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MDP : Caso Lucía Pérez: Sánchez no volvería a su cargo y disolverían fiscalía 8

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La funcionaria prorrogó su licencia psiquiátrica. Analizan cómo será la redistribución del personal, las causas en trámite y los juicios previstos.

Aunque aún resta establecer la manera en que se distribuirá el personal, las causas en trámite y los juicios pendientes –incluyendo el del crimen de la adolescente Lucía Pérez– en los próximos días se anunciaría la disolución de la Unidad de Instrucción Fiscal 8 a cargo de María Isabel Sánchez. Una vez que culmine su licencia psiquiátrica, la funcionaria podría agotar sus vacaciones pendientes para definir entonces su próximo destino.

Más allá del hermetismo en cuanto a las charlas que la Fiscalía General mantuvo con los titulares de las otras cinco fiscalías de turno, las fuentes judiciales consultadas por 0223 adelantaron que la medida se terminará de implementar los próximos días. “La licencia de Sánchez fue prorrogada y una vez que finalice tomará las vacaciones que tiene pendientes y a su regreso se definirá su destino que no será ya al frente de la UFI 8”, indicaron.

La semana anterior el fiscal general Fabián Fernández Garello mantuvo reuniones con los titulares de las otras fiscalías en turno en las que se planteó la posibilidad de disolución y reasignación de causas y personal. Si se confirman los cambios los fiscales Fernando Castro, Andrea Gómez, Alejandro Pelegrinelli, Juan Pablo Lódola y Leandro Arévalo estarán de turno cada cinco semanas y no cada seis como ocurre habitualmente.

Estos cambios vuelven a demostrar el problema de la “manta corta” que tiene el Ministerio Público Fiscal, con un marcado déficit de personal que ya fue planteado por los titulares de las fiscalías de turno y de varias de las temáticas que funcionan en el Departamento Judicial Mar del Plata.

Uno de esos ejemplos es la cobertura que deben realizar de manera aleatoria todos los fiscales temáticos de la guardia de la Fiscalía de Flagrancia durante los fines de semana. Más allá de la labor en Delitos Culposos, Delitos Económicos, Automotores, Usurpaciones o Resolución de Conflictos Tempranos, sus titulares deben cubrir las  guardias de Flagrancia varios fines de semana al año.

Si bien la decisión no fue oficializada, varios operadores judiciales le confirmaron a este medio que la propuesta de modificar el organigrama –potestad de la Fiscalía General- está encaminada hacia la disolución de la Unidad Fiscal 8.

Doce días después de la decisión de la Justicia de Garantías de confirmar la elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de Lucía Pérez, la fiscal a cargo de la investigación recibió el aval a su solicitud de licencia psiquiátrica. En ese momento no se buscó un reemplazo por el tiempo que la fiscal María Isabel Sánchez y la actividad de la fiscalía en el avance de otros expedientes estuvo a cargo de las secretarias y del personal asignado.

Foto 0223.com.ar

0223.com.ar

 

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Ocaña, contra los Moyano: “Derivan dinero de la obra social sindical a su propio patrimonio”

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La diputada de Cambiemos se refirió a las acusaciones que pesan contra el sindicalista, referidas a lavado de dinero y asociación ilícita

La diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, apuntó contra el líder de Camioneros, Hugo Moyano, y aseguró que “usa estructuras para derivar dinero de la obra social sindical” a su “patrimonio personal”.

En diálogo con Los Leuco, Ocaña se refirió a las acusaciones que pesan contra el sindicalista, referidas a lavado de dinero y asociación ilícita.

“Moyano, la casa donde vive y otra que tiene en Parque Leloir, están a nombre de dos sociedades que son proveedoras de su gremio solamente. Y ambas son usadas como estructuras por su familia para derivar dinero de la obra social de la mutual y de Independiente a su patrimonio personal”, acusó la diputada. En ese sentido, dijo que “esos tributos públicos” terminan en “mano de los sindicalistas”.

Mientras tanto, criticó que uno puede ir a la Inspección General de Justicia (IGJ) y “conseguir información de cualquier sociedad”, pero que no se puede “hacer lo mismo con cualquier obra social”.

NEXOFIN

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La furia de Rolando Hangling, tras ser despedido de Radio 10

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Tras diez años en la emisora, el conductor fue notificado por las autoridades de la emisora que no continuará al aire a partir de febrero

El conductor radial Rolando Hanglin fue despedido de Radio 10 y deslizó que la decisión de la emisora podría deberse a razones políticas, a raíz de su apoyo abierto al Gobierno de Mauricio Macri. “Estoy desilusionado”, comentó.

“El lunes me habían dicho que el rating no interesaba y el miércoles que me tenía que ir por el rating”, comentó, poniendo en duda las razones oficiales de su salida, tras 10 años en la emisora.

“Quiero hacer otro tipo de radio y no puedo. Evidentemente mis opiniones pro Macri también han molestado, me tomé la libertad de decir algunas cosas porque tenía ganas”, explicó, en diálogo con Teleshow.

También se refirió al pase de manos que hubo entre Cristóbal López, anterior dueño, e Ignacio Rosner, actual propietario. “Últimamente hubo muchos cambios en las radios en general, sobre todo en la nuestra; eso no le hace bien al oyente, que se aleja. No se pueden hacer cambios bruscos. Querían que en mi programa hiciera actualidad y a esa hora no hay actualidad. La siesta tiene que ser muy creativa, hay que buscar cosas distintas, hacer humor, creé una manera de hacer radio sin actualidad. Estuve diez años acá y 23 en Continental, siempre en los primeros puestos, siempre me ha ido muy bien, nunca estuve sin trabajar”, agregó.

Nexxofin

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Luego de 16 años, el Gobierno no renovó la ley de “emergencia económica”

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La norma había sido sancionada el 6 de  enero de 2002 y prorrogada ininterrumpidamente por el kirchnerismo. Le daba discrecionalidad al Ejecutivo por sobre el Congreso

La norma fue aprobada al inicio de la presidencia interina de Eduardo Duhalde, tras la caída de De la Rúa.

La norma fue aprobada al inicio de la presidencia interina de Eduardo Duhalde, tras la caída de De la Rúa.

Tras 16 años de “excepcionalidad transformada en regla”, el Gobierno decidió no renovar la ley de “emergencia pública y reforma del régimen cambiario”, más conocida como de “emergencia económica”.

Se trata de una norma sancionada el 6 de enero de 2002, que delegaba en el Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras. También permitía pautar retenciones a la exportación de  hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de  servicios públicos en manos de empresas privadas y hasta regular los precios de la canasta básica.

En septiembre pasado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había anticipado en una entrevista la decisión del Gobierno de no prorrogar la vigencia de la ley mencionada.

Al referirse a la renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y  el sector privado, en materia de servicios públicos y empresas concesionadas, el funcionario había asegurado: “Este año, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del  2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y  no volver a incumplirlos”.

El origen de la ley se remonta a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y a una crisis económica y social sin precedentes. Por entonces, la pobreza había aumentado del 35,4% al 49,7% de la población y la indigencia pasó del 12,2% en 2001 al 22,7% en 2002. El desempleo, según el Indec, había saltado al 40,2%. Los números actuales, en cambio, muestran una mejora en la situación social.

La vigencia de la “emergencia económica” era originalmente “por dos años”. Sin embargo, al momento de su vencimiento, el Congreso la extendía por otro período a pedido del Ejecutivo.

De esta forma, el Legislativo quedó atado a la discrecionalidad presidencial mucho más allá de lo permitido por la Constitución Nacional, cuyo artículo 76, que regula la delegación de facultades establece: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

La última prórroga de la polémica herramienta fue en los últimos meses de 2015, al cierre del gobierno de Cristina Kirchner.

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