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10 años de la Ley Audiovisual: “Alberto Fernández, no basta con aplicar la defensa de la competencia”

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La nueva realidad del mercado audiovisual y las innovaciones tecnológicas pondrán en crisis muchos de los paradigmas existentes

Por: Graciana Peñafort
A 10 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuesta imaginar el futuro. La ley que fue aprobada en el 2009 respondía a un análisis de mercado que ha variado sustancial y dramáticamente en estos 10 años.

Lo primero que hay que señalar es que, si bien se cumplen los 10 años, la ley se aplico por muchísimo menos tiempo. Apenas promulgada, fue suspendida por diversas cautelares, que fueron inequívocamente ganadas por el Estado Nacional. El proceso de judialización concluyó en 2013 cuando se expidió la Corte Suprema, desestimando el planteo de Clarín respecto a las cláusulas antimonopólicas que contenía la ley. La Corte consideró que dichas clausulas eran constitucionales.

Pero no duraría mucho la vigencia de las cláusulas antimonopólicas. En diciembre del 2015 el recientemente electo gobierno de Macri, modificó por DNU, derogando buena parte de sus normas anti monopólicas. El Gobierno lo hizo bajo la promesa de hacer una nueva ley, mas moderna. Han pasado casi cuatro años sin que la ley prometida sea presentada siquiera para su tratamiento legislativo.

Ante la ausencia de una norma aprobada por el Congreso, el sector audiovisual ha sufrido un retroceso significativo. El nivel de concentración, que ya era dramático, se ha agravado a través de la autorización de fusiones como la de Telecom con Cablevisión. La concentración de redes (las carreteras de fibra por las que circula la información) no solo implica un riesgo al derecho a la información, sino una espada de Damocles al básico derecho de acceso a esa información. El remate de frecuencias a poco de terminar el gobierno, practica que conocimos en menemismo y que este gobierno pretende reiterar, solo implicará, como en los años 90, un largo proceso de nulidades y cautelares, que impedirán por años la normalización del sector.

Una de las más valiosas instituciones creadas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público, cuyas funciones fueron muy efectivas a los fines de dar respuesta a las audiencias, fue intervenida hace poco mas de un año, sus profesionales expertos en la materia, removidos de sus funciones y está actualmente conducida por un señor con nulos antecedentes en comunicación y que jamás podría haber sido designado allí, conforme los requisitos que establece la ley para ser designado como defensor.

Alberto Fernández, candidato a presidente del espacio político que apoyo, promueve que la regulación del sector puede ser efectuada mediante la ley de defensa de la competencia. Las legislaciones extranjeras y los especialistas han fundado por qué no basta con la ley de defensa de la competencia para garantizar la libertad de expresión, tesis que sostengo en lo personal.

La nueva realidad del mercado audiovisual y las innovaciones tecnológicas pondrán en crisis muchos de los paradigmas existentes. Lo que no puede entrar en crisis es la certeza respecto a la información como derecho inescindible de la democracia. Y que los medios de comunicación, más allá de realizar una actividad de evidente contenido económico, deben subordinarse en su actividad al pleno y efectivo ejercicio del derecho de acceso la información de los ciudadanos.
*Abogada, co-redactora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Fuente: Revista Noticias

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El coronavirus alejó a la Iglesia del dolor de sus fieles

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Crece el desconcierto social por la ruidosa ausencia de la Iglesia católica argentina en este tiempo de pandemia. Una actitud que puede tener un alto costo.

Los últimos años no han sido los mejores en cuanto a la relación de la Iglesia con la sociedad. Un hilo conductor que viene desde los negros años de la dictadura -plagados de silencios y complicidades eclesiales- y que enlaza con escándalos financieros y el tan presente como horroroso fantasma de la pedofilia, conformaron un cóctel venenoso con el materialismo propio de este tiempo, el hedonismo y los debates que traspasan al mundo moderno y que tienen nombre y apellido. El matrimonio igualitario, la homosexualidad y el aborto ocupan la agenda universal desde principio de los 90 y en todos ellos la institución romana -apretada por cuestiones de dogma y otras que nada tienen que ver con ello- debió abroquelarse en una posición conservadora que la enfrentó con al menos la mitad de la comunidad universal.

La caída de las vocaciones, la pérdida constante de fieles, los cismas internos y el crecimiento de otras expresiones cristianas a un ritmo similar al del agnosticismo, fueron la respuesta inmediata que puso al Vaticano a la defensiva y que aún hoy lo tiene en estado de confusión.

La aparición de Francisco con un mensaje renovador, casi revulsivo y de cara a un nuevo tiempo generó en los albores de su papado una esperanza que el paso de los años se ha encargado de anestesiar. Es poco lo que cambió y mucho menos lo que de ello asoma en el horizonte…

La crisis del coronavirus pareció una ocasión ideal para comenzar a cambiar esa imagen declinante. La posibilidad de ver una Iglesia comprometida, arriesgándose a ir allí donde el dolor llamaba sin miedos y con los riesgos del pastor que cuida a sus ovejas frente al merodeo del lobo, era casi una respuesta de manual al accionar de quien salva almas, espanta dolores y despierta esperanzas.

Pero ello no ocurrió. Al menos como respuesta institucional, que hubiese requerido del concurso de todos los niveles de la milenaria organización.

Los curas jóvenes, esos que tantas veces sufren el embate de las jerarquías y son tildados desde lo ideológico sin ver su capacidad de empatía con los más humildes, hundieron otra vez los pies en el barro y fueron allí donde el sufrimiento los convocaba. Pero lo hicieron solos, por convicción y decisión personal.

Las jerarquías de la Iglesia Argentina desaparecieron del escenario y lo hicieron sin rubor ni explicación alguna. Abandonaron a su pueblo a su suerte, limitándose a algunos consejos liturgistas que en nada ayudaban a paliar la dura realidad de todos.

De los más necesitados, que buscaban el reparo a sus carencias y los que, aún con espalda para resistir desde lo económico, aguardaban el consuelo y la contención de sus almas. Dejar al hombre en soledad con Dios puede representar la esencia de la fe pero cuestiona la necesidad de esa intermediación milenaria que representa su Iglesia.

El costo va a ser seguramente muy alto.

Pensar que de esta crisis salga una Iglesia fortalecida es tan solo un rasgo de ingenuidad o de fanatismo. No ha estado a la altura de lo que su grey le reclamaba…y eso se hará sentir. Mucho deberá reflexionar Roma si quiere que el coronavirus no sea el inicio de la crisis más profunda que haya atravesado en su historia.

El mundo clamó y la respuesta fue el silencio…

Quienes nacieron y crecieron bajo  aquel que fue capaz de sacrificar su propia vida por la humanidad se escondieron en el repliegue que garantizaba su seguridad al precio del abandono de sus hijos.

Es grave y es triste. Recemos para que Dios le muestre a su Iglesia el camino de una nueva oportunidad…

FUENTE : LIBRE EXPRESION
Por Adrián Freijo –

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Esa delgada línea entre la angustia y la irresponsabilidad

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Organizaciones sociales reclaman asistencia alimentaria frente al municipio y lo hacen violando todas las normas de aislamiento. Comer o vivir…¿esa es la cuestión?.

Las imágenes que ilustran esta nota son más claras que mil palabras: las organizaciones sociales que manifiestan frente al municipio reclamando asistencia alimentaria lo hacen violando las normas vigentes del aislamiento obligatorio.

“Hemos dejado notas, cartas, petitorios y ninguno ha sido contestado y no ha existido hasta hoy una convocatoria a reunirse para tratar los puntos de nuestro pliego reivindicativo. Es decir que la situación para miles en los barrios de la ciudad sigue siendo la profundización del hambre y la pobreza“, remarcaron los representantes del Polo ObreroBarrios Unidos en LuchaMovimiento Argentina Rebelde, la Coordinadora de la Unidad Barrial (CUBA) y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

Los detractores de este tipo de actitudes dirán, con razón, que las autoridades debería intervenir, disolver la manifestación y hacer que cese inmediatamente el peligro que esto representa para la salud pública. ¿De qué sirve el esfuerzo común si un grupo de ciudadanos resuelve, por el motivo que fuese, que sus intereses o necesidades están por encima de los del conjunto?.

Quienes defienden a las organizaciones sociales, o sus propios dirigentes, sostendrán que la necesidad de recibir alimentos en estos momentos de conmoción social y la falta de respuesta que denuncian de parte de las autoridades suponen una situación de gravedad excepcional que justifica un accionar que vinculan más con la desesperación que con la desobediencia civil.

Y los que aceptamos que no existe verdad absoluta y tratamos de entender las actitudes de unos y otros -no desde la inocencia sino a partir de buscar el equilibrio entre lo que se puede y lo que se debe- nos preguntaremos si Mar del Plata ha llegado a la encrucijada del príncipe Hamlet, solo que para preguntarse «¿Comer o Vivir?» y si «esa es la cuestión».

Lo que no debemos permitir es que las dudas o las prioridades dividan a nuestra sociedad en unos y otros. En forma inmediata el municipio debe atender estas necesidades -tiene los elementos para hacerlo- sin demorar un minuto más la dispersión de este tipo de protestas. Concretamente acercar la ayuda a los barrios y repartirla con los destinatarios en sus casas y no en la calle.

Así, al menos por ahora, vivir y comer serán dos cuestiones vinculadas…y el respeto a la ley también.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

 

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Una nueva manipulación mediática de Cristina

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Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la Capital, es hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara de Casación Penal Federal, y hermano de Ignacio Mahiques, fiscal del fuero penal federal. Cristina Kirchner le dedicó un tuit a Juan Bautista, en el que lo señaló como el funcionario del gobierno de Mauricio Macri que había presionado a la jueza Ana María Figueroa, que integra la Cámara de Casación Federal, para que reabriera la causa por la firma del acuerdo con Irán, iniciada por el fiscal asesinado Alberto Nisman. 
Figueroa denunció que en 2015 la presionaron en nombre del gobierno de Macri por el memorándum con el régimen de Teherán. Juan Bautista fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante casi toda la gestión de Macri. Un mes antes de que este terminara su mandato, Mahiques hijo renunció a ese cargo para asumir como jefe de los fiscales en la Capital. El actual procurador capitalino aseguró que nunca habló, ni siquiera socialmente, con la jueza Figueroa.
El aspecto sorprendente del caso es que la propia jueza Figueroa, que siempre simpatizó con el cristinismo, confirmó luego que ella nunca nombró a Juan Bautista Mahiques. Y tiene razón. Nunca lo hizo. Un periodista de la radio AM750, emisora que tiene inocultables simpatías con el kirchnerismo, le deslizó si se estaba refiriendo a Juan Bautista. La jueza no contestó y siguió contando sus presuntos recuerdos.

Es necesario hacer un paréntesis sobre la actitud de Figueroa. El supuesto apriete que ella denuncia ahora habría sucedido en 2015; es decir, en los 20 días de ese año en que Macri fue presidente. Macri asumió el 10 de diciembre de 2015. Una jueza que se precie de tal hubiera hecho una denuncia inmediata de semejante presión indebida. Una denuncia judicial y hasta mediática.

Una jueza de una instancia inferior a la de ella, Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal Nº 8, recibió hace poco una llamada de la Secretaría de Derechos Humanos, que lidera el cristinista Horacio Pietragalla, para recordarle que ellos habían pedido la prisión domiciliaria de Luís D’Elía. La jueza Namer libró un oficio a la secretaría de Pietragalla en el que denunció que recibió una “llamada inapropiada”, lo que significa un apriete en la jerga judicial. Namer dejó sentado en el expediente de D’Elía el apriete del funcionario que envió Pietragalla, que fue Mariano Przybyski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Esa dirección depende de Pietragalla.

¿Por qué Figueroa no tuvo en su momento la valentía de la jueza Namer? ¿Por qué si calló entonces le parece oportuno hablar ahora, cuando han vuelto muchos de sus amigos políticos? “Ella combina a veces fanatismo y resentimiento”, resumió otro juez de la Cámara de Casación que conoce a Figueroa.

El núcleo del problema consiste, de todos modos, en que Cristina Kirchner puso en boca de Figueroa lo que Figueroa no dijo. Peor: puso en su boca un nombre que Figueroa no nombró. Cabe hacer una pregunta: ¿por qué la vicepresidenta se ocupa personalmente de escrachar a Juan Bautista Mahiques, cuyo cargo actual no podría afectarla a ella, ya que tiene jurisdicción sobre la Justicia ordinaria de la Capital? El primer objetivo no es Juan Bautista, sino su hermano Ignacio, el fiscal del fuero penal federal. Ignacio Mahiques escribió, junto con su colega Gerardo Pollicita, el dictamen más duro y preciso que se haya escrito sobre la arbitrariedad para licitar las concesiones de las obras públicas en tiempos de los dos presidentes Kirchner. El beneficiario fue Lázaro Báez. Ese dictamen fue el argumento principal del juez Julián Ercolini para procesar a Cristina Kirchner por asociación ilícita junto con Julio De Vido, José López (el exfuncionario que revoleó bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez) y el propio Báez.

Ignacio Mahiques integró el año pasado una terna para cubrir el cargo de juez federal de Mercedes. La comisión de acuerdos del Senado le dio el correspondiente acuerdo, pero el cuerpo, por presión del peronismo, nunca llegó a tratar esa terna. El nuevo gobierno retiró todos los pliegos de futuros jueces que estaban a consideración del Senado. Es muy probable que Ignacio Mahiques no alcance el cargo de juez federal en los próximos años, a pesar de que hace seis meses recibió el premio internacional Gusi Peace Prize International por su desempeño como fiscal.

De paso, Cristina Kirchner crea hechos inexistentes para usarlos como defensa en la causa por el memorándum con Irán, como lo señaló ayer en LA NACION el periodista Hernán Cappiello. El fallecido juez Claudio Bonadio la procesó por traición a la patria en ese expediente, que finalmente la Cámara de Casación, con el voto en contra de Figueroa, reabrió.

El exjefe de los servicios de inteligencia Oscar Parrilli, también procesado en esa causa, adelantó tales recusaciones en declaraciones públicas. Más aún: señaló su certeza de que los dos jueces de Casación (la tercera es Figueroa) que resolvieron reabrir la causa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, también habían sido presionados por el gobierno de Macri. ¿También por Juan Bautista Mahiques? La jueza Figueroa dejó sin muchos argumentos reales y tangibles a Cristina y a Parrilli, aunque les hizo un favor impreciso e incomprobable.

La aclaración de Figueroa fue una mala noticia para el cristinismo, que se sumó ayer a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que suspendió el fallo del juez Víctor Violini, que excarceló a muchos presos por la pandemia del Covid-19. Unos 2200 presos fueron liberados o enviados a prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires. Es posible que en los próximos días la Corte ordene que muchos de ellos regresen a la cárcel. El máximo tribunal provincial expuso muchos argumentos jurídicos razonables, pero también señaló la conmoción social que provocaron esas liberaciones o prisiones domiciliarias.

Aunque no lo dijo, la Corte enmendó también a uno de sus miembros, Eduardo de Lázzari, quien el 20 de marzo firmó en su condición de entonces presidente del tribunal una autorización para que un solo juez de un tribunal de Casación (integrado por tres jueces) resolviera sobre libertades y prisiones domiciliarias. Así apareció Violini, que es solo un juez de un tribunal de tres, con fuertes simpatías públicas por el cristinismo. Fue el cristinismo, en su versión política o judicial, la corriente política que dio rienda suelta a la idea de una liberación masiva de presos o al traslado de estos a sus casas para que cumplan la pena de prisión.

El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que nunca militó en la franja que promovió las liberaciones, se manifestó ayer en contra de esa práctica de algunos jueces y le echó la culpa al procurador general (jefe de fiscales y defensores), Julio Conte Grand. El cristinismo viene trabajando para desestabilizar a Conte Grand, que llegó a ese puesto en el gobierno de María Eugenia Vidal. Su designación contó con la consiguiente aprobación parlamentaria que incluyó a la oposición. Kicillof dijo que Conte Grand había elaborado una lista de 1200 presos que podrían cumplir prisión domiciliaria por ser personas de riesgo ante la pandemia. Lo cierto es que de la lista de Conte Grand solo 600 fueron a sus casas, sobre un total de 2200 liberaciones.

Dos conclusiones pueden inferirse. La primera es que existe una manipulación de datos para mejorar la situación judicial de Cristina Kirchner, aunque para eso deba recurrir al escrache de personas que nada tuvieron que ver con nada (caso Mahiques). La otra es que el mismo recurso de deformar la realidad le sirve al cristinismo para desviar la atención de los verdaderos autores de políticas que provocaron un amplio rechazo social (caso Conte Grand). La manipulación de la información y el desprecio por los hechos no son prácticas nuevas ni desconocidas. Forman parte de la panoplia política que ofrece Cristina Kirchner a sus cortesanos.

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