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Sociedad

La AFIP se opuso otra vez a la venta del Grupo Indalo

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El organismo alerta sobre la poca claridad de los números del holding, la inexistencia de un argumento claro que justifique la operación, y sobre todo la falta de garantías de que el Estado podrá cobrar los $ 17.000 millones que reclama

Por: Lucía Salinas

La AFIP volvió a rechazar la venta del Grupo Indalo que Cristóbal López y Fabián De Sousa buscan hacer a favor de OP Investments, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. En un escrito presentado hoy ante el juez Julián Ercolini, al que accedió Clarín, el organismo que conduce Alberto Abad se opuso a la operación a través de la cual el empresario K, preso por defraudación, busca desprenderse de las 170 sociedades que conforman el holding.

¿Los argumentos? Poca claridad en los números del Grupo, falta de fundamentos para la venta, y serias dudas sobre la garantía del pago de la deuda millonaria con el Estado si se concretara la operación.

Antes de que Ercolini firme su sentencia, falta que los próximos días se pronuncien los veedores judiciales y el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, quienes, según fuentes judiciales, plantearían una postura similar a la de la querella de la AFIP: rechazar la operación.

Tras varias negativas previas, a fines de diciembre de 2017 el juez abrió una puerta para que López y De Souza puedan avanzar con la venta del Grupo Indalo. Les dio 30 días a los veedores judiciales designados en las empresas para que opinen sobre la propuesta que, antes de quedar detenidos, realizaron los dueños del holding para vender las 170 firmas. Recordemos que toda operación que busque realizar Indalo debe contar con la autorización de Ercolini para levantar la inhibición de bienes impuesta por él.

Al vencerse los plazos, hoy se pronunció la AFIP en su rol de querellante y denunciante en la causa por la que López y De Sousa están presos, que investiga una defraudación al Estado por 8.000 millones de pesos que no pagó Oil Combustibles SA al organismo recaudador, fondos con los que se financió el grupo durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

Estas son las principales objeciones del organismo recaudador:
Pago de la millonaria deuda​
La AFIP planteó que el objetivo del Estado “no es otro que obtener la sanción de la supuesta conducta ilícita y lograr con la mayor celeridad y completitud el resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes de la maniobra defraudatoria”.

Representado por el abogado Ricardo Gil Lavedra, el organismo recaudador sostuvo que en garantía del reparo económico que busca “se solicitaron las medidas cautelares”, y que después de analizar la propuesta efectuada por el Grupo observan que “tales garantías pretenden ser afectadas”.

Falta de claridad sobre quién pagará la deuda​
Para el organismo recaudador, éste es “el tema central” ya que el fisco quiere “recuperar de modo diligente sus créditos” y que la “sociedad sea resarcida de los daños y perjuicios emergentes” de la causa por defraudación.

“En la nueva presentación -de Indalo- se omite mencionar la posibilidad de regularizar otros créditos adicionales” a la deuda global, señaló la AFIP. Agregó además, que Oil “no presenta otra propuestas alternativas legalmente viables”.

Dudan también de las inversiones extranjeras con las que se pagaría la deuda, al sostener que los supuestos inversores “inyectarían fondos garantizados por bienes del grupo Indalo, incluidos los de Oil, y ante un eventual incumplimiento con los prestamistas privados, el Estado queda en segundo lugar para el cobro”.

​Además, como varias empresas del Grupo están en concurso y mantienen deudas con Oil, eso “imposibilita el repago de los préstamos con los que Oil pretende pagar al fisco”. Y sostienen que “no se prevén garantías”, ya que las mismas serían el flujo de fondos de la empresa y que se piden levantar la inhibición “para ofrecer los activos como garantía del aporte que realizaría el trader ruso”, entonces “la AFIP estaría perdiendo una garantía sobre un activo real”. El “trader ruso” no es otro que la petrolera Lukoil, que según trascendió sería la inversora extranjera con cuyos fondos OP intenta destrabar la compra de Indalo

Dudas sobre el contrato de venta​
​La AFIP sostiene que no se aportaron detalles de las deudas del Grupo y que los dueños de OP “no aportan una inyección de capital”, sino que sólo “gestionarían la llegada de préstamos garantizados con los activos del grupo”. El Estado ve en esto una dificultad: “son los mismos activos sobre los que recaen las garantías del Fisco”, por la deuda que hoy es superior a los 17.000 millones de pesos.

El acuerdo estratégico propuesto por OP despertó dudas en el ente que dirige Abad, ya que Rosner “no aportó la documentación suficiente que brinde seriedad y transparencia a la operación con el socio estratégico que es Lukoil”.

Falta de fundamentación de la venta​
La AFIP señala que de la presentación de Indalo sobre la venta ​”no se informa cuál es el objeto de la necesidad de transferencia de las tenencias accionarias”. Además, se señaló que la compra por parte de OP se hace por un “precio simbólico (100 pesos)” y “no efectúan aportes de capital propio ni ofrecen garantías distintas de los activos del Grupo”.

Para el organismo recaudador, OP “se limita a una función de organización y atracción de potenciales inversores”, y agrega: “Se estima que es irrelevante que actúen como propietarios, pudiendo hacer en su condición del nuevo staff gerencial”.

Por eso entiende que si la principal “ventaja competitiva” que podrían ofrecer Rosner y Dellatorre “es su capacidad de gerenciamiento y desarrollo de negocios”, podrían ejercerlo en la función gerencial, sin ninguna venta.

Así, “no queda clara la necesidad de realizar el traspaso accionario” al fondo de Rosner. “Por consiguiente entendemos que no le asiste justificativo valedero alguno” para hacerlo. Y que llegado el caso, los inversionistas podrían “realizar los aportes con la actual participación accionaria”, sin venta de por medio.

La propuesta de Cristóbal López
La propuesta que había presentado el dueño de Indalo incluye un ingreso estimado 300 millones de dólares para “la estabilización financiera de las sociedades del Grupo Empresario”, que se aplicará primero con un préstamo convertible de 120 millones de dólares, 100 millones de dólares por la venta de activos no estratégicos u ociosos y 80 millones de dólares por “financiamiento de inventarios” (otra manera de acceder a un préstamo) de Oil Combustibles. Esta firma se encuentra en concurso preventivo.

En otro punto del escrito, se menciona la incorporación de inversores en el sector petrolero a través de Lukoil, un trader ruso que, prometen, desembolsaría 100 millones de dólares, con un préstamo.
Foto Emmanuel Fernández
Fuente: Diario Clarín

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Una multitud reclamó frente al Congreso el desafuero y la detención de Cristina Kirchner

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Organizada por segundas líneas del oficialismo, se realizó una marcha al Congreso y otras ciudades del país para reclamar el desafuero de la senadora. Además, los manifestantes exigen la aprobación de la ley de extinción de dominio

Una multitud se congregó este martes frente al Congreso para reclamar el desafuero y “cárcel” para la senadora nacional Cristina Kirchner, además de reclamar la sanción de la ley de Extinción de Dominio para que los corruptos “devuelvan la plata”.

Los manifestantes respondieron en masa a la convocatoria impulsada a través de redes sociales con el objetivo de presionar al Senado, en particular a la bancada peronista, para que autorice el pedido de allanamiento hecho por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos.

“Devuelvan la plata”, “queremos flan” y los clásicos hits macristas “sí, se puede” y “no vuelven más” son algunos de los cánticos que los manifestantes entonan en la Plaza del Congreso.

La convocatoria fue impulsada a través de las redes sociales por segundas líneas del gobierno, bajo la consigna #21ATodosAlCongreso, con el objetivo de sumar presión a la bancada peronista de la Cámara alta para que aporte quórum el próximo miércoles, cuando el oficialismo intente por tercera vez autorizar el requerimiento del juez federal Claudio Bonadio para allanar los tres domicilios de la ex jefa de Estado.

Los manifestantes, en su inmensa mayoría de más de 40 años, respondieron en masa a la convocatoria impulsada a través de redes sociales para presionar al Senado, en particular a la bancada peronista, para que le suelte la mano a Cristina Kirchner, y autorice el desafuero pedido por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos.

Desde la bancada encabezada por el rionegrino Miguel Angel Pichetto aseguran que el número para sesionar el próximo miércoles está garantizado y recuerdan que la última convocatoria naufragó porque dos senadores de Cambiemos se ausentaron (Esteban Bullrich y Miriam Boyadjian).

La convocatoria en las redes

Uno de los principales promotores de la movilización es el coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal de Medios Públicos, Ricardo Benedetti.

“Me cuentan que el martes 21 de agosto a las 19 hs en el Congreso se reúnen los argentinos de bien a reclamar por la Ley de Extinción de Dominio desafuero y allanamiento a Cristina Kirchner. Estoy de acuerdo, todos sentimos indignación por lo hecho en el Senado. Nos vemos allí”, escribió el funcionario que reporta a Hernán Lombardi.

Por su parte, la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña confirmó su participación vía Twitter: “Yo voy. Es importante que todos estemos presentes para reclamar el fin de la impunidad; el desafuero de Cristina y la caducidad de dominio para bienes robados por la corrupción”.

También se anotó su par macrista Waldo Wolff: “Les dije a mis hijos que no se roba. Ahora les digo que el martes me acompañen al Congreso a pedir que devuelvan lo robado”.

La protesta incluye el reclamo de la sanción de la Ley de Extinción de Dominio, una figura que habilitará al Estado a recuperar bienes obtenidos por el delito, cuyo proyecto iba a ser tratado en la misma sesión del Senado en la que se iba a debatir la autorización para los allanamientos.

La sesión se cayó porque se habían sentado en sus bancas sólo 36 senadores, uno menos de los que se necesitaba para poder dar luz verde al tratamiento. Del bloque de Pichetto -24 senadores- bajaron ocho.

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¿Cuáles son los sectores que impulsan la marcha del #21A?

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Uno de ellos es Ricardo Benedetti que trabaja en el Sistema Federal de Medios Públicos. Asimismo otros diputados se sumaron a través de redes sociales.

Uno de ellos es Ricardo Benedetti que trabaja en el Sistema Federal de Medios Públicos. Asimismo otros diputados se sumaron a través de redes sociales.

A raíz de la megacausa de corrupción que investiga el Juez Claudio Bonadio diversos sectores del oficialismo salieron a pedir el desafuero de Cristina Kirchner. Si bien el magistrado solo pidió que dejen allanar sus residencias, varios funcionarios y sectores cercanos al Gobierno impulsaron una manifestación al Congreso.

Bajo el hashtag #21ª un sector importante del oficialismo reclamará en el Congreso –y según explicaron- en diferentes partes del país que se vote a favor del desafuero de la ex mandataria. Uno de los principales impulsores de la movilización es Ricardo Benedetti. El funcionario trabaja bajo la órbita de Hernán Lombardi en el Sistema Federal de Medios Públicos. Su tarea es coordinador de Análisis y Control de Gestión en dicho organismo.

Más de este funcionario en particular existen otros representantes oficialistas que también lo impulsan desde sus redes. Por ejemplo los diputados Fernando Iglesias, Graciela Ocaña y Waldo Wolff lo hicieron a través de Twitter y, de esta forma, le reclaman a los Senadores que lleven adelante un debate parlamentario.

El primero de ellos lo hizo a través de una imagen en redes sociales, mientras que Ocaña escribió un mensaje en el que invitaba a participar y tuvo un fuerte cruce con Aníbal Fernández.

Por su parte, Wolff añadió: “Yo voy a la marcha porque tengo ganas. No le pido permiso a nadie. El gobierno no convoca a ninguna marcha y no condiciona voluntades. No hay ni micros ni vales. El que se siente identificado con el motivo y quiere, va. Sencillo”

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Cada 20 horas se registra en el país un ataque femicida

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Daniel Pacheco tenía 35 años, vivía en la provincia de Tucumán y era un hombre tan violento como cobarde. El viernes, antes de suicidarse mató a balazos a su ex pareja y ex cuñada, en el marco de un doble femicidio. En los primeros siete meses del año, los ataques de máxima violencia machista se registran a un promedio de uno cada 20 horas, al tiempo que el 80% de los varones que cometen estos hechos tienen denuncias previas por situaciones que fueron ignoradas por la justicia y los organismos gubernamentales.

Así lo reveló a Diario Popular el abogado Julio Torrada, de la Asociación Vivas las Queremos, precisando que “el caso de Tucumán, como cada episodio que lamentablemente tenemos que conocer con una víctima cada 20 horas en este 2018, pone en superficie la urgencia de trabajar en profundidad políticas públicas para erradicar este flagelo, al mismo tiempo que nos obliga a redoblar esfuerzos para que los violentos no lleguen a cometer los femicidios, y se pueda actuar con medidas coercitivas antes de los desenlaces fatales”.

El citado doble femicidio seguido de suicidio tuvo lugar este viernes 3 de agosto en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí, el hombre identificado como Daniel Pacheco, de 35 años, mató a tiros a su ex esposa y a su ex cuñada, y luego decidió quitarse la vida de la misma forma. Todo sucedió alrededor de las 22 en una vivienda del barrio Las Piedritas de la capital tucumana. Las víctimas fueron Pamela Díaz de 23 años, que había decidido terminar con la relación sentimental con el sujeto, y su hermana Romina, de 29.

“Desde nuestra asociación Vivas las queremos venimos diciendo, entre otras cuestiones vinculadas a la violencia machista, que 7 de cada 10 imputados por hechos de estas características, con mujeres golpeadas o asesinadas, no respetaron las medidas judiciales cautelares de prohibición de acercamiento. Las víctimas denuncian, piden ayuda, y el Estado otorga estas medidas, pero se trata de un papel sellado y firmado que no otorga garantías. Es la mujer la que tiene que llamar al 911 para alertar que el agresor la acecha, y la realidad es que no se acciona. Con suerte, algún violento que violó la restricción recibe una condena, siempre mínima”, señaló Torrada.

El doble femicidio en Tucumán vuelve a conmocionar a la provincia, tras el crimen de Priscila Paz, una mujer de 27 años con nueve integrantes de una banda de vendedores de drogas que fueron atrapados como presuntos responsables. La víctima fue secuestrada y retenida durante varios días en una casa. La mujer desapareció el 22 del mes pasado cuando volvía desde el trabajo, y su cadáver apareció 9 días después. Era madre de un pequeño de tres años.

“El viernes, mismo día que ocurrió el doble femicidio en Tucumán, en la ciudad bonaerense de General Belgrano, fue detenido un violento que tenía una orden de exclusión del hogar de su ex pareja. A pesar de esta medida, el sujeto se presentó en la vivienda con un machete para matar a la víctima, pero intervino la policía. Un uniformado fue herido. Fue una casualidad y el buen trabajo de la policía. Pero lo cierto es que las instituciones llegan tarde. O no llegan”, dijo el abogado Torrada.

Finalmente, el especialista manifestó que “el caso de Tucumán es un clarísimo ejemplo, también, de la impunidad con la que atacan los violentos, porque además de su ex pareja, el sujeto mató a la ex cuñada, y esto pone de relieve que se debieron atender los alertas previos, porque sabemos que el 80% de los femicidas tuvo hechos anteriores, con la víctima fatal y con otras parejas”.

Diario Popular

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