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Néstor Otero, el empresario que le “regaló” un hotel y una casa a Jaime, quedó al borde de la detención

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El dueño de la Terminal de Ómnibus de Retiro está involucrado en el caso de los cuadernos
Néstor Otero, otro de los empresarios que desfiló por Comodoro Py
Néstor Otero, otro de los empresarios que desfiló por Comodoro Py

El juez Claudio Bonadio rechazó el viernes por la tarde el pedido de exención de prisión presentado por el empresario Néstor Otero, quien es uno de los tantos indagados en la causa que se inició a partir de la copia de los cuadernos en los que el chofer Oscar Centeno anotó detalles del sistema de delivery de coimas en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo. El empresario quedó al borde de la detención.

Otero se había negado a declarar, presentó un escrito y no reconoció haber entregado bolsos con billetes a Roberto Baratta, número dos del ministerio de Planificación que encabezó Julio De Vido durante 12 años. Otero aparece en varias ocasiones en los cuadernos que escribió Centeno: una vez entregando un bolso calculado en USD 250.000 y en otra regalando vinos y champagne a Baratta, por ejemplo.

Cuando se presentó a declarar, en su escrito dijo que el día de la entrega de bolsos con dinero estaba de viaje en Paraguay. Además explicó que para entonces-junio de 2015- el área de Transporte del gobierno kirchnerista no estaba a cargo de Planificación, sino que había pasado a la cartera de Interior que manejó Florencio Randazzo.

Otero fue un coimeador oficial de Ricardo Jaime. Eso quedó probado en un juicio en el que el ex secretario de Transporte admitió ser coimero. Jaime-preso en la cárcel de Ezeiza- confesó en un juicio haber sido coimeado por Otero. El dueño de la concesión de Retiro le pagaba el alquiler del departamento donde vivía Jaime. Es decir que el funcionario que debía controlar al empresario vivía en un departamento que le pagaba el hombre de negocios. Corrupción pura y dura.

Otero tardó apenas 37 días en comenzar a coimear a Jaime. El funcionario asumió el 28 de mayo de 2003 y el empresario pagó por primera vez el alquiler de su departamento el 4 de julio de aquel año. Es decir que desde el mismo inicio del gobierno se estableció un sistema de coimas-de formas diversas- en el área de Trasporte. No se comprobó judicialmente  la entrega de dinero en efectivo, pero los investigadores no lo descartan.

Otero fue muy generoso con Jaime. Le regaló-entre las cosas que se pudieron comprobar en los tribunales- un hotel llamado Saint Tropez en la ciudad cordobesa de Carlos Paz. El hotelero, como se ha dicho infinidad de veces, es un gran negocio si se tiene que lavar dinero proveniente de coimas, por ejemplo.

También le regaló una camioneta Kia que Jaime usó para una campaña electoral en Córdoba, donde ejercía como jefe del Frente para la Victoria.

Pero la coima/regalo más contundente fue una casa en un barrio cerrado de la zona norte del Conurbano. El cuñado de Otero compró una casa en el barrio Camino Real de San Isidro.  Esa casa fue puesta a nombre de María Filomena Pfaffen, madre de Silvia Reyss quien en la época de la recaudación desenfrenada era la pareja de Jaime.

La señora Pfaffen vivía en Río Gallegos, Santa Cruz, y la casa de fin de semana le quedaba un tanto lejos. Esa casa era la que usaba Jaime los fines de semana en los que no viajaba a Córdoba. Así lo atestiguaron los choferes de Transporte que llevaban al ex funcionario hasta Camino Real.

Pero también se probó que la casa era de Jaime cuando se produjo un allanamiento pedido por el fiscal Carlos Rívolo que investigó por enriquecimiento ilícito al ex secretario de Transporte. Había allí un gimnasio que encajaba más con el perfil de deportista que tenía Jaime que con el de su suegra de, por entonces más de 75 años. Se hallaron facturas de agua y gas a nombre de Reyss y regalos dedicados al “compañero Ricardo Jaime”. La casa era de un funcionario público que debía controlar al empresario que la mandó a comprar.

Aquella compra se realizó en abril del año 2006. En mayo de aquel año Jaime cumplió con Otero. Por el lado del Estado Jaime y por el lado de la empresa Otero firmaron un acuerdo para la extensión del contrato de la Terminal de Ómnibus de Retiro hasta el año 2015. Las condiciones en que Otero se quedó con el negocio fueron peores para el Estado. El decreto 1962 que firmaron el 28 de diciembre de 2006  –Día de los Santos Inocentes-  Néstor Kirchner, De Vido y Alberto Fernández le extendió a la empresa de Otero la concesión de la Terminal de Retiro hasta 2015. La casa en Camino Real fue el pago por aquel decreto.

El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Otero era un habitual contribuidor al sistema de recaudación de Jaime. No suena extraño que para la campaña de 2015 haya hecho una entrega extraordinaria de dinero, tal como anotó Centeno.

La información sobre las coimas de Otero a Jaime fueron reveladas en los medios en 2010 y el empresario fue procesado por el delito de dádivas. Incluso llegó a juicio en 2015-después de una interminable lista de chicanas para que prescribiera el caso- y entonces recibió una probation. Jaime confesó y pactó una condena y el empresario hizo trabajos comunitario.

Mientras todo esto se conocía, Otero-que aún está a cargo de Retiro y se presentó a la licitación para continuar con la operación económica de la Terminal-  no dejó de hacer negocios. En 2014 el gobierno de la Ciudad, a cargo de Mauricio Macri, le otorgó la posibilidad de construir la Terminal de Ómnibus del Sur, en Villa Soldati. Una excelente idea desde el punto de vista de la descentralización, para descongestionar Retiro y para facilitarles a los vecinos de los barrios del Sur de la Ciudad, accesibilidad a los micros de larga distancia.

Ese negocio, que aún no funciona, fue entregado por el macrismo-con el voto del PRO y de casi todo el FPV de la Legislatura- a Otero cuando su perfil de coimeador era público y notorio. Tal vez no se enteraron o tal vez no les interesó.

Foto portada : quedigital

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Artículo por artículo, cómo es el decreto para recuperar bienes de la corrupción

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Artículo por artículo, cómo es el decreto para recuperar bienes de la corrupc

El Presidente y todo su gabinete firmaron el DNU que fue publicado este martes en el Boletín Oficial

El gobierno nacional publicó este martes el decreto de necesidad y urgencia a través del cual puso en marcha el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

 El yate de Ricardo Jaime, emblema de los bienes recuperados asociados a la corrupción

La norma, que había sido adelantada por Infobae, fue instrumentada a partir de la modificación del artículo 1907 del Código Civil, que incluye la nueva modalidad de extinción de los derechos reales, y un anexo que define punto por punto cómo será el nuevo procedimiento que se sustanciará en el fuero civil.

En los argumentos, el Poder Ejecutivo precisó los lineamientos básicos de la medida. Aseguró que “el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley“.

Y en virtud de ello, indicó que “el Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de manera integral contra el flagelo del crimen organizado“.

El anexo crea el nuevo régimen procesal propiamente dicho. Del análisis de su articulado, se puede precisar cómo será el procedimiento a partir del cual  los jueces civiles podrán recuperar bienes vinculados a la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves que fueron detallados en el artículo 6.

Los puntos más importantes:

– Acción civil

La acción de extinción de dominio se sustanciará en el fuero civil a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial. Este tema es relevante en virtud de los debates que se habían dado el año pasado en el Congreso. 

– Creación de la Procuraduría de extinción de dominio

El decreto contempla la creación de una nueva fiscalía que tendrá facultades para realizar investigaciones de oficio y colaborar en la identificación y localización de los bienes.

Esta nueva Procuraduría deberá presentar demandas e impulsar las acciones de extinción de dominio. Tendrá la potestad de pedir informes a todas las áreas del Estado Nacional, como así también entidades públicas y privadas, que no podrán negarse bajo ninguna circunstancia.

A requerimiento de la Fiscalía, el juez estará obligado incluso a levantar el secreto fiscal, bancario, o bursátil. 

– Bienes a recuperar

Se podrán recuperar todos los bienes que el demandado haya incorporado a su patrimonio con posterioridad a la fecha de la comisión de un presunto delito y cuyo origen no puede ser justificado en virtud de sus ingresos.

Esto incluye a todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad  u otros derechos, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria.  Incluye ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de estos bienes.

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– Los delitos penales que disparan el proceso civil

El artículo 6 hace un pormenorizado de los delitos a partir de los cuales procede la acción civil de extinción de dominio. Incluye aquellos vinculados a la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas, entre otros.

La nueva fiscalía especializada podrá promover la acción siempre y cuando se haya dictado una medida cautelar sobre alguno de los bienes sospechados en el proceso penal. Además, podrán pedir otras medidas cautelares para asegurar el éxito de la acción.

– La carga probatoria

La parte demanda, es decir el sospechoso de haber cometido alguno de los delitos especificados en el régimen, tendrá la carga de la prueba para demostrar que los bienes afectados al proceso fueron incorporados a su patrimonio de forma lícita.

Este punto es trascendental porque invierte el principio general en derecho de la carga de la prueba, donde un demandado es inocente hasta que se demuestra lo contrario y quien tiene que probar el ilícito es la parte que impulsa la acción. 

– El destino de los bienes recuperados

El decreto establece que los bienes que sean recuperados quedarán bajo la órbita de la Agencia de Administración de Buenos del Estado, para su posterior subasta.

En el caso de dinero en efectivo, será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación. Y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

– Devolución de bienes

En caso de una sentencia firme de sobreseimiento dictada en sede penal, el Estado quedará obligado a restituir el bien a su antiguo poseedor. De resultar imposible, deberá entregarle un valor equivalente en dinero.

– Prescripción

La acción de extinción de dominio prescribe a los 20 años. El plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio del bien objeto de la acción. De aquí surge otra polémica porque el artículo permitirá la aplicación retroactiva de la norma, algo prohibido por los principios generales del derecho.

Anexo: régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio

República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional

2019 – Año de la Exportación

Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-02582495- -APN-DGDYD#MJ

ANEXO I

RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 1°.- Naturaleza. La acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier
derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el presente régimen. La extinción de dominio
se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no
pudiendo acumularse a ninguna pretensión.
ARTÍCULO 2°.- Competencia. Será competente para entender en las acciones previstas en el presente
régimen, la Justicia Federal con competencia en lo civil y comercial. En la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, será competente la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal.
Será competente el juez del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren ubicados sus bienes, a
elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora
podrá accionar en todas o cualquiera de ellas.
ARTÍCULO 3°.- Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional. La Procuración
General de la Nación contará con una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional,
con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización
de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente, en los
casos que así lo dispongan los fiscales intervinientes en esas investigaciones.
La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, junto con los fiscales competentes
conforme a lo establecido en el artículo 2o, deberán presentar las demandas e impulsar las acciones de
extinción de dominio previstas en el presente régimen.
El Procurador General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22, segundo párrafo, de la
Ley N° 27.148 y su modificatoria, determinará el funcionamiento de la Procuraduría de Extinción de
Dominio a favor del Estado Nacional y establecerá los criterios que orienten el inicio y selectividad de las
acciones de extinción de dominio en función de la significación económica de los bienes, el grado de
afectación al interés público y los objetivos que orientan el accionar del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional estará facultada para requerir
información a todas las áreas del Estado Nacional así como a entidades públicas y privadas, las que no
podrán negarla bajo ninguna circunstancia.
A requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el juez competente deberá levantar el secreto
fiscal, bancario, bursátil o el establecido en los artículos 22 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y 87 –
primer párrafo- de la Ley N° 27.260.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría podrá conformar equipos de investigación conjunta
con organismos locales, internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar colaboración
internacional en los términos de la normativa, los convenios y pactos vigentes.
ARTÍCULO 4°.- Partes. En la oportunidad prevista en el artículo 8° del presente régimen, el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la
tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de
dominio, se encuentre o no imputada en la investigación penal.
Deberá impulsar la citación como tercero de intervención obligada en los términos de los artículos 90 y 94
del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN y a toda otra persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la
demanda que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.
ARTÍCULO 5°.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al
patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por
no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un
incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de
los delitos enunciados en el artículo siguiente.
Quedarán abarcados:
a. Todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o
no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes
mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria;
b. La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso
anterior;
c. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes previstos en cualquiera
de los incisos anteriores.
ARTÍCULO 6°.- Procedencia. La acción de extinción de dominio procede respecto de los bienes que
presuntamente provienen de los siguientes delitos:
a) Los previstos en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 23, 24 y 29 bis de la Ley N° 23.737 y sus
modificatorias;
b) Los previstos en los artículos 866 y 867 del CÓDIGO ADUANERO, aprobado por la Ley N° 22.415 y
sus modificatorias;
c) Los delitos agravados por el artículo 41 quinquies del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
d) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146 y
170 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
e) El previsto en el artículo 174, inciso 5° del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando la

investigación impute a un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes
públicos;
f) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268
(2), 269, y 277 a 279 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
g) Los previstos en los artículos 300 bis, 303, 304 y 306 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre
que el hecho ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en este artículo;
h) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando
los delitos que se le atribuyan a la asociación sean alguno o varios de los detallados precedentemente.
ARTÍCULO 7°.- Medidas cautelares. Los fiscales intervinientes deberán informar a la Procuraduría de
Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, el inicio de todas aquellas actuaciones en las que
pudieran existir bienes que, directa o indirectamente, provengan de alguno de los delitos enumerados en el
artículo 6° del presente.
Cuando la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional tenga elementos que
permitan considerar que un bien proviene directa o indirectamente de alguno de los delitos enumerados en
el artículo 6°, podrá requerirle al fiscal interviniente que solicite el dictado de las medidas cautelares que
estime necesarias para asegurarlo a los fines de la acción de extinción de dominio y que aún no se hubieran
decretado.
ARTÍCULO 8o.- Demanda. Objeto. El dictado de medidas cautelares sobre alguno de los bienes descriptos
en el artículo 5o de este régimen en una investigación por alguno de los delitos enumerados en el artículo
6o, habilita la presentación de una demanda de extinción de dominio sobre dichos bienes, debiéndose
acompañar la documentación que así lo acredite.
La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las reglas del procedimiento previsto en el
artículo 498 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, con excepción del plazo
de contestación de demanda, que será de QUINCE (15) días.
ARTÍCULO 9o.- Excepción previa. Sólo será admisible, como excepción de previo y especial
pronunciamiento en los términos del artículo 346 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE
LA NACIÓN, la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del
demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado, cuando esa
circunstancia fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el
juez la considere en la sentencia definitiva.
ARTÍCULO 10.- Etapa probatoria. La parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los
bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con
anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los
que los hubiera adquirido.
No será de aplicación la prueba confesional.
En lo demás, los medios de prueba admisibles serán los previstos en el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Se aplicará en lo pertinente, la Sección 8° del Capítulo V, del Título II, del Libro Segundo del CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL propenderán a alcanzar acuerdos de extinción de
dominio, siempre y cuando los activos involucrados resulten adecuados para compensar el detrimento
patrimonial del Estado Nacional o el daño causado a la sociedad. Dichos acuerdos serán sometidos a la

homologación judicial, y tendrán efecto de cosa juzgada.
ARTÍCULO 11.- Sentencia de extinción de dominio. Además de los requisitos previstos en el CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, la sentencia de extinción de dominio deberá
contener:
a) Los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos
de propiedad del o los demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a su
patrimonio;
b) Si se dispusiere la extinción de dominio, la identificación precisa de los bienes o derechos afectados por
la sentencia;
c) La declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados conforme al inciso b) sin
contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y
productos, en caso de resultar aplicable;
d) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;
e) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio
constituido en forma previa a los hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a
favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su valor en dinero para su ejecución;
f) Las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios previstos por el CÓDIGO PROCESAL
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, así como el plazo para la subasta de los bienes de conformidad
con lo establecido en el último párrafo del artículo 13 del presente;
g) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificación a los registros
respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia;
h) El pronunciamiento sobre las costas, la regulación de honorarios y la compensación prevista en el
artículo 18 del presente régimen, en caso de corresponder;
i) En caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la República Argentina, deberá
identificarlos de manera precisa, con el objeto de que la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del
Estado Nacional proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución de sentencia en la
jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación aplicable.
j) En caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de dominio, deberá comunicarse al juez a
cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos de
que adopte la determinación que estime corresponder.
ARTÍCULO 12.- Cosa juzgada. La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos
involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acción judicial.
La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del
hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a
restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor
equivalente en dinero.
ARTÍCULO 13.- Destino de los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio. Durante la
tramitación del proceso de extinción de dominio, la administración y el mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo de la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado en el ámbito de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. En las mismas circunstancias, el dinero en efectivo o

depositado en cuentas bancarias a la vista será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a
fin de mitigar su depreciación, y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados
nacionales o internacionales serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona
en la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá ordenar la subasta de los bienes y,
una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y
demás costos procesales, su producido ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando exista una
asignación específica establecida en las leyes mencionadas en el artículo 6° del presente.
ARTÍCULO 14.- Disposición anticipada. El juez podrá, a pedido del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y
con intervención de la autoridad a cargo de la administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de
los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o
cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público.
El juez siempre podrá ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su
consentimiento.
Previo a resolver, el juez deberá escuchar a quienes invoquen derechos reales o personales sobre aquellos
bienes. De no presentarse los interesados, procederá sin más la venta anticipada y el producido con sus
intereses pasarán a conformar el objeto del proceso de extinción de dominio.
El juez podrá adoptar las medidas que considere adecuadas para evitar la compra simulada o fraudulenta del
bien que frustre los fines de desapoderamiento perseguidos por el presente régimen. Asimismo, el juez
podrá ordenar la destrucción de los bienes cautelados cuando:
a. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza;
b. Representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad pública;
c. Amenacen su ruina.
ARTÍCULO 15. – Fondo de garantía. El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer un fondo de garantía,
conformado por un porcentaje del producido de lo que enajene de acuerdo con el presente régimen, a los
efectos previstos en el último párrafo del artículo 12.
ARTÍCULO 16.- Prescripción. La acción de extinción de dominio prescribe a los VEINTE (20) años. El
plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien
o de los bienes objeto de la presente acción. Cuando no pudiera determinarse, deberá computarse desde la
fecha de presunta comisión del delito investigado en sede penal.
ARTÍCULO 17.- Suspensión. La suspensión del dictado de la sentencia civil prevista en el artículo 1775
del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN no resulta de aplicación en el presente régimen.
ARTÍCULO 18.- Programas de colaboración. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá desarrollar
programas de colaboración de personas que aporten información relevante para las investigaciones que
lleve adelante la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, fijando como
compensación un porcentaje que no podrá exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) de los bienes cuyo
dominio se declare extinguido como consecuencia de la información aportada por el colaborador. A tal
efecto, en cualquier instancia informará al juez a cargo del proceso, la existencia de uno o más
colaboradores, cuya identidad será preservada, con el objeto de que la sentencia incluya dicha
compensación.
ARTÍCULO 19.- Bienes cautelados. La acción de extinción de dominio procede aún en los casos en que
los bienes se encuentren cautelados o vinculados de cualquier modo a otro proceso.

ARTÍCULO 20.- Inoponibilidad. Ningún acto jurídico realizado sobre los bienes objeto de la demanda es
oponible a la acción de extinción de dominio prevista en el presente régimen, con excepción de los
realizados a favor de terceros de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso deberá procederse conforme a lo
establecido en el inciso e) del artículo 11 del presente.
ARTÍCULO 21.- Disposición transitoria. La PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en
trámite a los efectos del artículo 7° del presente, dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de su
entrada en vigencia.
ARTÍCULO 22.- Comunicación a la Comisión Bicameral Permanente. El MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL deberá dar cuenta de la aplicación del presente régimen a la COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN prevista en el artículo 6° de la Ley N°
27.148 y su modificatoria.

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Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para recuperar bienes de corruptos y narcotraficantes

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“Estoy hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y obras de arte”, aseguró el jefe de Estado al anunciar la extinción de dominio en Casa Rosada

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, informó que firmará un decreto para poner en marcha la extinción de dominio, el instituto jurídico que permite recuperar bienes vinculados a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico.

En un anuncio realizado en Casa de Gobierno, el jefe de Estado aseguró: “Estamos hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se van a poder subastar y destinar a políticas públicas que son fundamentales para los argentinos“.

Según explicó, decidieron instrumentar la medida por decreto porque el proyecto que impulsaba Cambiemos “está estancado hace años” en el Congreso.

El gobierno nacional logró imponer la iniciativa en Diputados, pero fue modificada en el Senado, de ahí la demora en la sanción de la ley a la que se refirió Macri.

Los argentinos ya esperamos demasiado y la Justicia necesita este mecanismo ya mismo“, argumentó el Presidente, quien además les solicitó a los jueces que “actúen rápido en el compromiso con la verdad y la transparencia“.

Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. El que las hace, las paga. Sí, repito: en la Argentina, el que las hace las paga“, suscribió Macri.

La semana pasada, la diputada nacional Elisa Carrió había reclamado por el tema en una entrevista con Infobae. Y este lunes minutos después del anuncio la Coalición Cívica emitió un comunicado de prensa en el que resaltó “esta herramienta fundamental” que tendrán los jueces.

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Según explicaron los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano en una conferencia improvisada en el Salón Blanco, el decreto permitirá avanzar con la extinción de dominio por la vía civil incluso cuando el o los imputados aún no hayan sido condenados en el fuero penal.

Un juez civil determinará qué bienes puede tener esa persona en virtud de sus ingresos y su actividad declarada. En este caso, se va a invertir la carga de la prueba y será independiente del proceso penal“, declaró Bullrich.

La ministra de Seguridad advirtió que durante los primeros años de gestión de Cambiemos se recuperaron cerca de 23 millones de pesos en campos, propiedades y secuestro de drogas. “Es un porcentaje mínimo”.

(Prensa Presidencia)

(Prensa Presidencia)

“Con este nuevo mecanismo tienen que tener miedo los narcotraficantes y los corruptos. Todo aquel delincuente que tuvo un proceso penal y fue condenado, cuando salga de la cárcel no va a poder tener los bienes que obtuvo con actos ilícitos”, explicó Bullrich.

La funcionaria también explicó que el proceso puede tener quince años de retroactividad y que hay millones de pesos que “podrían haber sido recuperados” con este mecanismo nuevo. Además, envió un mensaje a los legisladores que no están de acuerdo con el proyecto de Cambiemos: “No creemos que haya un solo diputado o senador que esté en contra de sacarles los bienes a aquellos que le roban a la gente”.

El ministro Garavano detalló cómo es el proceso que describe el nuevo decreto. “Se origina un proceso penal donde hay bienes secuestrados. La fiscalía avisa sobre la cantidad de bienes a una procuración que se va a crear específicamente para seguir este tema y esta evalúa el inicio de la acción civil”, sostuvo.

Infobae

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La mujer que viene a terminar con los barras: “Esta pelea va en serio”

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La nueva titular del Comité de Seguridad en el Fútbol habla del desafío de terminar con la violencia. Dice Valeria Sikorski que el punto clave es “sacarles los negocios”

 

Sikorski dice que no dudará en avanzar también contra los dirigentes que protejan a los violentos: “No me va a temblar el pulso” (Nicolás Stulberg)

“Puedo ser amable, hacerte ojitos, pero soy de hierro”, anuncia Valeria Sikorski, ojos celestes, 41 años, que no da con el physique du rol de la mujer que puede meter tras las rejas a todos los barras de la Ciudad. Pero las apariencias, dicen, engañan: es la funcionaria elegida por el gobierno porteño para terminar con el flagelo de la violencia en el fútbol. Nombrada en el cargo el martes pasado, su debut será mañana en River-Defensa y Justicia. Y tendrá otra prueba de fuego el domingo, cuando deba lidiar con el clásico entre San Lorenzo y Huracán. La nueva titular del Comité de Seguridad en el Fútbol sonríe cuando se le comenta sobre ese prejuicio futbolero y afirma: “Diego Santilli (por el vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad) me convocó para enfrentar a los barras y atacar sus fuentes de financiamiento. Y eso precisamente es lo que voy a hacer: no tengo miedo y mucho menos me va a temblar el pulso a la hora de actuar contra quienes impiden que el fútbol sea un espectáculo para toda la familia”.

La oficina de Sikorski, en el primer piso del edificio del Ministerio de Seguridad en el barrio de La Boca, es bastante austera. Libre de cuadros y portarretratos, sobresalen en el escritorio cinco aparatos: tres celulares, un Handy para modular con la frecuencia policial y otro intercomunicador. “Vivo las 24 horas con estos cinco dispositivos”, confiesa. Sabe que se convirtió en la primera funcionaria argentina en un máximo cargo estatal de lucha directa contra la violencia en el fútbol. Y tiene un pasado que, como mínimo, llama la atención para llenar todos los casilleros que requiere el puesto. Abogada recibida en la UBA, se especializó en derecho administrativo y hasta 2014 trabajó en esa área, cuando fue convocada por el Gobierno de la Ciudad para dirigir la sección legal del área custodia de bienes, que se encarga de cuidar los edificios estatales. Y en 2016 asumió como jefa de gabinete de la Subsecretaría de Seguridad, convocada por Juan Pablo Sassano, y desde allí auditó operativos masivos. Pero la falta de especialización en estudios sobre violencia en el fútbol no la intimida.

“La teoría aporta, pero yo me hice en la práctica. Vengo de una familia futbolera aunque a mí este deporte mucho no me atrape: salvo Mundiales es difícil que vea un partido. De hecho por mi trabajo hace dos años que voy a la cancha y ni miro cómo sale el encuentro, sino que me preocupo porque nada malo ocurra. Sé que por el hecho de ser mujer tengo que vencer más barreras a la hora de dar órdenes y más en el mundo del fútbol. Pero tengo claro el objetivo. En este último tiempo me hice cargo de lo que sucede fuera del anillo de seguridad en los estadios los días de partido, como perseguir a los trapitos y las distintas contravenciones. Sé del tema y estoy preparada para afrontar el reto”.

Alguien podría chicanearla como en algún momento hizo Scioli con Macri, en el debate presidencial previo a la elección de 2015, con la frase “si no pudiste con los trapitos, mirá si vas a poder con los barras”, pero Sikorski, rápida de reflejos, contraataca: “Estoy sacando toda una nueva normativa la próxima semana sobre este tema que ataca no sólo a los trapitos sino también tipificará como delito la connivencia de los policías con estos. No es que hasta ahora no pude, sino que se necesitaba apoyo de todas las áreas. Ahora estará la ley y ya tengo el compromiso de la Justicia para actuar in fraganti. Además, voy a trabajar en conjunto con Nación y Provincia, y lo primero que hicimos fue coordinar el ingreso de cientos de barras al programa Tribuna Segura. Voy a controlar personalmente para que ninguno pueda entrar a los estadios. Esta pelea va en serio. Y no sólo contra los violentos sino también contra quienes les dan de comer: voy a accionar contra todo dirigente que no se alinee con esta política y tenga connivencia”.

Pero quizá, el desafío más importante que enfrenta es atacar el corazón financiero de la barra. “Ese es mi objetivo. Para acabar con ellos, tenés que sacarles el negocio. Por eso mi norte es terminar con los puestos de comida ilegal en las calles, el merchandising trucho, la reventa de entradas. Ya pedí que espacio público revoque todos los permisos de venta que entregaron. El entorno va a estar limpio de los negocios que permiten hacer dinero a los barras. Y predico con el ejemplo: junto a la fiscal Celsa Ramírez hicimos un procedimiento en los alrededores de la Bombonera donde decomisamos entre dinero y mercadería una suma cercana a los 15 millones de pesos. Yo hablo con los hechos”, afirma tajante.

-¿No tiene temor qué ese accionar la ponga en la mira de los barras?

-No. No me dan miedo. Es más, no me fijo si el que delinque es barra o cualquiera. Acá lo importante es crear un entorno seguro para el espectáculo futbolístico. Y estoy feliz que hayan recurrido a mí para esta función.

-Supongo que como todo el mundo tiene amigas.

-Sí, claro.

-¿La felicitaron o se compadecieron por el nuevo cargo?

-Hubo de todo. Pero ellas, que me conocen, saben algo importante: yo no soy Heidi.

-Ahora deberá hacérselo entender a los barras.

-Ese no es mi problema. Aquel que se ordene y quiera participar de la fiesta del fútbol, bienvenido sea. El que no entienda que los tiempos cambiaron, conmigo la va a pasar mal. Eso se lo aseguro.

Infobae

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