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Patricia Bullrich a Camioneros: “No vamos a permitir una Argentina bloqueada”

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Patricia Bullrich aseguró este jueves que el Gobierno Nacional “no va a permitir una Argentina bloqueada”, luego de que Hugo Moyano anunciara el miércoles un posible paro y movilización de Camioneros para la semana próxima.

“Esta idea de que quieren hacer algo a la brasilera es extorsiva”, dijo la ministra de Seguridad en referencia a los bloqueos que realizaron los camioneros en el país vecino la semana pasada.

“Si intentan bloquear, por supuesto que no vamos a permitir de ninguna manera que la Argentina sea bloqueada, que la gente sufra, que alguien en algún hospital no pueda tener un insumo, o que se genere una situación grave porque a un sindicato se le ocurra”, definió la funcionaria.

Bullrich analizó, en declaraciones a radio La Red, que “no siempre las soluciones son rápidas y fáciles” pero que si se deben liberar los accesos, las autoridades lo van a hacer. “No tenga la menor duda”, completó.

En tanto, deseó que los accesos no sean cortados y que los gremialistas “discutan en el marco de una Argentina racional”.

“Nosotros lo de ayer -en referencia al anuncio de Moyano- lo vivimos como un método que creemos que es absolutamente extorsivo y no se puede permitir, y allí actuamos con la Ciudad de Buenos Aires y con la Provincia de Buenos Aires”, afirmó.

En este sentido, remarcó que las fuerzas de seguridad “actúan en todos los piquetes camioneros, llevamos grúas y logramos (los últimos días) que todos puedan circular”.

“El Estado tiene que compatibilizar y regular los derechos, y creo que esto se va logrando” con el fin de que “la sociedad sienta que hay un Gobierno que está para ordenar y permitir que los derechos convivan”, indicó.

DIARIO POPULAR

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Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para recuperar bienes de corruptos y narcotraficantes

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“Estoy hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y obras de arte”, aseguró el jefe de Estado al anunciar la extinción de dominio en Casa Rosada

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, informó que firmará un decreto para poner en marcha la extinción de dominio, el instituto jurídico que permite recuperar bienes vinculados a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico.

En un anuncio realizado en Casa de Gobierno, el jefe de Estado aseguró: “Estamos hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se van a poder subastar y destinar a políticas públicas que son fundamentales para los argentinos“.

Según explicó, decidieron instrumentar la medida por decreto porque el proyecto que impulsaba Cambiemos “está estancado hace años” en el Congreso.

El gobierno nacional logró imponer la iniciativa en Diputados, pero fue modificada en el Senado, de ahí la demora en la sanción de la ley a la que se refirió Macri.

Los argentinos ya esperamos demasiado y la Justicia necesita este mecanismo ya mismo“, argumentó el Presidente, quien además les solicitó a los jueces que “actúen rápido en el compromiso con la verdad y la transparencia“.

Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. El que las hace, las paga. Sí, repito: en la Argentina, el que las hace las paga“, suscribió Macri.

La semana pasada, la diputada nacional Elisa Carrió había reclamado por el tema en una entrevista con Infobae. Y este lunes minutos después del anuncio la Coalición Cívica emitió un comunicado de prensa en el que resaltó “esta herramienta fundamental” que tendrán los jueces.

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Según explicaron los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano en una conferencia improvisada en el Salón Blanco, el decreto permitirá avanzar con la extinción de dominio por la vía civil incluso cuando el o los imputados aún no hayan sido condenados en el fuero penal.

Un juez civil determinará qué bienes puede tener esa persona en virtud de sus ingresos y su actividad declarada. En este caso, se va a invertir la carga de la prueba y será independiente del proceso penal“, declaró Bullrich.

La ministra de Seguridad advirtió que durante los primeros años de gestión de Cambiemos se recuperaron cerca de 23 millones de pesos en campos, propiedades y secuestro de drogas. “Es un porcentaje mínimo”.

(Prensa Presidencia)

(Prensa Presidencia)

“Con este nuevo mecanismo tienen que tener miedo los narcotraficantes y los corruptos. Todo aquel delincuente que tuvo un proceso penal y fue condenado, cuando salga de la cárcel no va a poder tener los bienes que obtuvo con actos ilícitos”, explicó Bullrich.

La funcionaria también explicó que el proceso puede tener quince años de retroactividad y que hay millones de pesos que “podrían haber sido recuperados” con este mecanismo nuevo. Además, envió un mensaje a los legisladores que no están de acuerdo con el proyecto de Cambiemos: “No creemos que haya un solo diputado o senador que esté en contra de sacarles los bienes a aquellos que le roban a la gente”.

El ministro Garavano detalló cómo es el proceso que describe el nuevo decreto. “Se origina un proceso penal donde hay bienes secuestrados. La fiscalía avisa sobre la cantidad de bienes a una procuración que se va a crear específicamente para seguir este tema y esta evalúa el inicio de la acción civil”, sostuvo.

Infobae

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La mujer que viene a terminar con los barras: “Esta pelea va en serio”

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La nueva titular del Comité de Seguridad en el Fútbol habla del desafío de terminar con la violencia. Dice Valeria Sikorski que el punto clave es “sacarles los negocios”

 

Sikorski dice que no dudará en avanzar también contra los dirigentes que protejan a los violentos: “No me va a temblar el pulso” (Nicolás Stulberg)

“Puedo ser amable, hacerte ojitos, pero soy de hierro”, anuncia Valeria Sikorski, ojos celestes, 41 años, que no da con el physique du rol de la mujer que puede meter tras las rejas a todos los barras de la Ciudad. Pero las apariencias, dicen, engañan: es la funcionaria elegida por el gobierno porteño para terminar con el flagelo de la violencia en el fútbol. Nombrada en el cargo el martes pasado, su debut será mañana en River-Defensa y Justicia. Y tendrá otra prueba de fuego el domingo, cuando deba lidiar con el clásico entre San Lorenzo y Huracán. La nueva titular del Comité de Seguridad en el Fútbol sonríe cuando se le comenta sobre ese prejuicio futbolero y afirma: “Diego Santilli (por el vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad) me convocó para enfrentar a los barras y atacar sus fuentes de financiamiento. Y eso precisamente es lo que voy a hacer: no tengo miedo y mucho menos me va a temblar el pulso a la hora de actuar contra quienes impiden que el fútbol sea un espectáculo para toda la familia”.

La oficina de Sikorski, en el primer piso del edificio del Ministerio de Seguridad en el barrio de La Boca, es bastante austera. Libre de cuadros y portarretratos, sobresalen en el escritorio cinco aparatos: tres celulares, un Handy para modular con la frecuencia policial y otro intercomunicador. “Vivo las 24 horas con estos cinco dispositivos”, confiesa. Sabe que se convirtió en la primera funcionaria argentina en un máximo cargo estatal de lucha directa contra la violencia en el fútbol. Y tiene un pasado que, como mínimo, llama la atención para llenar todos los casilleros que requiere el puesto. Abogada recibida en la UBA, se especializó en derecho administrativo y hasta 2014 trabajó en esa área, cuando fue convocada por el Gobierno de la Ciudad para dirigir la sección legal del área custodia de bienes, que se encarga de cuidar los edificios estatales. Y en 2016 asumió como jefa de gabinete de la Subsecretaría de Seguridad, convocada por Juan Pablo Sassano, y desde allí auditó operativos masivos. Pero la falta de especialización en estudios sobre violencia en el fútbol no la intimida.

“La teoría aporta, pero yo me hice en la práctica. Vengo de una familia futbolera aunque a mí este deporte mucho no me atrape: salvo Mundiales es difícil que vea un partido. De hecho por mi trabajo hace dos años que voy a la cancha y ni miro cómo sale el encuentro, sino que me preocupo porque nada malo ocurra. Sé que por el hecho de ser mujer tengo que vencer más barreras a la hora de dar órdenes y más en el mundo del fútbol. Pero tengo claro el objetivo. En este último tiempo me hice cargo de lo que sucede fuera del anillo de seguridad en los estadios los días de partido, como perseguir a los trapitos y las distintas contravenciones. Sé del tema y estoy preparada para afrontar el reto”.

Alguien podría chicanearla como en algún momento hizo Scioli con Macri, en el debate presidencial previo a la elección de 2015, con la frase “si no pudiste con los trapitos, mirá si vas a poder con los barras”, pero Sikorski, rápida de reflejos, contraataca: “Estoy sacando toda una nueva normativa la próxima semana sobre este tema que ataca no sólo a los trapitos sino también tipificará como delito la connivencia de los policías con estos. No es que hasta ahora no pude, sino que se necesitaba apoyo de todas las áreas. Ahora estará la ley y ya tengo el compromiso de la Justicia para actuar in fraganti. Además, voy a trabajar en conjunto con Nación y Provincia, y lo primero que hicimos fue coordinar el ingreso de cientos de barras al programa Tribuna Segura. Voy a controlar personalmente para que ninguno pueda entrar a los estadios. Esta pelea va en serio. Y no sólo contra los violentos sino también contra quienes les dan de comer: voy a accionar contra todo dirigente que no se alinee con esta política y tenga connivencia”.

Pero quizá, el desafío más importante que enfrenta es atacar el corazón financiero de la barra. “Ese es mi objetivo. Para acabar con ellos, tenés que sacarles el negocio. Por eso mi norte es terminar con los puestos de comida ilegal en las calles, el merchandising trucho, la reventa de entradas. Ya pedí que espacio público revoque todos los permisos de venta que entregaron. El entorno va a estar limpio de los negocios que permiten hacer dinero a los barras. Y predico con el ejemplo: junto a la fiscal Celsa Ramírez hicimos un procedimiento en los alrededores de la Bombonera donde decomisamos entre dinero y mercadería una suma cercana a los 15 millones de pesos. Yo hablo con los hechos”, afirma tajante.

-¿No tiene temor qué ese accionar la ponga en la mira de los barras?

-No. No me dan miedo. Es más, no me fijo si el que delinque es barra o cualquiera. Acá lo importante es crear un entorno seguro para el espectáculo futbolístico. Y estoy feliz que hayan recurrido a mí para esta función.

-Supongo que como todo el mundo tiene amigas.

-Sí, claro.

-¿La felicitaron o se compadecieron por el nuevo cargo?

-Hubo de todo. Pero ellas, que me conocen, saben algo importante: yo no soy Heidi.

-Ahora deberá hacérselo entender a los barras.

-Ese no es mi problema. Aquel que se ordene y quiera participar de la fiesta del fútbol, bienvenido sea. El que no entienda que los tiempos cambiaron, conmigo la va a pasar mal. Eso se lo aseguro.

Infobae

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Catorce intendentes del Conurbano se niegan a entregar su declaración jurada

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Infobae requirió la información a los 33 jefes comunales. Son los únicos que no están obligados a hacerla pública en toda la Provincia. Las excusas recurrentes y las más insólita

“La información está en poder de la AFIP”. “No la hacemos pública porque hay datos sensibles”. “La estamos subiendo a la web”. “Adherimos a la ley 15.000 pero estamos esperando la aprobación del Concejo Deliberante”. “Ya la mandamos al Tribunal de Cuentas” (desde este organismo informaron que no reciben esa información). “Está en la Oficina de Transparencia”, donde nadie atiende o es imposible comunicarse. “Pone en riesgo la seguridad y la intimidad de los funcionarios municipales”. “La información la tiene el contador”. “Hay que venir a buscarla personalmente a la Municipalidad”. O directamente un “no”.

El ingenio popular se aplica como nunca a la hora de poner excusas. Un total de 14 de los 33 intendentes del Conurbano se negaron a entregar su declaración jurada de bienes ante una iniciativa de Infobae para relevar y hacer pública esa información. La resistencia alcanza a todos los sectores políticos. Once de ellos están alineados con el kirchnerismo, dos son de Cambiemos y uno del Frente Renovador.

Durante tres meses, este medio se comunicó con voceros, jefes de prensa, secretarios, funcionarios municipales y hasta con los propios intendentes para conocer su patrimonio. Sorpresa, resistencia, justificaciones diversas y hasta enojo fueron las respuestas más habituales.

Fuera de la ley

Los intendentes fueron excluidos de la ley 15.000, sancionada en diciembre del 2017, que obligó a todos los funcionarios de la provincia de Buenos Aires a presentar su declaración jurada. Se trata de un universo de casi 26.000 personas. Incluye a la gobernadora María Eugenia Vidal, funcionarios del Ejecutivo provincial, comisarios de la Policía Bonaerense, jefes del Servicio Penitenciario y legisladores, que se sumaron este año. “Si bien fue una iniciativa de Vidal, es una ley que votó toda la dirigencia política, entendiendo el cambio de época a partir del triunfo de Cambiemos“, sostuvo Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.

Las declaraciones tienen una parte pública, que se puede descargar del sitio web del Ministerio de Justicia bonaerense, y otra privada, con datos sensibles, como los números de las cuentas bancarias o las patentes de los autos. “Solo el escribano general del Gobierno tiene un token (una clave de seguridad) para acceder a la parte privada ante un requerimiento judicial, y las áreas de asuntos internos de la Policía y del Servicio Penitenciario“, explicó Luis María Ferella, titular de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) de la provincia de Buenos Aires.

Por esa misma ley, este año también deberán declarar sus bienes todos los candidatos bonaerenses para los cargos de gobernador y vice, diputados y senadores provinciales.

Privilegio con aval político

Del otro lado, los 135 jefes comunales de la Provincia nunca estuvieron obligados a mostrar sus bienes y, hasta el día de hoy, están eximidos de hacer público su patrimonio. En el medio, pasaron gobernadores de todos los signos políticos. Ninguno avanzó contra ese privilegio.

El gobierno de Vidal amagó con incluirlos en la ley 15.000, aunque terminó cediendo frente a las presiones y las quejas. “Cuando se envió el paquete de leyes sobre transparencia, los intendentes estaban originalmente incluidos en la obligación de presentar la declaración jurada, pero comenzaron a reclamar que era una injerencia en la autonomía municipal“, admitió una espada del oficialismo en la Legislatura provincial.

Luego de tres meses de reclamar información que debería ser pública, este medio se topó con la negativa de 14 jefes comunales. “Son muchos años en el poder y nunca les habían pedido un solo papel“, admitió el vocero de uno de ellos frente a los sucesivos pedidos de Infobae.

Entre los que se negaron hay referentes del Frente Para la Victoria (FPV), como Verónica Magario y Martín Insaurralde, que encabezó la lista de Cristina Kirchner en las legislativas de 2013. También aparecen barones del Conurbano como Mario Ishi o Alberto Descalzo, y hasta dos jefes comunales del mismo color político que el Gobierno nacional, como Darío Kubar y Mauricio Gómez.

A partir de la negativa de estos 14 intendentes, Infobae comenzó a investigar su patrimonio en base a registros oficiales. Los resultados se conocerán en los próximos días.

Jorge Ferraresi – Avellaneda

Jorge Ferraresi - Intendentes Declaraciones Juradas

El primer pedido para acceder a la declaración jurada del intendente Jorge Ferraresi (FPV) fue a través de la oficina de prensa de Avellaneda, donde prometieron averiguar. Nunca devolvieron los llamados. Tras algunos intentos fallidos, la respuesta oficial fue que el Municipio no adhirió a la ley 15.000 porque tiene su propia reglamentación, y que la declaración estaba presentada ante la “Oficina de Transparencia” a cargo Geraldine García. Parecía una buena noticia, pero terminó siendo todo lo contrario.

Jorge Ferraresi con Geraldine García, nombrada al frente de la Oficina de Transparencia.

Jorge Ferraresi con Geraldine García, nombrada al frente de la Oficina de Transparencia.

En esa Oficina derivaron la consulta nuevamente al área de Prensa. Tampoco respondieron los pedidos vía mail, pese a que el organismo ya tiene una página web y hasta abrieron una oficina para hacer denuncias relacionadas con funcionarios o personal municipal.

Juan Patricio Mussi – Berazategui

Los voceros del intendente de Berazategui Juan Patricio Mussi (FPV) se mostraron desde un comienzo reacios a colaborar. La jefa de prensa del Municipio dijo que “iba a averiguar”, pero nunca devolvió los llamados. Ante la reiteración de la consulta, argumentó que tenía que hablar con el contador, una de las respuestas dilatorias más comunes recogidas por Infobae. A partir de ese momento, nunca más contestó los mensajes de los integrantes del equipo de investigación.

El patrimonio de Mussi, quien sucedió a su padre Juan José Mussi en el Municipio en 2011 y fue reelegido hace tres años, está siendo investigando por la Justicia a partir de un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que detectó irregularidades con los fondos públicos del programa social Argentina Trabaja.

La causa abierta por malversación de caudales públicos y supuesto enriquecimiento ilícito la lleva adelante el juez federal de Quilmes Luis Armella. El magistrado sigue sumando medidas de prueba, como la apertura de documentación patrimonial, aunque todavía no hizo un llamado a indagatoria. En 2016, Armella allanó un estudio contable, donde encontró una serie de facturas sospechosas con las cuales el intendente de Berazategui facturó servicios como abogado a su estudio y otras empresas, como Transportes Dadi.

Mario Secco – Ensenada 

El intendente de Ensenada Mario Secco tampoco accedió a entregar información sobre su patrimonio. Ante los llamados de este medio, desde la oficina de prensa respondieron que el intendente “sólo presenta su declaración jurada ante la AFIP“. Hace dos semanas, ante un nuevo pedido para completar el informe, la respuesta fue la misma.

Secco es intendente desde 2003. En 2015 logró su tercera reelección con más del 55% de los votos por el FPV. Antes de acceder a ese cargo, fue secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada durante tres períodos consecutivos, desde 1994.

En diciembre del 2017, protagonizó un escándalo cuando ingresó por la fuerza a la Legislatura provincial junto a un grupo de manifestantes kirchneristas. Buscaban frenar la sesión en la que se estaba discutiendo un paquetes de leyes enviado por Vidal, entre las que estaba la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los legisladores.

Por ese hecho, Secco fue denunciado por el presidente de la Legislatura, Manuel Mosca. En febrero del 2018 fue citado a indagatoria por la fiscal Ana Medina por los delitos de coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa.

Darío Kubar – General Rodríguez

El intendente de General Rodríguez, Darío Kubar, electo en 2015 por Cambiemos, fue uno de los primeros en recibir el pedido de Infobae hace tres meses. Ante la primera consulta, la respuesta de su vocera fue que estaba “reclamando la información”.

El mismo argumento se repitió una y otra vez. La respuesta al último requerimiento, en diciembre, fue nuevamente infructuosa. Esta vez, desde la oficina de Prensa argumentaron que “estaban ocupados atendiendo a las personas afectadas por las inundaciones de la última tormenta“.

Alberto Descalzo – Ituzaingó 

En el caso de Alberto Descalzo (FPV), que gobierna Ituzaingó desde hace 23 años, en un comienzo hubo disposición a colaborar. “Me la mandan hoy”, dijo la subsecretaria de Imagen y Comunicación del Municipio, Valeria Susperreguy. Ante la reiteración del pedido, dejó de responder los mensajes. Ya en diciembre, contestó: “Transmito el mensaje, pero no me respondieron todavía”.

La negativa de Descalzo a hacer público su patrimonio contrasta con la imagen que busca mostrar desde la web del Municipio, donde hay una solapa llamada “Transparencia”, en la que está disponible on line información sobre la ejecución presupuestaria o incluso la escala salarial de los empleados del Municipio, incluido el del intendente.

Mario Ishii – José C. Paz

El primer requerimiento para acceder a la declaración jurada del pintoresco caudillo justicialista de José C.Paz, Mario Ishii, fue a través de José Pérez, secretario de Gobierno, quien derivó la consulta a la Secretaría Privada de la Municipalidad. Allí, una secretaria informó que la declaración jurada del intendente “estaba en Hacienda”, y que por lo tanto era necesario hablar con el contador a cargo del área. Sin embargo, fue imposible encontrarlo disponible. Finalmente, desde la misma secretaría privada informaron que “no podían” facilitar la declaración jurada del intendente a los medios porque “no hay una ley que los obligue”.

Uno de los principales aliados de Néstor y Cristina Kirchner durante sus presidencias, “El Japonés”, fue reelecto en 2015 y va por su cuarto mandato al frente de José C. Paz. Como el resto de los barones del Conurbano, nunca presentó públicamente su declaración jurada.

En 2010, cuando Clarín lo consultó sobre la expansión de sus negocios rurales en Corrientes, lo confirmó aunque se quejó porque la prensa “lo perseguía”. “Tengo un pedacito de monte en Santiago, ¿y qué?”, fue su respuesta.

Verónica Magario – La Matanza

“No hay problema, es un pedido perfectamente normal”, fue la primer respuesta del vocero de Verónica Magario, intendenta de La Matanza, un bastión kirchnerista. Es más, hasta se ofreció a enviar el recibo de sueldo. Sin embargo, desde entonces todas las respuestas fueron siempre amables, pero evasivas. Ante el último reclamo de Infobae, en diciembre, la respuesta de quien se perfila como una de las candidatas de Unidad Ciudadana para disputar la gobernación bonaerense fue: “Le trasladamos el pedido a la intendenta”.

En contraste, el Municipio publica en su página web que en 2010 creó una Oficina Anticorrupción a nivel local, “con el objetivo de velar por el cumplimiento de normativas vinculadas a ética pública e impulsar la aplicación de prácticas transparentes de gestión administrativa mediante el establecimiento de un sistema de contralor permanente“. Los matanceros no pueden ejercerlo sobre el patrimonio de quien maneja los recursos públicos en el principal partido del Conurbano bonaerense.

Martín Insaurralde – Lomas de Zamora

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, al frente del Municipio desde 2009 -cuando reemplazó a su mentor Jorge Rossi-, también se negó a hacer públicos sus bienes. Reelecto en 2015 con el 47% de los votos, después de haber sido elegido diputado por el FPV en 2013, es otro de los que suena como potencial candidato del kirchnerismo para enfrentar a Vidal en la Provincia. De ser así, se vería obligado a divulgar sus bienes por la ley 15.000.

Su vocero nunca dio una respuesta definitiva ante el pedido de Infobae.

Luis Andreotti – San Fernando

El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, fue el único representante del Frente Renovador que se negó a facilitar su declaración jurada de bienes. En 2015 fue reelecto por segunda vez con el 50% de los votos.

Si bien había dicho que iba a entregarla, finalmente, ante el último requerimiento de Infobae, su vocero respondió que no lo iba a hacer.

Leonardo Nardini – Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, asumió con 35 años en 2015 como el más joven del Conurbano. Ganó por el Frente para la Victoria, desplazando a Jesús Cariglino (Unión por una Nueva Argentina, de Sergio Massa), el primer y único jefe comunal que había tenido el municipio por 20 años.

Como el resto de los jefes comunales contactados por Infobae, Nardini recibió el primer pedido hace tres meses a través de sus voceros. La respuesta llegó recién hace dos semanas, sobre el límite de tiempo establecido para recibirla: “La declaración jurada fue presentada ante la AFIP y la declaración jurada de domicilio al Tribunal de Cuentas de la Provincia, los organismos a los que está obligado a presentarlas“.

Walter Festa – Moreno

El intendente de Moreno, Walter Festa, aliado de La Cámpora, también rechazó el pedido de este medio para acceder a su declaración jurada. Las respuestas de sus voceros fueron variando con el transcurso del tiempo. En julio, un vocero dijo que “la parte informática iba a estar lista para el año que viene”, en alusión a las supuestas trabas para cargar la declaración en la web del Municipio. Y aseguró que ya eran “públicas las declaraciones juradas del intendente y de los funcionarios jerárquicos”.

Luego, el argumento comenzó a ser otro. “Como no hay normativa provincial al respecto, debemos esperar la normativa local para sacarlo“, respondió el mismo vocero tiempo después. En las últimas semanas, ante la insistencia de Infobae, los voceros apelaron a una situación personal del intendente: dijeron que “estaba ocupado” porque su esposa está por dar a luz y que “no tenía obligación” de hacerlo.

Gustavo Menéndez – Merlo

El jefe comunar de Merlo, Gustavo Menéndez, también electo en 2015 por el FPV, es otro de los que se negó a facilitar su declaración jurada. Su encargado de prensa se comprometió a trasladar el pedido, e incluso solicitó “más tiempo” tras asegurar que estaba “encaminado”. Pero luego dejó de contestar los mensajes.

Menéndez acaba de ser condenado a 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el faltante de 600.000 pesos. La Justicia de Mar del Plata lo encontró culpable de fraude a la administración pública por una serie de irregularidades ocurridas en el Casino Central y Del Mar de la ciudad Mar del Plata entre 2006 y 2007, cuando el actual intendente era director de las dos casas de juegos de azar. Menéndez anticipó que apelará la medida, tras criticar al juez correccional Luis Rodríguez y al gobierno provincial de Cambiemos por “escandalosas operaciones sobre la Justicia”.

Aníbal Regueiro – Presidente Perón

El intendente de Presidente Perón, Aníbal Regueiro, va por su cuarto mandato consecutivo al frente del Municipio. Proveniente de un partido vecinal, se sumó a las filas del FPV en 2003. Nunca respondió los mensajes vía Whatsapp ni atendió los llamados en su teléfono personal. El vocero del Municipio sorteó las consultas con evasivas.

Como otros intendentes del Conurbano, Regueiro tiene una investigación abierta por corrupción. Tras un pedido del fiscal Franco Picardi, acaba de ser indagado por las sospechas sobre la construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Guernica. La Justicia sospecha que hubo una sobrefacturación de casi 29 millones de pesos y que de esa manera se “enriqueció el Municipio”, y los dueños de la sociedad comercial a cargo de la obra, la constructora Mako SA.

Según la denuncia realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) también había “diferencias entre el avance físico que se asentó en los certificados de avance de obra -soporte a partir del cual se justifican y realizan los pagos- y lo constatado durante una inspección”.

Mauricio Gómez – San Vicente

Esteban Mauricio Gómez llegó a la intendencia de San Vicente en 2015 por Cambiemos, con el 36% de los votos. Es el otro jefe comunal del oficialismo que no quiso hacer público su patrimonio, pese a su vehemencia en apoyar la gestión de la gobernadora.

A mediados de este año se vio envuelto en una polémica por la designación de más de una veintena de familiares en el Municipio.”Avisé que mi familia iba a ser parte de mi equipo”, sostuvo en una conferencia de prensa para defenderse. También fue cuestionado por el aumento de la planta jerárquica de personal.

Cuando Infobae se contactó con el área de Comunicación de San Vicente para solicitar su declaración jurada, no logró obtener una respuesta. Sobre el cierre del plazo para este informe, Gómez accedió él mismo a explicar sus motivos: “Las declaraciones juradas están a resguardo y a disposición del presidente del Concejo Deliberante. Están lacradas y si hay que abrirlas, se abren. Hacerlas públicas es un riesgo para las personas. Hay que respetar la seguridad y la intimidad de las familias“, argumentó.

El jefe comunal de San Vicente no dio vueltas a la hora de justificar su negativa: “Vengo de una familia de empresarios, no quiero que mi patrimonio lo sepa todo el mundo“.

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