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Sociedad

Temen por el desguace de los medios del Grupo Indalo

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Los empleados están preocupados en C5N, CN23, Ámbito Financiero, Ideas del Sur, Minuto Uno, Radio 10, FM Vale y Mega, entre otras señales

Por: Patricia Blanco
La quiebra de Oil Combustible deja en una situación de incertidumbre a los medios de comunicación del grupo Indalo, muchos de los cuales ya tienen concursos de acreedores abiertos. Indirectamente, Oil es dueño del 94 por ciento de las acciones de C5N, CN23, Ámbito Financiero, Ideas del Sur, Minuto Uno, Radio 10, FM Vale, Mega, Pop o PPT,entre otras señales.

“No vemos un futuro apocalíptico. Esto nos va a permitir seguir funcionando –confió uno de los directivos del grupo al hablar con Perfil–. Desde hace meses que Oil no aporta ni un peso. Es decir que ya no somos Oil-dependientes, como ahora. Lo que ingresa es para financiarnos y así lo hemos venido haciendo”.

Sin embargo, otros no tienen la mirada tan optimista y los empleados están preocupados por qué pasará con sus fuentes de trabajo. Según vaticinan los analistas del caso, “acá se va a producir un desguace del grupo. Hay varias empresas interesadas en adquirir algunos de los medios. Tras analizar los números, el grupo Vila ya hizo una propuesta económica concreta por C5N, CN23, Radio 10, Pop, Vale y Mega, señalaron fuentes allegadas a las negociaciones a este diario.

Según agregaron las fuentes consultadas, el que aparezca interesado en medios del grupo Indalo y compre las acciones de las empresas que se encuentran en concurso preventivo de acreedores deberá hacerse cargo del personal y de sus pasivos.

Si alguna de las empresas no tiene interesados y el concurso no se resuelve con sus propios ingresos, terminará también en la quiebra. “La situación es muy delicada –señaló ante Perfil el abogado Gonzalo Espinosa Paz, que lleva adelante la mayoría de los reclamos laborales en la Justicia contra el grupo Indalo–. Hoy no hay administradores y Cristóbal López y Fabián De Sousa están presos. Las empresas están a la deriva, sin decisiones orgánicas”.

Espinosa Paz sostuvo que los jueces Javier Cosentino y Julián Ercolini “deberían ir contra los bienes personales de López y De Sousa”, pero además debería abrirse una investigación sobre la venta que hizo López de su porcentaje accionario de Casino Club a su socio Ricardo Benedicto en junio de 2016, cuando Oil abría el concurso de acreedores luego de que se descubriera que no había pagado los 8 mil millones de pesos del impuesto al combustible. Esa venta fue simulada y también habría que investigar el fideicomiso que se abrió en favor de los hijos de Cristóbal cuando firmó su divorcio y división de bienes”.

La quiebra de Oil Combustibles agiganta las dudas sobre el futuro del canal C5N
La quiebra de Oil Combustibles, decretada por el juez comercial Javier Cosentino, impacta de lleno en C5N. Es que el canal de noticias de Cristóbal López y Fabián de Sousa está

en concurso de acreedores y tiene como su principal accionista a la petrolera quebrada, lo cual coloca a la firma en un escenario incierto. El canal tiene un déficit mensual de 1,3 millón de pesos y necesita 10 millones de dólares para sanear su estructura financiera y operativa. El juez Cosentino dio hasta el 17 de mayo para que los acreedores “verifiquen sus créditos”. Pero con sus dueños presos y acusados por defraudar al Estado, los caminos se le cierran a C5N.

El periodista Víctor Hugo Morales dijo en su regreso a C5N que los delitos que cometieron López y De Sousa fueron “faltas que cometen todos los empresarios”, pero lo cierto es que esas decisiones están poniendo en riesgo a 1.400 empleados de la empresa Telepiú, que maneja C5N.

“El canal no es autosustentable, pero puede serlo con un importante reordenamiento”, dijeron desde la firma a Clarín; aunque ahora “todo se complica con la quiebra”, agregaron. Si bien desvincularon a más de 200 empleados desde 2016, la empresa aduce una cantidad de personal superior a lo que el canal hoy necesita para funcionar.

En cambio, desde la conducción del canal intentan llevar tranquilidad a sus empleados y le dijeron a Clarín que la quiebra de Oil Combustibles “no tiene ningún impacto en la operatoria de C5N”. Incluso trataron de minimizar el rol de la petrolera en el control accionario del canal.

Sin embargo, según la documentación que tiene el juez Cosentino, como en un juego de muñecas rusas, que se van encastrando unas dentro de otras, figura que la empresa Telepiú es la controladora de C5N. Y que el 80% de Telepiu es de South Media Investments, de la cual el 94,34% es de Oil Combustibles. Es por eso que la quiebra de la petrolera impacta en forma directa sobre el canal de noticias de López y De Sousa.

Según la Justicia, Telepiú fue adquirida en 2012 a Daniel Hadad con el dinero que Oil Combustibles no tributó al fisco en concepto del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), generando una deuda de 8.000 millones de pesos con el Estado. En esa época, C5N no tenía deudas con el Estado y sus empleados cobraban los salarios sin inconvenientes. Pero la decisión política de controlar los medios mediante el desembarco de empresarios alineados con el kirchnerismo, provocó la situación actual.

De hecho, sumando las deudas de las otras empresas de Grupo Indalo, a la fecha ya supera los 20.000 millones de pesos, contabilizando intereses y punitorios. Fue esta maniobra la que les valió un procesamiento -y ahora la cárcel- a López y De Sousa por defraudación agravada.

Desde que desembarcaron con fuerza en el sector de los medios de comunicación, en 2012, los empresarios K gastaron más de 250 millones de dólares en la adquisición de diarios, radios, canales de noticias productoras de TV, que pusieron al servicio del “relato kirchnerista”. A cambio, la entonces presidenta Cristina Kirchner les permitió no pagar el ITC de su petrolera Oil Combustibles, cuando la AFIP era manejada por Ricardo Echegaray.

Con el cambio de Gobierno, el aparato de medios kirchnerista entró en un proceso de desintegración, que comenzó con los medios que manejaban Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, le siguió con los de Electroingeniería y ahora pega de lleno en los de Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Es que durante el kirchnerismo, C5N percibía importantes fondos del Estado a través de la publicidad oficial. Pero con el cambio de gobierno, a fines de 2015, “se redujo la cantidad de fondos que provienen del Estado”, reconocieron fuentes de la empresa. Parte de ese dinero comenzó a suplirlo Oil Combustibles, su accionista mayoritario.

Este mecanismo de préstamos entre las empresas del Grupo Indalo llegó a su fin por orden del juez Cosentino, que prohibió que Oil continúe remitiendo fondos a otras firmas del holding. De hecho, fue uno de los motivos por el cual los interventores judiciales desvincularon a De Sousa de la petrolera, al entender que ese flujo de dinero perjudicó a la compañía.

“Cuando se determinó que cada empresa sea una estructura de negocio individual, C5N pidió el concurso preventivo” explicaron desde la empresa a Clarín. En principio, se estableció que el 12 de septiembre el síndico deberá presentar ante Cosentino un informe general del estado de C5N.

En dicho contexto, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes del canal y, por ello, se ordenó al síndico que se “cerciore de que no haya movimientos de dinero, cheques o títulos de crédito a corto plazo, que no tuvieran lugar por caja, con registración contemporánea”, indicó la resolución judicial, para evitar los pagos sin control que se produjeron en otras empresas del grupo.

Habrá que ver si se mantienen las fechas y el juez espera el informe del síndico sobre C5N hasta el 12 de septiembre; o si la Justicia decide acelerar los tiempos ante la gran incertidumbre que se produjo por la quiebra de su accionista mayoritario y controlante, Oil Combustibles.

Fuentes: Diario Perfil y Clarín

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Magistrados y funcionarios judiciales ya comenzaron a tributar Ganancias

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En la provincia son 12 los jueces, fiscales y asesores letrados alcanzados por el impuesto. En federales, hay tres empleados administrativos que también lo pagan. por María Ester Romero A PAGAR.

Los jueces, fiscales y abogados que ingresaron al Poder Judicial desde el 1 de enero de 2017 tributan el impuesto a las Ganancias. Foto: Cedoc Perfil Más noticias de Córdoba Caputo, a un paso de quedarse con una parte de la recolección de residuos en Córdoba Los cordobeses de Cambiemos con la misión de cuidar el territorio de Macri De la Sota empieza a dar señales, cerca de la Iglesia y con críticas a Macri Barrionuevo planea su aterrizaje en Córdoba

Lo que parecía que nunca sucedería está pasando y marca un cambio de época. Jueces y empleados judiciales comenzaron a tributar el impuesto a las ganancias y dejaron de ser los únicos en no estar alcanzados por el cuestionado tributo que succiona parte del salario de los trabajadores argentinos.

Llevará años, quizás décadas, que abarque a todo el universo judicial, pero el dato es que ya se inició con el proceso que hasta hace dos años, antes de la reforma legislativa que los incluyó, no aparecía en el horizonte. PERFIL CORDOBA consultó al área administrativa del Poder Judicial de Córdoba y a la Superintendencia de la Justicia Federal local.

En la provincia son 12 los magistrados alcanzados. De ese total, seis ya pagaron Ganancias sobre la liquidación de 2017 que se efectuó en abril último. Son asesores letrados, fiscales y jueces que ingresaron a sus funciones el año pasado. El resto todavía no lo efectivizó porque tienen nombramientos más recientes.

El salario de un asesor o fiscal que ingresa al Poder Judicial, sin antigüedad, ronda los $100 mil. En los tribunales federales, hay tres empleados del escalafón administrativo y técnico que pagan el impuesto. No hay magistrados porque no hubo ingresos desde el 1 de enero del año pasado. Los salarios alcanzados son superiores a los $30 mil.

En diciembre 2016, Diputados convirtió en ley la modificación del impuesto a las ganancias consensuada por el oficialismo y parte de la oposición. Esa norma fijó la inclusión en el tributo de jueces, fiscales, defensores oficiales y empleados a partir del 1 de enero del año siguiente.

La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional no tardó en cuestionar la norma. En el marco de un proceso colectivo solicitó que se precise su alcance. Así fue que el juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, ratificó que quedan alcanzados por el tributo aquellos que ingresaron a dichos órganos a partir del 01/01/2017. Entendió que se encontrarían exceptuados únicamente quienes hubieren ingresado a ellos con anterioridad a esa fecha, o bien, que -en igual condición- provengan de los poderes judiciales y ministerios públicos federales y provinciales, siempre que sus retribuciones no se hayan visto antes alcanzadas por el pago o retención del impuesto.

En marzo de este año la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó ese fallo. MARIO CAPDEVILA: “ES UN TEMA SUPERADO” La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) informó esta semana sobre el cumplimiento de la ley en las provincias. El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba, Mario Capdevila, comentó a PERFIL CORDOBA que durante la reunión de la FAM a la que asistió esta semana en Santa Rosa, La Pampa, se informó que la ley se está aplicando en todas las provincias con normalidad.

“El debate y los cuestionamientos se han superado, se está aplicando a nuevos jueces nombrados a partir de 2017”, destacó. Respecto de un planteo efectuado por una jueza civil mendocina, Capdevila señaló que las autoridades de la asociación de esa provincia explicaron que se trata una acción personal, donde la controversia radica en las fechas. Marcela Ruiz Díaz es quien presentó un recurso en la Justicia Federal de Mendoza para que Afip no retenga el concepto de Ganancias de su sueldo. Sustentó el pedido en que el proceso de su designación inició a fines de 2016 y se completó en 2017 por demoras que son ajenas a su responsabilidad. Ella rindió durante el año en que persistía la excepción para pagar el impuesto y recién después de varios meses se trató su nombramiento en la Legislatura provincial, ya en 2017.

El planteo, por lo tanto, está centrado en el proceso de su designación e incorporación al Poder Judicial por la fecha de corte que quedó establecido para que los nuevos funcionarios comiencen a pagar el impuesto. (Fuente www.perfil.com).

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Denuncian a curas del colegio SOLARI en Morón por abuso sexual de menores.

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 Los curas Terciarios Capuchinos Amigonianos son los mismos que ya fueron Expulsados años atrás de San Luis .  Habrá sanción del Obispado esta vez?
Se trata del padre Guillermo, del Colegio Monseñor Solari, quien fue separado de su cargo luego de la denuncia. La víctima es una nena de 4 años. Años atrás ya hubo otros casos. En este caso las pruebas son muy evidentes.

Otro caso de abuso sexual de menores se conoció en las últimas horas en la localidad bonaerense de Morón, en donde los padres de una nena de 4 años denunciaron en la UFI 4 del Departamento Judicial, al padre Guillermo del Colegio Monseñor Solari de abusar de una menor.

Según la denuncia, la pequeña le señaló con insistencia a su madre sus partes íntimas, y luego apuntó al sacerdote.

Los padres de los alumnos se presentaron en la escuela, y ante el encendido reclamo, el director del establecimiento les informó que el acusado había sido separado del cargo. Las familias quieren justicia y castigo no que se tape como ya ocurrió otras veces,

Colegio Solari Avenida Don Bosco 4817 Moron

 

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Tras despidos en Textilana, la Asociación Obrera Textil se declaró en “estado de alerta”

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Tras despidos y suspensiones en la textil marplatense y el incremento de las importaciones que perjudican al sector, el gremio adelantó que continuará con medidas de fuerza en establecimientos de todo el país.

Las trabajadores de Textilana de Mar del Plata, la fábrica textil de la empresa conocida como Mauro Sergio, reclaman por despidos y suspensiones “arbitrarias” por parte de la empresa, tras la imposición de un nuevo método de trabajo que, según la Secretaria General de la Comisión Interna, María Demateis, consiste en “producir más en menor cantidad de tiempo”.

En este marco, la Asociación Obrera Textil (AOT) se declaró hoy en “estado de alerta” mediante un comunicado. En el mismo, denuncian la “grave situación del sector”, producto de la apertura de importaciones de productos textiles que perjudica a la producción nacional.

En ese sentido, el gremio criticó a los “empresarios de nuestro sector que rápidamente dejan de ser productores para convertirse en importadores, como ya ocurrió en otras etapas de la historia de nuestro país, provocando despidos y suspensiones de trabajadores”. “Aún es tiempo de no volver a los 90” señalaron.

De esta forma, la AOT adelantó que seguirá “realizando medidas de acción directa en diferentes establecimientos” con el objetivo de “enfrentar un plan económico que aumenta las importaciones en detrimento de la producción y el mercado interno”.

El comunicado, firmado por los integrantes del Consejo Directivo Nacional de AOT, concluyó que “la industria textil es viable en la Argentina. Su buen funcionamiento garantiza el desarrollo del país, porque genera trabajo registrado que paga impuestos”.

Vale recordar que, en el caso de Textilana, las trabajadores denunciaron días atrás que la empresa realizó dos despidos luego de imponer un nuevo régimen de trabajo, al que las trabajadoras consideran como insalubre.

http://politicaymedios.com.ar

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