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Ruta del dinero K: el juez ordenó cruzar las llamadas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez y sus colaboradores

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Antes de que comenzara la feria judicial, Sebastián Casanello ordenó una medida de prueba que puede complicar a la ex mandataria

Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el Mausoleo de Néstor Kirchner

Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el Mausoleo de Néstor Kirchner

La semana pasada, en vísperas del comienzo de la feria judicial, el juez Sebastián Casanello ordenó hacer un entrecruzamiento de las llamadas entre la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario detenido Lázaro Báez y los teléfonos celulares y de línea de los secretarios privados y estrechos colaboradores de ambos.

Según publicó el periodista Luis Majul en su programa La Cornisa, Casanello ordenó el entrecruzamiento para “demostrar el vínculo que existía entre los imputados que se encuentran con procesamiento firme y los funcionarios públicos investigados”. El juez busca cumplir con el pedido de la Cámara, que le ordenó investigar esa pista.

La novedad abre un nuevo frente judicial para Cristina Kirchner, que está procesada en las causas “Hotesur”, “Los Sauces”, “Vialidad” y por el memorándum de Entendimiento con Irán, pero hasta ahora se había mantenido lejos de la investigación de Casanello en la denominada ruta del dinero K.

Además de Báez, por esta causa hay varios detenidos, como los ex empleados de la Rosadita, la mesa de dinero con la que el empresario lavaba los fondos que cobraba del Estado y los enviaba al exterior, para luego reingresarlos a la Argentina.

Casanello solicitó las llamadas entrantes y salientes de 78 líneas, entre teléfonos fijos y celulares de la ex presidente y su círculo más íntimo, en el lapso que va desde 2010 y 2013, el período que comprobó que Báez comenzó a lavar dinero. El listado del entrecruzamiento incluye las líneas de Báez y su círculo íntimo.

Se trata de 15 líneas asignadas al despacho presidencial y la Secretaría privada del gobierno en la Casa Rosada, 20 líneas asignadas a la residencia de Olivos y 33 líneas de teléfonos celulares asignadas a colaboradores y secretarios privados.

Todo el listado fue proporcionado por el gobierno actual, por pedido del juez.

El objetivo de los entrecruzamientos apunta a establecer si Cristina Fernández estaba al tanto o no de las maniobras de lavado de dinero de Lázaro Báez. Es decir, quiere saber si es partícipe necesaria del delito de lavado de dinero.

Casanello además pidió a las telefónicas los listados de las llamadas entrantes y salientes, detalles de la ubicación y activación de celdas y los mensajes de textos enviados y recibidos desde el primero de octubre de 2010 hasta el 30 de abril de 2013.

iNFOBAE

FOTO PORTADA : DIARIO26

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Las ocho causas judiciales que acorralan a Hugo y Pablo Moyano

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Están investigados por asociación ilícita, lavado de activos, defraudación, malversación de fondos, evasión impositiva y extorsión

Hugo y Pablo Moyano

Hugo y Pablo Moyano

El cúmulo de causas judiciales que enfrentan Hugo y Pablo Moyano pronostican una larguísima batalla en los tribunales de varios fueros. El frente judicial es tanto o más intrincado que las acusaciones que pesan sobre su aliada, Cristina Fernández de Kirchner.

El secretario general de la CGT, líder del Sindicato de Camioneros y presidente del Club Independiente junto al mayor de sus hijos, Pablo, su mano derecha en estas dos últimas instituciones, son investigados como presuntos miembros de una asociación ilícita y por otros delitos que van desde el lavado de activos, defraudación y malversación de fondos, evasión impositiva y hasta extorsión.

Sólo en el gremio que dirigen se los acusa de pergeñar maniobras fraudulentas mediante la adulteración de facturas y de haber creado una compleja red de sociedades operadas por familiares y allegados para adquirir inmuebles, desviar fondos y enriquecerse ilícitamente.

Todos los cargos han sido negados por los Moyano, que le apuntan a una supuesta persecución judicial movilizada desde la Casa Rosada.

Las sospechas por el supuesto manejo irregular de fondos pertenecientes al club de Avellaneda, no obstante, sumaron en las declaraciones de dos arrepentidos, los barrabravas Pablo “Bebote” Álvarez y Damián Langaronne, imputaciones por manejos turbios de dinero por la venta de jugadores y otras operatorias deportivas a través paraísos fiscales y de financieras que les atribuyen al clan Moyano.

Los hechos que les imputan fiscales y jueces son numerosos y se dispersan, según las distintas imputaciones, en una nube societaria incapaz al momento de determinar la cuantía patrimonial y cuáles son las empresas que ellos efectivamente manejarían. Sin embargo, los vasos comunicantes para las operatorias investigadas tanto en el manejo del club como del sindicato de camioneros encuentran en muchos casos un patrón común: la malversación de fondos y hasta supuestos métodos de coerción. Puntualmente, el clan Moyano es investigado en ocho causas que se instruyen en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Uno por uno cuáles son los expedientes

La principal pesquisa es la que impulsa el fiscal Sebastián Scalera, quien indagará al hijo de Moyano la semana próxima como presunto jefe de una asociación ilícita e insistirá en su detención. Scalera anunció que recurrirá por parcialidad al juez de la causa, Luis Carzoglio, y dijo que cuenta con abundante material probatorio que acreditaría una defraudación millonaria por reventa masiva de entradas desviadas de las cuentas del club rojo. Para el fiscal, su padre como presidente del club no podría estar ajeno a esa operatoria.

El juez Luis Carzoglio rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano

El juez Luis Carzoglio rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano

El juez federal de Morón, Néstor Barral, investiga la compra de dos propiedades en Parque Leloir para el gremio que se habrían llevado a cabo por medio de empresas ligadas a la familia Moyano. La Justicia busca determinar si los fondos para esas adquisiciones tuvieron origen en la sobrefacturación de esas empresas para lavar dinero.

También el juez federal de Quilmes Luis Armella los investiga por lavado de activos a raíz de las declaraciones como arrepentidos de Álvarez y de Langaronne, quienes sindicaron que los Moyano utilizaban empresas de su propio círculo familiar para lavar activos.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció la compra irregular de cinco terrenos en La Falda, Córdoba, en 2013, por parte del sindicato por montos supuestamente inflados. El fiscal federal Gustavo Vidal impulsó la causa en 2017 a raíz de la denuncia de un particular que señaló que se pagaron $6 millones por los terrenos que dos meses antes habían sido adquiridos por otra persona por un total de $309.255. El juez Alejandro Sánchez Freytes espera una pericia clave del Tribunal de Tasación de la Nación para resolver si procesa a Hugo Moyano.

Una de las causas más antiguas la promovió la diputada Graciela Ocaña ante el juzgado de Claudio Bonadio por el supuesto fraude a la Agencia Gubernamental de Administración de Programas Especiales (APE) por reintegros a la obra social de camioneros por medicamentos oncológicos. Según la denuncia, se habrían adulterado los troqueles de la especialidad medicinal Erbitux para cobrar más de $400.000 en reembolsos.

La diputada Graciela Ocaña fue una de las primeras en denunciar a Hugo Moyano

La diputada Graciela Ocaña fue una de las primeras en denunciar a Hugo Moyano

Tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) como la Procelac fueron muy activos para investigar a empresas manejadas supuestamente en las sombras por los Moyano. El titular de la Procelac, Gabriel Pérez Barberá, imputó a la empresa OCA por la evasión de aportes previsionales y otros tributos. La causa recayó en el juez del fuero Penal Económico Javier López Biscayart que procesó a dos de sus directivos, Patricio Farcuh y Jorge Mario Aste. Farcuh acusó a Hugo Moyano de manejar la empresa con la ayuda de Aste para desviar los fondos.

También Pérez Barberá avanzó contra OCA y otras empresas que giran alrededor del gremio de Camioneros por presunto lavado de dinero y evasión impositiva. Lo hizo apoyado en información de la UIF y en la pesquisa de la fiscal Alicia Sustaita que recayó en el Juzgado Penal Económico N° 3 a cargo de Rafael Caputo.

En tanto, el clan Moyano es investigado en otra causa por la presunta extorsión a directivos de la empresa de logística Expreso Pontevedra. Siete dirigentes de la cúpula de camioneros ya fueron procesados por coacción para cobrar una supuesta deuda de $2.000.000 por kilometraje mal facturado a choferes, sin ninguna constancia formal de esos trayectos. Los aprietes se habrían realizado mediante llamados telefónicos y obligada asistencia a reuniones en la que se habría intimidado a los directivos. Esa pesquisa también llega hasta Hugo y Pablo Moyano.

Infobae

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Cuadernos de la corrupción: citaron a indagatoria a los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique “Japonés”

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Ambos fueron mencionados por José López en su declaración como arrepentido

El juez federal Claudio Bonadio (Foto de archivo: Adrián Escandar)

El juez federal Claudio Bonadio (Foto de archivo: Adrián Escandar)

En una parte de su declaración como arrepentido en la causa iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López dijo: “En el 2013 se da el tema que aparece en escena Sergio Massa como candidato sorpresa y ahí aparece un condimento nuevo, había que darle respaldo a las agrupaciones que no tuvieran intendente que no jugara para Frente para la Victoria. En este contexto De Vido y Baratta me dicen hay que hacer la recaudación y el que va a concentrar va a ser Abal Medina, a quien lo ponen a cargo del distrito de San Martín para que coordinara a los grupos no tuvieran intendente que jugara para Frente para la Victoria. Me llamo así Abal Medina para que colaborara con eso, se lo consulte a la presidenta y me dijo “hay que poner todo para ganarle a ese traidor”, refiriéndose a Sergio Massa. Así fue como tuve una participación política, coordinando con las agrupaciones. Me reuní con Ivoskus en la casa del japonés García, le planteé la necesidad de apoyo, e Ivoskus me contestó que debíamos resolver un tema logístico, y me dijo que necesitaba 5 millones de pesos. Así dentro del listado que teníamos que habíamos hablado con Wagner, se seleccionó uno y ese pagó los 5 millones que se necesitaban. No recuerdo cual era la empresa. Alrededor de 100 millones de pesos en total junto con Roberto Baratta se juntaron de obras para la campaña 2013″.

De los nombrados por López en ese párrafo, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su segundo Roberto Baratta y el empresario Carlos Wagner fueron procesados por el juez Claudio Bonadio en setiembre pasado cuando explicó que hubo una asociación ilícita destinada a manejar dinero proveniente del pago de coimas por parte de hombres del negocio de la obra pública. Empresarios y ex funcionarios –entre ellos las ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- fueron alcanzados por el procesamiento. El ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fue indagado y aún no se resolvió su situación procesal.

A raíz de los dichos de López sobre la recaudación ilegal para la campaña de 2013, los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique “Japonés” García fueron citados a indagatoria por Bonadio. El ex intendente de San Martín debe declarar hoy. En tanto el ex intendente de Vicente López debe presentarse mañana.

Ricardo Ivoskus y Enrique García. Deberán presentarse ante Bonadio para defenderse de las acusaciones en la causa de loas cuadernos

Ricardo Ivoskus y Enrique García. Deberán presentarse ante Bonadio para defenderse de las acusaciones en la causa de loas cuadernos

Ivoskus comparte hoy día de indagatoria con Julián Álvarez, ex secretario de Justicia de los últimos tiempos del kirchnerismo. En tanto García declarará mañana una hora antes que el diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner.

Álvarez y Máximo Kirchner también fueron nombrados por López como parte de los dirigentes de la agrupación La Cámpora que tenían relación con los recaudadores de dinero ilegal proveniente de la obra pública.

Infobae

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Cuadernos de las coimas K: ordenaron la detención de la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner

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Buscan a otras cinco personas vinculadas a los negocios del ex colaborador del matrimonio presidencial

Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

El juez Claudio Bonadio ordenó ayer por la noche la detención de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario del matrimonio Kirchner, quien fue señalado en la causa de los cuadernos como el receptor de los bolsos con dinero proveniente de coimas que pagaban empresarios vinculados a la obra pública durante el gobierno anterior.

Muñoz fue secretario privado de los Kirchner hasta 2009. Los arrepentidos José López (ex secretario de Obras Públicas), el financista Ernesto Clarens y Claudio Uberti (ex OCCOVI), entre otros, explicaron que era Muñoz quien recibía los bolsos con dinero destinado a los Kirchner.

En las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Muñoz aparece como receptor de varias entregas del servicio de delivery de bolsos que manejaba Roberto Baratta, número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

Muñoz, quien murió el 25 de mayo de 2016, fue sobreseído por Bonadio cuando en septiembre pasado dictó los procesamientos de ex funcionarios y empresarios involucrados en las coimas reveladas a partir de lo escrito por Centeno.

Para los investigadores del caso iniciado por las anotaciones de Centeno, parte del dinero que circuló como coimas fue a parar al patrimonio de Muñoz-Pochetti y por eso el juez ordenó las detenciones.

Bonadio también le ordenó a la Policía Federal la detención de los marplatenses Sergio Todisco y María Elizabeth Ortiz Municoy, investigados como testaferros del matrimonio Muñoz-Pochetti.

Bonadio dio la orden para que sean detenidos Carlos Temístocles Cortez, Carlos Gellert y Perla Puentes Resendez, quienes aparecen involucrados en el entramado de sociedades que hicieron operaciones para el matrimonio Muñoz-Pochetti. Según explicaron a Infobae fuentes judiciales, como los investigadores del Caso Cuadernos determinaron que estos tres imputados están fuera del país, se le dio intervención a Interpol para que se haga efectiva su detención con vistas a la extradición.

Las seis personas a las que ordenó detener Bonadio están investigadas también en una causa a cargo del juez Luis Rodríguez donde actúa como fiscal Carlos Stornelli, también fiscal del Caso Cuadernos. Stornelli había pedido la detención de los imputados en la causa a cargo de Rodríguez.

Para Stornelli, las personas a las que se les pidió la detención “conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados (en la causa de los cuadernos) y convertirlos integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud todo ello desde al menos el año 2010 y con vigencia en la actualidad”.

Según información de la Unidad de Información Financiera (UIF) en manos de Rodríguez –quien investiga el delito de lavado de dinero del matrimonio Muñoz-Pochetti- hubo 16 operaciones inmobiliarias en Miami y Nueva York, entre abril de 2010 y diciembre de 2015, por 70 millones de dólares.

Muñoz-Pochetti aparecieron en los Panamá Papers como accionistas de una off shore registrada en las Islas Vírgenes. A partir de aquella información se llegó a un entramado de sociedades con vinculaciones en Suiza, Uruguay, Miami, Delaware, Nevada, Andorra, Seychelles y Nueva Zelanda que se dedicó a la compra de propiedades.

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