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La Pampa no adherirá a la Ley de Telecomunicaciones que quiere el macrismo

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“Es avance más hacia la concentración, y minimización de entes públicos y cooperativas”, reprochó el diputado nacional Sergio Ziliotto, quien no dudó en afirmar que las empresas privadas a las que se habilitaría para usar la infraestructura de prestadores locales de servicios de telecomunicaciones “no vienen a invertir, sino a hacer negocios con lo que ya tenemos”

El legislador analizó que “se trata de un gran retroceso del Estado en su facultad de regular”, y recordó que a través de una ley de 2015 se había reservado “gran parte del espectro radioeléctrico para que el Estado cumpla funciones indelegables”, como “garantizar y darle universalidad a los servicios, y llegar con el 4G a toda la Argentina”.

Esta misma semana el gobierno nacional ingresó por el Senado un proyecto de ley que beneficiaría claramente a las multinacionales, en detrimento de las cooperativas que prestan servicio de telecomunicaciones, como por ejemplo la CPE Santa Rosa, que tenía aspiraciones de avanzar en la prestación del servicio de telefonía móvil.

Para Rajoy
El articulado de la llamada ley corta -largamente reclamada por la española Telefónica- habilita a las telefónicas a dar televisión satelital, pero obliga a las proveedoras de servicios públicos a ofrecerles su infraestructura. Precisamente el artículo 2 de la norma obligaría a concesionarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales a facilitar a los licenciatarios “el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos”, mencionó Ziliotto.

Especuló con que la visita del presidente de España, Mariano Rajoy, junto a 60 empresarios de ese país, no es gratuita. “Traigo esto, pero me das esta ley”, simplificó el diputado nacional.

Rentabilidad social
Agregó que “se está abriendo el gran negocio, y no podemos dejar de participar, de regularlo y de incorporar actores que por su esencia, por su génesis, tengan la capacidad de buscar la rentabilidad social antes que la económica. Tenemos que hacer lo necesario para que los argentinos tengamos a la posibilidad de acceder al cuádruple play en igualdad de condiciones que el resto”.

Posiciones dominantes

Ziliotto sostuvo “que “ya se plantearon objeciones en el Senado”, por donde ingresó el proyecto”, y recalcó que si bien el texto de la norma dice que “estas negociaciones deben darse en el marco del respeto, igualdad y, competitividad, no se debe olvidar lo que son las posiciones dominantes de una empresa multinacional contra una cablera de una familia pampeana, o de una cooperativa de servicio de cualquier localidad”.

Y amplió: “Estamos ante un negocio donde se desregularía todo, pero para los que están, para los nuevos no. A las cooperativas se les dice que se hagan cargo, que son operadoras virtuales, pero tienen que negociar con Telefónica, con Clarín, con Claro, las condiciones que éstas impongan para prestar el servicio de telefonía celular”.

Reparos a la ley
Con respecto al futuro de la ley corta en el Congreso, dijo que ya hay reparos, que Daniel Lovera está sobre el tema, y que se va a producir un debate con invitación a distintos actores en la Comisión de Medios del Senado. “Nosotros estamos trabajando con la Fepamco, con la Cooperativa de Santa Rosa, y con Colsecor, que nuclea todas las cooperativas de servicios de la Argentina”, puntualizó.

Por último señaló que esas entidades solidarias “tienen una misión social, llegarán a lugares que el mercado no llega. Pero esta ley (si se aprobara) no les permite hacerlo”, completó.

La postura de la Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos
“A cooperativas como la nuestra nos deja más afuera de lo que estábamos hace una semana de la posibilidad de ser operadores totales” en telefonía móvil, evaluó el presidente de la CPE Santa Rosa, Alfredo Carrascal.

El titular de la entidad solidaria expresó “preocupación porque claramente son respuestas del Gobierno nacional a reclamos de Telefónica, que protestaba porque a Clarín se le dieron licencias para telefonía celular cuando ni siquiera había pagado cuando se licitaron. De algún modo es una compensación a Telefónica, y también a Claro, que estaban en inferioridad de condiciones, y ahora a las dos las habilita a hacer telefonía satelital”, razonó.

Explicó que “en este momento estamos confirmado algunas presunciones, como que se quitan de la esfera de Arsat las frecuencias reservadas para Argentina Digital, y quedan en manos del gobierno nacional para una posible subasta al mejor postor de los que tengan licencia”.

Más obstáculos
No obstante mostró una leve esperanza porque “el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo que se va a mantener algún paquete de licencias para cooperativas”, aunque eso por ahora no está explicitado en ningún lado”.

Sobre la ley corta agregó que “no hace más que poner más obstáculos al proyecto de la CPE Santa Rosa de ser operadores plenos. Lo que estamos intentando en estos momentos es coincidir con representantes en el Congreso Nacional para ver si se puede esclarecer, porque desde el punto de vista legal estaríamos impedidos de cualquier cosa”, completó.

Lo que quieren Clarín y Telefónica
Después el dirigente cooperativo destacó que se advierte que “el marco legal se está ajustando a las necesidades sobre todo del grupo Clarín, que es el gran lobbysta, pero en esta circunstancia esta ley corta viene a remediar también reclamos de Claro, y de Telefónica que genera contenidos y también con muy poquita inversión puede bajar la televisión satelital a Argentina”.

Sobre la utilización de la infraestructura de la provincia, Carrascal admitió que “ya se venía planteando en leyes anteriores el uso compartido de los recursos. Nosotros, por ejemplo, hicimos un convenio con Telefónica para usar sus redes cuando tengamos la telefonía celular, y obviamente lo vamos a pagar. Así que no vamos a zapatear por algo que hemos tomado como parte del desafío”, señaló.

No obstante, en el final, el presidente de la CPE Santa Rosa expresó preocupación por esta circunstancia que aleja más a las entidades solidarias de poder brindar el servicio de telefonía como operadores totales.

“En provincias debería ser opcional”
La posibilidad que empresas multinacionales puedan utilizar instalaciones que se realizaron con el esfuerzo de sus contribuyentes para brindar el cuádruple play, no cae precisamente simpática en nuestra provincia. Sabido es que en La Pampa el tendido de fibra óptica en todo su territorio “se construyó con planificación y estrategia en mucho tiempo de trabajo y con una fuerte inversión”, recordó el senador Daniel Lovera, quien a la vez sostuvo que “es impensable resignar este manejo a manos foráneas por simples intereses comerciales”.

El legislador pampeano fue el primero en alzar la voz en el Senado al presentarse la Ley Corta de Telecomunicaciones, que beneficiaría a empresas privadas en desmedro de prestadores locales de servicios de telecomunicaciones, entre ellas las cooperativas. Lovera destacó que la idea del gobernador Carlos Verna “tiende a cuidar las autonomías provinciales y municipales” para no quedar a expensas del descontrol.

¿Cuál es su idea con respecto al tema? ¿Qué entiende debería plantearse para no perjudicar a las provincias
La ley permite a las telefónicas usar infraestructura de proveedores de servicios públicos nacionales, provinciales y municipales, y entiendo que para las provincias debería ser opcional porque debe respetar las particularidades de cada región de acuerdo a la realidad de la prestación de estos servicios. Pero tampoco podemos ser reduccionistas, esto no se trata únicamente de un control tecnológico, tenemos que pensar en lo que representan los sistemas de comunicación convergentes desde el punto de vista socio-cultural también.

Piensan en modificaciones al proyecto
En principio cambiar una palabra, tenemos que cambiar “deberán” por “podrán” donde se habla de las adhesiones provinciales. La condición particular de cada territorio impone un abordaje especial en cada caso. Cuando hablamos de globalización tenemos que asumir responsabilidades. Si no somos reflexivos y medidos a la hora de proteger nuestra soberanía digital quedamos expuestos al abuso. El concepto de soberanía para los alcances de la comunicación impuesta a partir de las nuevas tecnologías es un tema central para el Estado. El término “soberanía” tiene peso en sí mismo, esto no se trata de quién es el dueño de un rollo de cable o de un puñado de antenas, esto es grave y profundo. Si no trabajamos el carácter humano en la aplicación tecnológica, estamos perdidos como sociedad.

¿Y cómo podría avanzarse en estos cambios?
Deben participar las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en este proceso, igual que la de las pymes. Si las pequeñas y medianas empresas de comunicación no se contemplan en este plan se quedan afuera del mercado, van a quebrar. Igual que las cooperativas y otras entidades de bien público.

Nuestra provincia tiene una amplia red de fibra óptica
Sí, en casi todo el territorio, y es impensable resignar este manejo a manos foráneas por simples intereses comerciales, siendo algo que los pampeanos hemos construido con planificación y estrategia en mucho tiempo de trabajo y con una fuerte inversión.

Ahora la discusión se plantea en el Congreso. ¿Puede ser lenta?
No, sólo hay que crear la mecánica. Las provincias tienen representación parlamentaria y, desde el Senado deberíamos poder trabajar con todo el arco institucional de las provincias rápidamente, para llegar con un planteo concreto del abordaje de esta ley a partir de la responsabilidad que nos compete. Es imprescindible legislar sobre un tema tan central como este, pero no nos vamos a apartar de una mirada soberana y regional que le garantice a cada ciudadano la misma libertad por la que venimos trabajando, desde el pueblo y el Estado, hace más de dos años.
Fuente: Diario La Arena

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Especialistas expusieron sobre el proyecto de Ley Telecomunicaciones

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Fue ante un plenario de las comisiones de Sistemas de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación y Cultura de la Cámara alta

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión continuó este martes con el tratamiento del proyecto de ley de fomento de despliegue de infraestructura y competencia, con la participación de especialistas en la materia.

Expusieron ante los legisladores nacionales Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Cable operadores e Internet PyMES (CACPY); Franco Cecchini por la Cámara Argentina de Telefonía IP (CATIP); Oscar Nocetti por la Cooperadora popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa (CPE); María José Guembe (por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA); y Nicolás Mayorans en representación de Gabriel Bandeira, por Cable Express.

En el inicio, Tulissi resaltó que “los canales locales son espejos de las comunidades” y solicitó extender el plazo dispuesto para el 1 de enero de 2019 ya que sino “solo se beneficiarán los grandes competidores”. Asimismo, solicitó servicio de TDH por un período de cinco años en localidades con menos de 80.000 habitantes.

Seguido, Cecchini afirmó que “apoyamos esta ley que está a favor de la competencia” pero “tenemos enigmas en cuanto a la reglamentación”. En ese sentido, advirtió que “convergencia sin competencia es oligopolio” y consideró que “las frecuencias hay que dárselas a los operadores que hoy trabajan en las regiones para que realmente compitan”.

A su turno, Nocetti reseñó la experiencia en Santa Rosa para luego subrayar que “estamos de acuerdo con democratizar la infraestructura pasiva pero si vamos a seguir siendo asimétricos la cosa no va a ser muy democrática” y aconsejó que las frecuencias que están en ARSAT deben ser “destinadas a empresas provinciales, PyMES y Cooperativas para telefonía móvil; empresas que las necesitan para poder competir”. Además, en cuanto a señal satelital de televisión, solicitó que además del otorgamiento de frecuencias a quienes no la tienen, se considere un tiempo de cinco años antes de que sean otorgadas a los grandes operadores.

En tanto, Guembe propuso la elaboración de un “proyecto de comunicación que contemple todos los aspectos y derechos” al tiempo que instó a “recordar el principio de no regresividad” y aconsejó respetar los estándares internacionales. También recomendó tanto la “adopción de medidas antimonopólicas específicas” como la incorporación del transporte de los canales abiertos en pos de la pluralidad, diversidad y federalismo, luego de lo cual enfatizó en la “necesidad de que sea un organismo plural y representativo” la autoridad de aplicación.

Por último, Mayorans manifestó que “apoyamos las disposiciones del proyecto en cuanto a la compartición de la infraestructura pasiva” y solicitó “contemplar la situación de las empresas que operan en ciudades de más de 80.000 habitantes y que compiten con grandes operadores pero que no pueden ofrecer telefonía móvil”. Al respecto, apuntó que “todos los competidores deben contar con las mismas herramientas para poder competir” y destacó la importancia de que “las frecuencias puedan ser aprovechadas por operadores locales y regionales”.
Fuente: Parlamentario.com

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El gobierno busca crear la conciencia de ahorro de gas

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Le están dando las últimas puntadas a una campaña, tanto gráfica como televisiva, que apunta a lograr frenar el consumo desmedido, superior al que se registra en Montevideo y Santiago de Chile.

Los estrategas de comunicación del gobierno nacional trabajan para poder tener lista para la semana próxima una campaña de concientización de ahorro en el consumo de gas que se difundirá por video en televisión y redes sociales y también por cartelería callejera.

La medida también fue un reclamo al Ejecutivo de los socios de Cambiemos, la UCR y la Coalición Cívica (CC), que incluyó en el paquete el prorrateo en cuotas de las facturas invernales del servicio de gas de red, y, en verdad, se enmarca también en la batalla cultural que libra el macrismo para cuidar el recurso y que la ciudadanía ‘entienda que la energía tiene un costo’ y que “el mismo resulta caro”.

La propuesta oficial busca invitar a todas las provincias, municipios y empresas a sumarse a la campaña para lograr ahorros en el consumo.

Ayer en el gobierno comentaban que estaban trabajando en el diseño del spot y de la cartelería y que la reunión del lunes del Consejo Federal Energético y la cumbre del último jueves ‘apuraron’ la propuesta, que podría ser lanzada antes del próximo fin de semana.

‘Va a haber consejos prácticos de cómo ahorrar en el consumo. No habrá famosos (en los spots) sino personajes de la vida cotidiana que expliquen en forma rápida cómo hacer más eficiente el consumo de gas de red, muy parecida a la campaña del año pasado para no derrochar electricidad’, contó un funcionario de Jefatura de Gabinete consultado ayer por la tarde.

La comparación sí diferencia la idea de una publicidad radial que el año pasado implementó el ministerio de Energía en el que se pedía a los ciudadanos que se abriguen en sus casas para cuidar el gas y hacía referencia al ‘saquito que tejió la abuela’ o el buzo que se dejó olvidado una ex pareja.

Lo cierto que en la campaña actual no habrá grandes ‘explicaciones técnicas’ pero ‘sí algunos datos sobre el crecimiento de la producción del fluido merced a la actividad de Vaca Muerta y otros yacimientos’, según se adelantó durante la víspera.

En este marco, en Casa Rosada se desechó la versión que circuló en la noche del jueves sobre la supuesta grabación de un mensaje de Mauricio Macri sobre la polémica por las tarifas que sería emitido el lunes por cadena nacional.

Se tildó a la misma de ‘ridícula’ dado que en lo que va de su mandato el presidente nunca la utilizó y ‘no tendría sentido utilizarla para este tema’ pero que anteanoche sí hubo consultas técnicas de algunos medios al Enacom.

Con todo, en el gobierno de Cambiemos insisten en que hay que concientizar a la población para que evite el ‘derroche’ en el consumo de energía.

Insisten que en Santiago de Chile y Montevideo, ciudades donde se registran temperaturas similares, ‘tienen tarifas de gas en promedio un 160% más caras’ y el consumo ‘en Buenos Aires es un 70% superior al de nuestro vecinos para la misma época’.

En este sentido, remarcan que ‘si tuviésemos los consumos invernales de Montevideo y Santiago las facturas serían algo menores a las del año pasado’.

Y frente a las denuncias del alto porcentaje que significa el pago de los servicios públicos en los hogares, en el oficialismo sostienen que ‘de acuerdo al gasto promedio de un hogar que releva el INDEC, los mismos -incluidos colectivos y trenes- representan un 8% de los mismos’.

Por otra parte, en el gobierno advierten sobre el impacto que tienen en las facturas que reciben los usuarios los impuestos municipales o provinciales. Por caso, mencionaron el caso de Luján que en las boletas de gas ‘incluye dos tasas puestas por el municipio que la encarece un 7%’. En esa ciudad bonaerense, indicó otra fuente consultada, ‘la boleta de luz incluye tres impuestos municipales’.

En este sentido, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), indica que de cada $100 que paga un usuario por energía eléctrica o por gas natural $27 son impuestos indirectos.

Por último, un trabajo de Jefatura de Gabinete consignó que de acuerdo a las tarifas de gas vigentes a partir de abril, para los meses de invierno, un 60% de los usuarios sin tarifa social pagará menos de $1000 mensuales, un 20%, entre $1000 y $2000 mensuales y sólo el 10 por ciento abonará más de $3000 mensuales.

– Por Emiliano Russo

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El gobierno y la Corte acuerdan avanzar con la reforma judicial

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Luego de los cortocircuitos de las últimas semanas, el Gobierno acordó este lunes con la Corte Suprema avanzar con un proceso de “reformas hacia el interior” del Poder Judicial, tendientes a acelerar los procesos para que se llegue antes al juicio oral y extender el horario de atención en los Juzgados, entre otros puntos.

Las condiciones del acuerdo se consensuaron en el marco de una reunión que se desarrolló en los Tribunales de Talcahuano entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, con cuatro de los cinco ministros del máximo tribunal -ante la ausencia de Elena Highton de Nolasco– en el Salón de los Embajadores del Palacio de Tribunales.

En las escalinatas del palacio y tras el encuentro, que se extendió por una hora y media, Garavano confirmó que será la Corte la que “va a liderar” el proceso de reformas, aunque se realizarán “reuniones mensuales” entre ambos poderes para avanzar en la letra fina de las iniciativas.

“Se acordó tener reuniones mensuales para poder avanzar con las reformas que impulsa la Corte, que requieren del apoyo de los otros dos poderes”, señaló Garavano y minimizó roces con el alto tribunal al destacar que “hay una relación institucional madura”, más allá de que pueda haber por parte del Gobierno “desacuerdo con algún fallo o acordada” emitida por ese cuerpo.

Pareció referirse así a la reciente acordada del máximo tribunal que inhabilitó al nuevo Tribunal Oral Federal 9, cuya creación había sido impulsada por la Casa Rosada y que tenía previsto avanzar en un “megajuicio” contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario patagónico Lázaro Báez.

“Se habló de fortalecer la institucionalidad, que se ha ido perdiendo en los gobiernos anteriores”, indicó Garavano y señaló: “Cada uno hace lo que considera correcto en el ámbito de su competencia”.

Al respecto sostuvo que en el Gobierno hay “una preocupación constante” en torno a la necesidad de que “los procesos judiciales lleguen antes a juicio oral y público”, y agregó: “Es uno de los desafíos de la Justicia agilizar los procesos, es algo que está en la agenda”.

Sobre los cambios para que los jueces y empleados judiciales comiencen a pagar el Impuesto a las Ganancias, destacó que “los nuevos jueces y empleados” del sector ya están tributando. Otros temas que forman parte de las reformas son la extensión del horario de atención en los Juzgados y la reducción del período vacacional de las ferias, cuestiones que el Gobierno quiere abordar pese a la resistencia de sectores internos del Poder Judicial.

El proceso de reformas fue anunciado por la Corte en el acto de apertura del año judicial, mientras que el Ministerio de Justicia, a través del Programa de Gobierno Abierto Justicia 2020, impulsa también una serie de transformaciones.

El encuentro se produjo además en medio del malestar en la Corte por el pedido de juicio político que finalmente la diputada Elisa Carrió amplió este lunes contra el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, aunque fue Garavano el que intentó poner paños fríos: “Es una decisión de la diputada y será el Congreso el que analice”, señaló al respecto ante la prensa.

Por su parte, la Corte emitió un comunicado en el que señaló que se trató de un “encuentro institucional” en el que se conversó “sobre el proceso de reformas que se anunciara en el acto de apertura del año judicial realizado en el Máximo Tribunal en marzo último, en el cual se convocó al desarrollo de lineamientos para la transformación del Poder Judicial como política de Estado”.

“La Corte Suprema en pleno manifestó la necesidad de contar con la cooperación de los demás poderes del Estado, a fin de concretar las reformas y agilizar así los procesos judiciales y lograr una mejor tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo coincidió en participar conjuntamente en las acciones que se iniciarán en los próximos días”, remarcó el máximo tribunal.

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