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Politica

Un grupo mapuche ya recibió del Estado más de 100 millones

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Se trata de la comunidad Kaxipayiñ. Quiere sacarle 70 millones este año, pero YPF ahora se niega. Gabriel Cherqui, su cacique, anda en 4 x 4 y usa iPhone. Obligaba a la empresa a contratar a sus consultoras.

En la compleja diversidad de grupos mapuches de la Patagonia argentina hay comunidades pacíficas integradas (Paynemil, en Neuquén), algunas que usurpan territorios pero tienen el reclamo en una instancia institucional (Atilio y Rosa Curiñanco, que ocupan “tierras de Benetton”), otras altamente violentas y conectadas con grupos chilenos (el Pu-Lof de Cushamen, de la RAM, que está relacionada a la CAM), algunas promovidas por sectores kirchneristas (es el caso de la  familia que usurpó territorio junto al Lago Mascardi, impulsada por los Vaca Narvaja) y otros que directamente realizan negocios con prácticas extorsivas.

Es el caso de la comunidad Kaxipayiñ, liderada por el cacique Gabriel Cherqui, que se traslada en vehículos 4 x 4 de alta gama, usa como celular un iPhone último modelo y logró que el Estado argentino le aportara 111 millones de pesos en los últimos tres años, 24 millones en el 2014, 32 en 2015 y 55 millones en 2016. Antes viajaba en Audi, según dice la gente del lugar. Es el líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, que no tiene autoridades constituidas desde 2011.

Se trata de un caso grave, porque a través de ramificaciones ya está afectando la producción de la zona, no solo en la exploración de petróleo, sino de manzanas, ganadería, vinos. Los tentáculos de este grupo llegaron a Trataren, una zona desértica de 1800 hectáreas que se volvió altamente productiva gracias al riego, donde otra familia supuestamente mapuche usurpó tierras donde está la boca de agua.

Lo que consignó el diario Río Negro, el 18 de mayo pasado, es que Diego Rosales y Martín Mardones comenzaron lo que denominaron su “reafirmación territorial”, con el apoyo de la Confederación Mapuche, asegurando que “vinimos a vivir acá mucho antes de que esta nueva conquista petrolera llegara”.  El pasado 19 de setiembre fueron desalojados por la policía local, pero los productores de frutales, bodegas y feedlot temen que vuelvan (pasó en otras ocupaciones) y que peligren sus inversiones.

Gabriel Cherqui

Gabriel Cherqui

Según la información que pudo obtener Infobae, Kaxipayiñ obtuvo para el año 2017 la oferta de recibir 1.4 millones de pesos por pozo, es decir, que alcanzaría a 19,6 millones en total, ya que tiene 14. Pero Cherqui triplicó la apuesta y pidió 5 millones por pozos, buscando totalizar 70 millones. Le pareció una cifra razonable en relación a lo que había cobrado en el 2016, sumado la inflación. YPF ya no se aceptó la escalada de extorsiones, hizo público por primera vez el conflicto, se retiró de la negociación y suspendió su proyecto productivo.

Cherqui es un personaje parecido a Omar “Caballo” Suárez, el sindicalista que hoy está preso en la cárcel de Ezeiza. Es dueño, a través de su esposa Valeria, de la empresa  La Lata SRL, con la que fue durante años  subcontratista de YPF. En el 2013 creó otra empresa, la firma Belcher. Para las tareas de saneamiento obliga a que se contrate la consultora, Femun, vinculada a políticos y sindicalistas de la provincia, por la que -hasta el año pasado- cobraron más de 9 millones de pesos. Y maneja otros negocios,  como el estacionamiento frente a la planta de gas TurboExpander y “peajes” adentro de los territorios de su comunidad.

Para permitir el ingreso de dos equipos de perforación a una zona comunitaria reclamó 50 millones de pesos adicionales. Fue el momento en que las nuevas autoridades de YPF consideraron que se trató de la gota que rebalsó el vaso. Hoy esos equipos están parados, perjudicando a la provincia de Neuquén, que podría perder en concepto de regalías más de 130 millones de pesos en los próximos dos años.

El argumento que utiliza Cherqui, por supuesto, es que viven en “territorios afectados por la contaminación de la actividad petrolera”, lo que llama la atención por varias razones. Primero, porque antes de que hubiera interés económico en el área no vivía ahí, luego porque impidieron toda tarea de saneamiento.

Lo insólito es que YPF logró sanear 370.000 metros cúbicos de suelos en los últimos 5 años en el área donde se encuentra otra comunidad mapuche, mientras que en el área de los Kaxipatiñ solo pudo sanear 4.170 metros cúbicos de suelo en el mismo período.

Algo similar sucedió cuando comenzó a desarrollarse el proyecto de Loma Campana en Vaca Muerta, con Chevron. No había en la zona reclamo alguno, ni asentadas comunidades en la zona, y se trataba de tierras fiscales. Pero volvió la familia Campo, que había dejado el lugar hacía 40 años y nunca había dicho que era mapuche, y está en una posición similar a la de la comunidad Kaxipauiñ, aunque con pocas posibilidades de ejercer ya la misma extorsión.

Es que cambiaron los responsables del área de superficiarios de YPF, y ahora están convencidos de que las indemnizaciones deben regirse según la tabla que fue realizada por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, y no por esos valores exhorbitantes que se pagaron hasta el año pasado.

De hecho, YPF  no solo se negó a pagarle a la consultora Femun la última factura que presentó, sino que lo puso en un comunicado: “sus honorarios están muy por encima del promedio del mercado y se acrecientan a medida que más largo de hace el proceso de remediación y más muestras de laboratorio son requeridas“. También paró el proyecto de perforación después de que Cherqui pidiera 5 millones de pesos por pozo cuando, según lo que estipula la tabla, se deberían pagar 700 pesos a esos efectos.

No va a ser nada sencillo salir de este embrollo. A los problemas sociales, la desigualdad y la falta de educación de sectores postergados que parecen confinados a guetos de los que no quieren salir (“para muchos políticos es más fácil regalarles la leña para que pasen el invierno antes que enseñarles a conseguirla por ellos mismos”, dijo una de las fuentes), se le suma la vocación antisistema de sectores altamente politizados que cruzan demandas de derechos humanos con ambientales y ancestrales y logran importante respaldo en gente de buena fe de las grandes ciudades.

Pero algo más. Cualquier propietario responde con sus propios bienes ante un juicio contra YPF, por ejemplo. No es el caso de los bienes comunitarios, que son inembargables e inajenables, porque no le pertenece a ninguna persona física, sino a una comunidad. Es una legislación que hace justicia con comunidades que fueron condenadas a la marginación a la largo de la historia, pero que es aprovechada espuriamente por individuos que un día se ponen una vincha y un poncho y salen hacer negocios personales.

¿Cómo resolverlo? El problema mapuche hoy parece restringido a un problema de seguridad y es la expresión de un Estado que no se involucró en la resolución de los problemas sino que, más bien, parece que por acción u omisión, no hizo más que hacerlos cada vez más grandes. Veremos qué pasa una vez que el Ministerio del Interior convoque a los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro a discutir en serio este asunto. Tal vez sea el primer paso de algo que tardará años en resolverse. Mientras tanto, la pintada que apareció en el Mercado Comunitario de Bariloche, con el que se abre la nota, no deja de preocupar a las autoridades.

 

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Politica

Senado: polémica sobre el financiamiento del aborto

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La senadora justicialista por Tucumán Beatriz Mirkin se quejó este martes de que su comprovinciana de Cambiemos Silvia Elías de Pérez le pregunte a los expositores a favor de la legalización del aborto quiénes los financian y sostuvo que “también hay senadores que son financiados para realizar algunas tareas”.

El cruce tuvo lugar después de que Elías de Pérez le preguntara a la abogada del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Paola Bergallo si recibía financiamiento de la organización Planned Parenthood o de una entidad subsidiaria, pregunta que desde el inicio del debate le hace a casi todos los invitados que exponen a favor del proyecto de legalización del aborto.

Si bien Bergallo dio detalles sobre las organizaciones que financian sus capacitaciones e investigaciones -comenzando por el Estado, a través del Conicet– y dijo “no tener problema en decirlo” ni con “rendir cuentas” sobre el origen de los recursos que sostienen estos trabajos, la pregunta molestó a Mirkin.

La senadora justicialista, representante de Tucumán al igual que la oficialista, se quejó de los interrogatorios de Elías y apuntó: “También hay senadores financiados por algunas fundaciones para realizar tareas y viajar por el mundo y nadie les pregunta”.

“A mí no se me ocurrió preguntarle al señor de la Iglesia Católica que vino el otro día si está financiado por el Estado, porque efectivamente está financiado por el Estado”, continuó Mirkin, al tiempo que sostuvo que “lo importante” de los expositores invitados “es lo que piensan”.

La senadora justicialista, que apoya la legalización del aborto, advirtió que de persistir ese tipo de preguntas optará por plantear en el recinto del Senado “qué está por detrás del financiamiento de quienes preguntan”, frente a lo cual Elías de Pérez realizó manifestaciones fuera de micrófono.

OTRO CRUCE

Por su parte, el debate en las comisiones del Senado sobre la legalización del aborto se caldeó con las exposiciones de la exsenadora María Eugenia Estenssoro, que lanzó duras críticas a la Iglesia Católica, y del periodista Mariano Obarrio, que confrontó con quienes apoyan el proyecto.

La ex legisladora, quien reiteró que se realizó un aborto a los 21 años, cuestionó “los folletos que está repartiendo” la Iglesia en diversas escuelas “donde se adoctrina, porque están llenos de de mentiras científicas e históricas” y “les dicen a los chicos que los anticonceptivos no previenen el aborto, no ayudan a no quedar embarazadas cuando no lo desean”.

Tras ello, la ex senadora de la Coalición Cívica disparó: “No hablan de los y las jóvenes violados en instituciones religiosas de la Argentina y de todo el mundo. No hemos visto marchas de la vida convocando a los niños abusados”.

Diario Popular

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Internacional

Quiénes son las Pussy Riot, las cuatro mujeres que invadieron la cancha en la final

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Se trata de integrantes del grupo de punkrock feminista ruso Pussy Riot, que es popular por realizar manifestaciones en escenarios públicos en contra del Gobierno. Reclaman libertad a presos políticos, no encarcelar a personas sin motivos y derecho a protestas

Durante el segundo tiempo del encuentro por la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, cuatro mujeres invadieron el césped del estadio Luzhniki de Moscú y la acción estuvo unos minutos suspendida hasta que los agentes las detuvieron.

Las invasoras pertenecen al grupo de punk feminista ruso Pussy Riot, un conjunto musical de tres integrantes que terminó por convertirse en un movimiento que es popular en Rusia por manifestarse en espacios públicos contra las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Vladimir Putin y las acciones de las fuerzas policiales.

En un comunicado difundido en las redes sociales del conjunto minutos después de que las cuatro chicas salieran a la cancha, se detalló que la protesta fue para resaltar la forma de actuar de los policías locales, a quienes consideran la “policía terrenal”.

Mediante el escrito, solicitaron que exista una “policía celestial”, una entidad que no sea indiferente y se muestre como un ejemplo a seguir.

“El policía terrenal se prepara para dispersar manifestaciones. El policía celestial toca suavemente una flor en un campo y disfruta de las victorias del equipo de fútbol ruso, mientras que el policía terrenal se siente indiferente a la huelga de hambre de Oleg Sentsov. El policía celestial se levanta como un ejemplo de nación, el policía terrenal lastima a todos”, resaltaron el texto.

El mismo, en su conclusión, fue acompañado por exigencia hacia los agentes:

1. Deje que todos los presos políticos sean libres.

2. No encarcelar por dar “me gusta” en redes sociales.

3. Terminar con las detenciones ilegales en manifestaciones.

4. Permitir la competencia política en el país.

5. No inventar acusaciones criminales y no encarcelar personas sin motivos.

6. Convertir al policía terrenal en el policía celestial.

Las Pussy Riot surgieron en 2011 por iniciativa de Nadezhda Tolokónnikova, Yekaterina Samutsévich y María Aliójina, y como una forma de manifestarse por el cumplimiento de los derechos de las mujeres en el país.

En febrero de 2012 tres mujeres (actualmente se considera que el grupo tiene más de diez integrantes) irrumpieron en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú para protestar contra la reelección de Putin.

Fueron arrestados bajo el cargo de vandalismo, tiempo después enjuiciadas y en julio de ese mismo años, condenadas a dos años de prisión por la jueza Marina Syrova.

Pussy Riot – Police State

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Politica

El Estado nacional no usará más papel para trámites

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Durante la presentación del sistema de identidad digital para realizar trámites, que permitirá gestionar una tarjeta de crédito o un documento público desde el domicilio, en el gobierno confirmaron que a partir del 1º de agosto no se utilizará más papel para ninguna gestión en el Estado nacional.

El anuncio fue realizado en el Salón de Pueblos Originarios de Casa Rosada por parte del ministro del Interior, RogelioFrigerio, y el titular de Modernización, AndrésIbarra, que dieron detalles del nuevo Sistema de Identidad Digital, una plataforma virtual que permitirá validar la identidad de los usuarios a través del reconocimiento facial.

Según se explicó, el usuario sacará una foto de su rostro o de su DNI para que esa información sea comparada con la base del Registro Nacional de las Personas (Renaper). De esta manera, quienes deseen realizar trámites en la casa y requieran de una “firma digital” podrán utilizar este sistema ya sea para gestiones bancarias o documentales.

También los funcionarios adelantaron que antes de fin de mes se publicará un decreto que establecerá la prohibición de utilizar papel para trámites en el Estado avanzando así con el expediente electrónico.

“Son hechos concretos que le hacen más fácil la vida a la gente, ahorrando tiempo y achicando distancias”, destacó Frigerio sobre nuevo sistema. Por su parte, Ibarra dijo que “esto marca un antes y un después en el ecosistema de servicios digitales. Argentina necesita más y mejor empleo y la manera de crearlo es con una economía dinámica y pujante”.

El sistema estará integrado a la web a aplicación de la entidad donde se buscará realizar alguna gestión. En determinado momento se le solicitará al usuario una foto de su DNI y una “selfie”, datos que serán enviados directamente al Renaper para que los valide y en menos de “7 segundos el solicitante podrá continuar el trámite on line”.

Según se informó, los primeros en implementar esta modalidad serán “el sector financiero y fintech (tecnológico)” que ya finalizaron la etapa de pruebas impulsada por el Banco Central. De este modo, se podrá abrir cajas de ahorros y solicitar préstamos. También se podrá empadronarse en el ámbito del Ministerio de Salud, en Desarrollo Social para el cobro de planes sociales, entre otras prestaciones públicas.

El aplicativo también se utilizará en la plataforma “Mi Argentina”, la ventanilla única digital para trámites con el Estado. Esta plataforma -que ya cuenta con más de 400 mil usuarios- permite crear un perfil digital, donde el ciudadano puede hacer un seguimiento de sus trámites, solicitar turnos y recibir alertas de vencimientos, fechas de cobro, entre otras cosas.

Por otro lado, en el gobierno remarcan que el decreto publicado congelamiento de la planta estatal publicado esta semana se cumplirá “a rajatabla” salvo las excepciones mencionadas, como contrataciones en fuerzas de seguridad o en Ciencia y Tecnología. Pero cuando este diario quiso saber que ocurrirá con la Unidad G20, que ha incorporado decenas de empleados en los últimos meses, una fuente reveló que “sólo se completará cuando haya un traslado o renuncia. La idea es que Jefatura de Gabinete ni ningún área incorpore más personal”.

Otro tema que sobrevuela los pasillos de la Casa Rosada -y que en las últimas horas tuvo su correlato en las redes sociales con declaraciones de ex funcionarios- es la necesidad de relajar la baja de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas para acrecentar las arcas oficiales. Pero los expresos de los deseos de funcionarios del área política y de Hacienda chocan con la decisión que por ahora enarbola el presidente Mauricio Macri de mantener el esquema y que confirmó la semana pasada en ocasión de la visita al palacio gubernamental de la Mesa de Enlace.

“Con un dólar a $28 no pueden quejarse de la sequía (por los ruralistas). Pero ya se planteó (la suspensión de la baja de las retenciones) y por ahora no está en discusión. Se zanjó en la reunión de la Mesa de Enlace. Veremos más adelante”, señaló una fuente gubernamental consultada.

Es que el último miércoles el ex subsecretario de Programación MacroeconómicaLuciano Cohan publicó un tuit que generó polémica: “Dicho esto, aclaro que yo creo que hay que frenar por un tiempo la baja de retenciones a la soja, pero no porque sea un impuesto bueno, sino porque no hay plata. Son un mal necesario en mitad del ajuste que hay que hacer”, indicó en su perfil de la red social.

Por ahora no habrá reforma al esquema de retenciones, pero son muchas las voces que se suman para que el Estado pueda recaudar más mediante este tributo para así aliviar el déficit fiscal y, al mismo tiempo, contener los precios de los alimentos, elaborados en base a commodities, afectados por una devaluación del 45%.

 – Por Emiliano Russo
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