Antes de ser detenido, Lázaro Báez logró inyectar, en apenas dos meses, más de $110 millones en las cuentas de Austral Construcciones, que ya afrontaba una crisis interna y necesitaba fondos para cancelar deudas. La Justicia investiga la participación de casi 20 sociedades fantasmas, que no tienen empleados ni oficinas. Esas firmas depositaban sumas millonarias en las cuentas de otra empresa de la familia Báez, M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. Pero se trataría de una maniobra para blanquear el dinero en negro que provenía de la obra pública.

Por esa causa, que podría denominarse “ruta del dinero III”, el juez Sebastián Casanello procesó hace dos semanas a 17 personas, entre los que están Báez y dos de sus hijos (Luciana y Martín) y ahora indaga a otras 15 que estarían involucradas. La ronda de declaraciones terminaría el 17 de julio, aunque ya hay pedidos de prórroga.

La investigación arrancó en julio de 2016, a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS).

La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas “sociedades afines a la intermediación financiera marginal” o “cuevas financieras”.

Esas firmas, según la hipótesis de la Justicia, recibían el dinero en negro de Báez, lo giraban a la empresa M&P, luego se simulaba una operación comercial para justificar el movimiento, y finalmente los fondos podían ser retirados por la familia Báez en las cuentas de Austral.

De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184. Entre los depositantes más importantes aparecen las firmas Catahu SA, Recasur Argentina SA, Estudio Tauro SRL, Groen Logística SA, Kargen SA, Siembra y Comercialización de Granos SRL, PROYDESA SA, Karnix SA, y Xhoris SA.

Las transferencias se concentraron en apenas dos meses (febrero y marzo) de 2016. “Casi veinte ‘clientes’ de ACSA (Austral) transfieren en el lapso de dos meses la suma aproximada de $110 millones a las cuentas de M&P. Evidentemente existió una coordinación específica a la hora de realizar los depósitos”, dice la resolución de Casanello.

Fuentes del mercado financiero consultadas por Infobae dijeron que en la época que se dieron estas transferencias había gran demanda de empresas “fantasmas”, que se alquilaban para este tipo de operaciones a distintos operadores del mercado, no solo a Báez.

En el caso del empresario patagónico, la investigación desnudó una red de empresas ficticias, un cuidacoches de La Plata, que admitió que firmó los papeles a cambio de dinero, y hasta un abogado de la ex mujer de Báez, Norma Calismonte, que ahora vive en Estados Unidos.

El cuidacoches es Lorenzo Antonio González. Figuraba como accionista, presidente y administrador de relaciones de clave fiscal de la empresa Xhoris, que transfirió $4.261.010. Cuando la AFIP hizo una inspección en la supuesta sede de la empresa se encontró con los padres de González, quienes dijeron que su hijo trabajaba como “vendedor ambulante”.

Los inspectores finalmente encontraron a González en una esquina de La Plata, donde trabaja como cuidacoches, y labraron un acta donde consta “que desconoce quiénes son los socios de la empresa cuestionada [Xhoris], que desconoce a qué se dedica y si son ciertas sus operaciones, que solamente cobró $500 para firmar unos papeles”.

Otro caso particular es el del abogado Jesús José Rodríguez Cimolai, que supo representar a la ex mujer de Báez y también tenía un rol como empresario a través de la firma Indigo SA. Actualmente vive en Miami, donde se desempeña como profesor de crossfit, según consta en el expediente.

Casanello lo citó a indagatoria por una transferencia de $2 millones (más de 150 mil dólares al cambio de ese momento) a Austral por la supuesta compra de hormigón.

Cuando los investigadores allanaron el domicilio de la empresa Indigo -investigada también en la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)- se encontraron con la madre y un hermano de Cimolai.

El abogado declaró que la compra de hormigón a Austral estaba justificada porque su empresa había sido contratada por la Municipalidad de Río Turbio para construir una plaza y un paseo comercial. La Justicia no le cree y sostiene que la justificación de la operación “padece de irregularidades notorias que la tiñen de sospechosa”.

Otra de las empresas investigadas es “Siembra y Comercialización de Granos SRL”. La investigación determinó que cumple todos los requisitos de una empresa fantasma. Se allanaron cuatro domicilios y en ninguno funcionaba la empresa. Además no registra empleados en relación de dependencia, no tiene bienes a su nombre, y realizó operaciones con otras firmas catalogadas como sospechosas para los organismos de control.

Algo similar ocurre con las firmas ganaderas Kargen S.A. y Karnix S.A. creadas por una mujer y su hija ante el mismo escribano. El único domicilio consignado, en Tacuarí al 1400, fue allanado pero no había ninguna documentación de valor para la causa.

Un caso particular es el de la empresa Recaudaciones Computarizadas SA, porque sería la única que tiene una actividad real. Uno de sus dueños, Martín Saúl Batallé, declaró que fueron perjudicados por Andrés Bergantiños Lafuente, responsable de la firma BAF, a quien conoció en la platea de la cancha de Racing. Ante el juez, aseguró que nunca supieron que el dinero era para una de las empresas de la familia Báez.

Los investigadores apuntan Recasur Argentina SRL y Catahu SA, que concentrarían casi el 50% del dinero transferido. Respecto de Catahu, la AFIP apuntó que no tiene actividad comercial desde que se hicieron las operaciones.

Hace dos semanas, el juez Casanello procesó a 17 personas por lavado de dinero y ahora avanza con la indagatoria de otras 15. Hasta ahora ninguno se corrió del libreto. Sin embargo, la Justicia considera que tiene pruebas suficientes para probar que la maniobra se hizo para blanquear parte del dinero en negro de Báez.