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Detuvieron a Carlos Zannini y a Luis D’Elía por el encubrimiento del atentado a la AMIA

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La orden la dictó el juez Claudio Bonadio, que instruye la causa iniciada a partir de la denuncia de Alberto Nisman. También quedó detenido el lobbista iraní Yussuf Khalil.

Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica durante los gobiernos Néstor y Cristina Kirchner, y el dirigente piquetero Luis D’Elía, quedaron   detenidos durante la madrugada de hoy en el marco de la causa en la que están imputados por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán. 

Con relación al primer dirigente, el arresto se produjo en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y el ex funcionario quedó alojado en la delegación de la Policía Federal de la capital. Según pudo saber este medio, la detención estaba programada para las 7, pero por algún motivo el “Chino” salió de su domicilio cerca de la 1.30 y fue entonces capturado por los agentes de la PFA  que lo custodiaban.

Carlos Zannini, al momento de ser trasladado por efectivos de la Policía Federal

Carlos Zannini, al momento de ser trasladado por efectivos de la Policía Federal

En el caso de D’Elía, la detención se produjo pasadas las 6 de la mañana en su domicilio, ubicado en el barrio El Tambo, de Laferrere. También quedó detenido  el lobbista iraní Yussuf Khalil, en su casa sobre la avenida Juan B. Justo, en Capital Federal.

Ambos están imputados por el juez federal Claudio Bonadio en la causa que se inició a partir de la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman días antes de ser hallado muerto en su departamento del complejo Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero. El magistrado, además, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner y solicitó al Senado que inicie de manera inmediata el proceso de desafuero de la ex presidente.

Esposado, efectivos de la Policía Federal trasladaron a Luis D’Elía desde su domicilio

Esposado, efectivos de la Policía Federal trasladaron a Luis D’Elía desde su domicilio

En su declaración indagatoria del 23 de octubre pasado, Zannini aseguró no haber participado en ninguna negociación ni elaboración del memorándum con Irán. Además, negó la trama de encubrimiento por la que fue acusado.

En esa oportunidad, el ex funcionario kirchnerista afirmó no haber conocido nunca en su vida a los funcionarios iraníes sobre los que pesa el pedido de captura. También reveló haber estado siempre apoyando a los familiares de las víctimas del atentado a la mutual e incluso dijo haber aprobado otorgarles una indemnización por la muerte de su familiares.

En enero de 2015 Alberto Nisman denunció a Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Andrés “Cuervo” Larroque por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán.

El plan -según la denuncia- era “fabricar la inocencia” de los iraníes acusados por el atentado de 1994 y así obtener acuerdos comerciales que incluyeran el intercambio de granos y carne por energía.

A comienzos de este año, cuando la causa corría el riesgo de cerrarse, los jueces de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky la reabrieron y le dieron un nuevo impulso, que llevó a que el fiscal Gerardo Pollicita pidiera la imputación de Zannini, Julio De Vido, Oscar Parrilli, Angelina Abbona.

Si bien no fue originalmente denunciado por Nisman, luego de la reapertura de la causa el fiscal Pollicita lo agregó porque los primeros imputados en la causa –entre ellos Luis D’Elía, Fernando Esteche, y Jorge Khalil– lo mencionan en las escuchas telefónicas presentadas por el titular de la UFI AMIA.

En relación a D’Elía, su abogado, Adrián Albor, expresó en radio Del Plata que “resulta increíble que hace 20 días Bonadio le dio la extensión de prisión a D’Elía; él tenía asegurada la libertad, la Cámara obligó a una exención de prisión, y ahora lo está deteniendo días después. No interesa la ley, el derecho, la justicia; vienen por todo y a todos los que tenían alguna relación con el gobierno anterior. Lo único que interesa es demonizar para que nadie vuelva a hacer un proyecto nacional y popular”.

“Da miedo vivir en este país, da ganas de irse a vivir a otro lado, no puedo entender lo que está pasando, no se viven circunstancias como esta desde la época de los militares”, agregó el letrado, y amplió: “Luis tiene una condición de salud delicada, probablemente tenga que pasar por una unidad sanitaria; la falta de medicamentos le puede costar la vida, va a acatar esta ilícita orden de Bonadio. D’Elía no es un pistolero, no va a resistir a las fuerzas del orden”.

Infobae

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El Kiki, un asesino a sangre fría que se esconde como “Bin Laden”

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Mató a la cajera de un supermercado de Montevideo y estaba prófugo de la Justicia desde diciembre por el crimen de su pareja

“Se lo venía buscando. Debe manejarse como Bin Laden y se mueve por los corrillo subterráneos”. La frase del fiscal uruguayo Gilberto Rodríguez grafica la frustración de la Justicia de ese país por no poder dar con ‘El Kiki’: el ladrón que mató por la espalda a la cajera del supermercado durante un robo en el barrio La Blanqueada de Montevideo y que se convirtió en el hombre más buscado.

‘El Kiki’, el alias de Christian Damián Pastorino Pimentel, de 22 años, no es un extraño para la Policía ni para la Justicia uruguaya.

Según detalla el diario Clarín, desde 2012 que entra y sale de las comisaría por diversos delitos menores: rapiñas y hurtos. También por tenencia de armas.

Pero la violencia fue creciendo y pasó a un cargo de violación, a denuncias por violencia doméstica hasta que en diciembre del año pasado lo acusaron de matar a su pareja de 20 años, delante de su hijito. Y también de amenazar de muerte a su madre, según consignan los diarios uruguayos.

Desde ese 9 de diciembre, “El Kiki” está prófugo de la Justicia y por eso la impotencia y la bronca de las autoridades: debería haber estado preso al momento del crimen de la cajera Florencia Cabrera, mamá de un chiquito de 8 años.

“Lamento en lo más profundo que no se haya tenido éxito antes”, dijo el fiscal Rodríguez, a cargo de la investigación por el homicidio durante el robo al supermercado Super Vero.

Nexofin

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12 años de cárcel al abogado que mató a un cerrajero al disparar contra motochorros

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El hecho ocurrió en marzo de 2016, cuando el abogado y ex militar Silvio Martinero disparó tras ser asaltado por dos delincuentes pero mató a un peatón.

El abogado y ex militar Silvio Guillermo Martinero, quien hace dos años mató por error y por la espalda a un cerrajero cuando disparó contra dos motochorros que le habían robado dinero en el microcentro porteño, fue condenado a 12 años de prisión, informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Un video se convirtió en la clave para aclarar el hecho ocurrido en marzo de 2016. En las imágenes se observa cuando dos motochorros le arrebatan a Martinero una mochila con 50.000 dólares en la puerta de una financiera y que el abogado extrae su pistola Glock, dispara hacia los asaltantes, pero éstos huyen y un balazo le de en la espalda a la víctima, que fue identificada como Daniel Fernando De Negris Rodao, un cerrajero que trabajaba por la zona y que en ese momento iba caminando hacia su lugar de trabajo.

Daniel Fernando De Negris Rodao iba a encontrarse con un compañero de trabajo. Habían pasado unos minutos de las 9 y él caminaba por San Martín al 500, en el Microcentro, rumbo al local de la Cerrajería Integral Centro, que queda a la vuelta.

Fue entonces que dos motochorros le robaron la mochila al abogado Martinero, quien se defendió a los tiros: uno de esos disparos le dio a De Negris, quien se desplomó en la vereda y, antes de morir, sólo a levantar la cabeza por unos instantes.

12 años de cárcel al abogado que mató a un cerrajero al disparar contra motochorros

Daniel Rodao De Negris, cerrajero. Era uruguayo pero vivía en la localidad El Pato, en Berazategui, y tenía una hija adolescente, de unos 12 años.

“Él era mi amigo y mi compañero. Trabajaba en la zona del Microcentro desde hacía 30 años y también hacía trabajos para nosotros, de acá de la cerrajería”, le contó a Télam Gabriel Medina, de la Cerrajería Integral Centro, situada en Florida al 500, justo a la vuelta de donde cayó muerto De Negris Rodao.

El 20 de octubre de 2016, De Negris hubiera cumplido 56 años. Era uruguayo pero vivía en la localidad El Pato, en Berazategui, y tenía una hija adolescente, de unos 12 años.

Era cerrajero y esa mañana se iba a encontrar con Gabriel porque tenían que hacer un trabajo juntos. “Cuando escuchamos disparos primero pensamos que eran cohetes, porque había una marcha, pero cuando empezaron a decir que había sido un asalto empecé a dudar y me llamó la atención que él se demorara”, añadió Medina.

Se dio cuenta de que De Negris era la víctima del tiroteo por las fotos de las redes sociales. “Tenía una manera particular de vestir, solía estar de negro, con esa campera y zapatillas. Ahí me di cuenta que era él”, dijo el cerrajero conmocionado.

La prueba clave fue un video de una cámara de seguridad de la Casa de Cambio y Agencia de Turismo Pasamar S.A., donde se ve claramente como una moto con dos hombres sale a toda velocidad por San Martín y detrás se ve corriendo a Martinero, de traje y corbata, con un maletín en una mano y el arma en la otra.

Para entonces, De Negris ya estaba desvanecido en la vereda. Uno de los tiros del abogado Martinero le había dado en “la región torácica”, según el Same.

Clarin

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La Justicia interviene la petrolera de Cristóbal López

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Se detectaron demoras en el pago de impuestos a los combustibles y el “retiro de fuertes sumas de dinero”

El juez en lo Comercial a cargo del concurso de la petrolera, Javier Cosentino, designó a tres coadministradores, quienes compartirán hasta el 10 de agosto próximo el timón de Oil con Ignacio Rosner, quien pretende tomar el control del Grupo Indalo y sacarlo a flote reconvertido en el “Grupo Ceibo”.

Según indica el diario La Nación, al designar a los coadministradores, sin embargo, el juez Cosentino planteó que desde el arribo de Rosner y sus lugartenientes, en octubre pasado, se registraron ciertas acciones que podrían interpretarse como tendientes al vaciamiento de la petrolera.

La primera de esas acciones es la acumulación de una deuda posconcursal -es decir, posterior a la apertura de ese proceso- por $1184 millones, “que se generó básicamente por la falta de pago del impuesto a la transferencia de combustibles” (ITC), según remarcó el magistrado.

De hecho, la retención de ese impuesto hasta acumular una deuda de $8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es lo que permitió la expansión del Grupo Indalo, pero también empujó su implosión, la apertura del concurso, de las causas penales y la detención de López y De Sousa, el 19 de diciembre pasado.

Nexofin

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