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100 años de audiencias, 100 años de radio

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Desde el 20 de agosto hasta el 3 de septiembre, la Defensoría del Público celebra el centenario de la radio argentina poniendo el foco en las audiencias, la otra mitad de la radio.

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Para conmemorar los 100 años del nacimiento de la radio en la Argentina, la Defensoría del Público llevará a cabo actividades que tienen como foco a las audiencias: la otra mitad de la radio.

Para ello, se desarrollarán entrevistas, mesas redondas, se producirán clips y se pondrá en circulación un conjunto de materiales que ofrecen otras identidades, otras voces y otra forma de hacer y escuchar radio, siempre entendiendo a la comunicación como un derecho humano inalienable. Dada la coyuntura que atraviesa la Argentina, la mayor parte de estos materiales se publicarán en las redes sociales de la Defensoría, y en distintas formas de circulación virtual.

Para comenzar, el jueves 20 de agosto, a las 19hs, la Defensora del Público, Miriam Lewin, entrevistará al periodista Carlos Ulanovsky para conocer el ayer y el hoy de la radio. Con Ulanovsky, experto en historia de los medios, la Defensora recorrerá las distintas etapas de la radiofonía argentina y sus dinámicos vínculos con las audiencias. La entrevista podrá verse en vivo desde la web de la Defensoría (www.defensadelpublico.gob.ar).

Mesas de debate

Durante tres viernes consecutivos se realizarán mesas de debates sobre el pasado, el presente y el futuro de la radio. La primera, será este viernes 21 a las 17hs y llevará como título “100 años de radio. Nuevas audiencias, nuevos desafíos” con la participación del investigador de la radio y las tecnologías, Agustín Espada; la presidenta de la Cámara Argentina de Radios On Line (CADERO), Yésica Bernardou; el emprendedor y creador de Radio Cut, Guillermo Narvaja, y la conductora de radio y productora de podcast, Fiorella Sargenti, quienes invitarán a pensar los nuevos formatos de la radio hoy y los futuros. Coordinará la charla el Secretario General de la Defensoría del Público, Pascual Calicchio. El encuentro podrá verse en la página web y el canal su canal de YouTube.

En las redes

Se producirán micros audiovisuales y radiales de un minuto de duración protagonizados por hombres y mujeres que hicieron historia en su paso por la radio y por voces de distintas partes de país que día a día escriben el borrador de la historia. 

A esto se le sumará el estreno de ocho programas sobre “Buenas Prácticas” producidos por la Dirección de Capacitación de la Defensoría del Público. “Buenas Prácticas” es un relevamiento que permite recorrer proyectos comunicacionales en sus contextos, contados por quienes día a día hacen comunicación desde los barrios, las escuelas, las cárceles, las comunidades campesinas e indígenas, los asentamientos de las grandes urbes, los pueblos y las universidades públicas.

 

FOFO TAPA : CARACTERISTICAS.COM

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Cuadernos: Casación puso en la mira a los arrepentidos, el corazón de la causa por la que está procesada Cristina Kirchner

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El máximo tribunal pidió al juzgado que le envíe el “soporte fílmico o digital” con el que se hayan registrado esas declaraciones. Las defensas de De Vido y otros reclamaron la inconstitucionalidad de la ley, su aplicación y la nulidad de toda la causa. El antecedente que permitió sobreseer a Máximo Kirchner y Wado de Pedro

FOTO :Oscar Centeno, junto a su ex mujer Hilda

La llamada causa de los cuadernos, en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de haber comandado una asociación ilícita que recolectó coimas entre empresarios, desfila por una delgada cornisa. Un grupo de defensores reclamó la nulidad de todo el expediente, por la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido y su aplicación directa en esta causa. Y ahora la Cámara Federal de Casación Penal decidió reclamar de manera “urgente” que le envíen el “soporte fílmico, digital y otro medio técnico en el cual se hayan registrado” las declaraciones de los arrepentidos. El dato no es menor: todos en Comodoro Py saben que esas grabaciones nunca existieron. Y hasta eso sirvió cuando a fin de año pasado el diputado Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quedaron sobreseídos por el financiamiento de La Cámpora.

Los acuerdos entre el fiscal Carlos Stornelli y los 31 imputados-colaboradores, entre ex funcionarios y empresarios, que tuvo la causa de los cuadernos quedaron detallados por escrito. Tanto el fallecido juez Claudio Bonadio como la Cámara Federal porteña consideraron que el papel constituía un “medio técnico idóneo” suficiente. Pero las quejas de las defensas llegaron a la Sala I de la Cámara de Casación, que ahora decidió tratar el tema.

En una audiencia que tuvo lugar el jueves y a la que asistió Infobae, un grupo de defensores, entre los que estaban los de Julio De Vido, exigieron saber si existían los registros de las declaraciones de los arrepentidos de los que habla la ley 27.304. Denunciaron la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, en general, y su aplicación en este expediente y reclamaron la nulidad de todo lo que se hizo desde que se inició la causa. Dispararon sobre el remisero Oscar Centeno, su declaración y también la interpretación sobre sus cuadernos. Y apuntaron contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido Claudio Bonadio. Hablaron además de la teoría del fruto del “árbol envenado”, la doctrina que establece que si una prueba se obtuvo de manera ilícita no puede ser usada en un proceso judicial. Esa doctrina fue, precisamente, lo que llevó a caer la investigación de la causa AMIA, cuando el caso llegó a juicio y los que terminaron acusados fueron los investigadores.

La discusión llega dos años después del inicio de la causa que sacudió al país y cuando la principal acusada es la vicepresidenta. El capítulo de los arrepentidos es el corazón del expediente. Según quien lo mire, es donde radica la principal fuerza o la mayor debilidad de la causa que se destapó por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, narrando en detalle durante años viajes de recaudación cuando trasladaba a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el ex Ministerio de Planificación. “El futuro de la causa cuadernos depende de la política”, decían a Infobae en tribunales, cuando todavía no se sabía quién ganaría las PASO y el caso cumplía un año.

“Con esto se cae todo”, se entusiasman en diálogo con Infobae algunos defensores. Por lo pronto, Casación comenzó a estudiarlo y no tiene plazos para pronunciarse. Los encargados de decidir son los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Ex funcionarios y empresarios investigados por BonadioEx funcionarios y empresarios investigados por Bonadio

La causa

El caso de los cuadernos de la corrupción marcó un punto de inflexión en Comodoro Py cuando estalló el 31 de julio de 2018 y derivó en una seguidilla de ex funcionarios y empresarios presos. Fue entonces cuando una veintena de empresarios y ex funcionarios, acusados de una asociación ilícita encabezada por la ex presidenta Cristina Kirchner, reconocieron haber pagado o cobrado coimas en el marco de los negocios, licitaciones o convenios que surgían desde el Ministerio de Planificación. Algunos explicaron que lo hacían porque les pedían plata para la campaña, otros porque si no ponían dinero no obtenían licitaciones o no conseguían que se liberaran los pagos por los negocios que ya tenían con el Estado.

Lo cierto es que cada uno de los declaró como imputado-colaborador ante el fiscal Stornelli lo hizo sabiendo que debían aportar datos ciertos y valiosos para la investigación, apuntando “hacia arriba”. A cambio, los que estaban presos consiguieron la libertad; y los que podían quedar detenidos, consiguieron seguir el proceso sin ir a cárcel. Con su arrepentimiento, firmaban el reaseguro de que, a la hora de la sentencia, tendrían una reducción de la pena. Ahí se anotaron los ex funcionarios José López y Claudio Uberti, el financista Ernesto Clarens y empresarios que van desde Carlos Wagner hasta Angelo Calcaterra, pasando por Aldo Roggio y Enrique Pescarmona.

Las defensas cuestionaron desde el primer momento la aplicación de la ley en esta causa. Pero la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia Pablo Bertuzzi –hoy en el centro de la polémica por sus traslados y desplazados del segundo piso de Comodoro Py- ratificaron los procesamientos dictados, validaron las declaraciones los arrepentidos y elevaron el caso a juicio oral. El tema ya está en manos del Tribunal Oral Federal 7, a cargo de Fernando Canero, Enrique Mendez Signori y, hasta hace unos días, Germán Castelli, otro de los magistrados desplazados por el Senado porque llegó a ese lugar por un traslado.

Allí Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita -junto al fallecido ex presidente Néstor Kirchner- de haber comandado una asociación ilícita que funcionó entre principios de 2003 y noviembre de 2015, “cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”. Por debajo de la hoy vicepresidenta, estaban De Vido y Baratta, Clarens y Wagner, de la compañía Esuco, que presidió la Cámara Argentina de la Construcción; y por abajo los “integrantes”, entre los que aparecen los arrepentidos José López, Claudio Uberti y Centeno, que se convirtió en testigo protegido. Los empresarios, que en un primer momento habían sido incluidos por Bonadio en la asociación ilícita, quedaron acusados por la Cámara Federal solo por haber entregado coimas.

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El debate

El análisis sobre el rol de los arrepentidos está pendiente desde el año pasado. Incluso hubo un tironeo entre salas de Casación sobre quiénes eran los jueces que debían analizado el expediente cuadernos, una discusión que fue detallando Infobae mientras ocurría. Pero cuando finalmente la causa 9608/2018 quedó en manos de los jueces de Sala I y la jueza Figueroa fijó una audiencia para los primeros días de abril para escuchar a las defensas, llegó la pandemia y la audiencia se demoró más de medio año.

El jueves pasado, finalmente, en una audiencia en la que participó Infobae, hicieron oír sus quejas las defensas de De Vido, Hernán Gómez -ex funcionario de Planificación que estuvo preso cinco meses-, Gerardo Ferreyra -el ex dueño de Electroingeniería que fue incluido en la asociación ilícita- y Juan Lascurain -el ex titular de la Unión Industrial Argentina ya condenado en la causa Río Turbio y quien estuvo presente frente a los jueces de Casación-.

En nombre de De Vido, los abogados Maxiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro afirmaron que la ley del arrepentido y su aplicación en el expediente cuadernos es inconstitucional. “Fue una violación palmaria” de los principios de igualdad, de proporcionalidad, de legalidad y el derecho de defensa, dijo Rusconi. “Es muy llamativo que a mayor intervención en el ilícito, haya más calidad informativa y más chance de beneficiarse, cuando el que más participó del hecho más pena debería tener. Los que menos intervinieron son perjudicados, por haber intervenido menos. Es el mundo del revés. Y encima el que llega antes, le ganó el lugar a otro de arrepentirse”, afirmó.

Según la defensa, esas garantías no solo se violaron para los acusados que no se arrepintieron, sino también para los que aceptaron ser colaboradores. Y sostuvo que el caso de la ley del arrepentido nunca debió haberse aplicado en la causa cuadernos, porque los hechos que se investigan comenzaron en 2003 y la ley se votó en 2016, por lo que debió aplicarse el principio de la ley más benigna.

Un tercer foco estuvo dedicado a lo que se entendió como el incumplimiento del artículo 6 de la Ley 27.304, que establece: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Fue por eso que Palmeiro pidió a Casación que solicitara al juzgado de instrucción, al tribunal oral o la fiscalía de juicio los registros fílmicos o o de audio de las declaraciones de los arrepentidos. De no estar, solicitó que se declare nulo todas esas declaraciones. Después de la audiencia, Casación ordenó solicitar esos registros al juzgado federal 11, que estuvo en manos de Bonadio y hoy subroga Marcelo Martínez De Giorgi, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quedaron sobreseídos por el financiamiento de La Cámpora. (DyN)Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quedaron sobreseídos por el financiamiento de La Cámpora. (DyN)

No es un dato al pasar que el fiscal Jorge Di Lello y la jueza María Servini sobreseyeron al diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta; y al hoy ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ De Pedro, entre otros, por la plata que La Cámpora recibió y que había salido de los viajes de los cuadernos. ¿Qué dijo en aquel momento Di Lello? Que sin un soporte “técnico” para escuchar la declaración de José López prestó como imputado ante Stornelli no se podía saber “la voluntariedad de la manifestación”. Según dijo, “la recepción en forma escrita no era suficiente” para dar por cumplida con la ley del arrepentido.

Centeno, los papeles privados y los cuadernos quemados

La abogada Laura Fechino, representante del ex funcionario Gómez, también sostuvo que la ley del arrepentido era inconstitucional. “Si tenemos que premiar al partícipe del delito para descubrir a sus autores, claramente el Estado está reconociendo su propia incapacidad”, comenzó diciendo. “No podría decirse que el acusado es libre a la hora de declarar cuando estaba en juego la posibilidad de ser excarcelado y tiene que negociar su arrepentimiento con el funcionario que lo acusa”, aseguró. “Si a una persona que cae en el sistema penal se le ofrece la libertad inmediata o se le dice que puede no pisar un penal si declara como arrepentido, ese premio es un método inductivo para declarar contra su voluntad. Y recordemos el precedente de la causa AMIA, cuando el Tribunal Oral Federal 3 dijo que el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín fue un método inductivo para inculpar a policías. Si un pago fue inductivo, ¿cuánto más lo es una libertad inmediata? “, añadió.

“Acá no solo se viola la igualdad entre fiscal y el imputado, sino una sumisión del imputado al fiscal, porque es el representante del Ministerio Público el que decide si esa información será suficiente para el acuerdo. No se sabe cuál es el límite. ¿Y si el acusado se autoincrimina por otro delito? ¿Y qué hace el fiscal con la información que le da un acusado cuando no se llega a un acuerdo? La ley no lo prevé”.

Pero la abogada Fechino también disparó sobre cómo se aplicó la ley del arrepentido en el caso cuadernos y puso la mira en los orígenes de la causa. “Esta causa se inició con una violación constitucional –aseguró-. Centeno es imputado de la causa Gas Licuado por una denuncia de la ex mujer por enriquecimiento ilícito. Claramente esa denuncia nunca debió haber prosperado, porque era la ex mujer la que lo acusaba y no había sido víctima del delito”. “Pero a raíz de esa denuncia –continuó-, Centeno le dio los cuadernos a su amigo, Jorge Bacigalupo para que no llegaran a manos de Bonadio. Y Bacigalupo se los dio al periodista Diego Cabot. Entre los dos abren la caja, leen los papeles privados de Centeno y Cabot se los lleva al fiscal Stornelli, quien lejos de frenar y decir ‘esto es un delito, pregunténmosle a Centeno si consiente que leamos sus papeles’, le toma declaración a Cabot y se abre una investigación en la que durante cuatro meses Bonadio hace tareas de inteligencia. Y con esos cuadernos, introducidos al proceso de manera inconstitucional, Bonadio ordena allanamientos el 31 de julio de 2018 y la detención de Centeno; el 1 de agosto las detenciones de ex funcionarios y empresarios y recién el 2 de agosto, en la fiscalía se le toma declaración a Centeno, sin leer sus derechos como imputado y advirtiéndole que podía declarar como arrepentido”.

La abogada continuó: “¿Y qué declara ahí Centeno? Lo primero que dice es que esos cuadernos estaban en una caja, la cerró y se las dio a Bacigalupo porque tenían miedo que llegaran a la justicia. Después dice que desconfió de Bacigalupo, le fue a pedir los papeles y el amigo le dijo que los tenía en Córdoba. ‘Cuando insistí, me los devuelve. Me enojé porque me devolvió la caja rota, conté que estuvieran los ocho cuadernos y me fui’…. Esta declaración de Centeno es una denuncia clara de violación de papeles privados. Y que sea un delito de instancia privada no borra el delito. ¿Se le informó a Centeno los derechos como imputado y que, como víctima, podía evitar el ingreso de esos cuadernos al expediente?”

La defensora siguió relatando cuando Stornelli y Centeno fueron a buscar los cuadernos a la casa del remisero, pero no aparecieron.“ Y ahí Centeno se acordó que los había quemado en la parrilla. Claramente Centeno mintió: nadie puede estar imputado por ocho cuadernos que fueron tan trascendentes y olvidarse que los quemó… Y no solo eso, sino que ahora parece que aparecieron”. “Con todo esto quiero decir –añadió- que la declaración de Centeno como arrepentido es nula por esta sucesión de violaciones, desde la imputación en Gas Licuado. Su declaración, más tarde o más temprano, va a ser declarada nula y todo lo actuado en consecuencia”.

Juan Carlos Lascurain (Fabián Ramela)Juan Carlos Lascurain (Fabián Ramela)

La palabra “dinero” y una falla en la acusación

Cuando les llegó el turno, los abogados Marcelo Mónaco y Damián Real, defensores de Lascurain, profundizaron sobre un día: el 28 de octubre de 2008, cuando según Centeno, Lascurain le acercó a Baratta el listado de proveedores en un sobre. “Hasta ahí podemos decir que la anotación de Centeno es verosímil, pero con una particularidad: ahí no aparece la palabra dinero”. Cuál sería, entonces, el delito de llevar un sobre, se preguntaron los defensores. Sin embargo, en la acusación se atribuyó que se trataba de una coima y acusaron a su cliente de cohecho. “Si al señor Centeno se le cree en todas las anotaciones en donde habla de dinero, ¿por qué en la única anotación en donde no dice dinero creemos lo contrario?”

Y fue ahí cuando el defensor abordó la segunda cuestión –ya adelantada por Infobae en junio pasado-: que Lascurain fue elevado a juicio por una acusación más leve que la que tuvo el propio Centeno, acusado de haber integrado la asociación ilícita y, por lo tanto, no se cumple con las previsiones de la ley del arrepentido, que debe acusar a alguien de igual o mayor jerarquía. El tema también está en estudio del TOF 7.

Roberto Baratta fue la mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación (Gustavo Gavotti).Roberto Baratta fue la mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación (Gustavo Gavotti).

El árbol venenoso y los “Mugrientos”

Por último, llegó el turno del constitucionalista Eduardo Barcesat, defensor de Gerardo Ferrreyra, que adhirió a todos los planteos anteriores y reclamó expresamente la nulidad de todas las declaraciones colectadas en la ley del arrepentido. Recordó el dictamen de Di Lello en la causa electoral por los cuadernos, sostuvo que lo que instruyó Bonadio “mal puede llamarse una causa judicial” y aseguró: “No hay ninguna duda de que este expediente es el paradigma del fruto del árbol venenoso. Se adquirió prueba de una manera que no se corresponde con la ley”.

El abogado recordó las palabras del fiscal Stornelli, cuando en el inicio del caso decía “no hay sortija para todos” o reconoció que de la declaración de José López volcó “lo que le pareció conveniente”. “Mi defendido Ferreyra no se amilanó frente a la amenaza extorsiva de perder su libertad si no volcaba incriminaciones para los ex presidente Néstor y Cristina Kirchner… El fiscal Stornelli se refirió a ellos como los ‘mugrientos’…”, dijo. Cuando terminaba la audiencia, la jueza Figueroa volvió a preguntarle al abogado quién había formulado esas expresiones. El abogado respondió que Stornelli y que el propio Ferrreyra había contado aquel episodio frente a otros jueces de Casación en abril de 2019.

FUENTE : INFOBAE

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La Corte Suprema confirmó las condenas por la Tragedia de Once

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Rechazó las apelaciones de todos los condenados y ya no hay instancias de revisión. Quedaron pendientes las situaciones procesales de Jaime y De Vido

La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy las condenas de los acusados por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 y en la que murieron 52 personas y otras 789 resultaron heridas. El máximo tribunal rechazó las apelaciones de quienes fueron condenados en el juicio oral y así sus sentencias quedaron firmes sin nueva posibilidad de revisión.

El fallo del máximo tribunal confirmó así la condena del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi a cinco años y medio de prisión, del maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba a tres años y tres meses y de otros 16 acusados. Queda pendiente la situación de Ricardo Jaime, también ex secretario de Transporte.

La resolución de la Corte no alcanzó a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, también condenado, cuyo expediente todavía no llegó al máximo tribunal.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fallo fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que permite rechazar una apelación “por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes e la estación de once. Murieron 52 personas y 789 resultaron heridas.

El Tribunal Oral Federal 2 concluyó en diciembre de 2015 el juicio oral por el caso. Condenó a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Jorge Tassara determinaron que el tren funcionaba en malas condiciones porque los fondos públicos que se recibían no iban al servicio, que los funcionarios públicos no controlaban el destino de ese dinero y que las falencias habían sido advertidas en informes públicos. También que el maquinista tuvo una conducción negligente.

En mayo de 2018, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó 20 condenas, rebajó la mayoría de las penas que había puesto el Tribunal Oral y absolvió a un acusado. Y el 5 de octubre los condenaron fueron detenidos. Algunos de ellos siguen presos.

Quedó pendiente la situación de Jaime, que tiene una pena de siete años de prisión. Es porque en el juicio oral fue condenado por uno de los dos delitos del caso, el de administración fraudulenta. Pero luego Casación lo condenó por los dos. La Corte Suprema sostuvo que se requiere una doble condena antes que el máximo tribunal resuelve. Y para Jaime esa instancia Casación debe volver a analizar el caso del ex funcionario.

Por la tragedia de Once también fue condenado Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal –de quien dependía el área de transporte– recibió el 10 de octubre de 2018 una pena de 5 años y 8 meses de prisión que le impuso el Tribunal Oral Federal 4 en el segundo juicio oral del caso. De Vido fue condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por el estrago. Eso significa que los jueces entendieron que como funcionario era responsable de los fondos que el Estado le dio a la concesión para los trenes, pero no por las muertes y los heridos.

De Vido nunca estuvo preso por la tragedia de Once. La defensa de De Vido apeló la condena que se encuentra en la Cámara de Casación. La Sala II de Casación tiene el expediente desde hace un año y todavía no lo resolvió. Después de la decisión de Casación podrá intervenir la Corte. Y poner punto final al caso.

FUENTE INFOBAE

 

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CUANDO TE AVISAN PERO NO ACTUAS

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El norteamericano que lavó dinero de Daniel Muñoz y sigue prófugo, había sido reportado por giros sospechosos un año y medio antes de la causa de cuadernos

Sean Sullivan iba a desarrollar el proyecto hotelero en Turks and Caicos. La FinCEN había alertado sobre sus movimientos de dinero en Estados Unidos

El archipiélago de Turks and Caicos, un paraíso natural y fiscal, en el océano Atlántico.

Un año y medio antes que la causa de los cuadernos expusiera las maniobras de lavado de dinero del ex secretario privado Daniel Muñoz y su viuda Carolina Pochetti, a través de millonarias operaciones con lujosas propiedades en Estados Unidos, las autoridades de este país ya habían puesto la lupa sobre uno de los cinco prófugos con pedido de captura internacional que aún tiene ese expediente: Sean Lawrence Sullivan.

Este ciudadano norteamericano fue identificado en la investigación judicial que conmovió el escenario político en 2018 por varios arrepentidos -entre ellos la propia Pochetti- como el desarrollador inmobiliario contactado por el entorno de la pareja para llevar adelante una inversión hotelera de USD 30 millones en las paradisíacas islas caribeñas Turks and Caicos. Los fondos provenían de coimas por la obra pública cobradas durante el gobierno kirchnerista.

La orden de captura nacional e internacional fue dictada el 1 marzo del 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio para indagarlo en el expediente contra Muñoz, anexo a la causa de los cuadernos de las coimas. Fue ratificada por el actual magistrado de la causa Marcelo Martínez de Giorgi. Pese a que Sullivan seguiría viviendo en Estados Unidos, aún no fue detenido por las autoridades de ese país, y el alerta de Interpol sigue vigente.

Sullivan aparece en un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, por su acrónimo en inglés), denominado sin sutilezas Kleptocracy. El término en inglés por cleptocracia sirve para definir la institucionalización de la corrupción y del robo, en beneficio de los gobernantes. Se trata de un resumen semanal en el que esa agencia norteamericana recoge las principales alertas bancarias recibidas en días previos. En este caso, se refería al período del 10 al 16 de marzo de 2017.

El reporte semanal confidencial de la FinCEN que recoge alertas bancarios por operaciones sospechosas, denominado "Cleptocracia", al que tuvo acceso Infobae.El reporte semanal confidencial de la FinCEN que recoge alertas bancarios por operaciones sospechosas, denominado “Cleptocracia”, al que tuvo acceso Infobae.

La información surge de FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de transacciones sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante ese organismo de los Estados Unidos, para ayudar a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero u otros delitos económicos. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 110 medios de todo el mundo. Entre ellos, InfobaeLa Nación y Perfil, de Argentina.

Bajo el título “Individuo vinculado al escándalo de lavado de dinero de ex presidentes realiza transacciones”, en ese documento llamado Kleptocracy se señala que el Citibank emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS o SAR en inglés) que involucra, entre otros, a Sullivan por giros por más de USD 1 millón, entre noviembre de 2011 y el mismo mes de 2016. El alerta bancario reportado ante la FinCEN se generó por la “actividad sospechosa en una cuenta que puede estar vinculada a un escándalo de lavado de dinero que involucró a los ex presidentes argentinos Cristina y Néstor Kirchner”.

Según fuentes consultadas por Infobaeen el expediente de la causa judicial contra Muñoz, Pochetti y su entorno no consta la información registrada en 2017 por la FinCEN en relación a Sullivan.

El documento secreto de la FinCen que vincula a Sullivan con la investigación por posible lavado de dinero en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.El documento secreto de la FinCen que vincula a Sullivan con la investigación por posible lavado de dinero en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Los SARs reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y las instituciones financieras y no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Pero sí pueden potencialmente implicar delitos financieros, que involucran a clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” o que estuvieron bajo investigación judicial, o con comentarios “negativos” en los medios por las sospechas alrededor de sus actividades. En ese sentido, funcionan como una forma de alertar a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.

El “comprador” del Regalia 23

Las últimas transacciones reportadas por la FinCEN fueron justo antes de que Sullivan apareciera como comprador de un lujoso condominio de Muñoz-Pochetti en Miami, la Unidad 23 del Regalia, por USD 10.700.000. La operación se concretó el 3 de enero de 2017 con una firma constituida pocos días antes, Regalia 23 LLC, registrada por Sullivan en el estado de Florida.

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Los prestanombres de Muñoz-Pochetti identificaron ese departamento como el que usaba el matrimonio en sus estadías en la ciudad de Miami. Valuado actualmente en USD 5 millones, está ubicado sobre la Av Collins 19575, tiene 470 metros cuadrados y cinco baños.

Sullivan vendió ese inmueble a otra firma, apenas tres días después de haberlo comprado por USD 9.400.000, un valor inferior al que él lo había adquirido, según la información aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa judicial.

El condominio Regalia, en Miami, donde Muñoz compró un lujoso departamento a nombre de testaferros, entre ellos, el norteamericano Sean Sullivan.El condominio Regalia, en Miami, donde Muñoz compró un lujoso departamento a nombre de testaferros, entre ellos, el norteamericano Sean Sullivan.

En el documento secreto de la FinCEN, elaborado dos meses y medio después de esa operación realizada por Sullivan, figura que el inmueble “estaba presuntamente vinculado al ex presidente argentino Néstor Kirchner” y que fiscales federales en Argentina estaban en ese momento “investigando a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y miembros de la administración de Néstor Kirchner por lavado de dinero a través de varias compras inmobiliarias en Miami”.

A través de distintos prestanombres y empresas pantalla, Muñoz y Pochetti habían adquirido en Estados Unidos 16 inmuebles – 14 en Miami y 2 en Nueva York- con dinero provenientes de coimas cobradas durante el gobierno kirchnerista. El ex secretario privado tuvo durante muchos años acceso privilegiado al matrimonio presidencial, lo que le permitió engrosar de manera llamativa su fortuna, tanto en el país como en el exterior.

La “venta” en tiempo récord de la Unidad 23 del Regalia fue en simultáneo a la de varios de esos departamentos de los que Pochetti y su entorno buscaron desprenderse rápidamente para sacar el dinero de Estados Unidos, especialmente entre 2015 y 2017, alertados por las investigaciones por blanqueo de dinero en marcha.

A través de la venta de esos inmuebles y triangulaciones de dinero por distintas jurisdicciones, “obtuvieron una suma cercana a los USD 73 millones, que en parte reintrodujeron en el sistema bancario”, según estableció el juez Bonadio al procesarlos por lavado en agosto del año pasado.

Casi la mitad de ese dinero se canalizó en un desarrollo inmobiliario en el archipiélago de Turks and Caicos que estaría a cargo de Sullivan. Así lo contó la viuda de Muñoz en su confesión del 24 de enero del año pasado. “La idea original, según los comentarios de los abogados, fue crear un complejo hotelero, pero finalmente derivó en la compra de tierras porque el dinero se perdió. Se frenó la construcción por permisos que no daba el Gobierno de Turks And Caicos. El inversor a cargo del complejo hotelero era un tal Sullivan, quien era el encargado de llevar a cabo la obra. Pero esta persona se demoró o se quedó con el dinero. Lo vi una sola vez, en la oficina de (otro abogado Charles) Serfaty, en Miami”.

No fue la única que sugirió que Sullivan se habría quedado con parte del dinero de la inversión. También lo dijo su primo Carlos Gellert, otro de los prestanombres de Muñoz que se arrepintió en la causa, y el abogado Anthony D’Aniello en su descargo. Este abogado fue uno de los que viajó a Argentina para armar el negocio de los herederos de Muñoz. A diferencia de Sullivan, fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos y está a la espera del trámite de extradición a la Argentina.

“Las tierras hoy no sé si están a nombre de las sociedades o Sullivan u otra sociedad. El proyecto no se llevó adelante o no se pudo realizar”, afirmó Pochetti.

Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, contó el rol que tuvo Sullivan al declarar como arrepentida (Adrián Escandar).Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, contó el rol que tuvo Sullivan al declarar como arrepentida (Adrián Escandar).

Sin cooperación de Estados Unidos

Pese a que la orden de captura internacional contra Sullivan sigue vigente, no hizo hasta ahora ninguna presentación en la causa, ni siquiera para pedir la exención de prisión. De 57 años y profesión abogado, este desarrollador inmobiliario figura en Internet con domicilio en Boca Ratón, en el estado de Florida. En el reporte confidencial de la FinCEN, aparece reportado junto a su mujer Sarah.

Vinculado a 13 empresas, según la base de datos Nexis, tanto este inversor como sus negocios fueron objeto de 23 sentencias y embargos, desde 1990, casi todos en el estado de Massachusetts, aunque también Nueva Jersey y Florida.

Hasta ahora, la Justicia argentina no obtuvo la cooperación de las autoridades de Estados Unidos para lograr su captura o avanzar con el expediente contra la viuda de Muñoz y su entorno. El juez Martínez De Giorgi aún no pudo conocer detalles de la investigación abierta por las autoridades de ese país por la maniobra de lavado que tuvieron lugar en territorio norteamericano. Pese a que todo indica que sigue viviendo en ese país, aún no fue detenido por las fuerzas de seguridad. Fuentes judiciales deslizaron la posibilidad de que las autoridades apuesten a algún acuerdo a cambio de información sobre posibles maniobras de lavado de dinero.

Martínez De Giorgi sí logró – vía exhorto judicial- que las autoridades de Turks and Caicos inmovilizaran una de las cuatro parcelas y está a la espera de que dispongan los mismo sobre otras tres. El objetivo es intentar recuperar los USD 30 millones que se invirtieron en los terrenos en esas islas caribeñas que, por estar ubicados en un parque nacional, nunca vieron concretarse el exclusivo resort de lujo.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

INFOBAE

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