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Un grupo mapuche ya recibió del Estado más de 100 millones

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Se trata de la comunidad Kaxipayiñ. Quiere sacarle 70 millones este año, pero YPF ahora se niega. Gabriel Cherqui, su cacique, anda en 4 x 4 y usa iPhone. Obligaba a la empresa a contratar a sus consultoras.

En la compleja diversidad de grupos mapuches de la Patagonia argentina hay comunidades pacíficas integradas (Paynemil, en Neuquén), algunas que usurpan territorios pero tienen el reclamo en una instancia institucional (Atilio y Rosa Curiñanco, que ocupan “tierras de Benetton”), otras altamente violentas y conectadas con grupos chilenos (el Pu-Lof de Cushamen, de la RAM, que está relacionada a la CAM), algunas promovidas por sectores kirchneristas (es el caso de la  familia que usurpó territorio junto al Lago Mascardi, impulsada por los Vaca Narvaja) y otros que directamente realizan negocios con prácticas extorsivas.

Es el caso de la comunidad Kaxipayiñ, liderada por el cacique Gabriel Cherqui, que se traslada en vehículos 4 x 4 de alta gama, usa como celular un iPhone último modelo y logró que el Estado argentino le aportara 111 millones de pesos en los últimos tres años, 24 millones en el 2014, 32 en 2015 y 55 millones en 2016. Antes viajaba en Audi, según dice la gente del lugar. Es el líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, que no tiene autoridades constituidas desde 2011.

Se trata de un caso grave, porque a través de ramificaciones ya está afectando la producción de la zona, no solo en la exploración de petróleo, sino de manzanas, ganadería, vinos. Los tentáculos de este grupo llegaron a Trataren, una zona desértica de 1800 hectáreas que se volvió altamente productiva gracias al riego, donde otra familia supuestamente mapuche usurpó tierras donde está la boca de agua.

Lo que consignó el diario Río Negro, el 18 de mayo pasado, es que Diego Rosales y Martín Mardones comenzaron lo que denominaron su “reafirmación territorial”, con el apoyo de la Confederación Mapuche, asegurando que “vinimos a vivir acá mucho antes de que esta nueva conquista petrolera llegara”.  El pasado 19 de setiembre fueron desalojados por la policía local, pero los productores de frutales, bodegas y feedlot temen que vuelvan (pasó en otras ocupaciones) y que peligren sus inversiones.

Gabriel Cherqui

Gabriel Cherqui

Según la información que pudo obtener Infobae, Kaxipayiñ obtuvo para el año 2017 la oferta de recibir 1.4 millones de pesos por pozo, es decir, que alcanzaría a 19,6 millones en total, ya que tiene 14. Pero Cherqui triplicó la apuesta y pidió 5 millones por pozos, buscando totalizar 70 millones. Le pareció una cifra razonable en relación a lo que había cobrado en el 2016, sumado la inflación. YPF ya no se aceptó la escalada de extorsiones, hizo público por primera vez el conflicto, se retiró de la negociación y suspendió su proyecto productivo.

Cherqui es un personaje parecido a Omar “Caballo” Suárez, el sindicalista que hoy está preso en la cárcel de Ezeiza. Es dueño, a través de su esposa Valeria, de la empresa  La Lata SRL, con la que fue durante años  subcontratista de YPF. En el 2013 creó otra empresa, la firma Belcher. Para las tareas de saneamiento obliga a que se contrate la consultora, Femun, vinculada a políticos y sindicalistas de la provincia, por la que -hasta el año pasado- cobraron más de 9 millones de pesos. Y maneja otros negocios,  como el estacionamiento frente a la planta de gas TurboExpander y “peajes” adentro de los territorios de su comunidad.

Para permitir el ingreso de dos equipos de perforación a una zona comunitaria reclamó 50 millones de pesos adicionales. Fue el momento en que las nuevas autoridades de YPF consideraron que se trató de la gota que rebalsó el vaso. Hoy esos equipos están parados, perjudicando a la provincia de Neuquén, que podría perder en concepto de regalías más de 130 millones de pesos en los próximos dos años.

El argumento que utiliza Cherqui, por supuesto, es que viven en “territorios afectados por la contaminación de la actividad petrolera”, lo que llama la atención por varias razones. Primero, porque antes de que hubiera interés económico en el área no vivía ahí, luego porque impidieron toda tarea de saneamiento.

Lo insólito es que YPF logró sanear 370.000 metros cúbicos de suelos en los últimos 5 años en el área donde se encuentra otra comunidad mapuche, mientras que en el área de los Kaxipatiñ solo pudo sanear 4.170 metros cúbicos de suelo en el mismo período.

Algo similar sucedió cuando comenzó a desarrollarse el proyecto de Loma Campana en Vaca Muerta, con Chevron. No había en la zona reclamo alguno, ni asentadas comunidades en la zona, y se trataba de tierras fiscales. Pero volvió la familia Campo, que había dejado el lugar hacía 40 años y nunca había dicho que era mapuche, y está en una posición similar a la de la comunidad Kaxipauiñ, aunque con pocas posibilidades de ejercer ya la misma extorsión.

Es que cambiaron los responsables del área de superficiarios de YPF, y ahora están convencidos de que las indemnizaciones deben regirse según la tabla que fue realizada por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, y no por esos valores exhorbitantes que se pagaron hasta el año pasado.

De hecho, YPF  no solo se negó a pagarle a la consultora Femun la última factura que presentó, sino que lo puso en un comunicado: “sus honorarios están muy por encima del promedio del mercado y se acrecientan a medida que más largo de hace el proceso de remediación y más muestras de laboratorio son requeridas“. También paró el proyecto de perforación después de que Cherqui pidiera 5 millones de pesos por pozo cuando, según lo que estipula la tabla, se deberían pagar 700 pesos a esos efectos.

No va a ser nada sencillo salir de este embrollo. A los problemas sociales, la desigualdad y la falta de educación de sectores postergados que parecen confinados a guetos de los que no quieren salir (“para muchos políticos es más fácil regalarles la leña para que pasen el invierno antes que enseñarles a conseguirla por ellos mismos”, dijo una de las fuentes), se le suma la vocación antisistema de sectores altamente politizados que cruzan demandas de derechos humanos con ambientales y ancestrales y logran importante respaldo en gente de buena fe de las grandes ciudades.

Pero algo más. Cualquier propietario responde con sus propios bienes ante un juicio contra YPF, por ejemplo. No es el caso de los bienes comunitarios, que son inembargables e inajenables, porque no le pertenece a ninguna persona física, sino a una comunidad. Es una legislación que hace justicia con comunidades que fueron condenadas a la marginación a la largo de la historia, pero que es aprovechada espuriamente por individuos que un día se ponen una vincha y un poncho y salen hacer negocios personales.

¿Cómo resolverlo? El problema mapuche hoy parece restringido a un problema de seguridad y es la expresión de un Estado que no se involucró en la resolución de los problemas sino que, más bien, parece que por acción u omisión, no hizo más que hacerlos cada vez más grandes. Veremos qué pasa una vez que el Ministerio del Interior convoque a los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro a discutir en serio este asunto. Tal vez sea el primer paso de algo que tardará años en resolverse. Mientras tanto, la pintada que apareció en el Mercado Comunitario de Bariloche, con el que se abre la nota, no deja de preocupar a las autoridades.

 

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Massot: “El DNU está firmado pero le damos otra chance al Congreso”

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Así lo informó Nicolás Massot, titular del bloque de diputados del PRO. A su vez, denunció que la oposición lleva una campaña de boicot hacia el Gobierno desde el 2015

El titular del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, aseguró ayer por la noche que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, tiene listo un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para sancionar la reforma previsional, que está listo para usarse en caso que la oposición no apoye ni garantice las sesiones en el Congreso.

“El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) está firmado por todos los ministros, sólo falta la rúbrica del Presidente”, aseguró el legislador en un raid de medios periodísticos que comenzó anoche y continuó esta mañana. Sin embargo, aclaró: “Se ha tomado la decisión de agotar el camino del diálogo y darle una oportunidad a una segunda instancia legislativa”.

De esta manera, el representante de Cambiemos sentó la posición de la Casa Rosada tras la fallida y escandalosa sesión en la Cámara de Diputados, que se disponía a tratar el proyecto de reforma previsional y que cambia la fórmula de cálculo de los aumentos jubilatorios, entre otras modificaciones.

Massot advirtió que el DNU puede ser una realidad frente al escenario de “violencia injustificada” vivido ayer en el Congreso y en las calles, y resaltó que el “diálogo existió” con la oposición del peronismo en el Senado y en instancias previas del Poder Legislativo.

Esta mañana, en Radio La Red, Massot denunció que la oposición “quiere que le vaya mal al Gobierno” desde 2015. “Ellos nos están diciendo que quieren que le vaya mal al Gobierno, hoy y desde diciembre de 2015. Obviamente que no tienen capacidad de voltear a nadie, pero lo dicen”.

“Lamentablemente, el mismo partido que la líder [Cristina Kirchner] siempre dijo que la manera [de tomar decisiones] era armar un partido y ganar las elecciones, acaba queriendo agarrarse a las trompadas. Quisieron entrar militantes organizados al Congreso, andá a saber qué buscaban hacer”, sostuvo Massot. En 2011, la entonces presidenta Cristina Kirchner había dicho: “Si quieren tomar decisiones de gobierno, formen un partido y ganen las elecciones”.

A su vez, Massot afirmó: “Tuvimos el número. Hubo quórum dos o tres veces. La violencia se dio porque esto avanzaba… Vamos a someter [la iniciativa] a votación, como el pueblo nos manda. Pero hay que saber que es absolutamente legal un DNU”.}

Nexofin

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Traiciones, reproches y “aprietes”: la trastienda de cómo se cayó la sesión especial en la Cámara de Diputados

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Cambiemos insiste en que tenía los números garantizados para sesionar y que consiguió quórum dos veces. Hay versiones cruzadas de lo que ocurrió en el recinto

Treinta minutos después de las 14, hora prevista para arrancar la sesión, la oposición ingresó al recinto para exigir que se suspendiera por falta de quórum. Pero lejos estaba de suceder eso. Cambiemos creía que tenía los números garantizados para sesionar. Por lo menos así se lo habían hecho saber el día anterior desde Argentina Federal, el bloque que responde a los gobernadores, y diputados provinciales de Santiago del Estero, Misiones y Córdoba.

Antes de que ingresaran todas las bancadas al recinto, afuera del Congreso hubo un enfrentamiento entre diputados del Frente para la Victoria y las fuerzas de seguridad que alimentó lo que sucedería minutos después. Desde temprano la oposición pedía que no hubiera sesión, que no estaban las condiciones dadas.

Pasadas las 14:30, Cambiemos consiguió el quórum por primera vez. El tablero marcaba 129, aunque rápidamente descendió a 128 y luego a 127. Para el oficialismo la sesión ya había comenzado, aunque algunos atribuyen a un legislador opositor haberse sentado en su banca para tomar la palabra: “Son las reglas del juego, acá hay que ser vivo. Tenés que hablar parado. Aunque sin intención, si dieron quórum hay que bancársela”, describió un hombre del PRO. Por eso después Graciela Camaño, más experimentada, habló de pie a pesar de que Emilio Monzó le insistía para que tomara asiento para continuar.

Cerca de las 15, hubo quórum nuevamente: 130 diputados se sentaron. Pero, de nuevo, fue fugaz. A partir de ahí, fue todo en baja: 124, 119, 117, 127. Pero nunca 129. No hubo más quórum.

Andrés Larroque y Elisa Carrió

Andrés Larroque y Elisa Carrió

Las versiones de lo sucedido son variadas. Primero, desde la oposición denunciaron que habían dado quórum dos diputados que no habían jurado. Uno de ellos era Jorge Enriquez, el reemplazo de Johana Piscetti. El mismo lo desmintió ante la prensa: “Estaba al lado de Monzó. Ni sabía cuál era mi banca. En ningún momento me senté”. La otra apuntada fue Astrid Hummel, de Santa Fe, aunque también explicó que no estaba cerca: “Me quedé con Enriquez atrás de Monzó. Nunca entré al recinto”.

El rumor comenzó a perder fuerza porque los propios denunciantes no podían identificarlos. Un peronista también sembró dudas: “Emilio (Monzó) no se va a exponer a sentar a un diputado que no juró”.

Esta hipótesis tomó fuerza porque el oficialismo logró dos veces el quórum por unos instantes pero no pudo mantenerlo: “Si tenían los 129, ¿por qué los sentaron dos veces y por unos segundos? Bajamos nosotros y nunca más llegaron”, cuestionó un massista.

Luego de que Elisa Carrió pidiera que se suspendiera la sesión, Cambiemos se reunió para analizar los pasos a seguir. No hubo muchas conclusiones, aunque sí reproches por no conseguir sacar a flote la reforma. La diputada de la Coalición Cívica argumentó a favor de distender y levantar una reunión caótica en la que varios diputados, entre ellos Máximo Kirchner, Horacio Pietragalla, Axel Kicillof y Andrés Larroque, increparan al presidente del cuerpo legislativo para que frenara una sesión en la que no se alcanzó ni a izar la bandera ni a tomar juramento a cuatro nuevos legisladores de Cambiemos y el Frente para la Victoria.

El escándalo en el escritorio de Monzó

El escándalo en el escritorio de Monzó

En ese contexto, en el oficialismo las culpas por lo sucedido son repartidas. Algunos hablan de una “traición” de los salteños que responden a Juan Manuel Urtubey: aseguran que se sentaron a dar el quórum y ante el escándalo en el recinto y afuera, dieron marcha atrás. Se lo pudo ver a Nicolás Massot, jefe del PRO, caminar de banca en banca hablando con los justicialistas y los massistas: “Nos pedía que recapacitemos, que nos sentemos. Pero no lo íbamos a hacer”, confió un protagonista. En el Gobierno también apuntaron contra los cordobeses que responden a Juan Schiaretti, que se retrasaron. Pero según el oficialismo, fue a propósito. Otro de los señalados fue el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, porque el oficialismo esperaba que el diputado Luis Contigiani diera quórum y no lo hizo. 

“El pacto fiscal tendría que tener consonancia en Diputados”, resumieron. Y recordaron que no es una ley “inventada” sino que hubo reuniones con ministros de Economía y muchas conversaciones. Y reprocharon: “El único que puede patalear contra la ley es Rodríguez Saá, el resto firmaron todos. Hay dos filas: para la de cobrar están todos y en la de sacrificio muchos no aparecen”. 

Un diputado del PRO acusó directamente a los kirchneristas: “Nosotros somos profesionales. Ellos vinieron a romper la sesión. Yo los vi apretando a los peronistas que responden a los gobernadores”. 

Hubo varios diputados del FpV que se acercaron durante varios minutos a Monzó para pedirle que suspendiera el debate. Uno de ellos fue Agustín Rossi, quien le explicó al presidente de la Cámara que el clima impedía continuar y le daba a entender que no tenían el número. Hubo un momento muy tenso en el que Monzó estuvo al borde de pelearse con los opositores. Lo tuvieron que separar y casi lo retiran del recinto. En la batahola, le rompieron el vaso de vidrio del que tomaba agua. 

Agustín Rossi hablando con Monzó

Agustín Rossi hablando con Monzó

Esto fue grabado por el oficialismo. Carrió, quien inmortalizó todo, luego les hacía señas a Juan Cabandié y Axel Kicillof mostrándoles el celular: “Miren qué bien se está portando Rossi”, les decía, irónica. 

Del otro lado no se quedaron callados: “No tenés quórum, ¿querés seguir apretando a los gobernadores? Afinen el lápiz, van a tener que volver la semana que viene”, gritaba Soria. Los alaridos no cesaron: “¡Que se levante!”. Hasta cantaron el himno nacional.

Elisa Carrió, irónica frente a los kirchneristas

Elisa Carrió, irónica frente a los kirchneristas

Siempre encabezando la postura de Cambiemos, Nicolás Massot tomó la palabra: “Usen el micrófono para hablar, sean civilizados. Nosotros ya conseguimos el quórum”, insistió, ante el aplauso de su bancada.

“Bajo este nivel de violencia no se puede debatir”, dijo Carrió antes de pedir que se levantara la sesión. Y en el oficialismo se expresaron en sintonía: “Nosotros defendemos las instituciones y el Congreso. Los otros son una patota”. Ahora resta definir cuándo se retomará el debate. Las fechas estimadas son 19 y 20 de diciembre, aunque el oficialismo aún lo está deliberando. La otra opción es en febrero, aunque menos probable.

Infobae

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Por un decreto, el Gobierno aumentó el gasto ePor un decreto, el Gobierno aumentó el gasto en $ 202.000 millonesn $ 202.000 millones

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Subió el déficit financiero en $ 135.521 millones, les quitó fondos a inversiones e incrementó partidas para gastos corrientes

Novedades en la actividad económica. La intención oficial de acelerar la contención de las erogaciones públicas para abandonar paulatinamente el déficit fiscal tendrá que esperar un poco más.

Al menos así lo reconoce, tácitamente, un decreto presidencial que se publicó ayer en el Boletín Oficial y establece un incremento de $ 202.026 millones en el gasto, uno de los grandes adversarios según Mauricio Macri para conformar un país sustentable.

Con el aumento de las erogaciones, que representan un 7% del presupuesto estimado vigente hasta ayer ($ 2.622.473 millones), el déficit financiero empeora en otros $ 135.521 millones, según surge de los cálculos que hizo la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sobre la base del decreto de necesidad y urgencia 1013.

Pese al incremento del gasto, los especialistas creen que no está del todo en riesgo el cumplimiento de las metas para este año, aunque sí reconocen una reducción del margen de maniobra oficial.

“Esto compromete más la meta fiscal, pero no implica que se vaya a incumplir, porque el Gobierno tiene espacio para frenar ciertos gastos y a partir de esa subejecución cumplir con el objetivo del 4,2% [del producto]”, explicó Rafael Flores, presidente de ASAP.

Según indica el diario La Nación, la norma establece un fuerte aumento de los gastos corrientes, en torno a los $ 230.650 millones.

Se trata de los más dolorosos desde la mirada oficial, ya que apuntan a cubrir principalmente salarios y las necesidades operativas de los organismos, pero no obras de infraestructura ni inversiones que perduren, que en la práctica se reducirán.

De hecho, las partidas para atender gastos en personal treparon $ 9860,3 millones, para atender los incrementos de las paritarias que se hicieron este año.

Entre los principales beneficiados están la Anses, el Consejo de la Magistratura, la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y el Ministerio de Agroindustria y sus organismos descentralizados.

También aumentan en $ 59.368 millones las asignaciones presupuestarias destinadas al pago de prestaciones previsionales, a fin de incorporar el impacto de la fórmula de movilidad que aplica la Anses.

Una parte sustancial de los fondos nuevos se destinará al pago de intereses de la deuda soberana por $ 78.091 millones, tanto en moneda local como extranjera.

Otra porción del incremento del gasto engrosará los subsidios sociales en $ 21.331,6 millones. En menor medida crecerán las transferencias para subvencionar la energía y otras empresas privadas por $ 10.000 millones.

Nexofin

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