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Sociedad

Declaró como testigo el ex suboficial que denunció una “matriz de corrupción” en la reparación del ARA San Juan

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José Oscar Gómez ratificó en la Oficina Anticorrupción las acusaciones que había hecho ante Oyarbide y que fue llamativamente archivada.

La Oficina Anticorrupción (OA) le tomó declaración testimonial al ex suboficial de la Armada José Oscar Gómez, quien entre 2007 y 2010 había denunciado ante el entonces juez federal Norberto Oyarbide supuestos hechos de corrupción en el astillero de la Armada Domecq García y en la reparación del ARA San Juan.

La titular de la OA, Laura Alonso, confirmó a Clarín que Gómez habló de una “matriz de corrupción” y que ahora su equipo tratará de probar los dichos del suboficial echado de la Armada por hacer las denuncias.

Como primera medida, Alonso abrió un expediente administrativo para investigar si los ex jefes del astillero, de la dirección de Material Naval y de la Armada se enriquecieron en forma ilícita con los contratos para la reparación de media vida del San Juan, que estuvo en el Centro Industrial Naval Argentino (CINAR, que incluye ahora al Domecq y a Tandanor) entre el 2008 y el 2014.

Con la medida, la funcionaria quiere investigar si eventualmente detrás del aumento patrimonial de algunos de los que manejaron estos contratos se esconde el cobro de sobornos.

Además, esta semana le pedirán al juez federal Sebastián Casanello –quien heredó el juzgado que subrogaba Oyarbide- una copia de la denuncia de Gómez.

Paralelamente, Alonso le solicitará a la presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann, apenas llegue una copia de la respuesta a la carta que le envió el Gobierno alemán pidiendo que confirme si el complejo replacado de las baterías del San Juan fue supervisado por técnicos germanos, tal como afirmaron ex funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner. Es que estos contratos son secretos.

Declaró como testigo el ex suboficial que denunció una "matriz de corrupción" en la reparación del ARA San Juan

La reparación del ARA San Juan en Tandanor.

En una carta dirigida al ministro federal del Interior (BMI) de la República Federal de Alemania, Karl Ernst Thomas de Maizière, tal como adelantó Clarín la diputada del PRO había señalado: “Como posiblemente sabrá, habría dos empresas alemanas que han participado en la reparación del submarino perdido”.

“Dichas compañías son Ferrostaal Gmbh y Hawker Gmbh, por lo que se agradecería si a través suyo, o de la persona que Ud. indique, se pudiera remitir información relacionada con la contratación y servicios prestados por éstas en la reparación del submarino ARA San Juan, y en especial, si las mismas, supervisaron el replacado de las baterías de dicha nave, que fuera realizado en astilleros argentinos”, agregó Schmidt Liermann.

La OA, mientras tanto, empezó a implementar con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la participación de uno de sus representantes y de la SIGEN en las compras secretas de armas o equipos para las fuerzas de seguridad.

La idea es que esta experiencia con Seguridad también sea copiada en el futuro por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, con las compras secretas de armamento para las fuerzas armadas.

Grave acusación

La denuncia había sido realizada en 2007 por el suboficial José Oscar Gómez contra el entonces jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, además de Jorge Dacharry, Ricardo Efrain y Carlos Herrero, entre otros.

Se refería a tareas de mantenimiento del San Juan en el Astillero Domecq García. El fiscal de la causa era Eduardo Taiano.

Gómez manifestó que “durante las tareas de mantenimiento del San Juan realizadas entre 2005 y 2006 se produjeron varias irregularidades y manejos espurios como la contratación de empresas privadas para trabajos realizados para dicho mantenimiento y reactivación de la nave”.

Y señaló que esos arreglos “en la práctica fueron llevados a cabo por personal de la Armada sin perjuicio de lo cual a dichos contratistas se les abonaban grandes cantidades de dinero”.

Además, agregó: “La cara visible de dichas empresas sería una persona que respondería al nombre de Daniel Adrián Fornés”. Y puntualizó que “los trabajos de menor entidad le fueron adjudicados a una firma denominada Marena SRL, propiedad de Claudio Di Bartolo”.

Antes de la denuncia penal, el suboficial había hecho una administrativa ante el Ministerio de Defensa cuando lo manejaba Nilda Garré.

Declaró como testigo el ex suboficial que denunció una "matriz de corrupción" en la reparación del ARA San Juan

Colocación de las baterías en el ARA San Juan durante las reparaciones de media vida que comenzaron en 2008 en el Complejo Industrial y Naval Argentino. Investigan irregularidades.

Gómez la había acompañado con una serie de fotografías, el libro de registro de entradas de camiones de la empresa Terminal Panamericana, un registro que prueba el robo de metales del submarino Santa Fe -que también estaba en el astillero y sin terminar- y una copia de la sanción que le habían aplicado por sus quejas.

También denunció el “alquiler precario de las naves (sectores) del astillero a empresas particulares como Terminal Panamericana, la evasión de controles de Aduana y el desvío de muebles y otros materiales a lugares desconocidos que habían sido comprados con dinero del astillero y que habrían sido llevados a domicilios de los jefes militares”.

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Se habrían fraguado o simulado facturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero

Extracto de la denuncia.

El denunciante manifestó que “se habrían fraguado o simulado fracturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero”. “Las reparaciones en gran medida habrían sido realizadas por personal propio de la Armada”, añadió.

Luego denunció el “vaciamiento de un edificio de la fuerza conocido como número 7, llevándose del lugar metales para ser vendidos en el mercado negro, además del robo de materiales pertenecientes a los submarinos Santa Fe y San Luis”.

El juez decidió no avanzar

En la causa se agregó una auditoría interna del Domecq García remitida por la Unidad Coordinadora del Area de Transparencia del Ministerio de Defensa.

El informe señala una serie de defectos en el astillero que “sumados a la debilidad del sistema de control y seguimiento de las prestaciones y contraprestaciones propician el riesgo de ocurrencia de eventuales irregularidades”.

Seguidamente, Oyarbide le tomó declaración testimonial al encargado de la auditoría, contador Jorge Argüello, quien dijo que se llegó a la conclusión de que “era muy difícil corroborar esas irregularidades denunciadas”.

El juez concluyó que ”entonces corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones, al menos hasta que se arrimen nuevos elementos de juicio que permitan avanzar”.

 

Daniel Santoro

Daniel Santoro

 Clarin

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Magistrados y funcionarios judiciales ya comenzaron a tributar Ganancias

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En la provincia son 12 los jueces, fiscales y asesores letrados alcanzados por el impuesto. En federales, hay tres empleados administrativos que también lo pagan. por María Ester Romero A PAGAR.

Los jueces, fiscales y abogados que ingresaron al Poder Judicial desde el 1 de enero de 2017 tributan el impuesto a las Ganancias. Foto: Cedoc Perfil Más noticias de Córdoba Caputo, a un paso de quedarse con una parte de la recolección de residuos en Córdoba Los cordobeses de Cambiemos con la misión de cuidar el territorio de Macri De la Sota empieza a dar señales, cerca de la Iglesia y con críticas a Macri Barrionuevo planea su aterrizaje en Córdoba

Lo que parecía que nunca sucedería está pasando y marca un cambio de época. Jueces y empleados judiciales comenzaron a tributar el impuesto a las ganancias y dejaron de ser los únicos en no estar alcanzados por el cuestionado tributo que succiona parte del salario de los trabajadores argentinos.

Llevará años, quizás décadas, que abarque a todo el universo judicial, pero el dato es que ya se inició con el proceso que hasta hace dos años, antes de la reforma legislativa que los incluyó, no aparecía en el horizonte. PERFIL CORDOBA consultó al área administrativa del Poder Judicial de Córdoba y a la Superintendencia de la Justicia Federal local.

En la provincia son 12 los magistrados alcanzados. De ese total, seis ya pagaron Ganancias sobre la liquidación de 2017 que se efectuó en abril último. Son asesores letrados, fiscales y jueces que ingresaron a sus funciones el año pasado. El resto todavía no lo efectivizó porque tienen nombramientos más recientes.

El salario de un asesor o fiscal que ingresa al Poder Judicial, sin antigüedad, ronda los $100 mil. En los tribunales federales, hay tres empleados del escalafón administrativo y técnico que pagan el impuesto. No hay magistrados porque no hubo ingresos desde el 1 de enero del año pasado. Los salarios alcanzados son superiores a los $30 mil.

En diciembre 2016, Diputados convirtió en ley la modificación del impuesto a las ganancias consensuada por el oficialismo y parte de la oposición. Esa norma fijó la inclusión en el tributo de jueces, fiscales, defensores oficiales y empleados a partir del 1 de enero del año siguiente.

La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional no tardó en cuestionar la norma. En el marco de un proceso colectivo solicitó que se precise su alcance. Así fue que el juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, ratificó que quedan alcanzados por el tributo aquellos que ingresaron a dichos órganos a partir del 01/01/2017. Entendió que se encontrarían exceptuados únicamente quienes hubieren ingresado a ellos con anterioridad a esa fecha, o bien, que -en igual condición- provengan de los poderes judiciales y ministerios públicos federales y provinciales, siempre que sus retribuciones no se hayan visto antes alcanzadas por el pago o retención del impuesto.

En marzo de este año la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó ese fallo. MARIO CAPDEVILA: “ES UN TEMA SUPERADO” La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) informó esta semana sobre el cumplimiento de la ley en las provincias. El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba, Mario Capdevila, comentó a PERFIL CORDOBA que durante la reunión de la FAM a la que asistió esta semana en Santa Rosa, La Pampa, se informó que la ley se está aplicando en todas las provincias con normalidad.

“El debate y los cuestionamientos se han superado, se está aplicando a nuevos jueces nombrados a partir de 2017”, destacó. Respecto de un planteo efectuado por una jueza civil mendocina, Capdevila señaló que las autoridades de la asociación de esa provincia explicaron que se trata una acción personal, donde la controversia radica en las fechas. Marcela Ruiz Díaz es quien presentó un recurso en la Justicia Federal de Mendoza para que Afip no retenga el concepto de Ganancias de su sueldo. Sustentó el pedido en que el proceso de su designación inició a fines de 2016 y se completó en 2017 por demoras que son ajenas a su responsabilidad. Ella rindió durante el año en que persistía la excepción para pagar el impuesto y recién después de varios meses se trató su nombramiento en la Legislatura provincial, ya en 2017.

El planteo, por lo tanto, está centrado en el proceso de su designación e incorporación al Poder Judicial por la fecha de corte que quedó establecido para que los nuevos funcionarios comiencen a pagar el impuesto. (Fuente www.perfil.com).

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Denuncian a curas del colegio SOLARI en Morón por abuso sexual de menores.

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 Los curas Terciarios Capuchinos Amigonianos son los mismos que ya fueron Expulsados años atrás de San Luis .  Habrá sanción del Obispado esta vez?
Se trata del padre Guillermo, del Colegio Monseñor Solari, quien fue separado de su cargo luego de la denuncia. La víctima es una nena de 4 años. Años atrás ya hubo otros casos. En este caso las pruebas son muy evidentes.

Otro caso de abuso sexual de menores se conoció en las últimas horas en la localidad bonaerense de Morón, en donde los padres de una nena de 4 años denunciaron en la UFI 4 del Departamento Judicial, al padre Guillermo del Colegio Monseñor Solari de abusar de una menor.

Según la denuncia, la pequeña le señaló con insistencia a su madre sus partes íntimas, y luego apuntó al sacerdote.

Los padres de los alumnos se presentaron en la escuela, y ante el encendido reclamo, el director del establecimiento les informó que el acusado había sido separado del cargo. Las familias quieren justicia y castigo no que se tape como ya ocurrió otras veces,

Colegio Solari Avenida Don Bosco 4817 Moron

 

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Tras despidos en Textilana, la Asociación Obrera Textil se declaró en “estado de alerta”

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Tras despidos y suspensiones en la textil marplatense y el incremento de las importaciones que perjudican al sector, el gremio adelantó que continuará con medidas de fuerza en establecimientos de todo el país.

Las trabajadores de Textilana de Mar del Plata, la fábrica textil de la empresa conocida como Mauro Sergio, reclaman por despidos y suspensiones “arbitrarias” por parte de la empresa, tras la imposición de un nuevo método de trabajo que, según la Secretaria General de la Comisión Interna, María Demateis, consiste en “producir más en menor cantidad de tiempo”.

En este marco, la Asociación Obrera Textil (AOT) se declaró hoy en “estado de alerta” mediante un comunicado. En el mismo, denuncian la “grave situación del sector”, producto de la apertura de importaciones de productos textiles que perjudica a la producción nacional.

En ese sentido, el gremio criticó a los “empresarios de nuestro sector que rápidamente dejan de ser productores para convertirse en importadores, como ya ocurrió en otras etapas de la historia de nuestro país, provocando despidos y suspensiones de trabajadores”. “Aún es tiempo de no volver a los 90” señalaron.

De esta forma, la AOT adelantó que seguirá “realizando medidas de acción directa en diferentes establecimientos” con el objetivo de “enfrentar un plan económico que aumenta las importaciones en detrimento de la producción y el mercado interno”.

El comunicado, firmado por los integrantes del Consejo Directivo Nacional de AOT, concluyó que “la industria textil es viable en la Argentina. Su buen funcionamiento garantiza el desarrollo del país, porque genera trabajo registrado que paga impuestos”.

Vale recordar que, en el caso de Textilana, las trabajadores denunciaron días atrás que la empresa realizó dos despidos luego de imponer un nuevo régimen de trabajo, al que las trabajadoras consideran como insalubre.

http://politicaymedios.com.ar

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