Las celdas de la Unidad Penal 29, ubicada en Comorodo Py, deberían ser de tránsito, usadas por detenidos que van a declarar a los Tribunales y vuelven a sus lugares de origen, o aquellos que fueron apresados en las últimas horas y esperan destino final en una cárcel federal. Sin embargo, nada de eso ocurre. Y el castigo al que se somete a sus habitantes permanentes es inhumano: donde cabe uno hay cinco; y donde caben cinco, hay 30.

Un informe del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, al que tuvo acceso Infobae, fue lapidario con la descripción de la situación que viven las personas privadas de su libertad en la U29. Una comisión de este organismo, presidido por el juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, visitó las celdas de esta alcaidía de Comodoro Py el último 5 de julio y se encontró con un panorama calamitoso que se describe en ese documento.

Al momento de la visita en la Unidad Penal 29 se alojaban 105 personas, de las cuales 78 se encontraban a la espera de cupo en cárceles federales. La comisión del Sistema de Control de Cárceles se encontró con casos de personas que llevaban hasta 34 noches de alojamiento allí, y detenidos que llegaron de otras jurisdicciones federales, como los Tribunales de Morón, La Plata, Rosario, San Martín y Campana, entre otros.

El sector masculino de la alcaidía penal 29 -que depende orgánicamente de la Unidad Penal 28, ubicada en Tribunales y con problemas similares de hacinamiento– tiene una pasarela de unos 30 metros de longitud, sobre cuyo lado izquierdo existen siete celdas colectivas.

Según el Servicio Penitenciario Federal, cada una de estas tiene capacidad para 12 detenidos. Además de las colectivas, hay ocho celdas individuales para aquellas personas que por disposición judicial se encuentran incomunicadas, bajo resguardo de integridad física o que, por problemas personales, no puedan alojarse con otros detenidos.

Presos “distinguidos”, como los que desfilaron por allí debido a su participación en la llamada “causa de los cuadernos”, sufrieron un trato diferencial: algunos estuvieron en estas celdas individuales y otros fueron derivados a lugares más “dignos”.

Los representantes del Sistema de Control de Cárceles detectaron en la visita del 5 de julio que en una de estas celdas individuales se encontraban cinco personas alojadas, o mejor dicho incrustadas. “No tienen lugar ni para estirar las piernas, no hay ningún derecho humano resguardado ahí”, comentó una fuente judicial que participó del recorrido.

Se trata de espacios conocidos como “secos”, porque son muy pequeños y no tienen ni ventilación ni agua, y sólo cuentan con un banco hecho de cemento concreto. Tampoco tienen baño, que está en un pequeño cuarto contiguo y cuenta con un inodoro y un lavabo precario. El que quiere ir se lo debe pedir al celador.

En las celdas comunes “la situación resultó preocupante”, marca el informe. Hallaron, por ejemplo, a 12 personas en un espacio aproximado de 12 metros cuadrados: esto es un cuarto de 3 x 4 metros o una persona por metro cuadrado. En otra de las celdas se contaron 17 personas.

“Los allí alojados no tienen espacio para moverse debiendo permanecer recostados sobre el piso la mayor parte del día. Estas celdas comunes poseen en su parte posterior un tabique que oculta una letrina para realizar necesidades y una canilla que se activa mediante un botón en la pared, con un resumidero en la parte inferior”, resalta el informe.

Los integrantes de la comisión del Sistema percibieron, según describe el documento, “un ambiente espeso generado por la cantidad de personas viviendo y la falta de ventilación adecuada”.

En las celdas colectivas, donde está la mayoría de los alojados de la alcaidía, los internos denunciaron que la comida que se les da “está fría y en mal estado”.

“Algunos de los detenidos llevaban numerosos días en estas condiciones”, remarca el informe. Las noches son un infierno allí, refieren los presos. En estos días de frío las frazadas que les dan son “insuficientes” y duermen sobre colchones que no tienen tratamiento ignífugo, están deteriorados y se entregan solo en horario nocturno (se los sacan durante el día).

En el informe se aclara que las autoridades de la UP 29 destacaron que “por motivos de seguridad los colchones son retirados durante el día“. En el Sistema de Control de Cárceles explicaron que eso motiva que las personas detenidas se sienten en el piso de cemento sobre mantas húmedas y donde puedan.

Además, las personas privadas de su libertad reclamaron que no reciben elementos básicos de higiene y aseo personal como jabón, shampoo y maquinas de afeitar. La Unidad cuenta apenas con una sola ducha que provee agua caliente. “Dada la cantidad de personas es materialmente imposible que todas ellas accedan a la ducha una vez por día“, indica el informe y agrega: “Pudimos advertir que había personas que llevaban varios días sin ducharse o higienizarse debidamente”.

Uno de los integrantes del Sistema comentó la impresión que le dejó la visita: “No debería haber nadie alojado que no sea en tránsito. Hay estándares internacionales para marcar la capacidad de la alcaidía, pero no hay un cupo genérico o automático: no es igual ‘a un colchón, un interno’, todos tienen derecho a un espacio determinado relacionado con el tipo de lugar, derecho al aire, al agua. Y nada de eso se cumple”.

La situación en el sector de mujeres de la UP 29 es igual de desastrosa. Allí hay un pequeño colectivo y dos celdas individuales para detenidas en situación de incomunicación dispuesta judicialmente.

En el pabellón grupal (“de muy reducidas dimensiones”, dice el informe), el 5 de julio se encontraban seis mujeres a disposición de juzgados federales de CABA, Campana y Morón. Ese sector no cuenta con ningún tipo de ventilación (ni ventanas ni ventiladores). Y el inodoro instalado dentro de la celda colectiva no cuenta con ningún tipo de separación, lo cual impide que las mujeres tengan intimidad a la hora de realizar sus necesidades.

El informe destaca que la alcaidía no cuenta con ningún teléfono público para que las personas privadas de su libertad puedan comunicarse con sus abogados defensores ni con sus familiares.

Por último, se adjunta material fotográfico extraído de los sectores de alojamiento como así también copia del listado de las personas alojadas durante la visita, de la cual se desprende su ingreso, el tiempo de pernocte, procedencia, juzgado a disposición y razón de alojamiento.

Asimismo, se adjunta listado de personal penitenciario de servicio. Según refieren las autoridades, el personal que queda a cargo durante el horario nocturno es reducido (4 masculinos y 2 femeninos), eso dificulta la tarea de control y contención en caso de que suscite cualquier eventualidad. Cabe recordar que la alcaidía no cuenta con elementos ni personal de requisa.

“Se visibilizó que los detenidos en el mismo espacio comen, duermen, esperan por sus alojamientos o comparecer ante los juzgados, se asean y realizan sus necesidades fisiológicas. Se evidencia la ausencia de las condiciones mínimas para el pernocte de personas privadas de su libertad en la Unidad nº 29 y ausencia total de atención médica, observación y tratamiento”, denuncia el informe que, además, remarca que el estado de las condiciones edilicias, materiales y de mantenimiento, tanto como la falta de personal “podrían configurar agravamientos de las condiciones de detención, transgrediéndose derechos fundamentales y constitucionales”.

“La permanencia en la Unidad 29 -Alcaidía Penal Federal- deberá ajustarse a la naturaleza de la función para la cual fue creada; esto es, para el tránsito de aquellas personas que son citadas a comparendos por los diferentes Tribunales y Defensorías Federales, así como también aquellas personas que ingresan originariamente desde el medio libre, es decir desde las comisarías de la Policía de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires, Policía de Seguridad Aeroportuaria, como de otras Fuerzas de Seguridad. Por tal motivo, de manera imperiosa consideramos que corresponde establecer el cupo formal de la Unidad y que las personas detenidas no deben permanecer allí por tiempo prolongado“, reclama el informe del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.

La problemática padece el efecto dominó. La acumulación de personas privadas de la libertad en una alcaidía que debería ser exclusivamente de tránsito tiene que ver directamente con la sobrepoblación en otras unidades penales.

Un fallo reciente de la Cámara de Casación Penal prohibió el ingreso de más presos en la unidad penal federal de Marcos Paz debido a que hay muchos más presos de lo permitido, al punto de que meses atrás se cerró un gimnasio para ubicar más internos. De acuerdo a un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en junio pasado había allí 2.822 presos, cuando la capacidad máxima es de 2.404.

Otra de las razones es el notable incremento de detenciones como consecuencia de la ley de flagrancia. Infobae dio cuenta meses atrás de la calidad de presos que ingresan al sistema penitenciario: personas que robaron comida, elementos de higiene u objetos para revender.

En marzo pasado, el Ministerio de Justicia de la Nación reconoció el problema y declaró la “emergencia penitenciaria”. La población penitenciaria alojada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal experimentó un incremento significativo en los últimos años durante la administración Cambiemos.

La población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274personas, mientras que el SPF informa en su sitio web que los internos alojados al 10 de julio de 2019 ascienden a 14.414, cuando la capacidad es de 12.235. Es decir, hay casi un 20% más de presos que la capacidad máxima.

“Hay que tomar decisiones de política criminal seria y constitucional. Decidir por qué delito vamos a poner penas privativas de libertad, a quién y cómo castigar desde el Estado, sobre todo si estamos en emergencia penitenciaria. ¿Vamos a meter en la cárcel a la gente que hurta? ¿Y la vamos a alojar durante unos meses con un asesino o un violador? Eso carece de finalidad y de tratamiento”, se preguntó el juez Hornos, presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, ante la consulta de Infobae. Y agregó: “Una manera de unificar criterios es desde la acusación pública, que es formadora formal y material de política criminal”.

Para el juez Alejandro Slokar, uno de los integrantes de la Cámara de Casación que firmó el cese de ingresos a Marcos Paz, “la ‘emergencia penitenciaria’ obedece, en cualquier caso, a la incapacidad de previsión gubernamental respecto de las derivaciones que esas ‘exitosas políticas habrían de acarrear necesariamente”.