Connect with us

Politica

Alberto Fernández tendría un Consejo de la Magistratura a favor cuando asuma como presidente

Avatar

Published

on

El mandatario electo designará al representante del Ejecutivo y Cambiemos perderá su actual mayoría. Quiénes son los nuevos integrantes que ingresarían al organismo que promueve y destituye jueces

 

La llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación alterará la virtual mayoría que vino teniendo el oficialismo saliente en el Consejo de la Magistratura, para virar a una mayoría favorable al nuevo gobierno. Esto sucederá porque el organismo encargado de promover y remover jueces sufrirá un recambio de casi un tercio de sus integrantes, producto del resultado electoral y la preeminencia de los consejeros políticos en su integración.

Pese a las críticas del presidente electo a la actual dinámica del Consejo y su planteo de que necesita ser reformado para “sanear a la Justicia”, es más que factible que siga funcionando en sintonía con el nuevo signo político.

Una de las renovaciones que se producirán a partir del 10 de diciembre será clave: la del representante del Poder Ejecutivo Nacionalque modificará los números que tuvo hasta ahora Cambiemos.

De los 13 miembros que integran el Consejo, el actual oficialismo contó con seis votos casi asegurados: el del representante del Ejecutivo; el del diputado del PRO Pablo Tonelli y el de la senadora radical Inéz Brizuela y Doria, más los de los representantes de los abogados Juan Pablo Mas Vélez y Marina Sánchez Herrera, ambos de origen radical, y el del juez Juan Manuel Culotta.

Del otro lado, los votos del bloque “opositor” se consolidaron también en seis: los diputados Eduardo “Wado” De Pedro, del Frente para la Victoria, y Graciela Camaño, que fue elegida el año pasado con el apoyo de los distintos bloques de la oposición; el senador justicialista Mario Pais, que reemplazó a Miguel Pichetto cuando éste aceptó acompañar a Mauricio Macri en la fórmula; su colega Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago, que ocupa la segunda banca por la mayoría justicialista en el Senado por un acuerdo de este bloque con el gobernador de su provincia; el juez Alberto Lugones, de la Lista Celeste, las más cercana al kirchnerismo; y el consejero académico Diego Molea.

Esa paridad fue resuelta la mayoría de las veces a favor de las posiciones del oficialismo por el juez Ricardo Recondo, presidente este año del Consejo y con doble voto en caso de empate.

Esta virtual mayoría actual de 7 a 6 que aún tiene Cambiemos se invertiría y pasaría a ser de 7 a 5 a favor del nuevo oficialismo, sin contar a Recondo que podría convertirse en el octavo voto, o en el sexto del futuro bloque opositor.

En cualquier caso, ninguno de los dos sectores tendrá la mayoría de dos tercios para iniciarle juicio político a un juez o aprobar un terna de candidatos para cubrir cargos vacantes, ya que se necesitan 9 votos sobre el total de 13, si están todos presentes. “Va a ser necesario algún tipo de acuerdo, lo cual es saludable porque la idea no es perseguir políticamente a ningún juez”, sostuvo ante Infobae un consejero que continúa luego del 10 de diciembre.

Más allá de las acusaciones de integrantes del Frente de Todos de “persecución” por parte del gobierno de Mauricio Macri contra jueces que fallan en contra de sus deseos, lo cierto es que el Consejo puede, por mayoría simple, resolver si mantiene abiertas, o no, las denuncias contra magistrados por su desempeño.

Quizás como señal de los nuevos tiempos políticos, el jueves último, el oficialismo fracasó en su intento de desestimar tres denuncias contra el juez Claudio Bonadio -cuya actuación es muy cuestionada por el kirchnerismo por el procesamiento y detención de varios ex funcionarios de Cristina Kirchner, incluida la ex mandataria-, cuya resolución se postergó sin fecha. Tampoco prosperó un sorpresivo un dictamen del consejero Mas Vélez para cerrar cuatro expedientes contra Rodolfo Canicoba Cabral.

El futuro representante de Alberto

Durante la gestión de Cambiemos, el representante del gobierno de Cambiemos, Juan Bautista Mahiques, tuvo un rol estratégico como articulador de los deseos del Gobierno. Pero Mahiques juró el 29 de octubre pasado como nuevo fiscal general de la Ciudad y fue reemplazado hasta el 10 de diciembre por su ex jefe de gabinete en la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, Facundo Bargalló Benegas. Con el recambio de Gobierno, Fernández deberá designar un nuevo nombre inmediatamente.

Quien contaría con más chances de ocupar ese lugar es Gerónimo “Zaza” Ustarroz, primo y hermano de crianza de “Wado” de Pedro. Ex concejal de la localidad de Mercedes y ex funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, Ustarroz es actualmente su asesor en el Consejo. Ya había desempeñado esa tarea cuando el diputado del FPV integró el organismo entre 2012 y 2014.

Gerónimo Ustarroz, el nombre que suema con fuerza como representante del Alberto Fernández en el Consejo (Twitter: @gustarroz)

Gerónimo Ustarroz, el nombre que suema con fuerza como representante del Alberto Fernández en el Consejo (Twitter: @gustarroz)

Ustarroz estuvo días pasados en Bolivia en representación del Frente de Todos como observador de las elecciones en ese país, y elaboró un contradocumento que cuestiona “por falta de objetividad” las conclusiones de la OEA sobre las “graves irregularidades” que hubo en esos comicios, que derivaron en la renuncia forzada de Evo Morales y la crisis que atraviesa la nación boliviana.

Hay quienes deslizaron otro nombre que pisa fuerte en la Justicia y es del círculo de confianza de Fernández: Juan Manuel Olmos, dirigente del peronismo de la Capital, y ex presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Sin embargo, desde su entorno lo descartaron.

El recambio de diputados

Al nuevo representantes del Ejecutivo, a partir del 10 de diciembre, se sumarán otras caras en el Consejo.

Si bien aún no fue informado oficialmente, todos dan por sentado que De Pedro ocupará un cargo relevante en el próximo gobierno, por lo que dejará su lugar en el Consejo. Su suplente es Vanesa Siley, también diputada del kirchnerismo y oriunda de Mercedes, además de secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires.

La diputada kirchnerista Vanesa Siley sería la reemplazante de

La diputada kirchnerista Vanesa Siley sería la reemplazante de “Wado” De Pedro si éste se va al Ejecutivo.

Su nombre deberá aún ser reconfirmado por el interbloque del Frente de Todos. Si bien el artículo 3 de la ley del Consejo de la Magistratura contempla que, cuando por algún motivo cesa un consejero titular en su funciones, su mandato lo continúa su suplente, también establece que puede ser reemplazado por quien disponga el bloque que le dio la legitimación como representante. “La práctica es que asuma el suplente del titular que se va, pero el bloque parlamentario que lo designó en ese rol tiene margen para elegir a otro, en función de los reacomodamientos políticos”, señala una fuente que conoce los avatares y normativas del Consejo.

El lugar de De Pedro es uno de los dos que le corresponden a la mayoría parlamentaria por la Cámara baja. El otro está ocupado por Camaño, diputada que ingresó a fines del año pasado con el apoyo de los distintos bloques de la oposición a partir de un acuerdo entre el Frente Renovador y el bloque kirchnerista, en una jugada -precuela de la unión del peronismo- que le quitó el lugar al diputado radical Mario Negri. Desde entonces, el todavía hoy oficialismo se quedó con una sola banca por la Cámara de Diputados -la que ocupa Tonelli por la minoría-, pese a ser el interbloque que más integrantes tiene.

Tonelli logró renovar su mandato el 27 de octubre pasado y continuará en su cargo en el Consejo.

El diputado Pablo Tonelli renovó su mandato y seguirá como consejero de Juntos por el Cambio (Foto: Consejo de la Magistratura)

El diputado Pablo Tonelli renovó su mandato y seguirá como consejero de Juntos por el Cambio (Foto: Consejo de la Magistratura)

Si bien Camaño acaba de ser reelecta por Consenso Federal, desde su entorno descartaron que haya margen para que el Frente de Todos le reclame ese puesto, en la medida que sigue siendo diputada. “Fue elegida en recambio de noviembre del 2018, por cuatro años, por un acuerdo de los bloques de la oposición de ese momento, más allá de que hoy no represente a la mayoría”, explicaron.

Por lo pronto, Camaño no tiene suplente, ya que quien ocupaba ese puesto, Martín Llaryora, diputado por Córdoba Federal, fue electo este año intendente de la capital de la esta provincia mediterránea.

En el bloque hoy todavía “opositor”, la cuentan como “propia” aunque hay quienes plantean algún interrogante sobre “cómo jugará” con el nuevo gobierno. Las dudas surgen sobre si va a estar alineada a su ex jefe Sergio Massa, o se ubicará en una posición de independencia respecto de la gestión de Fernández, desde el espacio de Consenso Federal.

La diputada Graciela Camaño, reelecta por Consenso Federal, tiene mandato por tres años más en el Consejo (Consejo de la Magistratura)

La diputada Graciela Camaño, reelecta por Consenso Federal, tiene mandato por tres años más en el Consejo (Consejo de la Magistratura)

Las vacantes del Senado

En cuanto a los tres representantes del Senado – dos por la mayoría y uno por la minoría-, las dos senadoras mujeres dejan sus bancas por distintos motivos.

La radical Brizuela y Doria resultó electa intendenta de la ciudad de La Rioja, cargo que asumirá también a fin de año. Si bien formalmente su suplente es la cordobesa Laura Rodríguez Machado, del PRO, por la relación de fuerzas de los socios de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, donde son más los senadores de la UCR que del macrismo, y el hecho de que esta fuerza ya tenga el representante de Diputados, habría un acuerdo para que ese lugar sea para el radicalismo.

El nombre que estaría confirmado es el de la senadora jujeña y abogada Silvia GiacoppoLa definición no pasará del 27 de este mes, según puso saber Infobae. “La idea es que se resuelva antes de que juren los nuevos senadores el 28 de noviembre, y que el decreto que el presidente del Senado le tiene que enviar al presidente del Consejo de la Magistratura informándole la designación del bloque parlamentario, no esté firmado por Cristina”, admitieron fuentes que conocen los entretelones de ese nombramiento.

La senadora radical Silvia Giacoppo sería la reemplazante de Inés Brizuela y Doria que fue electa intendenta de La Rioja.

La senadora radical Silvia Giacoppo sería la reemplazante de Inés Brizuela y Doria que fue electa intendenta de La Rioja.

La otra senadora es Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago, que termina su mandato el 10 de diciembre. Ocupa la segunda banca por la mayoría justicialista por un acuerdo de este bloque con el gobernador de su provincia, Gerardo Zamora, y que termina su mandato el 10 de diciembre.

Su suplente es Guillermo Snopek, del Bloque Justicialista que comanda Carlos Caserio en el Senado. Ante la consulta de este medio, desde esa bancada aseguraron que la reemplazará este senador jujeño. “No hay discusión porque le corresponde hasta terminar el tiempo de mandato”, explicaron.

Sin embargo, son varios los que sostienen que el sector en la Cámara alta que responde a Cristina Kirchner podría reclamar ese lugar para alguien propio a partir del 10 de diciembre, e incluso echaron a rodar el nombre de Mariano Recalde, senador electo por la Capital. Esa especulación se resolverá cuando la ex mandataria regrese de Cuba el lunes y se defina si el futuro conglomerado oficialista en la Cámara alta funcionará como un solo bloque – el Justicialista y el kirchnerista, hoy bajo el paraguas de Unidad Ciudadana- o si lo harán como un interbloque manteniendo cada uno su independencia.

El otro representante de la mayoría justicialista en el Senado es el chubutense Mario Pais, que asumió a mitad de año como suplente de Pichetto y ya había estado en el Consejo años anteriores, y cuenta con el aval del bloque para continuar.

Los consejeros que siguen

Los otros seis integrantes que no son representantes políticos tienen mandato hasta fines del 2022 y su continuidad no depende del cambio de Gobierno.

Son los jueces Recondo, del fuero civil y comercial e integrante de la lista Bordó, el oficialismo en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín y representante de opositora Lista Celeste; y Culotta, juez federal de Tres Febrero y elegido por Compromiso Judicial, lista que surgió como una fractura de la Celeste, en desacuerdo con sus posiciones cercanas al kirchnerismo y las políticas judiciales que impulsó Cristina Kirchner.

También continúan Mas Vélez, abogado de origen radical y actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires; y Sánchez Herrero, abogada marplatense y actual vicepresidenta del Consejo, referenciada en el dirigente radical Ernesto Sanz, ex integrante del organismo.

El abogado y consejero de origen radical Juan Pablo Mas Vélez, que promovió un dictamen para desestimar las denuncias contra el juez Canicoba Cabral (Foto: Consejo de la Magistratura)

El abogado y consejero de origen radical Juan Pablo Mas Vélez, que promovió un dictamen para desestimar las denuncias contra el juez Canicoba Cabral (Foto: Consejo de la Magistratura)

El otro integrante que permanece es Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, electo por el sector académico.

Las próximas autoridades

El mandato de Recondo como presidente se extiende hasta el 6 de diciembre de este año. Pero todo indica que es probable que continúe hasta la semana siguiente cuando asuma Fernández en la Casa Rosada, y se realice el próximo plenario para elegir las nuevas autoridades del Consejo. “La fecha deben fijarla las nuevas autoridades y todavía no informaron nada”, señalaron fuentes del organismo.

No circularon aún nombres de quien ocupará el lugar de Recondo, ni tampoco la presidencia de las estratégicas comisiones de Acusación y Disciplina, y de Selección. Si bien la norma dice que el presidente del Consejo puede ser cualquiera de los 13 integrantes, la práctica y el “decoro” indican que deberá ser elegido entre los jueces, los abogados o el representante académico. Quedan tres semanas de negociaciones por delante entre los distintos sectores.

Seguí leyendo:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Policial

La Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en otras causas de corrupción

Avatar

Published

on

Félix Crous adelantó que el organismo que preside seguirá el mismo camino que tomó en los casos Hotesur y Los Sauces

Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción
Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción (OA) fue noticia la semana pasada al comunicar que dejaba de ser querellante en el juicio por los casos Hotesur y Los Sauces. El anuncio generó enorme revuelo e impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, el titular de la OA, Félix Crous, adelantó que el organismo que preside también renunciará a otras querellas en procesos judiciales por hechos de corrupción.

“Seguramente vamos a desistir en otros juicios e iniciaremos algunas querellas, pocas, porque tenemos como 30 y muchas están abandonadas. Es un número que no puede ser seguido por la oficina porque no tiene capacidad y muchos de esos juicios no tienen significación. Esto sucederá, vamos a ver en cuáles y cuándo, pero vamos a reducir sustancialmente ese número de querellas, anticipó el funcionario en diálogo con el programa Código F, que se emite por Radio Rivadavia.

En ese sentido, Crous destacó: “Las querellas que iniciaremos serán en aquellos casos en los cuales haya un interés superlativo en controlar el desempeño de los jueces y los fiscales. Y de inmediato apuntó que “la OA está investigando la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social” e interviene también “en un juicio por lavado de activos que tiene como protagonista a Lázaro Baez“.

El Hotel Alto Calafate, propiedad de la empresa Hotesur (Foto de archivo)

El Hotel Alto Calafate, propiedad de la empresa Hotesur (Foto de archivo)

Al ser consultado sobre las razones que propiciaron la decisión de que la OA haya renunciado a los juicios por los casos de lavado de dinero conocidos como Hotesur y Los Sauces, Crous respondió: “Hay otra representación específica que es de la Unidad de Información Financiera (UIF). La regla no puede ser que la oficina sea la quinta rueda del carro”.

El Estado no tiene que querellar, para eso están los fiscales, tenemos faceta administrativa e investigación de denuncias si somos requeridos, no tenemos que ser una fiscalía”, argumentó el titular de la OA, quien apuntó que desistir de una querella es “algo rutinario” y recordó que la gestión anterior (encabezada por Laura Alonso) “tuvo 45 desistimientos de todos los calibres”.

“Nosotros pretendemos tener intervención restrictiva y ser sobrios o poco proactivos en el ejercicio de la querella”, finalizó.

FOTO TAPA . PAGINA 12

FUENTE: INFOBAE

Continue Reading

Politica

El Frente de Todos pidió que se investigue la denuncia de Ana María Figueroa

Avatar

Published

on

Senadores y diputados nacionales del Frente de Todos se presentaron a la Justicia Federal para pedir que se investiguen los dichos de la jueza Ana María Figueroa acerca de las presuntas presiones de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para forzar determinadas causas, y pidieron que se la cite a declarar, así como también se investigue a Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, presunto protagonista de dichas maniobras.

El escrito fue presentado por el titular del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, a quien acompañaron Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Taiana; y nueve diputados, entre ellos, Leopoldo Moreau, Martín Soria y José Luis Gioja. Debido a la “enorme gravedad institucional del caso”, solicitaron que se habilite la feria judicial.

La magistrada, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, dio una entrevista el sábado pasado al programa Toma y Daca, de AM750, en la que se refirió a las “presiones” sufridas durante el gobierno de Cambiemos. “Aún votando de manera conjunta con colegas en algunas cuestiones más álgidas, políticamente, el ex presidente de la Nación públicamente decía que felicitaba a los otros dos jueces a pesar de las presiones que habían tenido por la jueza Figueroa, y habíamos votado los tres igual, por ejemplo”, dijo en la entrevista.

También reveló que apenas asumió Macri “me preguntaron cuánto iba a demorar en sacar un fallo, cosa que no me había pasado nunca en Casación”, y que reclamó no volver a tener esa clase de pedidos.  “No lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario”, añadió, y apuntó a un funcionario “por debajo del ministro (Germán) Garavano”, quien la presionaba por el Memorándum con Irán. El funcionario habría sido Mahiques.

En el texto presentado hoy, los diputados y senadores resaltan que a partir de la asunción de Macri en 2015 “fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y direccionar el trámite de causas que le resultaban funcionales a sus intereses políticos”, y que esas maniobras fueron “planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial” integrada  “nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales”, entre los que mencionan al ex ministro de Justicia Germán Garavano; el ex secretario de Asuntos Penitenciarios, al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques; el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas; los ex secretarios de Estado José Torello y Pablo Clusellas; el ex Procurador del Tesoro de la Nación Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

“Como puede advertirse, las manifestaciones de la jueza Figueroa revisten una gravedad inusitada”, apuntan lo legisladores. “Lisa y llanamente, una magistrada que integra el máximo tribunal penal federal del país reconoció que, durante los últimos cuatro años, no solo ella, sino también muchos otros colegas, sufrieron presiones por parte de miembros del Poder Ejecutivo de la Nación e integrantes de servicios -aparentemente de inteligencia-, quienes se arrogaron ilícitamente la potestad de ‘direccionar qué sentencias tienen que darse y con qué sentido o con qué dosificación de pena, etcétera'”.

La denuncia también subraya que, si bien la jueza se refirió al caso del Memorándum, “lo cierto es que la nombrada magistrada da cuenta de un modus operandi y ratifica que se desarrolló en forma sistemática sobre un grupo por ahora indeterminado de magistrados que tenían a su cargo causas de interés político”.

El escrito señala que se podría estar frente a una asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Y pide la declaración testimonial de la jueza Figueroa, así como el registro de las llamadas telefónicas de Juan Bautista Mahiques durante los cuatro años de gobierno de Macri. Además, se solicitan “los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia” que permita saber si entre diciembre de 2015 y diciembre 2019 jueces y fiscales estuvieron en la Casa Rosada, la AFI, el ministerio de Justicia o la Quinta de Olivos.

FUENTE : PAGINA 12

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Continue Reading

Politica

Presentaron un proyecto para agilizar los juicios políticos a los jueces que liberaron presos

Avatar

Published

on

La iniciativa es de Juntos por el Cambio en el senado bonaerense con la idea de activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por la cuarentena

Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto

Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto

En el marco de las excarcelaciones masivas que se registraron en los diferentes departamentos judiciales de la Provincia, el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense busca activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por el aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional y provincial en el marco de la pandemia del Covid-19.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciaba que instruiría a la oficina de Atención a las Víctimas, creada por ley en el ámbito del Congreso, para que que le dé impulso a juicio político a los jueces que procedan a la liberación de delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas.

“Aquellos jueces que no den vista a la parte, a la victima del delito y que procedan a la liberación de delincuentes, van a ser pasibles de inicio de juicio político por parte del cuerpo de abogados de la Oficina de Victima del Congreso”, aseguraba el diputado en declaraciones a Radio La Red.

Los presos de Devoto, durante un motín en el techo que tuvo lugar la semana pasada (Franco Fafasuli)

Los presos de Devoto, durante un motín en el techo que tuvo lugar la semana pasada (Franco Fafasuli)

Hoy, el sistema de enjuiciamiento previsto por la ley está suspendido por la pandemia ya que en su reglamento no se prevén las sesiones virtuales. “El Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados y Senadores, o la misma Suprema Corte de Justicia, son ámbitos institucionales que están funcionando a través de las nuevas tecnologías. Pretendemos que con el sistema de enjuiciamiento ocurra lo mismo porque la situación que se está viviendo por la liberación de presos es muy delicada”, remarcó Juan Pablo Allan, autor de a iniciativa junto a Nidia Moirano.

Lo que está pasando es que muchos familiares o las propias víctimas realizan denuncias contra los jueces que sacan a presos de manera indiscriminada, pero esas denuncian no llegan a nada porque no está funcionando el sistema de enjuiciamiento. Debemos avanzar en ese sentido”, agregó.

En este marco, un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente en las últimas horas por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados.

Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.

El pedido de juicio político en su contra fue presentado anoche ante el Consejo de la Magistratura bonaerense y se constituyó en la primera que realizará el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y cuenta con el respaldo de Massa. El planteo se formalizó en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a cárcel, informaron fuentes parlamentarias.

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio

Voceros parlamentarios señalaron que pedirán la suspensión preventiva del juez mientras se sustancia la investigación sobre su conducta en el Consejo de la Magistratura.

La presentación, a la que accedió Télam, le adjudica al magistrado haber incumplido sus funciones al “omitir notificar y oír a la víctima antes del resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria” y que la familia de la chica “se enteró por los medios”.

A través del escrito, la abogada especificó que Brun “violó el artículo 5 de la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país al ser de orden público” y que por tratarse “de un abuso a una joven, también se violó la ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”.

Asimismo, afirma que el juez omitió notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria, no se constituyó en el penal ni tomó contacto real con la situación y sólo dispuso su traslado a su domicilio.

Es preciso destacar que de la propia resolución surge a todas luces que no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, lo que pone en un situación de peligro y gravedad a la víctima”, precisa el escrito.

En la presentación, la abogada afirma que “existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas en la causa”.

Los impulsores de la denuncia adelantaron que se espera que todas las víctimas, abogados y colectivos de víctimas tengan un modelo simple y bien fundado que les permita seguir el Leading Case (el caso líder o testigo) y hacer las presentaciones en cada caso donde se hayan operado libertades y beneficios irregulares.

FOTO TAPA : PAGINA 12

FUENTE : INFOBAE

Continue Reading

Más Vistas