Connect with us

Politica

El “Tigre” Acosta, un integrante del clan Puccio, homicidas y violadores: los presos “sugeridos” por el Gobierno para salir de prisión

Publicado

on

Integran un listado de 1111 internos que fue enviado a jueces porque están en condiciones de acceder a la libertad condicional o a la prisión domiciliara con pulsera electrónica

Jorge “El Tigre” Acosta

Jorge “El Tigre” Acosta

96 condenados por delitos de lesa humanidad, como Jorge “El Tigre” Acosta y Julio “el Turco Julián” Simón, uno de los integrantes del “Clan Puccio”, homicidas, violadores y condenados por robo. Esos fueron los presos “sugeridos” por el gobierno nacional para que salgan de prisión bajo libertad condicional o en prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Así consta en el listado de 1.111 detenidos –hombres y mujeres– que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le envió a fines de enero a jueces penales para que analicen si les otorgan ese beneficio. Infobae accedió al listado y a los motivos, que el gobierno nacional defiende y que causó resistencia entre los magistrados.

Son ocho listados con distintas categorías de detenidos en el sistema federal: “internos de lesa humanidad mayores de 70 años”, “internos comunes mayores de 70 años”, “nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexual, transgénero e intersexuales (LGBTI)”, “discapacitados”, “internas alojadas con hijos de hasta 10 años”, “alojadas con hijos”, “internas embarazadas” e “internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional”.

El 31 de enero pasado, el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez, le envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos e integrado por magistrados, fiscales, organismos del estado de derechos humanos, la nota 309 junto con los ocho listados.

Julio “el Turco Julián” Simón

Julio “el Turco Julián” Simón

La nota explicaba que en diciembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia le había pedido al Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano y de quien depende el SPF, que diera una solución a la situación en las cárceles.

Así, el SPF le informó a jueces, a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y al propio Ministerio de Justicia sobre el “Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control (tobillera electrónica)” y “los internos que podrían ser incorporados a prima facie al citado Protocolo”.

“Para un mejor proveer se remite el listado de internos sugeridos para dicho beneficio, discriminados de acuerdo a las características de cada caso”, cerraba la nota.

Uno de los listados que recibieron los jueces eran de los represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Son 96, todos mayores de 70 años, uno de los requisitos que establece la ley para acceder a la prisión domiciliaria y que fija el Protocolo para obtener una pulsera electrónica.

Entre esos presos sugeridos están “El Tigre” Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, y condenado a prisión perpetua. Los también represores de la ESMA Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda (tío y apropiador de la diputada nacional Victoria Donda), el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, también condenados a prisión perpetua.

Adolfo Donda

Adolfo Donda

El listado continúa con Julio “El Turco Julián” Simón, ex agente de la Policía Federal y el primer represor condenado tras la nulidad en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y Cristian Federico Von Wernich, ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Los presos mayores de 70 años por delitos comunes con posibilidades de salir de prisión son 46. Entre ellos se encuentra Guillermo Fernández Laborda, integrante del “Clan Puccio”, la banda liderada por Arquímedes Puccio que protagonizó una serie de secuestros en la década del 80. La Corte Suprema confirmó en 2015 la condena a prisión perpetua de Fernández Laborda.

El resto de las personas “sugeridas” por el Gobierno para salir de prisión son 106 del colectivo LGBTI, 70 discapacitadas, 25 embarazadas y 421 mujeres con hijos recién nacidos y hasta 10 años. Son todos los casos que prevé el Protocolo para acceder a la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y que incluye a internos de baja peligrosidad y que están en el último tramo de su condena.

Se trata de personas condenas mayormente por delitos vinculados al narcotráfico pero también hay casos de homicidios, abusos sexuales, violaciones, corrupción de menores, secuestros y robos.

Guillermo Fernández Laborda

Guillermo Fernández Laborda

El último listado corresponde a personas que están en condiciones de acceder a la libertad condicional. En ese caso son 347. En la lista de fines de enero a la que accedió Infobae está Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina” y condenado por el tráfico de precursor químico para elaborar drogas sintéticas . Fuentes del Ministerio de Justicia informaron que ese listado se actualiza periódicamente y que en el enviado la semana pasada a los jueces Segovia no está. Este medio pidió los listados actualizados pero desde la cartera de justicia no quisieron darlos.

Entre los internos con posibilidades de la libertad condicional hay 25 condenados por homicidios y 31 por abusos sexuales, según un relevamiento que realizó este medio. También hay por otros delitos como robos, infracción a la ley de drogas, trata de personas, y secuestros.

Desde el gobierno de Mauricio Macri defendieron la medida. “Tenemos reuniones con jueces desde enero de 2016 para informales quienes son los presos que están en condiciones de acceder a la pulsera electrónica. Son todos los que están en condiciones. Ese listado se va actualizando y el objetivo es descomprimir la superpoblación que hay en las cárceles y lograr una mejor reinserción del detenido porque quien tiene pulsera electrónica cuenta con un asistente social y un psicólogo que los asiste”, señaló un funcionario que trabaja en el tema y que recalcó que la libertad de un detenido es “facultad del juez”.

Mario Segovia, conocido como “El rey de la efedrina” (Télam)

Mario Segovia, conocido como “El rey de la efedrina” (Télam)

Según datos oficiales del SPF, hoy hay 11.994 personas detenidas en cárceles federales cuando la capacidad es para 11.577.

Entre los jueces hay enojo con la medida del Gobierno. “Nos quieren pasar a nosotros el problema de la superpoblación cuando es de ellos. Tomaron medidas que generaron más detenidos, como la ley de flagrancia”, explicó uno.

Las libertades condicionales son a pedido de las defensas y los jueces no las pueden dictar de oficio. Eso sí pueden hacerlo en los casos de prisión domiciliaria con tobillera electrónica pero no es lo que suele ocurrir sino que resuelven ante el planteo de un detenido.

Otro juez hizo saber su enojo: “El mismo gobierno que nos putea y nos denuncian con juicio político por liberar a violadores nos piden que liberemos violadores”.

Infobae

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Seguir leyendo
Comentá aquí

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Politica

Política El Gobierno desmintió categóricamente que Ricardo Lorenzetti deje la presidencia de la Corte

Publicado

on

Lo hizo a través del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis

El Gobierno desmintió hoy categóricamente que Ricardo Lorenzetti deje la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

El influyente secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, negó que durante la reunión que mantuvieron este mediodía Mauricio Macri y Lorenzetti se haya hablado sobre su renuncia a la presidencia del máximo tribunal.

Las palabras de De Andreis salieron al cruce de los rumores que circularon esta tarde sobre la presidencia de la Corte.

(Adrián Escandar)

(Adrián Escandar)

Lorenzetti llegó cerca del mediodía a la Casa Rosada para reunirse con Macri. No hubo información oficial sobre lo que hablaron durante el encuentro.

Las fuentes consultadas por Infobae confirmaron el cónclave. Y explicaron que se trató de un almuerzo, sin temario previo pero en el que se hablaron “generalidades”. De hecho, señalaron que es frecuente que el Presidente y el titular de la Corte mantengan este tipo de encuentros.

“Fue una reunión positiva, más distendida que un encuentro normal”, resumió una persona al tanto del encuentro.

El almuerzo se produce antes de la presentación del nuevo Código Penal -que estaba prevista para el jueves y se postergó por la agenda del Presidente- en el cual habrá mayores penas para los delitos de corrupción, narcotráfico, terrorismo, entre otros, y además se incluye la figura del arrepentido.

Por la tarde, y a raíz de las versiones que circularon, De Andreis tuvo que desmentir categóricamente que durante el encuentro se haya hablado de que Lorenzetti tenga previsto dejar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Infobae

Seguir leyendo

Politica

Presentan el anteproyecto de reforma del Código Pena

Publicado

on

Lo hará Macri junto al ministro de Justicia, Germán Garavano. Redactado por una comisión de expertos, endurece las penas por delitos de corrupción y también por accidentes de tránsito e introduce figuras como la del “arrepentido”.

Luego de una cuidadosa redacción por parte de una comisión de expertos, el presidente Mauricio Macri presentará este jueves el anteproyecto de reforma del Código Penal, que endurece las penas por delitos de corrupción, también por accidentes de tránsito, introduce modificaciones en delitos informáticos y figuras como la del “arrepentido” para casos de corrupción o asociación ilícita, decomiso de bienes de delitos, entre otras enmiendas, que será enviado al Congreso para su debate.

El jefe de estado estará acompañado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien coordinó al equipo de especialistas convocado por el decreto 103 del año pasado, para el acto que encabezará en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Una de las novedades es que el proyecto promueve la ampliación de la jurisdicción de la justicia argentina para investigar los delitos de corrupción, en tanto se introduce el principio de nacionalidad activa y pasiva, de conformidad con las recomendaciones realizadas por el OCDE (organismo al que Argentina pretende ingresar).

De esta manera, la justicia argentina podrá intervenir en casos de corrupción ocurrida en otros países, como por ejemplo en Brasil -el escándalo Odebrecht surgió allí, por caso-, cuando algún argentino haya participado de la comisión de esos delitos.

Desde el inicio de la gestión de Cambiemos, una de las banderas que enarboló fue la transparencia. Pese a que el proyecto de extinción de dominio está empantanado en el Senado, con una extraña pasividad del bloque del PRO, la citada reforma plantea el recupero por parte del estado de bienes sustraídos “desde el inicio de la causa penal”.

Con respecto al recupero de los bienes sustraídos del Estado como consecuencia de los actos de corrupción, la Comisión “propone ampliar los supuestos en los que procede el decomiso, abarcando todos los bienes productos del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar”.

Además, se agrega la posibilidad de decomisar los bienes de manera definitiva -antes de la condena penal- cuando se investigue la comisión de delitos de corrupción, siempre que se den determinados requisitos procesales.

Para los delitos de corrupción, el anteproyecto prevé un incremento en las escalas penales, en particular para las coimas. Se busca fomentar la imposición de penas de cumplimiento efectivo “que reflejen la magnitud real del daño social que genera la corrupción, estableciendo escalas penales con de 4 a 12 años de prisión”.

Por ejemplo, se propone la modificación del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de que abarque la totalidad del período relevante en el que puede ocurrir el aumento patrimonial no justificado del funcionario y se amplía a 6 años luego de haber cesado en el cargo (ahora es 2).

En medio de la puja del oficialismo con el sindicalismo, surge otra llamativa enmienda: se amplían los sujetos que pueden cometer este delito, incluyéndose todos los obligados por ley a presentar declaración jurada patrimonial, como por ejemplo los dirigentes de obras sociales.

También se agrava la figura de “lavado de activos” en caso que se vincule a un funcionario público. Además, se contempla la figura del colaborador eficaz o “arrepentido” para los delitos de soborno trasnacional, asociación ilícita, y delitos de corrupción. Así se prevé la reducción de pena para la persona que “brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”.

Se analiza la posibilidad de limitar los beneficios al régimen de cumplimiento de pena actualmente previstos en el sistema penal para las personas, como la libertad condicional.

Por otra parte, el proyecto aumenta la pena de los siniestros viales; se decide mantener la culpa temeraria, categoría ya prevista por una ley reciente.

En pleno siglo XXI el anteproyecto trata temas como la pornografía infantil, el fraude informático, el daño informático con acceso ilegítimo, la suplantación de identidad, el daño a una infraestructura crítica (los poderes del Estado y los centros de salud), el grooming (acoso virtual) y la porno venganza con la difusión de videos íntimos.

También se estudia la posibilidad de crear un nuevo apartado referido a los delitos perpetrados por los barrabravas del fútbol. “Se prevé la creación de un tipo especial de asociación ilícita en su ámbito con penas de prisión, castigando además su financiamiento. Así también, se piensa en tipos penales que reemplacen a actuales infracciones como el ingreso y guarda de pirotecnia. Y agravantes específicas para delitos como el homicidio, homicidio culposo, el hurto, el robo, las lesiones”, plantea la iniciativa.

– Por Emiliano Russo

Diario Popular

Seguir leyendo

Politica

Así votó cada diputado el proyecto sobre el aborto

Publicado

on

En una de las votaciones más disputadas en la historia legislativa del país, el empate técnico se mantuvo casi hasta el final. No obstante, el resultado final arrojó el número de 129 legisladores a favor del proyecto, 125 en contra y 1 abstención. Así votaron todos.

Después de una reñida madrugada en la que los índices fueron cambiando voto a voto, finalmente se conoció que el resultado fue 129 a 125 a favor de la legislación. Al término de la sesión se revelaron quienes fueron los legisladores que emitieron su opinión de manera negativa y afirmativa.

En el resumen final hubo una sola abstención María Alejandra Vigo, del bloque Córdoba Federal.

ASÍ VOTARON TODOS LOS DIPUTADOS

Diario Popular

Seguir leyendo

Tendencia