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Politica

Pablo Moyano amenazó con otro paro de 48 horas y lanzó: “La relación con el Gobierno no tiene retorno”

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En medio de una huelga del sector por 24 horas, el gremialista Pablo Moyano advirtió que si el Gobierno no escucha sus reclamos la semana que viene harán una nueva protesta, esta vez durante dos días.

Queremos que le den libertad a los empresarios para presentar una cifra más elevada en la mesa de negociaciones. Si no lo hacen, lamentablemente ya estamos previendo un paro de 48 horas“, aseguró el hijo del secretario general de la Federación de Camioneros en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

La protesta de Camioneros, un gremio con poder paralizante, se enmarca en medio de las negociaciones salariales del sector. Los trabajadores exigen un aumento de 27%, mientras que la cámara empresaria pretende firmar un convenio en torno a la pauta oficial de 15 por ciento.

Al ser consultado por la relación entre su sector y la administración pública nacional, Pablo Moyano contestó: “No hay retorno a estos ataques a los intereses de los trabajadores; un barrendero paga Ganancias y ellos les sacan retenciones a las mineras“.

Camioneros inició esta madrugada una medida de fuerza que en principio no incluye cortes de ruta ni interrupción de los servicios públicos. Esta mañana, funcionaban colectivos, trenes y subtes, cuyos metrodelegados anunciaron una protesta a partir de las 20.

Infobae

Politica

Presentan el anteproyecto de reforma del Código Pena

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Lo hará Macri junto al ministro de Justicia, Germán Garavano. Redactado por una comisión de expertos, endurece las penas por delitos de corrupción y también por accidentes de tránsito e introduce figuras como la del “arrepentido”.

Luego de una cuidadosa redacción por parte de una comisión de expertos, el presidente Mauricio Macri presentará este jueves el anteproyecto de reforma del Código Penal, que endurece las penas por delitos de corrupción, también por accidentes de tránsito, introduce modificaciones en delitos informáticos y figuras como la del “arrepentido” para casos de corrupción o asociación ilícita, decomiso de bienes de delitos, entre otras enmiendas, que será enviado al Congreso para su debate.

El jefe de estado estará acompañado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien coordinó al equipo de especialistas convocado por el decreto 103 del año pasado, para el acto que encabezará en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Una de las novedades es que el proyecto promueve la ampliación de la jurisdicción de la justicia argentina para investigar los delitos de corrupción, en tanto se introduce el principio de nacionalidad activa y pasiva, de conformidad con las recomendaciones realizadas por el OCDE (organismo al que Argentina pretende ingresar).

De esta manera, la justicia argentina podrá intervenir en casos de corrupción ocurrida en otros países, como por ejemplo en Brasil -el escándalo Odebrecht surgió allí, por caso-, cuando algún argentino haya participado de la comisión de esos delitos.

Desde el inicio de la gestión de Cambiemos, una de las banderas que enarboló fue la transparencia. Pese a que el proyecto de extinción de dominio está empantanado en el Senado, con una extraña pasividad del bloque del PRO, la citada reforma plantea el recupero por parte del estado de bienes sustraídos “desde el inicio de la causa penal”.

Con respecto al recupero de los bienes sustraídos del Estado como consecuencia de los actos de corrupción, la Comisión “propone ampliar los supuestos en los que procede el decomiso, abarcando todos los bienes productos del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar”.

Además, se agrega la posibilidad de decomisar los bienes de manera definitiva -antes de la condena penal- cuando se investigue la comisión de delitos de corrupción, siempre que se den determinados requisitos procesales.

Para los delitos de corrupción, el anteproyecto prevé un incremento en las escalas penales, en particular para las coimas. Se busca fomentar la imposición de penas de cumplimiento efectivo “que reflejen la magnitud real del daño social que genera la corrupción, estableciendo escalas penales con de 4 a 12 años de prisión”.

Por ejemplo, se propone la modificación del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de que abarque la totalidad del período relevante en el que puede ocurrir el aumento patrimonial no justificado del funcionario y se amplía a 6 años luego de haber cesado en el cargo (ahora es 2).

En medio de la puja del oficialismo con el sindicalismo, surge otra llamativa enmienda: se amplían los sujetos que pueden cometer este delito, incluyéndose todos los obligados por ley a presentar declaración jurada patrimonial, como por ejemplo los dirigentes de obras sociales.

También se agrava la figura de “lavado de activos” en caso que se vincule a un funcionario público. Además, se contempla la figura del colaborador eficaz o “arrepentido” para los delitos de soborno trasnacional, asociación ilícita, y delitos de corrupción. Así se prevé la reducción de pena para la persona que “brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”.

Se analiza la posibilidad de limitar los beneficios al régimen de cumplimiento de pena actualmente previstos en el sistema penal para las personas, como la libertad condicional.

Por otra parte, el proyecto aumenta la pena de los siniestros viales; se decide mantener la culpa temeraria, categoría ya prevista por una ley reciente.

En pleno siglo XXI el anteproyecto trata temas como la pornografía infantil, el fraude informático, el daño informático con acceso ilegítimo, la suplantación de identidad, el daño a una infraestructura crítica (los poderes del Estado y los centros de salud), el grooming (acoso virtual) y la porno venganza con la difusión de videos íntimos.

También se estudia la posibilidad de crear un nuevo apartado referido a los delitos perpetrados por los barrabravas del fútbol. “Se prevé la creación de un tipo especial de asociación ilícita en su ámbito con penas de prisión, castigando además su financiamiento. Así también, se piensa en tipos penales que reemplacen a actuales infracciones como el ingreso y guarda de pirotecnia. Y agravantes específicas para delitos como el homicidio, homicidio culposo, el hurto, el robo, las lesiones”, plantea la iniciativa.

– Por Emiliano Russo

Diario Popular

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Politica

Así votó cada diputado el proyecto sobre el aborto

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En una de las votaciones más disputadas en la historia legislativa del país, el empate técnico se mantuvo casi hasta el final. No obstante, el resultado final arrojó el número de 129 legisladores a favor del proyecto, 125 en contra y 1 abstención. Así votaron todos.

Después de una reñida madrugada en la que los índices fueron cambiando voto a voto, finalmente se conoció que el resultado fue 129 a 125 a favor de la legislación. Al término de la sesión se revelaron quienes fueron los legisladores que emitieron su opinión de manera negativa y afirmativa.

En el resumen final hubo una sola abstención María Alejandra Vigo, del bloque Córdoba Federal.

ASÍ VOTARON TODOS LOS DIPUTADOS

Diario Popular

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Politica

Mariano Martínez Rojas pidió ingresar al Programa de Protección de Testigos e Imputados

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Le dijo al juez que lo investiga que declarará bajo esa condición. Llegó hoy al país tras ser extraditado desde Estados Unidos.

El empresario Mariano Martínez Rojas se negó hoy a declarar y pidió hacerlo como arrepentido dentro del programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación en la causa por el uso de empresas fantasmas para sacar dólares del país.

Martínez Rojas llegó esta mañana a la Argentina extraditado de los EEUU. Escoltado por la policía, fue trasladado del aeropuerto de Ezeiza a los tribunales de la avenida De los Inmigrantes, en el barrio de Retiro, para ser indagado por el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich, a cargo de la causa. Estuvieron el magistrado, el fiscal Claudio Navas Rial y el abogado defensor, Daniel Mercado, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Rojas escuchó los cargos y se negó a declarar. Dijo que iba a hacerlo cuando ingrese al programa de protección. También señaló que recibió amenazas para él y su familia pero no dio detalles.

Ahora la Fiscalía deberá dictaminar si acepta el ingreso al Programa. Luego será el Ministerio de Justicia quien haga el análisis de la situación y de la respuesta final.

Martínez Rojas quedará detenido en la alcaldía de Investigaciones de la calle Cavia de esta ciudad. Es en el mismo lugar donde estuvo presa la fallecida ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray.

El empresario está acusado de los delitos de lavado de dinero, falsificación de documento publico y asociación ilícita. En la causa se investiga a 56 empresas fantasmas que utilizaban las ex DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) para hacerse de dólares durante la época del cepo cambiario y sacarlos del país.

Martínez Rojas está acusado, junto con al menos otras cuatro personas, algunas de ellas vinculadas a bancos, de sacar del país cerca de 200 millones de pesos a cuentas en el extranjero a través del uso de las DJAI.

El juez Meirovich pidió en agosto del año pasado la detención de Martínez Rojas tras la declaración de otro acusado: Hwang Sung Ku, conocido como “Mister Korea”, quien involucró a Martínez Rojas con el contrabando y lavado de dinero con las ex DJAI y el envío de dinero al exterior.

El empresario se encontraba en los Estados Unidos y fue detenido el 26 de enero en Miami cuando oficiales del Homeland Security Investigations (HSI) lo capturaron debido a que su visa de turista había vencido a fines de diciembre pasado. Hace dos semanas la justicia de ese país ordenó su extradición a la Argentina.

Fue acusado en Estados Unidos de cometer infracciones a las leyes migratorias, ya que sus papeles como turista tenían vigencia hasta fines de 2017, cuando se cumplieron los 90 días de su llegada a la ciudad del estado de Florida.

No es la única causa penal que tiene Rojas. El martes será indagado por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky en la causa de la mafia de los contenedores en la que está detenido el cuñado de Julio De Vido, Claudio “el Mono” Minnicelli.
En otro expediente, el juez criminal y correccional Gabriel Nardiello lo procesó por la falsificación de una firma en el balance de su empresa “ICHI SRL”. Aunque Martínez Rojas no falsificó la firma, para la Justicia sabía de esa irregularidad.
Y tiene una condena por la apropiación de la pintura Cuadrícula en negro y naranja de Clorindo Testa, valuada en USD 10 mil, que le había pedido prestada a un amigo en 2013 y que intentó vender en 80 mil.
Infobae
Foto Clarin

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