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ENaCom busca modificar el régimen vigente de la TV Digital Terrestre Abierta

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El Ente Nacional de Comunicaciones, llama a presentar opiniones y propuestas para el procedimiento de elaboración participativa de normas, a fin de modificar el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2456/14. Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial se convoca a esta iniciativa

Resolución 4954/2018
Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2018
Visto el Expediente EX-2018-37040414-APN-SDYME#ENaCom, el IF-2018-39002284-APN-DNSA#ENaCom, y

Considerando:
Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que el Artículo 93 de la Ley Nº 26.522 establece que el Poder Ejecutivo Nacional aprobará el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, en el cual se fijarán las condiciones de emisión durante la transición a los servicios de radiodifusión digitales; debiéndose mantener los derechos y obligaciones de los titulares de licencias obtenidas por concurso público para servicios abiertos analógicos, garantizando su vigencia y área de cobertura, en tanto se encuentren operativos y hasta la fecha de finalización del proceso de transición tecnológica que al efecto establezca el Poder Ejecutivo Nacional.

Que a través del Decreto Nº 1.148 de fecha 31 de agosto de 2009 (B.O. 1/09/2009), se creó el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), basado en el estándar denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), el cual consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción de señales digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonido; y se estableció un plazo de diez (10) años a fin de realizar el proceso de transición de la televisión analógica a dicho sistema.

Que el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales debe prever además, las condiciones de transición de las emisoras de titularidad estatal, universitarias, de los Pueblos Originarios y de la Iglesia Católica.

Que a través del Decreto N° 2.456/14 se aprobó el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, que como Anexo lo integra.

Que el Artículo 5° del prenotado Anexo define las condiciones de transmisión para los titulares de licencias, estableciendo que “…Para la prestación de sus respectivos servicios, la AFSCA definirá para los titulares de licencias un canal radioeléctrico, respetando el área de cobertura asignada a las licencias y se les asignará la capacidad necesaria para emitir el mismo contenido de su servicio analógico a través del servicio digital, con definición Full HD 1080i (1920×1080) o hasta 12 Mbit/s….”.

Que, adicionalmente, su Artículo 6° al establecer las obligaciones para los titulares dichas licencias, les impone “…b) Prestar el servicio como licenciatarios operadores, conforme lo regula la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televisión Digital Terrestre Abierta, con relación a los licenciatarios y autorizados que determine la AFSCA….”.

Que dicha norma, en particular en el aspecto indicado, ha sido objeto de reclamos tanto en sede administrativa como judicial.

Que a fin de garantizar la participación ciudadana, la universalización del acceso a nuevas tecnologías y la satisfacción de los objetivos previstos en la Ley, el Artículo 93 mencionado requiere que, antes de cualquier toma de decisión, se deberá cumplir con la sustanciación de un procedimiento de elaboración participativa de normas y de audiencia pública.

Que el Decreto Nº 1.172/03 y sus modificatorios, relativo al acceso a la información pública, institucionalizó los instrumentos de las audiencias públicas y de la elaboración participativa de normas, estableciendo un procedimiento común para la administración pública nacional centralizada y descentralizada que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.

Que, en efecto, su Artículo 1° aprobó el “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” (Anexo I) y el “Formulario de Inscripción para Audiencias Públicas del Poder Ejecutivo Nacional” (Anexo II); mientras que su Artículo 3° aprobó el “Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas” (Anexo V) y el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas en el Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas” (Anexo VI).

Que dichos reglamentos propenden a la ampliación de la participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones de la Administración.

Que resulta necesario fijar las pautas de elaboración del proyecto de norma en cuestión, que será sometido a los procesos participativos a los que nos venimos refiriendo.

Que resulta razonable que la norma, por una parte, permita que allí donde haya espectro radioeléctrico suficiente, los licenciatarios sometidos a los procedimientos de migración a los que refiere el Decreto N° 1.148/09, puedan explotar la utilización del ancho de banda de un canal radioeléctrico.

Que, por la otra, merced a la modificación del Decreto N° 2.456/14, también deberá procurarse que no se vean frustradas las legítimas expectativas de aquéllos sujetos que aspiran a erigirse como nuevos prestadores de comunicación audiovisual, allí donde haya disponibilidad de espectro radioeléctrico al efecto.

Que, de la misma manera deberán contemplarse las situaciones derivadas de la escasez de dicho recurso, tal como se registra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su zona de influencia (AMBA), que ha exigido optimizar las herramientas que brinda la modulación digital, a través de la multiplexación, tal y como se refleja en la distribución dispuesta por la Resolución N° 10.090-ENaCom/16 y sus modificatorias, necesaria para hacer convivir a los sujetos que detentan derechos en la explotación de servicios de televisión digital abierta.

Que corresponde a este Ente Nacional, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.522 – de conformidad con las modificaciones introducidas por Decreto N° 267/15 – oficiar de autoridad responsable y convocante de los procedimientos de elaboración participativa y audiencia pública, prescriptos por dicha norma.

Que, en consecuencia, deviene necesario el dictado del acto administrativo por el que se dé inicio a los procedimientos; se delegue en la Presidenta del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones la redacción del proyecto de norma “Modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14”, de conformidad con los lineamientos ut supra definidos y de los reglamentos aprobados por Decreto N° 1.172/03; y se aprueben los formularios para la presentación de opiniones y propuestas y demás formalidades para su instrumentación.

Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios.

Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta del Directorio Nº 17 del Ente Nacional de Comunicaciones de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, el Artículo 93 de la Ley N° 26.522, el Acta de Directorio N° 1 del Ente Nacional de Comunicaciones de fecha 5 de enero de 2016 y lo acordado en su Acta N° 36 de fecha 13 de Agosto de 2018.

Por ello,
El Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones
Resuelve:
Artículo 1°.- Iníciase el procedimiento de elaboración participativa de la norma “Modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14”, de conformidad con las previsiones del Artículo 93 de la Ley Nº 26.522.

Artículo 2°.- Delégase en la Presidenta del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones la elaboración del proyecto de norma “Modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14,” con sujeción a los lineamientos referidos en los considerandos de la presente, el que deberá encontrarse concluido y agregado al EX-2018-37040414-APN-SDYME#ENACOM del Registro del Ente Nacional de Comunicaciones, con fecha 17 de septiembre de 2018.

Artículo 3°.- Apruébase el Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas en el Procedimiento de Elaboración Participativa de “Modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14”, que como Anexo IF-2018-38999593-APN-DNSA#ENaCom del Generador electrónico de documentos oficiales, que forma parte integrante, en un todo, de la presente Resolución.

Artículo 4°.- En el plazo indicado en el Artículo 11 de la presente los interesados podrán presentar sus opiniones y propuestas, a través del formulario referido en el Artículo 3°, a través de la plataforma de trámites a distancia (TAD).

Artículo 5°.- El proyecto de norma a que alude la presente medida se encontrará disponible para su consulta en la página web del Ente Nacional de Comunicaciones, a partir del 18 de septiembre de 2018. Las opiniones podrán ser comunicadas a través de correo electrónico dirigido a ayl-DNSA@enacom.gob.ar, con los alcances previstos en el Artículo 17, del Anexo V, del Decreto Nº 1.172/03.

Artículo 6°.- Convócase a audiencia pública para recabar opiniones relativas al proyecto de decreto a través del cual se modifique el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, aprobado por Decreto N° 2.456/14 de conformidad con las previsiones del Artículo 93 de la Ley Nº 26.522.

Artículo 7°.- Fíjase la fecha 6 de noviembre de 2018, a las 12.00 hs., para la realización de la audiencia pública que refiere el Artículo que antecede, que tendrá lugar en el domicilio que al efecto se fije y publique en la página web oficial del Ente Nacional de Comunicaciones.

Artículo 8°.- La Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales será el área de implementación y presidirá la audiencia pública, cuyo procedimiento se regirá por las disposiciones del Anexo I del Decreto Nº 1.172/03.

Artículo 9°.- Habilítase, a partir del 18 de septiembre de 2018, el Registro para la inscripción previa de los participantes a la audiencia pública, en los términos y con los alcances previstos en el Artículo 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.172/03, en el ámbito de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales. El Registro se formalizará a través de la presentación del formulario, que como Anexo IF-2018-39000164-APN-DNSA#ENaCom integra la presente, el que deberá ser presentado a través de la plataforma trámites a distancia (TAD).

Artículo 10.- Apruébase el Formulario de Inscripción para Audiencias Públicas del Poder Ejecutivo Nacional relativa a la “Modificación del Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales”, que como Anexo IF-2018-39000164-APN-DNSA#ENaCom del Generador electrónico de documentos oficiales, que forma parte integrante, en un todo, de la presente Resolución.

Artículo 11.- Los interesados podrán tomar vista, consultar el proyecto de norma y sus antecedentes, a través de la compulsa del EX-2018-37040414-APN-SDYME#ENaCom del Registro del Ente Nacional de Comunicaciones, en la sede del Ente Nacional de Comunicaciones, sito en la calle Perú 103, durante un período de treinta (30) días corridos, computados desde el 18 de septiembre, a los fines previstos por los Artículos 16 del Anexo I y 14 del Anexo V del Decreto Nº 1.172/03. Vencido dicho plazo, y por el término de quince (15) días corridos los interesados podrán presentar sus opiniones y propuestas.

Artículo 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.
Silvana Myriam Giudici

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¿Por qué mataron al fiscal Alberto Nisman?

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Una pericia tecnológica que analiza las comunicaciones cruzadas entre Cristina Kirchner y ciertos miembros de su gabinete vinculados a la seguridad y la comunidad de espías, y una investigación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre un fallido intento de venta ilegal de uranio desde Argentina a Irán, son dos instrumentos claves que se están usando para encontrar a los responsables ideológicos y materiales del asesinato de Alberto Nisman.

El fiscal especial del caso AMIA fue ejecutado tras alegar que la ex presidente había decidido firmar el Memorándum de Entendimiento con Irán para encubrir a los terroristas. Sin embargo, ella replicó con una operación mediática y judicial destinada a demoler la imagen pública de Nisman y a trabar en Comodoro Py su última denuncia antes de caer por el tiro de un sicario.

Irán necesitaba el uranio para equilibrar sus capacidades bélicas frente a Israel y CFK arguyó que el Memorándum serviría para hacer justicia con las víctimas del ataque a la AMIA. Fueron dos hechos esenciales que anticiparon la muerte del fiscal federal, aún impune y sin resolver.

Nisman nunca creyó en los argumentos de Cristina y su asesinato implica una trama con base local y conexión internacional. Para el fiscal muerto, el pacto con Irán encubría un negociado vinculado a los granos y al petróleo, que ahora empieza a ceder frente a los indicios que aparecen vinculados al tráfico ilegal de uranio. Nisman no pudo ratificar o enmendar su hipótesis de trabajo: fue asesinado antes de tiempo.

CFK, su gabinete, sus legisladores, sus operadores judiciales y la corporación de medios que repetía su discurso, intentaron establecer que el fiscal se había suicidado cuando tomó conciencia del error cometido al presentar la denuncia de encubrimiento y traición a la patria.

Cristina y sus aliados no solo insistieron con la hipótesis del suicidio, sino que además iniciaron una tarea de demolición de la figura pública del fiscal para condicionar el peso institucional de su último acto jurídico.

Nisman murió en enero de 2015 (Reuters)

Nisman murió en enero de 2015 (Reuters)

La ex mandataria desplegó todo su poder para banalizar al fiscal y logró que un juez federal de primera instancia y dos camaristas federales bloquearan la investigación formal que costó la vida a Nisman. La denuncia por encubrimiento y traición a la patria recién avanzó tras un tortuoso proceso que terminó en la Cámara de Casación Federal. Hasta ese momento, la denuncia era una pila de papeles con destino incierto.

El cruce de llamadas que ordenó la Justicia argentina puede aportar evidencia sobre la eventual responsabilidad penal de Cristina Kirchner, y esa evidencia puede consolidarse con una investigación que se está ejecutando en los cuarteles de la CIA en Washington, adonde se intenta encontrar a los responsables de un fallido negocio de tráfico ilegal de uranio desde Buenos Aires a Teherán.

La tumba de Nisman, en el Cementerio Israelita de La Tablada (Foto: Adrián Escandar)

La tumba de Nisman, en el Cementerio Israelita de La Tablada (Foto: Adrián Escandar)

La inteligencia americana tiene la copia de un expediente abierto en Brescia (norte de Italia) vinculado a un caso de corrupción local. En esa causa se ordenaron una serie de escuchas a políticos y empresarios locales que empezaron a hacer referencia a ciertos dirigentes, empresarios y militares que operan en el Cono Sur. En las escuchas se pudo interpretar que se estaba preparando una venta ilegal de uranio argentino para luego ser transportado a Venezuela con destino final a Irán.

Una copia de ese expediente fue solicitado por la embajada de Estados Unidos en Roma, que luego remitió a la CIA. La operación ilegal fracasó, pero hay muchos rastros que unen esa maniobra delictiva con ciertos miembros de la administración de CFK. Y lo más llamativo es que la negociación por el uranio ilegal sucedió cuando Cristina negociaba con Irán el Memorandum de Entendimiento que garantizaba la impunidad para los terroristas de la AMIA.

Nisman nunca llegó a leer el expediente Brescia. Lo mataron antes.

En el documental realizado por Infobae, el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff avaló la teoría del asesinato con intenciones políticas: “Había mucha gente interesada en que el fiscal no tuviera la posibilidad de hacer interrogatorios, allanamientos, indagatorias, detenciones. Nisman iba a sentar en el banquillo de los acusados a toda la cúpula de los servicios de inteligencia argentino”.

En sintonía con esto, el abogado de las hijas del fiscal, Manuel Romero Victorica, sostuvo: “A Nisman lo matan como consecuencia de su actuación funcional y por la denuncia que hizo contra los imputados en ese dictamen del 14 de enero del 2015, donde imputa a la entonces presidente de la nación Cristina Kirchner, al canciller Timerman y a otros adláteres del gobierno como D’Eelía, Esteche, Khalil y otra serie de personajes”.

Y sentenció: “Estoy absolutamente seguro de que lo mataron. Pero no porque lo diga yo. Lo dice el expediente”. 

Por su parte, Daniel Salcedo, perito de la causa, fue terminante sobre sus conclusiones: “A Nisman lo mataron. Pudimos demostrar desde el punto de vista criminalístico, científico y forense que fue un homicidio y no una muerte violenta de otras características como un accidente o suicidio”.

Asimismo, criticó arduamente cómo se trató la escena del departamento donde fue hallado el investigador: “Las contaminaciones en la escena del crimen esencialmente uno puede pensar que responden a impericia, imprudencia, ignorancia. Lo que es seguro es que no se respetó ningún protocolo de actuación vigente en el mundo. El hecho de que esté tan contaminado y la actuación haya sido tan mala en realidad puede responder a dos aspectos: que sean absolutamente personas amateurs y el segundo es que hayan contaminado a propósito”.

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La Justicia continuará investigando el caso de la valija de Antonini Wilson: rechazaron la prescripción de la causa

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El magistrado Pablo Yadorola no hizo lugar a un pedido que pretendía dar por finalizada la acción penal. Se trata del caso del valijero que llegó al país desde Venezuela junto a funcionarios con USD 800 mil

El escándalo de la valija con USD 800 mil de Guido Antonini Wilson continuará bajo investigación judicial. Es que el magistrado que instruye el caso, Pablo Yadarola, rechazó hacer lugar a un planteo de extinción de la acción penal. En otras palabras, el caso no prescribió. También rechazó un planteo de inconstitucionalidad.

Toda vez que en la presente causa se dirigen imputaciones, entre otros, contra cuatro funcionarios públicos en ejercicio de la función, la acción penal emergente de autos permanece vigente toda vez que el cómputo del plazo de la prescripción nunca ha comenzado a operar en la presente causa“, determinó el juez en la resolución a la que accedió Infobae.

Sin avances en los últimos años, los imputados alegaron que el caso que se había iniciado en agosto de 2007 había prescripto cuando -gracias a las revelaciones del chofer Oscar Centeno- volvió a tomar impulso el expediente.

En tal sentido, de acuerdo con el esquema legal existente en nuestro derecho, la prescripción de la acción penal se suspende en los casos de delitos cometidos en ejercicio de la función pública, para todos los que hubieran participado, aunque no tuvieran dicha calidad, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público y se mantiene hasta que el último de ellos cese en su actividad no efectuando distingo alguno al respecto conforme lo postula la defensa en cuanto a la oportunidad en que se efectúe su convocatoria al proceso”, precisó el juez.

Recientemente, Yadarola citó a indagatoria a Julio De Vido y a Ricardo Echegaray -entre otros-. El ex ministro de Planificación está acusado de habar participado en una maniobra de contrabando agravada. Echegaray era titular de Aduana y está sospechado de hacer gestiones para facilitar el ingreso de la valija al país.

El recordado episodio ocurrió en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del empresario venezolano en un avión de la empresa Royal Class contratado por ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima). Al abrirla encontró USD 790.550.

Finalmente, más de una década después, la Justicia dispuso que el dinero sea utilizado por el Estado nacional. Los dólares fueron derivados al Ministerio de Desarrollo Social que construirá y pondrá en marcha dos Espacios de Primera Infancia (EPI) en las localidades de Tafí Viejo, Tucumán, y de Oberá, Misiones.

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El juez Bonadio aseguró que en la casa de Cristina Kirchner en El Calafate había una bóveda y habría sido modificada

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El juez federal Claudio Bonadio señaló en su resolución que en la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner en El Calafate “se encontró en el subsuelo una bóveda, que si bien su entrada tenía una puerta de madera, el contramarco de la misma era de acero”.

El juez federal Claudio Bonadio señaló en su resolución que en la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner en El Calafate “se encontró en el subsuelo una bóveda, que si bien su entrada tenía una puerta de madera, el contramarco de la misma era de acero”.

En su fallo, el juez sostiene que “sobre este punto resulta de interés lo expuesto por Ernesto Clarens quien manifestó que:  ‘… Muñoz siempre me mencionó que todo este efectivo estaba en archivos metálicos que se encontraban dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde había un olor a tinta muy importante. Muñoz me comentó que el dinero era trasportado los días viernes en aviones oficiales que salían de aeroparque del sector militar y aterrizaban en el aeropuerto de Rio Gallegos, o bien en El Calafate, el destino final del dinero siempre era El Calafate …”.

Enseguida el juez agrega: “Al respecto, corresponde mencionar que al efectuar el allanamiento de domicilio de Cristina Fernández,  ubicado en la intersección de las calles Padre De Agostini y Tehuelches, ciudad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz, se encontró en el subsuelo una bóveda, que si bien su entrada tenía una puerta de madera, el contramarco de la misma era de acero“.

El magistrado cita las declaraciones que dieron en la causa el arquitecto Jorge Pablo Soler y el ingeniero Ruben Alberto Groba. Señalaron que el subsuelo “pudo haber tenido un uso distinto al actual, dado que se manifiesta que el mismo habría sufrido modificaciones en su marco y puerta de acceso, tanto sea en dimensiones como en materiales”.

El domingo, la senadora Cristina Kirchner difundió un video de más de 17 minutos de duración en sus redes sociales en el que exhibe diferentes partes de su casa en El Calafate tras los allanamientos de Bonadio.

“Hola, estoy en mi casa de Calafate. Llegué anoche procedente de Capital Federal, y bueno… Esta casa hace tres semanas fue, más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadio envió acá“, dice Cristina al comienzo.

Según la ex mandataria, sin embargo, el allanamiento “no fue para recabar información en la investigación de la causa que tiene a su cargo sino simplemente como un paso más, como un capítulo más, de humillación y de persecución fundamentalmente”.

La ex presidente intentó aclarar que en la casa “no hay subsuelos”: “Adelante, vení. Esta es la entrada a la planta baja de mi casa. Mi casa tiene planta baja, nivel intermedio y piso superior; estamos entrando a la planta baja”.

“Acá vieron a buscar sabe Dios qué cosa. Millones de dólares, lingotes… No sé. Lo único que se llevaron fueron las bandas nuestras presidenciales, los bastones presidenciales mío, de Néstor y del ex presidente Héctor J. Cámpora, cuya familia le había dado a Néstor, en el año 2006, en una emotiva ceremonia en el Salón Blanco le había dado para que él las tuviera”, sostuvo Cristina Kirchner.

Infobae

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