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Sociedad

Declaró como testigo el ex suboficial que denunció una “matriz de corrupción” en la reparación del ARA San Juan

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José Oscar Gómez ratificó en la Oficina Anticorrupción las acusaciones que había hecho ante Oyarbide y que fue llamativamente archivada.

La Oficina Anticorrupción (OA) le tomó declaración testimonial al ex suboficial de la Armada José Oscar Gómez, quien entre 2007 y 2010 había denunciado ante el entonces juez federal Norberto Oyarbide supuestos hechos de corrupción en el astillero de la Armada Domecq García y en la reparación del ARA San Juan.

La titular de la OA, Laura Alonso, confirmó a Clarín que Gómez habló de una “matriz de corrupción” y que ahora su equipo tratará de probar los dichos del suboficial echado de la Armada por hacer las denuncias.

Como primera medida, Alonso abrió un expediente administrativo para investigar si los ex jefes del astillero, de la dirección de Material Naval y de la Armada se enriquecieron en forma ilícita con los contratos para la reparación de media vida del San Juan, que estuvo en el Centro Industrial Naval Argentino (CINAR, que incluye ahora al Domecq y a Tandanor) entre el 2008 y el 2014.

Con la medida, la funcionaria quiere investigar si eventualmente detrás del aumento patrimonial de algunos de los que manejaron estos contratos se esconde el cobro de sobornos.

Además, esta semana le pedirán al juez federal Sebastián Casanello –quien heredó el juzgado que subrogaba Oyarbide- una copia de la denuncia de Gómez.

Paralelamente, Alonso le solicitará a la presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann, apenas llegue una copia de la respuesta a la carta que le envió el Gobierno alemán pidiendo que confirme si el complejo replacado de las baterías del San Juan fue supervisado por técnicos germanos, tal como afirmaron ex funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner. Es que estos contratos son secretos.

Declaró como testigo el ex suboficial que denunció una "matriz de corrupción" en la reparación del ARA San Juan

La reparación del ARA San Juan en Tandanor.

En una carta dirigida al ministro federal del Interior (BMI) de la República Federal de Alemania, Karl Ernst Thomas de Maizière, tal como adelantó Clarín la diputada del PRO había señalado: “Como posiblemente sabrá, habría dos empresas alemanas que han participado en la reparación del submarino perdido”.

“Dichas compañías son Ferrostaal Gmbh y Hawker Gmbh, por lo que se agradecería si a través suyo, o de la persona que Ud. indique, se pudiera remitir información relacionada con la contratación y servicios prestados por éstas en la reparación del submarino ARA San Juan, y en especial, si las mismas, supervisaron el replacado de las baterías de dicha nave, que fuera realizado en astilleros argentinos”, agregó Schmidt Liermann.

La OA, mientras tanto, empezó a implementar con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la participación de uno de sus representantes y de la SIGEN en las compras secretas de armas o equipos para las fuerzas de seguridad.

La idea es que esta experiencia con Seguridad también sea copiada en el futuro por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, con las compras secretas de armamento para las fuerzas armadas.

Grave acusación

La denuncia había sido realizada en 2007 por el suboficial José Oscar Gómez contra el entonces jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, además de Jorge Dacharry, Ricardo Efrain y Carlos Herrero, entre otros.

Se refería a tareas de mantenimiento del San Juan en el Astillero Domecq García. El fiscal de la causa era Eduardo Taiano.

Gómez manifestó que “durante las tareas de mantenimiento del San Juan realizadas entre 2005 y 2006 se produjeron varias irregularidades y manejos espurios como la contratación de empresas privadas para trabajos realizados para dicho mantenimiento y reactivación de la nave”.

Y señaló que esos arreglos “en la práctica fueron llevados a cabo por personal de la Armada sin perjuicio de lo cual a dichos contratistas se les abonaban grandes cantidades de dinero”.

Además, agregó: “La cara visible de dichas empresas sería una persona que respondería al nombre de Daniel Adrián Fornés”. Y puntualizó que “los trabajos de menor entidad le fueron adjudicados a una firma denominada Marena SRL, propiedad de Claudio Di Bartolo”.

Antes de la denuncia penal, el suboficial había hecho una administrativa ante el Ministerio de Defensa cuando lo manejaba Nilda Garré.

Declaró como testigo el ex suboficial que denunció una "matriz de corrupción" en la reparación del ARA San Juan

Colocación de las baterías en el ARA San Juan durante las reparaciones de media vida que comenzaron en 2008 en el Complejo Industrial y Naval Argentino. Investigan irregularidades.

Gómez la había acompañado con una serie de fotografías, el libro de registro de entradas de camiones de la empresa Terminal Panamericana, un registro que prueba el robo de metales del submarino Santa Fe -que también estaba en el astillero y sin terminar- y una copia de la sanción que le habían aplicado por sus quejas.

También denunció el “alquiler precario de las naves (sectores) del astillero a empresas particulares como Terminal Panamericana, la evasión de controles de Aduana y el desvío de muebles y otros materiales a lugares desconocidos que habían sido comprados con dinero del astillero y que habrían sido llevados a domicilios de los jefes militares”.

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Se habrían fraguado o simulado facturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero

Extracto de la denuncia.

El denunciante manifestó que “se habrían fraguado o simulado fracturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero”. “Las reparaciones en gran medida habrían sido realizadas por personal propio de la Armada”, añadió.

Luego denunció el “vaciamiento de un edificio de la fuerza conocido como número 7, llevándose del lugar metales para ser vendidos en el mercado negro, además del robo de materiales pertenecientes a los submarinos Santa Fe y San Luis”.

El juez decidió no avanzar

En la causa se agregó una auditoría interna del Domecq García remitida por la Unidad Coordinadora del Area de Transparencia del Ministerio de Defensa.

El informe señala una serie de defectos en el astillero que “sumados a la debilidad del sistema de control y seguimiento de las prestaciones y contraprestaciones propician el riesgo de ocurrencia de eventuales irregularidades”.

Seguidamente, Oyarbide le tomó declaración testimonial al encargado de la auditoría, contador Jorge Argüello, quien dijo que se llegó a la conclusión de que “era muy difícil corroborar esas irregularidades denunciadas”.

El juez concluyó que ”entonces corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones, al menos hasta que se arrimen nuevos elementos de juicio que permitan avanzar”.

 

Daniel Santoro

Daniel Santoro

 Clarin

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21/12: Preparan los decretos con cambios regulatorios ante la fusión Cablevisión-Telecom

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Edita El Cronista que antes de Navidad el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) autorizaría el acuerdo y Defensa de la Competencia tendrá 45 días para expedirse. En 2018 saldrá normativa que reemplazará la Ley Audiovisual

Por: María Gabriela Ensinck mensinck@cronista.com

Papá Noel vendrá con un regalo extra para el Grupo Telecom Cablevisión, dado que en el sector estiman que días antes de Navidad, más precisamente el 21 de diciembre, la fusión de los gigantes del cable y la telefonía será aprobada por el ENaCom. Al menos esto es lo que se rumoreó ayer en los pasillos del encuentro “Economía Digital: políticas públicas para el desarrollo”, organizado por GSMA, la asociación internacional que representa a más de 800 operadoras de telefonía móvil en todo el mundo.

Así lo confirmó el ministro de Modernización Andrés Ibarra –cuya cartera absorbió al ex ministerio de Comunicaciones–, quien fue uno de los oradores principales del encuentro. “La fusión está en marcha, y antes de las fiestas se cerrará un importante capítulo”, dijo Ibarra a El Cronista. “Luego (de la aprobación por parte del ENaCom), los trámites siguen en Defensa de la Competencia, con un análisis más pormenorizado en municipios y ciudades. Las empresas ya presentaron la documentación, y en los primeros meses de 2018 la fusión se va a concretar”, aseguró.

Ibarra también comentó que “desde el Ministerio estamos trabajando en una serie de disposiciones que tienen que ver con la ampliación del espectro. Hoy hay un techo de 140 MHz por operador, y vamos a licitar nuevo espectro para ampliarlo. Estamos viendo en qué bandas, y esto depende también de la devolución de espectro y la limpieza, ya que hay espectro tomado y judicializado”, comentó.

Este diario pudo saber que, a nivel del Poder Ejecutivo, se están preparando modificaciones regulatorias que saldrían por decreto, para acompañar el proceso de fusión. Las mismas incluirían la habilitación a operadoras telefónicas para licitación para brindar TV satelital, regulaciones específicas para aquellas localidades donde el nuevo grupo fusionado tiene un porcentaje monopólico del servicio de banda ancha, y la posibilidad de que las telcos brinden cuádruple play en todo el país (hasta ahora, desde el 1ero de enero de 2018 pueden ofrecerlo solo en Buenos Aires, Rosario y Córdoba).

En 2018, la llamada “Ley de Comunicaciones Convergentes”, que reemplazaría a la malograda Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vetada parcialmente por Mauricio Macri, y la unificará con la Ley de Telecomunicaciones conocida como “Argentina Digital”, sería finalmente sancionada por el Congreso (que viene prorrogando su tratamiento), durante las próximas sesiones ordinarias.

En tanto, desde la GSMA, su director general para América latina, Sebastián Cabello, destacó que el sector necesita “menores regulaciones e impuestos,y mayor inversión en infraestructura para apuntalar su crecimiento, que impacta en el desarrollo de toda la economía. Debemos prepararnos para un aumento del tráfico de datos exponencial, que el último año fue del 60%; para el 5G y la Internet de las Cosas”. Respecto del tema impositivo, Cabello destacó que “el sector móvil tiene hoy una enorme carga tributaria y esto obstaculiza el acceso a los servicios por parte de población de menores ingresos y pymes. Si bien la eliminación del impuesto interno a los dispositivos favorece que más personas accedan a teléfonos inteligentes, los gravámenes sobre los servicios móviles continúan siendo elevados, y esperamos que esto sea contemplado por los legisladores en el tratamiento de la Reforma Impositiva”, señaló. Asímismo, durante el evento los operadores anunciaron la gratuidad de la línea 144 para denunciar violencia de género.

Cuádruple play
La clave del DNU que está por presentar en sociedad el gobierno, reglamenta las condiciones futuras para proveer el denominado “cuádruple play”. Esto es, en el mismo servicio y con la misma tarifa, telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión paga. Además, en el caso de Cablevisión- Telecom, aportaría el contenido del servicio, incluyendo el periodístico. Hasta hoy, las telefónicas tienen prohibido brindar el servicio de televisión satelital, mientras que desde enero estarán habilitadas para proveer televisión por cable en cuatro regiones: Capital Federal y el primer cordón del conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Santa Fe. Cuando se concrete la fusión Cablevisión- Telecom, este grupo quedará automáticamente habilitado para proveer televisión en todo el país. Tanto Telefónica como América Móvil (del mexicano Carlos Slim), presionan para que se les habilite la posibilidad de otorgar televisión satelital, en el caso que el DNU lo apruebe, y que la limitación para otorgar el servicio sólo se acote a las localidades de más de 80.000 habitantes. A cambio, ambas compañías aseguran que tienen preparadas inversiones de miles de millones de dólares, y la concreción de planes de ampliación en la red de fibra atrasados durante más de un lustro a la espera de garantías para la operación.

Según fuentes de la industria, la inversión “es difícil cuando no se pueden dar todos los servicios, y menos cuando a una empresa sí se le da ese permiso en condiciones de ventaja”. El sector de telefonía asegura que el país es, en la región, el que más smartphones tiene activos en el mercado y que con más velocidad los adquiere, pero donde más retrasada está la inversión en instalación de fibras. La industria tiene en claro que “en los últimos dos años se tomaron decisiones antitécnicas y antilegales a favor del Grupo Clarín, en condiciones que a otros operadores no se los permitió”.
Fuentes: El Cronista, Ámbito Financiero

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