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El hambre se ensaña con las villas miseria de Argentina por la pandemia

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La cuarentena obligatoria es imposible en esos barrios pobres donde miles de trabajadores dependen de los subsidios estatales
FOTO : Vista general de la villa 31, en Buenos Aires, Argentina.NATACHA PISARENKO / A

A las cuatro de la tarde, en la 31, hay niños que juegan en las plazas y corren por sus pasillos estrechos y llenos de cables. En la villa miseria más céntrica de Buenos Aires, las familias están sentadas en la puerta de su casa a medio construir, bajo la autopista. Las personas se abrazan por la calle y otras cuchichean o se ríen, sin respetar el metro y medio de distancia social. Hay pequeñas tiendas de ropa, peluquerías, ferreterías y restaurantes abiertos. No hay silencio, suena cumbia. A dos semanas de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno argentino por el coronavirus, a simple vista parece que en este barrio de 65.000 habitantes la vida transcurre con normalidad, pero no es así.

A las cuatro de la tarde, en un día laborable de abril, los niños de la villa 31 estarían aún en la escuela y muchos de sus padres y madres habrían salido a trabajar. Ahora, en cambio, la policía solo deja que abandonen el barrio por motivos de fuerza mayor o si realizan tareas consideradas esenciales y han tramitado un permiso oficial.

“Acá la idea no es quedate en tu casa, si no quedate en tu barrio, porque en espacios como estos las casas no pueden brindar un cobijo real y la circulación está en la calle”, dice la trabajadora social Carina Corvalán. Esta es la estrategia para evitar que el coronavirus ingrese en zonas vulnerables y cause estragos en una población que vive hacinada y con acceso deficitario a los servicios de salud.

Algunos residentes de la villa 31 usan mascarillas como prevención ante el coronavirus. M.C
Algunos residentes de la villa 31 usan mascarillas como prevención ante el coronavirus. M.C

En estos días, los residentes de la villa 31 están más preocupados por la súbita disminución de ingresos provocada por el freno económico que por la pandemia. Son muy pocos los que tienen un empleo formal que les permita trabajar desde casa o que les mantenga la nómina. Abundan, en cambio, los peones de la construcción, personal de cocina, de limpieza, cuidadores, vendedores o repartidores. Todos se han quedado sin empleo de un día para otro debido a la crisis sanitaria.

La paralización de la economía informal ha vaciado de clientes los pequeños negocios del barrio. Solo hay largas filas frente al banco, donde se depositan los subsidios estatales, y en la sede del Ministerio de Educación porteño, ubicada en el barrio, que reparte bolsas de comida para los alumnos de escuelas públicas de la zona. Un poco más tarde, las colas se trasladan a las puertas de los comedores populares, que sirven meriendas y cenas gratuitas.

La Fundación El pobre de Asís acaba de reabrir después de una semana y media cerrada para reorganizar el espacio de acuerdo a las medidas de prevención ante la Covid-19. Martín y Soledad, una pareja de treintañeros con dos hijos a cargo, esperan con un tupper en la mano a que comiencen a servir el guiso de lentejas y arroz. Él trabajó como ayudante de cocina hasta mediados de marzo; ella trabajaba como empleada doméstica. Ambos confían en recuperar sus trabajos cuando se reanude la actividad, pero hasta entonces no tienen dinero para comprar alimentos. En los últimos días, solo cenaron mate cocido —la infusión más popular de Argentina— y galletas.

Yamila Caballero, de 22 años, también depende de los comedores comunitarios. La cuarentena dejó en suspenso su trabajo como repartidora en una panadería de Recoleta, uno de los barrios más acomodados de la ciudad, separado de la villa 31 por vallas y vías de tren. Sus últimos ahorros los usó para comprar alimentos para su madre, de 65 años, recién operada de la vesícula. “Anoche me acosté sin cenar, pero a las tres de la madrugada no aguantaba más el hambre y abrí el último paquete de salchichas que guardaba para mi mamá. Me comí tres. Hoy me levanté tarde para no desayunar e ir directa a conseguir almuerzo”, cuenta Caballero.

Una voluntaria del comedor comunitario la Fundación El pobre de Asís reparte la cena en la villa 31 de Buenos Aires. M.C
Una voluntaria del comedor comunitario la Fundación El pobre de Asís reparte la cena en la villa 31 de Buenos Aires. M.C

Aunque la joven lamenta haberse quedado sin salario, admite que desde que se enteró de los primeros casos de coronavirus en Argentina le estresaba su trabajo por miedo a contagiarse y a transmitírselo a su madre. “Por suerte, si tenía que subir a algún departamento, siempre me mandaban por el ascensor de servicio. Porque, viste, ahora parece que es más peligroso tocar a un cheto (pijo) que a un pobre”, dice con una sonrisa mientras su lengua juega con el piercing que tiene en el labio. Coincide con ella Carmen, una de las voluntarias del comedor. Madre de 17 hijos y abuela de 10, cree que en estos días quien sale de casa para trabajar “se la juega” porque se expone a contagiarse.

A fines de 2019, un 35,5% de la población argentina era pobre y la cifra aumentará cuanto más se alargue la emergencia sanitaria. Los 10.000 pesos extraordinarios (150 euros) que repartirá este mes el Gobierno entre las familias más necesitadas no son suficientes para garantizar comida, ropa y techo. Muchos inquilinos ya han comunicado a los dueños de las pequeñas casillas que alquilan que no les pagarán mientras se mantenga la cuarentena. Otros racionan al máximo el gas porque no pueden pagar una nueva garrafa y comienzan a acumular múltiples deudas.

“Están robando como nunca, hasta comida. El otro día robaron una olla de la cocina”, cuenta Óscar, quien duerme en un sofá-cama en el local de la fundación, a escasos metros de la mesa donde se sirven meriendas y cenas. Enfrente hay abierta una pizzería, pero el local no recibe ni un solo pedido. Niños y mujeres tienen prioridad en el reparto del guiso de lentejas, que se termina en menos de diez minutos. Las voluntarias del comedor usan guantes y se saludan con el codo, pero su mayor preocupación hoy es cómo sortear el alza del precio de los alimentos y aumentar el número de raciones para el siguiente día.

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Bonos en dólares cedieron hasta 5,6% a la espera de avances en negociación del canje

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Los títulos en moneda dura retrocedieron luego de tres jornadas con subas, mientras se mantuvo la expectativa con respecto al acuerdo por canje de deuda. El riesgo país avanza un 2,6%. ADRs cerraron mixtos, y el S&P Merval perdió 2,2%.
Tras anotar importantes subas en las últimas tres jornadas, los bonos y las acciones revirtieron ímpetu alcista y cayeron este martes, en un contexto expectante a señales sobre avances en la reestructuración de la deuda soberana, con negociaciones que se podrían extender más allá de este viernes si no se alcanza un acuerdo.

Coincidiendo con el epílogo de la jornada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo una videoconferencia con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina -AMCHAM- que Argentina podría extender el período de negociación con sus acreedores que vencía el 22 de mayo en momentos en que el país continúa con un “diálogo constructivo”.

Con esa novedad, los bonos soberanos profundizaron sus bajas, y terminaron con retrocesos de hasta el 5,6%, por lo que el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan , subía 67 unidades a 2.757 puntos básicos.

Los acreedores de la Argentina hicieron contraofertas a fines de la semana pasada después de rechazar una propuesta inicial del Gobierno que implicaba una suspensión de pagos de tres años, un recorte del 62% en los pagos de cupones y vencimientos hasta 2030 e incluso después.

“Será muy difícil cerrarlo esta semana (el acuerdo), por eso hay una alta probabilidad de un default técnico. Aunque en principio esto no generaría una situación dramática, ya que la deuda no se aceleraría y las negociaciones continuarían los siguientes días”, estimaron desde una sociedad de bolsa.

“Se habla de una prórroga de diez días para acercarse a un VPN (Valor Presente Neto) del 50/55%”, dijo otro agente.

El Gobierno insiste en que cualquier acuerdo debe cumplir con su propio análisis de lo que sería sostenible para la economía, que atraviesa una severa crisis, como también el del Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal prestamista del país.

“Las contrapropuestas representan un progreso. Pero las dos partes permanecen a metros, no centímetros, de lo que podría funcionar”, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las conversaciones del Gobierno con los acreedores, que pidió no ser identificada. “Si tomas su oferta al pie de la letra, no solo está más allá de lo que el Gobierno consideraría aceptable, sino que también está más allá de lo que funcionaría en un marco del FMI”, añadió.

Las contraofertas de los principales grupos de acreedores exigen un período de gracia más corto -de un año- para los pagos y tasas de interés en promedio más altas que la propuesta inicial del Gobierno.

Las conversaciones pueden continuar más allá de la fecha límite del viernes, ya que el Gobierno busca calmar la crisis de la deuda para revivir la economía, más afectada aún por la pandemia del coronavirus.

La oferta de reestructuración del Gobierno representa alrededor de 40 centavos por dólar y las contraofertas fueron de poco menos de 60 centavos por dólar.

Los bonos argentinos ya se cotizan a niveles muy bajos, principalmente entre 30 y 35 centavos por dólar, después de una fuerte caída el año pasado, cuando aumentaron los temores sobre un posible incumplimiento soberano, que sería el noveno del país.

“Las discusiones están en curso. Los próximos días serán cruciales”, dijo la fuente. Recordemos que el viernes finaliza el período de gracia para pagar intereses de bonos en moneda extranjera que vencieron el 22 de abril.

S&P Merval y ADRs

En la plaza bursátil, el índice S&P Merval cayó un 2,2%, a 39.388,72 puntos, en línea con la trayectoria declinante de los mercados externos.

En Wall Street, en tanto, los papeles de empresas argentinas cerraron sin una tendencia definida. Las subas fueron lideradas por las acciones de Loma Negra (+9,6%), una de las preferidas por los inversores en las últimas jornada, tal como lo muestra su creciente volumen operado. Por el contrario, las bajas fueron encabezadas por los activos de Tenaris (-9,4%).

FUENTE : AMBITO

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Freno a las facturas de luz y gas absurdas: el gobierno les puso límites

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Los entes de control de la luz y el gas reaccionaron rápido frente a las denuncias de sobrefacturación por consumos estimados por la cuarentena. Dictaron resoluciones para revertir la situación y están ampliando el alcance de la prohibición de corte de servicios por atrasos en los pagos.

 

Los entes de control de las distribuidoras de luz y gas demostraron esta semana un cambio de comportamiento fundamental respecto del desempeño que tuvieron los cuatro años que gobernó Cambiemos. El Enargas primero y el Enre después tomaron rápida intervención frente a las denuncias por sobrefacturación de servicios. Ambos organismos dictaron resoluciones para terminar con los abusos en la estimación de consumos, a partir de que se suspendió la lectura presencial de los medidores por la cuarentena, y permitir a los usuarios recuperar el dinero cobrado de más. Sus interventores, Federico Bernal y Federico Basualdo, respectivamente, respondieron a las quejas de los clientes por facturas que pasaron de un mes a otro de 1000 a 10.000 pesos en los casos más extremos. En esa línea de apertura a los reclamos de la ciudadanía, el Gobierno y los entes de control están ampliando el alcance del decreto que impide el corte de servicios públicos por falta de pago a un mayor número de usuarios de clase media.

PáginaI12 reveló la semana pasada que se estaba produciendo una avalancha de denuncias de clientes residenciales, del comercio y de la industria por boletas que empezaron a llegar de Edenor, Edesur, Metrogas y Litoral Gas, entre las más cuestionadas, por montos absurdos. La razón es que el Enargas y el Enre las autorizaron a estimar los consumos de cada usuario en base a sus registros históricos, debido a que el Gobierno resolvió no incluir a los trabajadores de las empresas eléctricas y de gas como prestadores de un servicio esencial. Lo hizo para resguardar su salud en el marco de la cuarentena, de modo que no tuvieran que salir a las calles a realizar la lectura habitual de los medidores. Esa prerrogativa está contemplada en el Reglamento del Servicio de Distribución para causas excepcionales, como ocurre en la actualidad. El problema es que en lugar de utilizarla con rigurosidad, en numerosos casos dio lugar a facturaciones exorbitantes, muy por encima de los registros reales de demanda de los clientes.

 

El primero en reaccionar fue el Enargas. Ya dictó dos resoluciones, la 25 y la 35, para resolver la situación. “Hemos detectado muchos casos con estimaciones que no guardan relación con el consumo real”, advirtió Bernal. “Adoptamos una medida que incluye el reintegro a los usuarios allí donde se haya producido la sobrefacturación”, agregó, en referencia a la primera de las medidas, por la cual se ordenó a las distribuidoras de gas habilitar “aplicaciones, entornos web y otras herramientas informáticas” para que los clientes puedan remitirles, bajo declaración jurada, la lectura correcta de los medidores.

Esta semana dio un paso más. En la resolución 35, el Enargas les fijó a las empresas reglas precisas de cómo deben hacer la estimación de consumo mientras siga suspendida la lectura de los medidores. “Las prestadoras deben utilizar el menor registro de consumo correspondiente al mismo período de los años 2017, 2018 y 2019”, señala. Es decir, en ningún caso las facturas podrán contemplar consumos superiores a aquellos años. Pero, además, deberán utilizar el de menor demanda. 2017 fue un año con temperaturas más altas, por lo que seguramente resultó el de consumo más bajo para la mayoría de los clientes, y ese parámetro es el que tendrán que aplicar las empresas en este momento.

La resolución 35 también amplia la posibilidad de remitir a las distribuidoras de gas una foto con la lectura correcta del medidor para reclamar el reintegro de lo facturado de más a los clientes residenciales. En principio, la resolución 25 lo limitaba a los no residenciales, comercios e industrias, que son quienes más reclamos habían formulado.

“Notamos una apertura de los entes por escuchar a los usuarios que antes categóricamente no existía. Convocan a las comisiones de usuarios, a las asociaciones de consumidores, a los clubes de barrio, a las fábricas recuperadas. Hay una amplitud que hace mucho no veíamos. Los organismos podrían haber utilizado la cuarentena como excusa para posponer encuentros con estos sectores, pero en lugar de eso, nos convocan más que nunca”, valora Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las entidades que trabaja activamente dentro de los entes. “En la etapa anterior tuvimos que cuestionar judicialmente los concursos del Enre y el Enargas para designación de autoridades porque establecían un favoritismo expreso por los ejecutivos de las empresas eléctricas y las petroleras. Los postulantes de esos sectores tenían de entrada un mejor puntaje para acceder a un lugar en el directorio, mientras se discriminaba a las entidades de consumidores y demás actores de la sociedad civil, que son los más interesados en controlar a las empresas”, explica. Esos concursos están frenados y por eso el actual Gobierno nombró a Bernal y Basualdo como interventores, hasta que se resuelva una nueva convocatoria para designar a los integrantes estables de los entes de control.

Andrea Manzi, de la Red de Multisectoriales, hace la misma evaluación sobre el cambio de funcionamiento en los organismos de control. “Vemos que los entes están en una actitud de salir a la calle, retomar el contacto con los usuarios. Es importante que avancen en una descentralización de delegaciones para que estén presentes en toda el área de concesión. Si no para la gente es muy difícil hacer los reclamos. Están en un buen punto de partida y es necesario que sigan adelante”, plantea. La organización que encabeza fue una de las que lideró los reclamos por la sobrefacturación de luz y gas.

En las videoconferencias de esta semana con las comisiones de usuarios que funcionan dentro de los organismos, el Enargas y el Enre señalaron que están autorizando a clientes de gas y luz que en principio no estaban amparados por el decreto del Gobierno que impide la interrupción de servicios por falta de pago a acceder a esa posibilidad. Los entes están abiertos a recibir las solicitudes a través de sus páginas de internet y sus cuentas de mail. Los clientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos –que en la norma oficial es el límite para acceder al beneficio- pueden justificar su situación económica y solicitar que no le corten la luz y el gas por falta de pago, por un lapso de 180 días.

En relación a las denuncias de sobrefacturación de consumos, el Enre indicó que analizará “oportunamente” los reclamos de los usuarios. “Se dispuso que las eventuales diferencias que surjan entre las lecturas reales y lo que se haya facturado a los usuarios y usuarias serán evaluadas oportunamente y se establecerán los procedimientos para su tratamiento, ponderando los derechos” de cada parte. También instruyó a Edenor y Edesur a que “refuercen los canales de atención y comunicación para que los clientes puedan impugnar sus facturas en los casos donde se detecte un desvío entre el consumo real y el estimado por la distribuidora”. La medida es menos contundente que la del Enargas y no termina de resolver la cuestión, pero reconoce la existencia de “desvíos de facturación” y promete entregar las soluciones efectivas más adelante, en un análisis caso por caso.

En los casi treinta años de existencia de los entes de control de la luz y el gas, a partir de las privatizaciones de los ’90, su funcionamiento resultó claramente defectuoso en la mayoría de esos años. Las empresas cometieron todo tipo de abusos, sin que los clientes encontraran quién los defienda de manera real. Los últimos cuatro años fueron de los peores, según coinciden los responsables de entidades de consumidores. En un momento tan delicado como el actual, es saludable que hayan empezado a mostrar otra actitud.

 

FUENTE PAGINA 12

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Provincia desembolsa $1.000 millones del Tesoro para asistir a municipios

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Lo dispuso el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Además, se creará el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”
La Provincia asistirá financieramente a los municipios a través de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) y mediante la creación del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” en el marco de la estrategia para combatir el avance del coronavirus.

El gobernador Axel Kicillof dispuso una asistencia financiera inmediata de $1.000 millones para que sean distribuidos a los municipios, a través de Aportes del Tesoro Provincial (ATP), en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Por otra parte, el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención Fiscal Municipal” (Decreto 264/20), tendrá el objetivo de contribuir con el pago de sueldos de los empleados municipales, las prestaciones habituales de los municipios bonaerenses y las necesidades adicionales determinadas por la emergencia del COVID-19.

La ayuda financiera, destinada mediante este fondo, será reembolsable, no se percibirán intereses ni gastos administrativos de ningún tipo y se otorgará tras la solicitud de cada municipio.

Este Fondo se compondrá con recursos de Rentas Generales de la Provincia, Aportes del Tesoro Nacional y otras fuentes que determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas, como autoridad de aplicación.

El fondo que se irá desembolsando en los próximos meses, estará constituido por una suma de 8 mil millones de pesos, que podrá ampliarse hasta 12 mil millones de pesos de ser necesario.

El Decreto expresa que “la crisis sanitaria, económica y social impacta sobre el normal funcionamiento de las administraciones provincial y municipal, que se ven en la necesidad de atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la recaudación de tributos”.

Los municipios de la Provincia de Buenos Aires son actores principales para enfrentar esta pandemia. En cada uno de ellos se ha constituido un Comité de Emergencia (COE) compuesto por las áreas de salud, seguridad y desarrollo social para atender las necesidades extraordinarias y contribuir al cuidado y protección de los vecinos y vecinas de la Provincia.

FUENTE : AMBITO FINANCIERO

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