras pymes de servicios de Internet, ONGs, pueblos originarios, entidades sindicales y asociaciones de usuarios.

En cuanto al otorgamiento de Licencias para “comunicaciones audiovisuales”, el artículo 32´ (Condiciones de admisibilidad de las personas jurídicas), establece un límite para aquellas sociedades de capital extranjero, del 30%. Quedan exceptuadas las sociedades de aquellos países con los que existen convenios de reciprocidad, como los Estados Unidos, España u Holanda (país de origen de la productora Endemol, famosa por “Gran Hermano”). No obstante, en el caso de “comunicaciones electrónicas” (incluyendo la TV por cable), no existe tal límite.

Una de las cuestiones controvertidas del anteproyecto de Ley, que será sometido a la discusión pública antes de ser enviado al congreso, es la forma de medir el porcentaje de contenido local obligatorio para radio y televisión, que va desde un 70% para las ciudades más 1.500.000 habitantes, hasta el 50% en las localidades con menos de 600.000 habitantes. “En la llamada Ley de Medios esa medición se hacía diariamente y ahora pasa a ser mensual, con lo que los medios pueden hacer transmisiones en cadena la mayor parte del día y compensarlo a lo largo del mes, en las fechas y horarios de menor audiencia”, advirtió el abogado Miguel Rodríguez Villafañe, asesor de medios del interior.

De todos modos, el camino hacia la nueva Ley de Convergencia será largo, dado que la presentación del anteproyecto ante el Congreso fue prorrogada hasta mediados de año.

Cuotas de producción nacional para Netflix y Spotify
El anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes crea un registro para nuevos actores del mundo de la comunicación online como los proveedores de “Servicios de Transmisión Libre” (Netflix y Spotify), y a las agencias de publicidad online (los sistemas de avisos de Google y Facebook). Para los primeros, establece que deberán incluir en su catálogo, producciones audiovisuales y musicales nacionales (en un porcentaje a determinar por la Agencia de Comunicaciones Convergentes), y para ambas categorías dispone que deberán tributar un porcentaje del abono cobrado a sus usuarios, que se destinará al fomento de la producción musical, audiovisual y teatral nacional. En cuanto al fútbol y las transmisiones deportivas, la normativa establece que “se deberán transmitir sin codificar” (sin cobrar abonos adicionales), aquellas consideradas “de interés”, como por ejemplo, los partidos de la Selección Nacional.
Fuente: El Cronista

Politica

ATA-CAPIT: Una paritaria en la linea de la reforma laboral

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La paritaria suscripta para Productoras y Canales de aire habilita modificaciones en el convenio colectivo que destruyen conquistas de los trabajadores de la televisión

Finalmente, con 3 meses de atraso, cerró la paritaria de televisión para Productoras y Canales de aire. Las cámaras patronales y el sindicato acordaron un aumento del 23% en dos cuotas, una suma fija por única vez de 10000 pesos, y la “actualización” del convenio colectivo.

El acuerdo firmado, es prácticamente el mismo que el sector empresario presentó previo al paro del 28 de noviembre, de un 23% en dos cuotas, una suma fija de $8000 y retoques en el convenio colectivo, que fue rechazado contundentemente en cada empresa de televisión y que precisamente, motivó el segundo paro nacional al que acudieron en masa los trabajadores y trabajadoras de televisión.

Finalizadas las elecciones del gremio y reelegido Horacio Arreceygor en lista única, la directiva del SATSAID levantó la última medida anunciada y luego bajó el acuerdo a las asambleas en las que supuestamente una “amplia mayoría” de trabajadores y trabajadoras ahora aprobaron el mismo. (no hay registro alguno de las votaciones).

Una paritaria a la baja y entrega del convenio
Desde el principio, la burocracia mantuvo las negociaciones al margen de los trabajadores, las negociaciones “entre cuatro paredes” fueron la constante en donde la directiva del sindicato apenas comunicó el estado de las mismas y en donde jamás presentó datos concretos de la misma.

“El estancamiento”, “la oferta distante”, “la oferta insuficiente” impedían una deliberación de los trabajadores sobre bases concretas.

Finalmente, la firma del 23% en dos cuotas colocó nuevamente la paritaria de televisión a la baja y ubicó a todos los trabajadores de televisión con salarios básicos por debajo de la canasta familiar hoy en $27500.

Pese a que durante todo esta tiempo la Azul y Blanca de Arreceygor cacareó con que no se iba a tocar el convenio, ni bien finalizadas las elecciones salió corriendo a sellar el acuerdo que avanza sobre distintos puntos del mismo, adelantando la reforma laboral que el gobierno de Macri negocia con la CGT y siguiendo la línea de las burocracias que una a una están entregando conquistas (Atilra, UOM Tierra del Fuego, etc.).

Los cambios en la jornada laboral, “cuando sea necesario por las características de la producción”, o el arreglo de “horas extras acordadas” entre la empresa y el sindicato en función de las necesidades del proyecto o programa flexibilizan la jornada laboral.

En su artículo 4, sobre los contratos por tiempo determinado, deja abiertas las puertas para la contratación eterna bajo esta modalidad ya que permite sucesivos contratos otorgando status legal a la contratación fraudulenta que priva al trabajador de conquistas históricas como la indemnización o las vacaciones. Como quedó expuesto en las recientes caídas de más de 200 contratos en TDA, Paka Paka, Encuentro o el Canal de la Ciudad donde durante años los compañeros estuvieron bajo esta forma de fraude laboral mientras el sindicato hacía la vista gorda.

El artículo 5 crea la categoría de “Ingresante”. Con el pretexto de promocionar “el empleo joven”, el sindicato permite que las patronales puedan contratar personal incorporándolos en un grupo salarial más bajo.

El artículo 6, elimina el plus por exteriores al habilitar a la patronal a convocar al trabajador “a la locación asignada”, y lo elimina directamente para los nuevos trabajadores.

El artículo 8 habilita que el operador de video opere también la cámara robótica, habilitando la polifunción.

Además, el sindicato firma una “paz social” hasta el 30 de septiembre que deja maniatados a los trabajadores.

Perspectivas
Una nueva etapa se abre para los trabajadores y trabajadoras de televisión pues aún quedan puntos a discutir entre las patronales y el sindicato en la que los compañeros y compañeras de televisión debemos ser parte.

La participación masiva en los paros y en las movilizaciones indica un enorme potencial de lucha que no debe ser empañado por la entrega del sindicato.

Desde La Naranja de Televisión llamamos a los trabajadores y trabajadoras de la actividad a seguir participando activamente y a exigir la participación en la negociación que lleven adelante las partes.

La necesidad de reagruparnos para poder enfrentar de mejor modo los ataques patronales se inscribe también en el camino por la recuperación de nuestras comisiones internas y seccionales para poner nuevamente el sindicato al servicio de los trabajadores.

Las enormes luchas que se avecinan imponen la necesidad de superar a la Azul y Blanca para triunfar.

La entrega de derechos históricos de los trabajadores y trabajadoras de televisión adelanta la claudicación futura ante la inminencia de una reforma laboral que intentará arrasar con conquistas de todo el movimiento obrero.

Salario mínimo igual a la canasta familiar hoy en 27500
Abajo la reforma laboral
Defensa incondicional del convenio colectivo
Por un paro activo nacional y un plan de lucha
Abajo el impuesto a las ganancias
Ocupación de toda empresa que cierre o despida
Basta de despidos
Por una nueva dirección en los sindicatos
La Naranja de Televisión

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Politica

Telefónica quiere ofrecer televisión vía satélite cuanto antes

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El diario Cinco Días de España imprime que las telecos quieren que el gobierno argentino les permita poder ofrecer televisión vía satélite. Las ventajas de Telecom-Cablevisión

Por: Santiago Millán Alonso
Telefónica se enfrenta en Argentina a distintos frentes regulatorios en un momento complicado, una vez que ha empezado a andar el nuevo gran operador, resultado de la fusión de Telecom y Cablevisión, mayor grupo de cable del país, controlado por Clarín. El primer envite se sitúa en la televisión de pago, clave para que Telefónica y otros grupos como Claro, filial de América Móvil, puedan ofrecer el llamado cuadruple play, que incluye móvil, fijo, internet y televisión.

La pasada semana, el regulador ENaCom autorizó a Telefónica y Claro a ofrecer servicios televisivos dentro de los paquetes convergentes de fijo-móvil en distintas zonas del país austral. Así, Telefónica podrá ofrecer servicios de televisión en Buenos Aires y provincias como Godoy Cruz, Guaymayen, Lujan de Cuyo y Mendoza.

Ahora bien, este primer permiso autoriza a Telefónica a ofrecer servicios de televisión a través de la red fija, pero no por satélite. Esta situación parece favorable a la nueva Telecom, porque tiene capacidad de ofrecer ya televisión en gran parte del país con su cable, mientras que las telecos están obligadas a desplegar fibra, un proceso más lento. Solo de la mano del satélite, tecnología a la que las telecos no han podido acceder hasta ahora, podrían empezar a ofrecer quadruple play con mayor rapidez.

En Argentina se espera que el presidente Mauricio Macri firme un decreto de necesidad y urgencia para cumplir con la decisión de habilitar la convergencia, y cambiar el servicio de radiodifusión vía satélite. La firma debería tener lugar antes de que acabe enero, aunque no sería descartable un retraso.

Además, las telecos temen que el decreto pueda establecer una restricción temporal de entrada en el satélite hasta comienzos de 2019, escenario que también complicaría su situación.

Este escenario penalizaría a las telecos en la configuración de sus ofertas televisivas frente a Telecom, que también cuenta con una fuerte posición en el mundo de los contenidos audiovisuales.

En términos generales, en el sector se ha criticado que el Gobierno Macri haya favorecido la fusión de Telecom y Cablevisión, para crear un grupo nacional y al mismo tiempo facilitar la entrada de Clarín en el negocio móvil. Las acusaciones se centran en que se ha permitido la integración, sin restricciones, de dos empresas que han dado lugar a una operadora que tiene una cuota de mercado del 53% en la banda ancha fija, del 35% en el móvil y de más del 50% en la televisión de pago.

En este sentido, en la zona norte del país, hay ciudades en las que Telecom tiene una cuota en la banda ancha en los hogares cercana al 100%.

Otro de los puntos donde se han centrado las protestas del sector es en el dominio del nuevo operador en el espectro móvil. Y es que Telecom cuenta con 220 MHz de espectro, cuando el límite legal es de 140. La compañía debe devolver frecuencias al Estado, si bien tendrá de plazo dos años para hacerlo. El escenario podría cambiar si, como se maneja en el sector, hay una nueva subasta de espectro, que pudiera venir acompañada por cambios en los límites.

A su vez, tanto Telefónica como el resto de operadoras se han mostrado críticas con el retraso en la entrega de frecuencias procedentes de la última subasta realizada por el Gobierno Kirchner. Parece que este espectro se va a entregar próximamente, eso sí, tras un litigio judicial.

Un país de relevancia
Los mercados financieros parecen convencidos del poderío de Telecom Argentina, cuyas acciones se han revalorizado cerca de un 140% en los últimos doce meses. La empresa tiene en la actualidad una capitalización bursátil superior a 12.000 millones de dólares (unos 9.870 millones de euros).

Telefónica de Argentina ha mantenido una tendencia de crecimiento en los últimos tiempos. En los nueve primeros meses del año, la filial registró un aumento de ingresos del 34% en términos orgánicos hasta 2.604 millones de euros, cifra que supone casi un 7% del total del grupo. A mediados del pasado año, en los mercados se especuló con la opción de una posible colocación en Bolsa de parte del capital de Telefónica de Argentina por parte del grupo español.
Foto: Pablo Monge
Fuente: Cinco Días

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Politica

Con la aprobación de Cristina, La Cámpora se acerca a Moyano

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El operativo de seducción se puso en marcha en el 2017, a casi seis años de la ruptura entre la ex presidenta y el jefe camionero

“Apretar para precarizar”, tituló La Cámpora el comunicado con el que anteayer condenó las denuncias contra Hugo Moyano por presunto lavado de dinero, hechas sobre la base de datos elaborados por la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que depende del Poder Ejecutivo.

De cinco párrafos, el documento es un nuevo gesto de la agrupación kirchnerista hacia el ex líder de la CGT. En línea con la intención de acercar a ese sector sindical a la fuerza que conduce la ex presidenta, se denuncia en el comunicado una “campaña de difamación contra dirigentes sindicales”, que tiene también como blanco a Víctor Santa María.

Según detalla el diario La Nación, el operativo de seducción del cristinismo se puso en marcha el año pasado, a casi seis años de la ruptura entre Cristina Kirchner y el jefe camionero, producida en diciembre de 2011.

La propia ex presidenta protagonizó uno de esos gestos, en noviembre último, cuando reprodujo en Twitter declaraciones de Pablo Moyano contra la reforma laboral.

“Con Pablo nos une la esperanza”, escribió Cristina, en un mensaje que sus voceros se encargaron de difundir al instante.

Semanas después el dirigente sindical encabezó frente al Congreso una movilización contra la reforma previsional, acompañado de las dos CTA y del líder de la Corriente Federal, Sergio Palazzo, uno de los sindicalistas más cercano a Cristina Kirchner.

La idea de Pablo Moyano es armar un frente sindical combativo contra el gobierno de Macri, al estilo de la MTA, el movimiento que construyó su padre en los 90 para enfrentarse a las políticas del gobierno de Carlos Menem.

Otro referente de la Corriente Federal, el diputado nacional Walter Correa (curtidores), muy cercano a Máximo Kirchner, es el encargado de desarrollar el vínculo entre Unidad Ciudadana y la CGT.

Nexofin

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