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Opinión

La ley corta y los dueños de la perinola

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¿Casi todos ganan? Los pequeños y las audiencias seguro que no

Días atrás en El Cohete tratamos la aparición de la llamada “Ley corta”, sucedáneo oficialista de la necesaria discusión de la prometida ley de convergencia.

La discusión de ese proyecto se extendió a lo largo de las últimas semanas en el Senado y, a estas alturas, es necesario poner algo de luz sobre la naturaleza de las exposiciones, más que debates, que tuvieron lugar en la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (sic) y dar cuenta de algunos de los actores peticionantes. También interviene la de Educación y Cultura a pedido del Senador Solanas.

Recordamos que el objetivo central del proyecto es dotar a las empresas telefónicas del derecho de dar televisión satelital, desafectar la reserva de frecuencias de ARSAT y obligar a ceder el uso compartido de infraestructuras pasivas de las telecomunicaciones. Hay además un extraño artículo del proyecto que, sin explicar cómo, afirma que deben implementarse políticas en la comercialización de contenidos que permitan la entrada de nuevos actores, como si ello fuera condición suficiente en el contexto que da la ley vigente y la propia iniciativa en discusión.

Un resumen elaborado por Guillermo Rus sobre lo acontecido en cuatro audiencias con invitados especiales convocadas entre abril y mayo por el senador chubutense Alfredo Luenzo, a cargo de la presidencia de la comisión cabecera, arroja cuantitativamente 6 expositores a favor, 4 neutrales y 13 en contra. Entre los aplaudidores del proyecto re-regulador gubernamental se encuentran los defensores de la supuesta competencia con primacía de los grandotes de la telefonía y proveedores de internet, como la Cámara de Informática y Comunicaciones (CICOMRA), que cuenta entre sus socios a Claro, Telefónica, Personal, Nextel, Level3, DirecTV, IBM, HP, Huawei y Alcatel, entre otras y la Cámara Argentina de Internet (CABASE), que reúne a un amplio abanico de prestadores e intermediarios de internet internacionales y vernáculos. A ellos se sumó la lobbista internacional Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).

Los más preocupados por el futuro panorama han sido prestadores de menor rango, o basados en el negocio de servicios por red de cable, como Supercanal, Telecentro, Intercable, las cooperativas y PyMEs (valga una mención especial a la luchadora Cooperativa de Santa Rosa, que le ganó por varios cuerpos y en varios frentes a Cablevisión en su territorio), los cineastas y productores audiovisuales y la Defensoría del Público (que entre otras cuestiones insistió con su propuesta de tarifa social para abonos de TV y conectividad a Internet, ya que la imposibilidad de acceder a estos servicios por cuestiones económicas afecta el derecho humano a la libertad de expresión). En parte también expresaron su preocupación las televisoras privadas del interior, quienes no perdieron la oportunidad de quejarse de los convenios colectivos tanto como del proyecto. El sindicato de televisión y servicios audiovisuales SATSAID, en tanto, alertó sobre varios aspectos: pérdida de soberanía comunicacional, desaparición de fuentes locales de información, migración hacia tecnologías que no generan puestos de trabajo nuevos, desinversión de producción de contenidos y la consecuente pérdida potencial de 20.000 puestos de trabajo directos en el sector.

En el marco de un gobierno como el que tenemos desde 2015, escuchar empresarios en el Senado quejándose del proyecto por concentrador y anticompetitivo generaba un marco, al menos, extraño. Resonaron frases como “queremos convergencia sin concentración”. Y otras que ciertamente iluminan el problema, como la que pronunció Fabián Di Cicco de la Red Intercable el 17 de abril: “Ellos no invertirán en redes [en la mayor parte de las localidades del país], porque son mercados marginales y las PyMEs no invertiremos porque la apertura de la competencia sin regulaciones suficientes nos habrá reducido a la mera subsistencia sin posibilidades de reinversión”.

Pero los nudos problemáticos del proyecto son más extensos incluso que el articulado de la iniciativa. Las voces en contra, que seguramente tomarán letra en algunos de los dictámenes que se firmarían el próximo miércoles porque se postergó una semana la sesión de comisión prometida, dan cuenta de planteos como los que siguen:

  • Es una compensación a otros grandes operadores luego de la fusión Cablevisión -Telecom, que tiene todos los frentes cubiertos (telco, cable, TV abierta, internet y si hiciera falta el satélite).
  • No contempla a los usuarios, más allá de las eternas promesas de baja de costos de consumo por la presunta competencia.
  • Permite mayor acumulación de frecuencias del espectro en los grandes operadores. Incluyendo el desguace de ARSAT que tiene frecuencias reservadas por una ley especial de la que “solo” tocarían el anexo donde justamente están las reservas.
  • Impulsa una concentración aún mayor del mercado ya que promueve competencia entre grandotes y no habilita a más prestadores para dar telefonía e internet móvil (pequeños operadores comerciales, cooperativas, empresas estatales provinciales).
  • No contempla la distribución de contenidos nacionales o locales. El proyecto disfraza de “infraestructural” una puja de negocios que impacta también en lo que se nos permitirá ver o consumir. El problema no es solo conectarse, sino para qué.
  • Permite a los grandes operadores usar infraestructura de las PyME y cooperativas sin necesidad de invertir y no considera las asimetrías en las cadenas de valor, ni las diferentes formas de dar servicios y generar contenidos en medianas y pequeñas ciudades del país.
  • Permite a grandes operadores ingresar en el mercado audiovisual sin inversiones (satélites extranjeros) y sin obligación de señales nacionales.
  • Delega en el Poder Ejecutivo Nacional una amplia discrecionalidad en la reglamentación.

La irrupción del ENaCom
En medio de este debate de la ley corta en el Senado, el Boletín Oficial del jueves trajo consigo la Resolución 4337/2018 del ENaCom, que puso en vigencia nuevas reglas de prestación de los servicios satelitales de TV. Mientras casi todos parecen —y asumamos que es cierto— preocupados por la iniciativa que se intenta tratar en el Congreso, el Gobierno movió otra vez una parte del tablero, reinterpretando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para “simplificar la normativa vigente” sobre obligaciones de transmisión o must carry de las televisoras satelitales. Agrandan el pastiche y confunden para seguir gobernando de facto. A lo que ya se había emparchado por decreto para la TV por cable, esta vez se suma la TV satelital, alegando que es de incumbencia de la LSCA mientras el proyecto de ley corta y los alfiles del Senado promueven descalzarla para que pase a ser “servicio TIC” (al igual que se estableció por decreto para el cable).

Con la Resolución 4337, el saliente De Godoy y su “mejor equipo corporativo de los últimos 50 años”, reacomodaron la cancha no sólo para Direct TV, sino también para los aspirantes Telefónica y Claro que no dan contenidos hoy. Podríamos sospechar que Direct TV –no nos consta– dio su parecer opinando hasta cuántas y cuáles señales retransmitir, lo que inclina más la cancha a su favor en detrimento de los entrantes satelitales al cuádruple play. Además de ciertas reglas que se mantienen desde la época de la ley de medios audiovisuales, el Gobierno obliga a los satelitales a incluir en su grilla las señales públicas del Estado Nacional; el Canal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el canal de la Iglesia Católica Argentina. También se exige a la(s) distribuidora(s) por satélite que retransmitan las señales de origen de los canales de televisión abierta, en su área de cobertura más las que no están a conveniar, más un combo de señales a piaccere que lleguen al 20% de su capacidad de transmisión o sean al menos 22, para cubrir “federalismo, diversidad, producción local”. Pero no cualquiera, ahí la vara es alta y la lista queda a aprobación de la ENaCom. Raro ejercicio de libertad liberal.

Habrá que ver el rodaje de este nuevo parche, cuando faltan reglas menores y autorizaciones. Sin embargo, cabe estar alerta ante una serie de cuestiones: ¿las áreas de cobertura de los canales locales de TV abierta serán las del satélite? Ya con las de Buenos Aires tenemos el problema para el interior que se las llama “nacionales”. ¿Cuál es el destino de las empresas chicas de cable que en las provincias tienen frente al satélite la ventaja de pasar el canal abierto local? Más aún cuando el satélite opere en paquete con la telefónica de la zona y las empresas de TV abierta les cobren por la señal porque se seca la plaza publicitaria, tanto por la publicidad que se va a internet (mucha de la oficial por cierto), como por la economía que se achica mientras el dólar y las tasas trepan.

Esto implica que para los más chicos de la comunicación que aún subsisten, a pesar de todo, los insumos aumentan a la par que las tasas, cosa que no afecta a los grandes que operan en otras plazas y piden créditos a tasas que están muy por debajo de la mitad de las que tenemos por estas latitudes.

Por cierto, y como ya lo ha demostrado desde hace décadas la televisión por suscripción, ya sea en sus canales propios como en las amenazadas Encuentro, Paka Paka o Telesur, resulta imperioso tanto para los proyectos legislativos como para resoluciones del ENaCom, que se explicite la incorporación de producciones propias o independientes en las señales a su cargo en condición de estreno. Las capacidades, tradiciones y logros que Argentina ha demostrado como país mediano con proyección internacional como usina de proyectos audiovisuales, no puede ser degradada a mediocres manejos para repartirse negocios. Los damnificados están animándose a hablar y el juego político en la Argentina corporativa puede tener más fisuras que las esperadas por el establishment.

Veremos en las semanas venideras qué dicen los dictámenes, cuándo van al recinto y cómo se acomodan los melones en este carro mediático e info-comunicacional que avanza tironeado por los más fuertes.

Por: Damián Loreti y Diego Rossi
Fuente: El Cohete a la Luna

Opinión

LOS “PARCHES” SON EL RESULTADO DE UNA MALA ADMINISTRACIÓN

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En nuestro país, como en ningún otro, el espectro radioeléctrico de frecuencias fue enajenado (con el beneplácito de las autoridades) por servicios cerrados onerosos cuando las normas decían que en esas frecuencias, únicamente, debían instalarse servicios abiertos al público en general. Ahora, ante la falta de dichas frecuencias, por causa de las irregularidades señaladas anteriormente y la inacción de las autoridades para restaurar dicha situación, se recurre al “parche administrativo” de adjudicar más de un servicio en cada canal (en cada frecuencia, hoy se adjudican hasta cuatro (4) señales, pero, en el futuro podría ser un número mayor).

Llegados a este punto se debe decir que, si bien este “estilo” de TDT es abierto y gratuito, pero, no es “directo” como lo establece la definición del servicio (Ítem 2012 – Ley 33.478 – Convenio Internacional de Nairobi), aún vigente. Tanto las emisiones de la TDA (televisión digital abierta) del Estado, como la TDT (privada), serán los distribuidores de las señales que en ellas fueran incorporadas, con lo cual los espectadores perderán las garantías de independencia de criterio que debería ser el valor fundamental de los servicios de acceso libre.

La TDT, resultaría un avance sustancial de la televisión si se respetaran las normas técnicas y legales en vigor. En la banda de frecuencias en que estos servicios intentan ser ubicados, no se pueden adjudicar licencias para ningún tipo de servicio que no sea “abierto, directo y gratuito”, justamente, con el fin de evitar “intermediaciones” de los Poderes de turno y/o de algunas “personerías” creadas “ex profeso con veladas intenciones”.

 

Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
Periodista

 

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Opinión

“Impactos de la crisis”: Despidos y suspensiones en los primeros 7 meses de 2018

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Los despidos y suspensiones en julio y durante 2018

  • En el mes de julio, los despidos y suspensiones ascienden a 6.588 casos, más que duplicando los del mismo mes del año anterior, que sumaron 3.129 casos. El dinamismo se percibe en los dos sectores de actividad con más despidos y suspensiones: industria y servicios.
  • En el mes de julio de 2018, los despidos y suspensiones fueron motorizados por el sector industrial que representa el 77% de los casos.
  • La evolución de los despidos y suspensiones en los primeros siete meses de 2018 asciende a 32.794 casos, correspondiendo 12.532 casos a empleo público y 20.262 a empleo privado. Estos datos implican un promedio de 4.684 despidos y suspensiones mensuales durante los primeros siete meses de 2018.
  • Si se consideran los datos de los primeros siete meses de 2017, los despidos y suspensiones en el mismo período de 2018 superan en 7.296 casos a los del año anterior. Esto representa un incremento de casi 30% en 2018 respecto de 2017.
  • Se distingue que, en los primeros dos meses de 2018, los despidos del sector público resultan más significativos, para luego, en los siguientes cinco meses, dejarle “la posta” del impulso a los despidos del sector privado.

Sector público y sector privado: expulsión de empleo sin distinción

  • Los despidos y suspensiones de la construcción alcanzan los 292 casos, los correspondientes a las empresas de capital estatal alcanzan los 4.880, los despidos en el sector público dentro de la órbita del poder ejecutivo suman 7.652, la industria despidió y suspendió 14.967 trabajadores, el sector primario hizo lo propio en 366 casos y finalmente los servicios expulsaron a 4.637 trabajadores.
  • Los despidos y suspensiones de la industria suman el 46% del total de casos. Le sigue el sector público, que entre los correspondientes al poder ejecutivo y a las empresas del sector público. representan el 38% de los casos.
  • La industria, siempre igual
  • La industria protagoniza el proceso de despidos y suspensiones también en 2018. Se observa la continuidad en el proceso de expulsión laboral a lo largo de los primeros siete meses del año, promediando 2.138 casos mensuales. Como se mencionó, particularmente en el mes de julio de 2018 los despidos y suspensiones del sector industrial fueron quienes motorizaron el fenómeno, representando el 77% de los casos totales del mes.
  • CEPA computa para el período noviembre 2015 a julio de 2018 despidos que ascienden a 81.447 a las que deben sumarse suspensiones del mismo período.

Constataciones

  • Como se percibe en el apartado correspondiente, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) computa 82.445 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y mayo de 2018. CEPA computa para el período noviembre 2015 a julio de 2018 despidos que ascienden a 81.447.

Despidos y suspensiones: análisis comparativo de los primeros siete meses de 2018

  • Del total de casos, 24.495 casos corresponden a despidos, 4.310 a despidos cierre de empresas o plantas, 580 a retiros voluntarios, 30 a renuncias con indemnización, 3.179 a suspensiones junto con 200 casos de adelanto de vacaciones.

Despidos por cierre

 

  • Los despidos por cierre de empresas o plantas alcanzan como se mencionó, la cantidad de 4.310 casos.
  • Es de destacar que 1 de cada 8 despidos del segundo trimestre se relacionan con cierre de empresas o plantas. En el caso de la industria la proporción es aún mayor: 1 de cada 5 casos están vinculados a cierres.

Despidos y suspensiones por sector de actividad

  • En los despidos según sector de actividad, se visualiza que el sector público lidera con 7.652 casos y 4.880 en empresas de capital estatal, le sigue la industria con 14.967 despedidos, el sector servicios con 4.637 casos, 366 casos en el sector primario y 292 casos en construcción.
  • Dentro de la industria, encabeza el sector textil, seguido por alimentos y bebidas, el sector automotriz y de autopartes y el sector metalúrgico. Le sigue el sector marroquinería, frigorífico y electrónica y electrodomésticos, además
  • Entre los servicios, se ubican el sector comercio, que representa el 55% de los despidos y suspensiones. Presentan despidos, además, el sector de la salud, gastronómicos, estaciones de servicio, comercios mayoristas, seguridad, peajes, medicina, juego, gastronomía, bancario, educación, clubes y obras social.
  • En el sector público hubo despidos principalmente en entes descentralizados como Conicet, Vialidad, INTI, Coros y Orquestas y SENASA, en las municipalidades de Tucumán, Morón, Quilmes, Tres de Febrero, La Plata y otras, despidos en el poder ejecutivo, en los Ministerios de Agroindustria, Desarrollo Social y Economía, entre otros, despidos en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre otras, y en empresas de capital estatal como YCRT, Ferrobaires, Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y FM.
  • Aunque en menor cantidad, hubo suspensiones y despidos en el sector construcción y el sector primario (actividad pesquera).

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Internacional

El bombardeo de imágenes violentas en los medios contribuye a la inseguridad

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El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo que “el bombardeo de imágenes, escenas, alusiones e informaciones referidas a la violencia que recibimos día a día desde los medios de comunicación masiva es terrible, por no decir obsceno y contribuye a generar inseguridad y más violencia”
Vázquez fue invitado días pasados a realizar una exposición ante la Confederación Masónica Interamericana sobre: “Violencia y su influencia en la sociedad actual”.

En dicha instancia el jefe de Estado dijo que la violencia “está en nosotros, es inherente a la naturaleza humana como también lo son el amor, la compasión, la esperanza, el desánimo, la razón, la pasión, la resignación o la voluntad de cambio”.

“Aceptar que la violencia nos constituye, aunque nos duela, nos ayuda en la difícil tarea de mitigarla”, remarcó.

En tanto, cada individuo es un ciudadano y sujeto de derechos, “la violencia excede el componente coactivo del Estado e incluso a la fuerza como tal; por lo que debe ser combatida y superada”.

También han de ser combatidas y superadas “otras violencias” que surgieron o se están visibilizando más recientemente. En tal sentido, mencionó: “la violencia del terrorismo, del narcotráfico, de la discriminación (étnica, religiosa, sexual), la violencia doméstica (de género, pero también la de edad o capacidad), y hasta la violencia institucional, la violencia estructural, la marginación y la pobreza”.

Vázquez remarcó que se debe “prevenir, combatir y superar la violencia”, agregó que “es necesario construir acuerdos estratégicos a partir de los cuales diseñar políticas sustentables e instrumentar acciones concretas”.

Siete aspectos para contrarrestar la violencia
Mencionó una serie de aspectos para combatir la violencia. Dijo que “no debemos entretenernos intentando comparar si hoy hay más o menos violencia que en el pasado”.

“Ello no nos lleva a ninguna parte porque aunque la violencia viene de lejos la conciencia de la misma y su condena son relativamente recientes en la larga historia de la humanidad”, indicó.

Planteó asumir que se debe “hablar de violencias y no de violencia”, entre las cuales remarcó la “política, económica, intrafamiliar, la social y las que aún no conocemos en referencia a que hay acontecimientos que en un momento dado no eran considerados”.

Dijo que “en una sociedad existen normas, leyes e instituciones que rigen nuestro relacionamiento. Este ordenamiento implica la existencia de derechos y obligaciones de los individuos. Un binomio fundamental que nos permite, al mismo tiempo que respetamos a quienes conviven con nosotros, ser respetados”.

Manifestó que dicho equilibrio perfecto “debe ser garantizado por el Estado y defendido por todos nosotros”.

Por otro lado, expresó que la violencia “es una relación social particular”. Debe ser entendida más allá del comportamiento patológico de las conductas individuales y ser concebida a partir de un tipo particular de relación social cuya sustancia es, al fin y al cabo, cómo y sobre quiénes se manifiesta el poder.

“La violencia es un proceso. No es un hecho puntual que concluye con una víctima y un victimario, porque hay etapas anteriores y posteriores que son parte de ese proceso. Esto significa que se debe tener en cuenta los niveles que se establecen para todas y cada una de las fases del proceso de las violencias: por ejemplo para el nivel perceptivo, disponer de equipamientos, servicios, criterios éticos y disposiciones legales coadyuvantes a prevenir la violencia”, destacó.

El mandatario dijo que “así como promover la salud no es asunto de médicos solamente, prevenir y erradicar la violencia no es asunto exclusivo de policías y cuerpos de seguridad”.

La sociedad en su conjunto “ha de involucrarse en esa tarea, y ha de hacerlo en clave de equidad social, cultura ciudadana, participación y concertación social, o lo que es lo mismo: igualdad de oportunidades ante la ley y ante la vida, educación, trabajo, bienestar, ciudadanía justicia y democracia”.

El jerarca de Estado indicó que existen numerosas investigaciones sobre “las consecuencias de la violencia en los medios de comunicación de masas, especialmente el cine y la televisión, y sobre las tendencias de los espectadores a la violencia”.

“El bombardeo de imágenes, escenas, alusiones e informaciones que recibimos día a día desde los medios de comunicación masiva es terrible, por no decir obsceno y contribuye a generar inseguridad y, seguramente, más violencia”, aseguró.

Pero también es cierto que “los medios de comunicación reflejan actitudes ya dominantes ante la violencia, una auténtica subcultura de la misma”.

Por lo cual dijo que no se debe culpar a los medios de comunicación de lo que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

Vázquez puntualizó que “superar la violencia no es suficiente para alcanzar la paz social”.

“Así como la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. La paz es bastante más que la ausencia de violencia, tolerar o coexistir con los demás”, puntualizó.

La violencia y los medios de comunicación masiva
Existen numerosas investigaciones sobre las consecuencias de la violencia en los medios de comunicación de masas, especialmente el cine y la televisión, y sobre las tendencias de los espectadores a la violencia.

Los resultados son unánimes y podrían sintetizarse en la tan manida frase (atribuida al dramaturgo griego Esquilo, siglo V a.C.) “la violencia engendra violencia”.

Es verdad: el bombardeo de imágenes, escenas, alusiones e informaciones que recibimos día a día desde los medios de comunicación masiva es terrible, por no decir obsceno y contribuye a generar inseguridad y, seguramente, más violencia.

Pero también es cierto que los medios de comunicación reflejan actitudes ya dominantes ante la violencia, una auténtica subcultura de la misma.

Entonces: ¿causa o síntoma de violencia? No culpemos a los medios de comunicación de lo que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Ello, por supuesto, no exime a los medios de sus responsabilidades. Los medios de comunicación social contribuyen a establecer agendas en sus aspectos social y político. Seleccionan, organizan, destacan, definen y amplían. Comunican significados y perspectivas, ofrecen soluciones, relacionan a ciertos grupos con ciertos tipos de valores y de conducta, crean ansiedad y legitiman o justifican el status quo y los sistemas de
mantenimiento del orden social.

Hace algunos años el sociólogo estadounidense Marchall Clinard, al escribir sobre la prensa y la delincuencia sostenía que: “al prestar una constante atención a la criminalidad, es probable que los periódicos contribuyan de manera importante a centrar nuestra cultura en el crimen. Como consecuencia, muchas veces parece que hubiera más delitos que los que hay en realidad” (Halloran, James, et. al.: “Los medios de comunicación social: ¿causa o síntoma de la violencia? Publicación colectiva de UNESCO, 1981).

En efecto: no hay que descartar la hipótesis que lo que se lee en los periódicos, se oye por la radio y se ve en la televisión pueda influir en las ideas del público sobre la índole y la extensión de la violencia en nuestra sociedad.

Dicho académico británico, consultor de UNESCO y director del Centro de Investigaciones sobre Medios de Comunicación –señala: “Hace algunos años unos estudios realizados en los Estados Unidos indicaban que las ideas del público sobre la frecuencia y el tipo de criminalidad en la comunidad dependían más de las informaciones periodísticas que del número real de delitos, según las estadísticas de la policía”.

¿Solamente en Estados Unidos? No es una excusa ni un atenuante, es una pregunta que amerita una respuesta seria y objetiva que muy probablemente nos conduciría a otra pregunta exigente y cuya respuesta podría resultar incómoda: ¿por qué y para qué?….
Discurso completo de Tabaré Vázquez

Fuentes: La Red21 y Presidencia de Uruguay

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