Luis Carzoglio, juez de Garantías de Avellaneda

Luis Carzoglio, juez de Garantías de Avellaneda

Igual, esa celebración que hizo pública el propio Hugo Moyano sobre la decisión de Carzoglio tendrá vida corta: Infobae pudo averiguar que esta misma semana saldrá un pedido de indagatoria para Moyano hijo, acusado de liderar la presunta asociación ilícita que es la barra brava de Independiente. Y además, Scalera apelará la decisión del juez, buscando revertir la medida y aportando nuevos elementos tras la indagatoria. Porque la pelea de fondo está lejos de terminar.

Se sabía desde el sábado que el juez estaba inclinado a denegar el pedido de detención. Lo que no quedaba claro era en qué iba a fundar su resolución que finalmente llegó este martes a las cuatro de la tarde. Allí, Carzoglio, fanático de Independiente y con un hijo, Darío, que fue vocal suplente en la gestión de Cantero, determinó que las pruebas obtenidas de varias pericias, entre ellas los mensajes de WhatsApp entre Moyano y el barra Roberto Petrov, alias ‘El Polaco’, no podían ser el núcleo de la acusación porque el fiscal no había comunicado previamente estos resultados al juez para que él autorizara seguir adelante con esa parte de la causa.

Algunos dirán que se trata de garantías constitucionales inviolables, otros de pura burocracia judicial que sólo se aplica a favor de los poderosos. Lo cierto es que Carzoglio, amparándose en ese punto, dejó al borde de nulificar toda la prueba, pedido que, según confirmó Infobae, hará la defensa de Moyano pasado mañana. Y si el juez le da la razón, la causa podría caerse como un fruto maduro, sin importar cuánta sustancia tuviera en el medio.

Sebastián Scalera, fiscal general adjunto de Lomas de Zamora

Sebastián Scalera, fiscal general adjunto de Lomas de Zamora

Lo que se está discutiendo queda fuera del sentido común. Las pericias del teléfono de Petrov se hicieron con presencia de la propia defensa del barra cuando la fiscal del caso era la doctora Viviana Giorgi. Pero el resultado llegó un día después de que la Fiscalía General de Lomas de Zamora removiera a Giorgi de la investigación y le diera el caso al doctor Scalera. Y este último avanzó sin mandar los resultados al juzgado de Garantías, porque sostienen en su fiscalía que esto no sólo no es necesario sino que atrasaba otras medidas que pedían celeridad. Esos cruces de WhatsApp recuperados son de los años 2014, 2015 y 2016.

Allí, entre Moyano hijo y el Polaco Petrov hablan sobre “qué hacer con los pibes“, “cuándo se pueden buscar las cosas” y otros dichos que tomados sueltos no indican nada, pero que valorados en medio de la causa dan a entender, según la fiscalía, que Pablo Moyano estaba al tanto de todo lo que ocurría en la barra, como la entrega de entradas, micros y otros negocios que llevaban adelante Bebote Álvarez y sus secuaces, con anuencia de la dirigencia.

Pero Carzoglio marca en su resolución que esos mensajes son previos al inicio formal de la causa, en marzo de 2017. Y que por eso no deben valorarse. Otra discusión que excede el sentido común para meterse en los laberintos de Tribunales donde todo puede justificarse hacia un lado u otro según el poder del imputado o las necesidades de turno. Si hay indicio de confesión de un delito, bien podría indicarse que no importa la fecha en que se produce. Más que nada teniendo en cuenta que en los años en los que se produjeron esos audios la familia Moyano ya había tomado el control del club.

Pero lo importante es siempre valorar todo en su conjunto. Y ahí es donde radica la diferencia mayor entre el fiscal y el juez. Mientras para el primero, la declaración de Pablo Bebote Álvarez diciendo que todo lo que obtenía se lo daba Moyano fue constatada con las pericias y las pruebas reunidas (impresión de entradas, empresas por las que se viajaba, tickets de protocolo), para el juez un imputado puede mentir y no tiene, obviamente, el mismo valor que el testigo. Y no cree que las pruebas recolectadas sean contundentes para, en este estadío del caso, involucrar a Moyano como jefe de la asociación ilícita. Un determinación que ahora será revisada por la Cámara al mismo tiempo que Pablo Moyano deberá sentarse ante el fiscal, en declaración indagatoria, para intentar convencerlo de que él nada tiene que ver con esos delincuentes del tablón y que las fotos que lo muestran junto a alguno de ellos o los diálogos de WhatsApp son pura coincidencia.