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La fiscalía pidió cinco años de cárcel para Amado Boudou

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El fiscal del juicio por la compra de Ciccone Calcográfica, Marcelo Colombo, aseguró este martes que el ex vicepresidente Amado Boudou fue parte de un “acuerdo ilegal” por el cual se produjo el salvataje financiero de la quebrada imprenta y se refirió a reuniones que tuvo el entonces funcionario con el dueño de la empresa.

Durante la exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini (este último en calidad de juez sustituto), la Fiscalía solicitó la pena para Boudou de 5 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de 90 mil pesos.

También se solicitó las condenas para el resto de los juzgados: Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona. A partir del 19 de junio se prevé que aleguen las defensas.

“Es un acuerdo ilegal que tiene su historia. Fue la cesión del 70% de las acciones con la promesa de hacer lo humanamente posible para levantar esa quiebra que pesaba sobre el grupo Ciccone, y acto también medular conseguir contratos para que pudiese seguir funcionando. Ese es el arreglo que se hace con el funcionario público”, dijo Colombo en su alegato.

Para Colombo, Boudou habría estado “detrás” de la firma The Old Fund que adquirió el paquete accionario de la empresa y señaló que al frente de la compañía habría estado el abogado Alejandro Vandenbroele.

La fiscalía inició su alegato dando detalles de reuniones entre ellas la del 29 de julio de 2010 en el canal Telefé, donde Boudou fue como invitado de un programa y fuera de cámara estaba Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick.

Boudou y Ciccone se dieron “un apretón de manos” recordó el fiscal Colombo: “cuál fue el sentido de ese apretón de manos sino habilitar a su amigo y socio [José María Núñez Carmona] para que hable por él o tuvo otro sentido que no alcanzamos a conocerlo”.

“Nadie nos dice porqué Ciccone decide darle un apretón de manos. Nadie puede explicar por qué Ciccone estaba en el estudio de Telefé a las 9.00 de la mañana en el programa” en el que estaba Boudou, razonó. Además, dijo que tampoco se explica el por qué estaba en ese programa José María Núñez Carmona “si no es para ser habilitado por el señor Amado Boudou y a partir de ahí empezar las negociaciones”.

“Ese encuentro no está controvertido por nadie, él va a decir que estaba por el programa. Está objetivamente probado”, concluyó.

A partir de esa reunión, dijo el fiscal, fue que se dio un gran caudal de conversaciones, de negociaciones que finalizaron con la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

La Fiscalía solicitó las siguientes penas:

Amado Boudou: 5 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de 90 mil pesos.

Nicolás Ciccone: 4 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de 90 mil pesos.

Rafael Resnick Brenner: 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Alejandro Vandenbroele: 3 años de prisión y multa de 90 mil pesos.

Guido Forcieri: 2 años y 6 meses de prisión.

José María Núñez Carmona: 5 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de 90 mil pesos.

En tanto, a partir del 19 de junio alegarán las defensas.

Diario Popular

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La Cámara Federal habilitó la detención de la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner

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Se trata de Carolina Pochetti, quien fuera esposa de Daniel Muñoz, fallecido en 2016. El ladero del ex presidente apareció moviendo dinero en la causa de los cuadernos de las coimas

La familia de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner que aparece como un personaje clave moviendo dinero en la causa de los cuadernos de las coimas, quedó en problemas legales. La Cámara Federal dejó hoy a las puertas de indagatorias y detenciones a la viuda, Carolina Pochetti, y el entorno del secretario fallecido en el marco de una causa por lavado de dinero que analiza cómo compró bienes en el exterior y que fueron descubiertos a través de la investigación Panamá Papers.

La decisión la tomaron los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia desde la Sala II de la Cámara Federal, al hacer lugar a un pedido del fiscal Carlos Stornelli contra una decisión del juez Luis Rodríguez.

El dato es clave a la luz de la causa de los cuadernos de la corrupción. Allí diferentes declaraciones hablan de cómo Muñoz recibía el dinero que se movía en el auto del chofer Oscar Centeno en el departamento de la ex presidente Cristina Kirchner. Incluso, una de las versiones también señalaba que Muñoz había conseguido valijas más pequeñas para quedarse con una diferencia.

El juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, le pidió a su colega Rodríguez que le envíe el expediente. El fiscal Stornelli, que interviene en los dos casos, estuvo de acuerdo. Rodríguez todavía no hizo lugar. Trascendió que las defensas solicitaron la eximición de prisión.

Daniel Muñoz había sido investigado por enriquecimiento ilícito y había sido sobreseído. Pero el caso Panamá Papers destapó que Muñoz habría contratado el estudio panameño Mossack y Fonseca para la creación de la off shore Gold Black Limited, con acciones al portador y registradas el 13 de agosto de 2010 con un capital de 50 mil pesos. La empresa operó en las Islas Vírgenes Británicas con el agente “Proctullis Trusnet” y habría colocado el dinero obtenido en operaciones inmobiliarias de los Estados Unidos.

En este edificio de Miami, Muñoz compró propiedades con dinero que salió de Buenos Aires

En este edificio de Miami, Muñoz compró propiedades con dinero que salió de Buenos Aires

Según pudo saber Infobae, al comenzar a investigar se probó que Sergio Todisco junto a su esposa Elizabeth Ortiz Municoy –dueña de la inmobiliara Ortiz LizMar- habrían creado al menos 14 empresas en Miami y en el estado de Delaware, entre mayo de 2010 y julio de 2015, que fueron el canal para la adquisión de 16 propiedades –departamentos de lujo, paseos comerciales y un mini shopping-.

También se acreditó que Todisco dejó su puesto en febrero de 2015 y lo reemplazó Perla Aydeé Puente Reséndez, con el fin de ocultar los verdaderos dueños de la offshore –posiblemente Daniel Muñoz y su esposa Carolina Pochetti. Ese mismo año, Reséndez reemplazó a Todisco en ocho de las catorce sociedades creadas en Miami ya que se sospechaba que la investigación de Panamá Paperse había salido a la luz, analizó el fiscal Stornelli.

Tanto la Oficina Anticorrupción como la Procuración de Investigaciones Administrativas aportaron a la investigación, mientras que se le pedía distinta documentación a la AFIP sobre una cadena de empresas y se cruzaron dato de salidas y egresos del país de los imputados. Pero además, dijeron las fuentes consultadas, se logró que Estados Unidos mandara información clave para la causa.

Otro de los complejos investigados

Otro de los complejos investigados

Con toda esa batería, Stornelli pidió las indagatorias y detenciones de Carolina Pochetti (viuda de quien en vida fuera Héctor Muñoz), Sergio E. Todisco, Elizabeth E. Municoy, Carlos A. Gellert, Perla A Puente Resendez y Carlos Temístocles Cortez (todos con vínculos personales, familiares o de otro tenor con el matrimonio Muñoz. Y también el congelamiento de las cuentas.

El juez Rodriguez no hizo lugar y por eso Stornelli llegó a la Cámara Federal, en donde hoy tuvo éxito. Los camaristas Irurzun y Bruglia afirmaron que “los elementos de la causa (obtenidos vía informes oficiales de otros países como los Estados Unidos de América, de organismos locales argentinos, de datos entrecruzados por la UIF y de otros procesos penales, etc.) permitían sospechar que los imputados habían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”.

Según la Fiscalía, “los documentos enviados por el Departamento de Justicia de los EEUU mostraban que se habían aplicado esos fondos en la adquisición de dieciséis bienes inmuebles en Nueva York y Miami. A partir de 2013 pero principalmente entre 2015 y 2017, aquellos fueron vendidos obteniéndose una suma cercana a los USD 73.406.300. Una parte fue reintroducida en el sistema bancario y luego transferida a entidades financieras de otros estados de ese país, así como a México (capital) y China (Hong Kong). También se presumen envíos de dinero a Andorra, concretamente a cuentas a nombre de diferentes empresas y personas”.

“Con todo –dijo la Cámara Federal-, se insiste: si previamente existió base suficiente para la disposición de medidas cautelares patrimoniales en torno a una hipótesis de lo acontecido que se mantiene en pie, resulta infundado no sostener lo propio aquí, cuando se está aludiendo al destino de los fondos en el exterior, donde en estos momentos estarían depositados y, en algunos supuestos, siendo movilizados”.

Irurzun y Bruglia aseguraron que “los datos –provenientes justamente del país en que están radicadas las cuentas- dan la pauta sobre un peligro en la demora elevado y la negativa a proceder como se requiere pone seriamente en riesgo objetivos propios de la instrucción, porque el paso del tiempo –obvio es decirlo- no es inocuo en estos casos”.

Y también aludieron a la causa de los cuadernos: “Cabe destacar que el fiscal y el juez a cargo de la instrucción de la causa n° 9608/18 están informando que existen fuertes motivos para sospechar que la procedencia de estas millonarias sumas de dinero podría rastrearse en la actividad que, según versiones directas, llevara adelante el fallecido y ex funcionario público Daniel Muñoz (que era esposo de Pochetti) en el marco de los delitos presuntamente cometidos por una asociación ilícita conformada en el seno del poder político y empresarial, tendiente a percibir dinero ilegítimamente a través de sistemas de recaudación en que el nombrado pudo haber tenido un rol importante. Esta circunstancia se erige como factor nuevo y trascendental”.

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Cuadernos de las coimas K: el empresario Marcelo Mindlin declara ante el juez Claudio Bonadio

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El magistrado había solicitado la indagatoria del dueño de Iecsa y Pampa Energía porque la dirección de sus oficinas apareció en los cuadernos del chofer Oscar Centeno

El empresario del sector energético Marcelo Mindlin, titular de Iecsa y Pampa Energía, se encuentra en los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la investigación conocida como la causa de los cuadernos de las coimas K.

El magistrado había solicitado su indagatoria  porque la dirección de sus oficinas apareció en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. El empresario ingresó a los tribunales pasadas las 7, acompañado por su abogado, Juan Pablo Vigliero.

El empresario Marcelo Mindlin (Adrián Escandar)

El empresario Marcelo Mindlin (Adrián Escandar)

Junto con Mindlin, Bonadio también había ordenado (a finales de septiembre) la indagatoria de Paolo Rocca, el principal accionista del conglomerado Techint; la de Rubén David Aranda, de la empresa Chimen Aike, uno de los empresarios investigados por la defraudación en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio; y la de Alberto Padoán, de la firma Vicentín, porque en los cuadernos de Centeno apareció la patente de un auto relacionado con esa empresa.

El juez a cargo de la investigación de un supuesto entramado de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner junto a empresarios de la obra pública ya procesó a Luis Betnaza, uno de los hombres importantes de la operación de Techint en la Argentina, quien declaró en indagatoria en la causa y admitió haber pagado coimas.

Con toda honestidad, llevo 20 años en esta posición, y me he cansado de lidiar con pedidos de contribuciones y coimas de todo tipo de gobiernos“, reconoció el empresario en su declaración indagatoria.

En tanto, el magistrado le dictó falta de mérito a Héctor Zabaleta, también de Techint, y encargado de hacer los pagos a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, según las anotaciones de su chofer, Centeno.

Infobae

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Revelan cómo funcionaba la red de vuelos para llevar la plata de las coimas a Santa Cruz

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Para la Justicia, el sistema lo manejó el ex secretario de los Kirchner Daniel Muñoz. Las “zonas liberadas” en los aeropuertos.

Codo a codo. Daniel Muñoz acompañó a Kirchner en la mayoría de sus viajes./JUAN JOSÉ TRAVERSO

La flota de aviones privados y oficiales que usaron Néstor y Cristina Kirchner para transportar bolsos con millones de dólares en coimas desde Buenos Aires a Río Gallegos y El Calafate entre el 2003 y el 2015 tiene un punto en común: el ex secretario privado de ambos Daniel Muñoz.

El fallecido secretario privado es el centro de la red de aviones privados que usaron los Kirchner y también ocupó un rol principal en el transporte de los bolsos en el avión presidencial Tango 01. En la causa de los cuadernos de las coimas existen una seria de testimonios que unidos a datos obtenidos por Clarín revelan cómo funcionó esa flota y cómo se violaron los controles de los aeropuertos.

Además del circuito de bolsos, Fabián Gutiérrez confirmó que Cristina gastaba miles de dólares en compras durante cada viaje oficial

En su confesión ante el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos, el financista Ernesto Clarens confirmó que es dueño de la empresa Excel Servicios Aéreos que es propietaria de un Lear Jet 60, junto a su socio “Matías Carballo”, entre otros aviones. Clarens reveló que alquilaban los aviones “a funcionarios del gobierno” y entregaban facturas que emitía la firma Cabiline. Es decir, las facturas no estaban a nombre de Excel Servicios Aéreos, sino de Cabiline. Se trata de la firma de taxis aéreos que más contrató Cristina Kirchner para los viajes de su familia, tal como reveló una investigación de Clarín publicada en el 2009.

No solo Clarens vinculó a Cabiline con Muñoz. En otro expediente, la ex secretaria de Kirchner Miriam Quiroga dijo que esa empresa pertenecería a Muñoz.

Cristina y Néstor Kirchner caminana en la quinta presidencial de Chapadmalal en el 2003. Detrás de todo, el secretario Daniel Muñoz

Cristina y Néstor Kirchner caminana en la quinta presidencial de Chapadmalal en el 2003. Detrás de todo, el secretario Daniel Muñoz

Otro dato que conecta a Muñoz con los bolsos que iban al Sur es que siempre llevaba y controlaba las valijas en los vuelos con aviones oficiales de la Presidencia. Incluso Clarens contó ante la Justicia y como arrepentido que luego de recaudar las coimas entre los empresarios le entregaba los bolsos con la plata a Muñoz y que luego “aviones oficiales, que salían desde la base militar de Aeroparque” llevaban la plata negra al aeropuerto de Río Gallegos y desde allí a la casa de los Kirchner en la capital santacruceña o en la de El Calafate.

En uno de sus frecuentes contactos, Muñoz le contó una anécdota a Clarens que grafica lo obsceno de la operatoria.   

Ante el juez Bonadio, un testigo dijo que sacaron 40 bolsos con dinero del mausoleo de Néstor Kirchner

En la causa de los cuadernos, el ex piloto de los Kirchner Sergio “Potro” Velázquez también había contado que vio cómo Muñoz llevaba siempre muchos bolsos en los vuelos del Tango 01. Los bolsos “no pasaban por los controles de seguridad aeronáutica” indicó en una declaración testimonial espontánea.

Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, siempre detrás del ex presidente. Foto: María Eugenia Cerutti.

Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, siempre detrás del ex presidente. Foto: María Eugenia Cerutti.

El “Potro” reemplazó en el 2007 a los pilotos de la Fuerza Aérea quienes por tradición comandaban el Tango 01. Así Kirchner se sacó miradas indiscretas en los vuelos.

Pero la operatoria no buscaba solamente garantizar el trasporte de las coimas en aviones, sino de conseguir que hubiera también una “zona liberada” en los aeropuertos. Claudio Uberti, como arrepentido, describió el uso de aviones para llevar plata y habló de la protección de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)” para enviar valijas llenas de dinero desde Buenos Aires hacia Río Gallegos y El Calafate.

La legisladora ante el Mercosur de Cambiemos, Mariana Zuvic, denunció esas maniobras de protección en el Sur por parte de la PSA.

En un informe pide que se investigue  “por incumplimiento de sus deberes a quienes debían haber controlando todas las cargas”. La dice que no hay privilegios para la flota presidencial y que debe ser revisada.

También denunció que por decisiones administrativas oficiales había “falta de equipamiento y de cámaras de seguridad en el aeropuerto de Río Gallegos.

El informe pide, además, que se investigue “el rol de Omar Aguilar quien fue y sigue siendo gerente de Intercargo en Río Gallegos -íntimo de Sergio Velázquez. Aguilar quien guardaba su camioneta en el galpón de Intercargo y los carros de transporte de alimentos de la aeronave, ingresándolos a galpones sin ningún tipo de control. Desde allí los subían al avión antes de que partiera, “surgiendo dudas respecto del contenido de la mercadería transportada”. Aguilar tenía libre acceso a los aviones presidenciales y era el que recibía los diarios de Buenos Aires todos los días de mano de las tripulaciones para entregar a los Kirchner. Para colmo, la concesión del estacionamiento del aeropuerto de Río Gallegos la tiene Osvaldo “Bochi” Sanfelice, socio de los Kirchner.

En su denuncia, Zuvic también pidió que se investigue “el accionar de Marcelo Fabián Sain desde 2005 hasta 2009 como creador e interventor de la PSA, su reemplazante Salvador Julio Postiglioni y el que le siguió hasta el final de mandato kirchnerista, Esteban Germán Montenegro”. Así la logística del transporte de las coimas quedó, también, bajo la lupa de la Justicia.

Clarin

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