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Sociedad

Declaró como testigo el ex suboficial que denunció una “matriz de corrupción” en la reparación del ARA San Juan

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José Oscar Gómez ratificó en la Oficina Anticorrupción las acusaciones que había hecho ante Oyarbide y que fue llamativamente archivada.

La Oficina Anticorrupción (OA) le tomó declaración testimonial al ex suboficial de la Armada José Oscar Gómez, quien entre 2007 y 2010 había denunciado ante el entonces juez federal Norberto Oyarbide supuestos hechos de corrupción en el astillero de la Armada Domecq García y en la reparación del ARA San Juan.

La titular de la OA, Laura Alonso, confirmó a Clarín que Gómez habló de una “matriz de corrupción” y que ahora su equipo tratará de probar los dichos del suboficial echado de la Armada por hacer las denuncias.

Como primera medida, Alonso abrió un expediente administrativo para investigar si los ex jefes del astillero, de la dirección de Material Naval y de la Armada se enriquecieron en forma ilícita con los contratos para la reparación de media vida del San Juan, que estuvo en el Centro Industrial Naval Argentino (CINAR, que incluye ahora al Domecq y a Tandanor) entre el 2008 y el 2014.

Con la medida, la funcionaria quiere investigar si eventualmente detrás del aumento patrimonial de algunos de los que manejaron estos contratos se esconde el cobro de sobornos.

Además, esta semana le pedirán al juez federal Sebastián Casanello –quien heredó el juzgado que subrogaba Oyarbide- una copia de la denuncia de Gómez.

Paralelamente, Alonso le solicitará a la presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann, apenas llegue una copia de la respuesta a la carta que le envió el Gobierno alemán pidiendo que confirme si el complejo replacado de las baterías del San Juan fue supervisado por técnicos germanos, tal como afirmaron ex funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner. Es que estos contratos son secretos.

Declaró como testigo el ex suboficial que denunció una "matriz de corrupción" en la reparación del ARA San Juan

La reparación del ARA San Juan en Tandanor.

En una carta dirigida al ministro federal del Interior (BMI) de la República Federal de Alemania, Karl Ernst Thomas de Maizière, tal como adelantó Clarín la diputada del PRO había señalado: “Como posiblemente sabrá, habría dos empresas alemanas que han participado en la reparación del submarino perdido”.

“Dichas compañías son Ferrostaal Gmbh y Hawker Gmbh, por lo que se agradecería si a través suyo, o de la persona que Ud. indique, se pudiera remitir información relacionada con la contratación y servicios prestados por éstas en la reparación del submarino ARA San Juan, y en especial, si las mismas, supervisaron el replacado de las baterías de dicha nave, que fuera realizado en astilleros argentinos”, agregó Schmidt Liermann.

La OA, mientras tanto, empezó a implementar con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la participación de uno de sus representantes y de la SIGEN en las compras secretas de armas o equipos para las fuerzas de seguridad.

La idea es que esta experiencia con Seguridad también sea copiada en el futuro por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, con las compras secretas de armamento para las fuerzas armadas.

Grave acusación

La denuncia había sido realizada en 2007 por el suboficial José Oscar Gómez contra el entonces jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, además de Jorge Dacharry, Ricardo Efrain y Carlos Herrero, entre otros.

Se refería a tareas de mantenimiento del San Juan en el Astillero Domecq García. El fiscal de la causa era Eduardo Taiano.

Gómez manifestó que “durante las tareas de mantenimiento del San Juan realizadas entre 2005 y 2006 se produjeron varias irregularidades y manejos espurios como la contratación de empresas privadas para trabajos realizados para dicho mantenimiento y reactivación de la nave”.

Y señaló que esos arreglos “en la práctica fueron llevados a cabo por personal de la Armada sin perjuicio de lo cual a dichos contratistas se les abonaban grandes cantidades de dinero”.

Además, agregó: “La cara visible de dichas empresas sería una persona que respondería al nombre de Daniel Adrián Fornés”. Y puntualizó que “los trabajos de menor entidad le fueron adjudicados a una firma denominada Marena SRL, propiedad de Claudio Di Bartolo”.

Antes de la denuncia penal, el suboficial había hecho una administrativa ante el Ministerio de Defensa cuando lo manejaba Nilda Garré.

Declaró como testigo el ex suboficial que denunció una "matriz de corrupción" en la reparación del ARA San Juan

Colocación de las baterías en el ARA San Juan durante las reparaciones de media vida que comenzaron en 2008 en el Complejo Industrial y Naval Argentino. Investigan irregularidades.

Gómez la había acompañado con una serie de fotografías, el libro de registro de entradas de camiones de la empresa Terminal Panamericana, un registro que prueba el robo de metales del submarino Santa Fe -que también estaba en el astillero y sin terminar- y una copia de la sanción que le habían aplicado por sus quejas.

También denunció el “alquiler precario de las naves (sectores) del astillero a empresas particulares como Terminal Panamericana, la evasión de controles de Aduana y el desvío de muebles y otros materiales a lugares desconocidos que habían sido comprados con dinero del astillero y que habrían sido llevados a domicilios de los jefes militares”.

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Se habrían fraguado o simulado facturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero

Extracto de la denuncia.

El denunciante manifestó que “se habrían fraguado o simulado fracturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero”. “Las reparaciones en gran medida habrían sido realizadas por personal propio de la Armada”, añadió.

Luego denunció el “vaciamiento de un edificio de la fuerza conocido como número 7, llevándose del lugar metales para ser vendidos en el mercado negro, además del robo de materiales pertenecientes a los submarinos Santa Fe y San Luis”.

El juez decidió no avanzar

En la causa se agregó una auditoría interna del Domecq García remitida por la Unidad Coordinadora del Area de Transparencia del Ministerio de Defensa.

El informe señala una serie de defectos en el astillero que “sumados a la debilidad del sistema de control y seguimiento de las prestaciones y contraprestaciones propician el riesgo de ocurrencia de eventuales irregularidades”.

Seguidamente, Oyarbide le tomó declaración testimonial al encargado de la auditoría, contador Jorge Argüello, quien dijo que se llegó a la conclusión de que “era muy difícil corroborar esas irregularidades denunciadas”.

El juez concluyó que ”entonces corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones, al menos hasta que se arrimen nuevos elementos de juicio que permitan avanzar”.

 

Daniel Santoro

Daniel Santoro

 Clarin

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El Gobierno apeló la falta de mérito de Cristina Kirchner en la causa de lavado de Lázaro Báez

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El gobierno nacional apeló hoy la falta de mérito que recibió la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como la “ruta del dinero K” en la que está preso y es juzgado el empresario Lázaro Báez.

Cristina Kirchner en su banca del Senado de la Nación
Cristina Kirchner en su banca del Senado de la Nación

El gobierno nacional apeló hoy la falta de mérito que recibió la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como la “ruta del dinero K” en la que está preso y es juzgado el empresario Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) apelaron el fallo del juez Sebastián Casanello para que sea revisado por la Cámara Federal, el mismo tribunal que ordenó indagar a la ex mandataria y actual senadora nacional.

El juez Casanello entendió que no hay elementos para procesar a Cristina Kirchner como parte del lavado de dinero, pero no la desvinculó del caso: le dictó la falta de mérito y ordenó medidas de pruebas para avanzar en el caso.

En la causa se investiga el presunto lavado de 60 millones de dólares de parte de las empresas de Báez. El empresario y otras 24 personas -entre ellas sus hijos, el arrepentido Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar– comenzaron a ser juzgadas semanas atrás. Otro tramo de la causa se sigue investigando.

La ex Presidente en una de sus presentaciones en Comodoro Py (Foto: Maximiliano Luna)
La ex Presidente en una de sus presentaciones en Comodoro Py (Foto: Maximiliano Luna)

La decisión de Casanello fue apelada por la OA y la UIF, quienes en su momento habían pedido la indagatoria de Cristina Kirchner. La OA se basó principalmente en los dichos como arrepentido de Fariña. Sostuvo que, según sus dichos, la entonces presidenta se reunió con Báez y le preguntó si estaba sacando fondos fuera del país.

“Tal revelación es indicativa, por un lado, de que Fernández de Kirchner tenía vocación de dominio sobre los fondos dinerarios canalizados en el exterior por Lázaro Antonio Báez y personas de su entorno; y, por otra parte, de que sabía –o consentía- cuando menos en forma genérica, las maniobras de expatriación, ocultamiento y exteriorización”, señaló la OA en su presentación. El organismo también señaló que hubo protección del gobierno de Cristina Kirchner a Lázaro Báez.

Infobae

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Tiroteo, una ametralladora, drogas y política: los escalofriantes videos de la guerra barra que tiene en vilo a La Matanza

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En la previa del partido con Midland, la barra de Laferrere se enfrentó a la vera de la ruta y por milagro no hubo muertos. Las imágenes del hecho y la historia de una batalla con venia municipal y sin detenidos.

El Far West fue el período histórico en el que Estados Unidos extendió sus fronteras hacia el Océano Pacífico en guerras primero contra las minorías étnicas, después contra México por Texas y, al final, entre los propios colonos por la fiebre del oro. Recreado por innumerables filmes de Hollywood, el Far West pasó a ser el Salvaje Oeste y se nutrió de cowboys y enfrentamientos armados. Pues bien, el Conurbano tiene su propio Far West y queda en La Matanza: ayer, en la previa del partido entre Laferrere y Midland por una nueva fecha del torneo de Primera C, se enfrentaron las dos facciones que luchan por el poder de la tribuna Villera desatando una guerra a la vera de la Ruta 21 por donde pasaban innumerables colectivos, autos particulares, gente de a pie y combis. Y de milagro no hubo víctimas fatales, dado que, como se puede apreciar en los videos a los que accedió Infobae, hubo tiros por doquier y, según los testigos del hecho, uno de los barras estaba armado con una ¡ametralladora! En el hecho intervino la comisaría segunda de Laferrere y la causa recayó en la UFI 2 de La Matanza, a cargo del fiscal Daniel Pagnotta. Y, según fuentes de la investigación, quien tendría esa arma de guerra y habría hecho no menos de cinco detonaciones ya estaría identificado, y ahora buscan la identidad de varios barras más que participaron del tiroteo.

La historia viene de larga data e incluye negocios de droga, seguridad privada mafiosa en los negocios del centro de la localidad, peaje a las bailantas para permitirles abrir sin generarles incidentes, el manejo de las combis que trasladan trabajadores hasta Capital y las tareas para los partidos políticos que tanto les reditúan a los violentos y que hace imposible que se los destierre de los estadios y de la vida diaria.

El nuevo episodio empezó a gestarse un mes y medio atrás. El 25 de septiembre caía tras una investigación judicial de más de un año la jefatura de la barra brava de Lafe, que según la causa que llevaba el juez Néstor Barral tenía como cabezas a Edgardo el Gordo Vallejos y el Pelado Alexis. Ellos lideraban a los grupos de los barrios San Carlos, La Marconi, Spiro, Giardino y KM 24 y 26 de la Ruta 21.

Fueron 15 en total los que terminaron presos acusados de manejar el narcomenudeo en Laferrere, Esteban Echeverría, González Catán, Virrey del Pino e Isidro Casanova. Y para abastecerse habían trabado relación con la barra de Atlético Medellín de Colombia, que proveía cocaína, y del Deportivo Capiatá de Paraguay, que hacía lo mismo con la marihuana.

La investigación también dejó al descubierto cómo trabajaban tarifando todas las paredes del municipio para aquel que quisiera pintar sus consignas o candidaturas y la forma en que manejaban el negocio de los remises truchos. Era una organización que movía 500 barras y dejaba pingües ganancias.

Pero a partir de su caída, y si bien dieron indicaciones desde prisión para no perder el negocio, la vieja barra, denominada “La Eterna”, decidió que era el momento de volver.

Habían sido desplazados en 2013, después de liderar con mano de hierro la tribuna de Lafe, con Miguel Balladar y Héctor Roy Pastrana a la cabeza, quienes además militaban en la ONG barra Hinchadas Unidas Argentinas, que había viajado al Mundial 2010 con el apoyo del gobierno nacional.

En aquel momento, La Eterna pesaba más en el negocio de las combis llamadas Lafer Bus y en la seguridad privada. Todo bajo el paraguas político de La Matanza, gobernada desde tiempos inmemoriales por el peronismo.

Con la idea del regreso, algunos hombres de La Eterna pensaron que este era el momento indicado, tras la prisión de sus rivales. Y fueron juntando gente de distintas barriadas. La idea era copar la tribuna en el partido frente a Midland, pero sus rivales, enterados del plan, se anticiparon. Y a varias cuadras del estadio los emboscaron y mostraron los dientes: un tiroteo infernal que terminó con una combi con cinco orificios de bala que por milagro no se cobró ninguna vida.

La historia, claro, no parece que vaya a terminar acá, porque los tambores de guerra están sonando y muy fuerte. Por eso es imprescindible que la política deje de financiarlos. Como ocurrió con otra barra del Municipio, la de Almirante Brown, el viernes pasado, cuando irrumpió y rompió la asamblea del club convocada para aprobar el balance. ¿Cómo llegaron hasta ahí? En micros de la Municipalidad de La Matanza, tal como muestra el video al que accedió Infobae y que ya está siendo investigado por la UFI 3 del doctor José Luis Marotto. Si mantienen ese apoyo, la pelea está perdida. Y las balas seguirán silbando y haciendo de esa zona del Conurbano un Far West diario.

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Malestar en la Corte Suprema por la resistencia de Rosenkrantz a tratar cuatro casos sensibles

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Los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti pidieron que los mismos sean sentenciados antes de fin de año

 

Frente a la dilación en el tratamiento de algunos casos, en la última reunión de acuerdo, los Ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti le plantearon al Presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, que se establezca una agenda de temas que deberían resolverse antes de fin de año. Además se manifestaron a favor de que establecer un cronograma con las fechas en que van a salir los fallos de esos expedientes -cuya resolución es relevante para la vida social e institucional del país- y que sea pública. Según fuentes consultadas por Infobae, Rosenkrantz no quiere saber nada con la idea de difundir esa agenda.

Los casos propuestos por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti son cuatro: el reclamo de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en 2003 con un haber inferior a la mitad del sueldo promedio. La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Nora Carmen Dorado y Luis Herrero, le dio la razón a Blanco quien debería cobrar una jubilación superior en un 31 % a la que le ofrece la ANSES con la Reparación Histórica. 

Este medio anticipó que el caso cuenta con los votos favorables de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Este fallo, si bien es aplicable sólo a Blanco, tendría impacto en más de 150 mil juicios que aún no tienen sentencia firme por las apelaciones interpuestas por ANSES. Ese expediente está demorado en la vocalía de Rosenkrantz.

Otro de los casos a incluir en la agenda para resolver antes de fin de año es la aplicación del polémico 2×1 a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Cuando en la última reunión de acuerdo Lorenzetti, Maqueda y Rosatti plantearon incluir este tema, Rosenkrantz primero se opuso y luego propuso que se cambie la causa que ya se venía analizando y que el fallo se trate en la última reunión de 2018.

Frente a lo que se vislumbraba como una maniobra dilatoria, los tres ministros impusieron su postura de elegir a la brevedad la causa a resolver y que no se trate en la última reunión de acuerdo. Esto, para evitar que Rosenkrantz o Highton se ausenten y se frustre el tratamiento del tema. La causa que ya está circulando por las vocalías es la del represor José Tadeo Luis Bettoli, condenado por el delito de tormento agravado cometido durante la última dictadura militar. El Presidente del Máximo Tribunal fallaría a favor de beneficiar con el 2×1 a represores.

Horacio Rosatti, Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz

Horacio Rosatti, Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz

El tercer tema es la causa iniciada por la Asociación de Magistrados en la que la Justicia hizo lugar al pedido de una medida cautelar para que no estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias quienes sean designados jueces a partir del 1ro. de enero de 2017, pero que se vengan desempeñando como funcionarios judiciales antes de esa fecha.

Por último, el cuarto punto de la agenda propuesta por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti es la definición acerca de la validez o no de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Gracias a esta norma, en la última elección Alicia Kirchner fue elegida gobernadora pese a que el ahora senador de Cambiemos, Eduardo Costa fue el candidato más votado.

En la reunión de acuerdo del próximo martes, los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti insistirán para que el presidente de la Corte fije esta agenda de casos a resolver antes de que termine el año.

La demora por parte de Rosenkrantz ha generado malestar entre los jueces que quieren avanzar con el tratamiento de las causas. Como contó Infobae, el nuevo presidente no pudo nombrar un administrador de los fondos millonarios que tiene la Corte y tampoco logró avanzar en su intención de ampliar el horario de atención de los juzgados.

Donde sí logró imprimir celeridad es en la designación en distintos cargos a varios allegados: Rosenkrantz nombró al novio de su hija en la Dirección de Sistemas de la Corte y a un sobrino en la obra social del máximo tribunal, pero no serían los únicos. Tiene a la firma la designación, entre otros nombramientos, de la hija del titular de un importante estudio jurídico que está litigando en la Corte Suprema.

Infobae

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