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El gobierno porteño evalúa ir a la Corte para defender las clases presenciales y rechazar la intervención de las fuerzas federales

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Horacio Rodríguez Larreta está reunido con su gabinete y realiza consultas con gobernadores, con su “mesa judicial y con especialistas externos en Derecho. “No se descarta ninguna posibilidad”, aseguraron en el entorno del mandatario porteño

Horacio Rodriguez Larreta está reunido desde temprano con parte de su gabinete para evaluar los anuncios realizados anoche por el presidente Alberto Fernández. El jefe de Gobierno porteño rechaza el cierre de las escuelas y la posible intervención de las fuerzas federales de seguridad en el territorio de la ciudad de Buenos Aires.Su decisión final se conocerá pasado el mediodía, pero Infobae pudo saber de fuentes oficiales que se evalúa una presentación judicial contra las restricciones. En principio, sería un amparo ante la Corte Suprema para defender las clases presenciales.

Otra posibilidad sobre la mesa es una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema por la competencia originaria, con una medida cautelar para que la decisión, si la hay, tenga efecto inmediato. Durante la mañana también se estudió una presentación ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad o ante el Contencioso Administrativo Federal.

Las autoridades de la Ciudad se apoyarían en el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad que determina que las autoridades “tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la constitución nacional”.

El jefe de gobierno porteño está en contacto desde anoche con distintos gobernadores y con los integrantes de su “mesa judicial”, que reciben consultas a la distancia. También hubo consultas con especialistas externos en Derecho. “No se descarta ninguna posibilidad”, dijo a media mañana un funcionario del entorno de Larreta. Esa misma fuente advirtió que la conferencia de prensa, prevista para el mediodía, se demorará.

La decisión de ir a la Corte Suprema reflota el escenario por el recorte en los fondos de la coparticipación federal. En ese caso, la Ciudad presentó un amparo contra el DNU y luego hizo otra presentación cuando se aprobó la ley en el Congreso. Pasaron casi siete meses. Recién esta semana el Máximo Tribunal llamó a una audiencia de conciliación para el 21 de abril.

(Télam)(Télam)

Larreta está en contra del cierre de las escuelas. Su decisión se respalda en la baja incidencia de contagios que registraron en los dos primeros de clases. En comparación con el primer mes, en el que solo se había contagiado el 0,17% de los docentes y alumnos, entre el 17 de marzo y el 12 de abril se infectó el 0,71% de la comunidad educativa, en línea con la curva ascendente en la Ciudad. No obstante, de los casos que se aislaron preventivamente por contacto estrecho dentro de una misma burbuja, dio positivo luego solo el 0,012%.

Anoche circuló un decreto que generó confusión sobre ese rubro. No fue una respuesta a los anuncios de Alberto Fernández. De hecho se había firmado horas antes del mensaje del Presidente. “Es un decreto que estaba orientado a los trabajadores de la educación, salud, y seguridad para que puedan circular en el transporte público. No se declaró esencial la actividad educativa”, explicó un vocero esta mañana. Y agregó: “Estamos en comunicación con distintas ONGs para generar un petitorio colectivo juntando firmas”.

Otro punto de conflicto por estas horas es la posible intervención de las fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería y PSA) en las calles de la Ciudad. “El Poder de Policía lo tiene la Ciudad salvo que el decreto nacional diga que hay una intervención federal. No se pueden llevar puesta la Constitución nacional y de la Ciudad. La intervención de las fuerzas federales es de imposible cumplimiento desde lo legal y lo práctico”, aseguró a este medio un funcionario porteño.

La ministra de Seguridad de la Nación Sabrina Frederic dijo esta mañana que hubo contactos con la Ciudad y hasta mencionó al secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro. Según pudo saber este medio, el funcionario fue consultado anoche si podía asistir a una reunión este mediodía para coordinar las medidas pero rechazó la invitación a la espera de los anuncios del jefe de Gobierno.

“No me importa si la Policía de la Ciudad no quiere intervenir”, lanzó esta mañana el Presidente en una entrevista con Radio 10. La frase explotó en las oficinas de Uspallata. En la Ciudad ratifican por estas horas que las fuerzas federales no pueden patrullar por las calles de la Ciudad y solo puede actuar en estaciones de trenes, en los accesos y en lugares como la Villa 21-24 y el barrio 31, donde hay acuerdos con la Ciudad.

Alberto Fernández deslizó en la misma entrevista que la Policía de la Ciudad no actuaba en las calles para hacer cumplir las restricciones nocturnas anunciadas el viernes de la semana pasada. “Por ese motivo decidí que esto se cumpla con las fuerzas federales, todo el mundo tiene mi número de celular y el fin de semana no fueron pocos los vecinos que me mandaban fotos de Palermo con todos los bares abiertos”, dijo.

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FUENTE : INFOBAE

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UNA A UNA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA INTENTAR RECUPERARSE DE CARA A NOVIEMBRE

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El gobierno nacional puso en marcha la última semana una serie de medidas destinadas a consolidar la reactivación económica, con la profundización de políticas de incentivo a la producción, el consumo y la creación de nuevos puestos de trabajo, entre las que se destacaron el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias; una suba en el salario mínimo, vital y móvil y la eliminación a partir de enero de las retenciones a la exportación de servicios.

Las iniciativas fueron anunciadas de manera paulatina luego que el presidente Alberto Fernández pusiera en funciones el lunes pasado al jefe de Gabinete, Juan Manzur; y a Santiago Cafiero en la cartera de Relaciones Exteriores y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perczyk, en Educación; y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología.

Los cambios en el Gabinete, así como las medidas puestas en marcha, buscan poner nuevamente en agenda los temas considerados prioritarios por el gobierno, tras el resultado registrado en las PASO, y de cara a mejorar la performance de los candidatos oficialistas en las elecciones de medio término que se realizarán el 14 de noviembre, que determinarán la nueva conformación del Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales.

A las medidas ya anunciadas se sumarán en los próximos días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada, que beneficiará a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria, de entre 55 y 60 años en las mujeres y de entre 60 y 65 en los varones.

Además se encuentran bajo análisis un programa para ampliar el empleo y reconvertir planes sociales en trabajo, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular, la ampliación de la obra pública y el eventual regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) bajo un esquema focalizado, debido a que en la actualidad las restricciones por la pandemia de coronavirus son mínimas.

Las proyecciones que manejan en gobierno y en el área económica estiman que el paquete de medidas equivaldría a algo más de medio punto del Producto Bruto Interno (PBI).

Las medidas

Salario mínimo, vital y móvil

El primer anuncio –que se concretó el martes pasado y estuvo a cargo de Juan Manzur y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni- fue la decisión de elevar el actual salario mínimo, vital y móvil de 29.160 a 33.000 pesos en tres tramos, por lo que la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%.

Este mes el incremento será del 9%, 4% en octubre y 3% en febrero próximo, con lo que el ingreso mínimo será de 31.104 pesos en septiembre, 32.000 pesos el próximo mes y de 33.000 pesos en febrero.

El incremento salarial alcanza a casi 1.100.000 trabajadores y beneficiarios de programas sociales como Potenciar Trabajo y Acompañar, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones.

Ganancias

El miércoles el nuevo anuncio tuvo como foco el incremento del piso a partir del cual los asalariados pagan el Impuesto a las Ganancias, en $175.000, a partir del este mes, junto con la exención del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre para el pago de este tributo para los trabajadores comprendidos dentro del tope.

Con la actualización, 1.267.000 trabajadores que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril, seguirán sin abonar el impuesto.

Desde el gobierno subrayaron que la medida apunta a fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno, entre otras cuestiones.

También anticiparon que el mínimo no imponible del impuesto, así como las deducciones y las escalas, volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

Al incremento del piso, también se decidió ampliar las exenciones del impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para beneficiar el ahorro en pesos, a través de un decreto firmado por el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que reglamentó la Ley 27.638 que brinda desgravaciones a aquellos que utilicen instrumentos de ahorro en pesos.

La medida busca dar mayor liquidez al sistema y financiamiento para el sector privado, además de contribuir a contar con un sistema tributario más progresivo.

Los beneficios impositivos contenidos en la norma contemplan exenciones en Ganancias para depósitos con cláusulas de ajuste y para instrumentos financieros destinados a fomentar la inversión productiva, entre otras cuestiones.

Eliminación de retenciones a la exportación de servicios

El viernes, Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron la decisión de eliminar completamente a partir de enero próximo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior, con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad, generar divisas y corregir la medida aplicada a partir de 2018, que perjudicaba al sector.

Ese rubro es el segundo complejo exportador del país, solo superado por el segmento oleaginoso cerealero. En 2018, por primera vez en la historia de la Argentina, el sector de servicios comenzó a pagar retenciones a la exportación. En 2020 se bajó la alícuota a 5% y a partir de 2022 se reducirá a 0%.


Jubilación anticipada

Por el lado previsional, el viernes la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anticipó que el gobierno nacional trabaja en un DNU para implementar una jubilación anticipada.

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria -entre 55 y 60 años las mujeres y entre 60 y 65 los varones-.


Previaje PAMI

Con foco también en los jubilados, Manzur el viernes presentó en Pilar junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, el plan Previaje PAMI que contempla el reintegro del 70% de los gastos en turismo para los afiliados, para recorrer todos los destinos de Argentina.

De cara a la próxima semana, uno de las cuestiones más importantes será la reunión que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantendrá con las entidades que conforman la Mesa de Enlace agropecuaria, en la que se podrían concretar anuncios para el sector. Telam

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MARPLATENSES MARCHARON CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO

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Marplatenses participaron este viernes de una marcha por la crisis climática que también se realizó en otras ciudades del mundo. La manifestación se realizó por las calles del centro de Mar del Plata, para pedir medidas que mitiguen el cambio climático.

La concentración se realizó frente a la Municipalidad para sumarse al pedido al Congreso de la Nación una agenda ambiental “realista, justa, honesta, constante y transparente”.

Misión Soberanía y Transición Energética Argentina fue una de las entidades que realizó la convocatoria. “Hubo una importante participación que mostró a una juventud comprometida con su presente y su futuro, que asume una responsabilidad histórica con la construcción de un mundo más sostenible”, expresó Manuel Golomb, integrante de la organización, a Ahora Mar del Plata.

“La agenda reivindicativa es clara: queremos acciones inmediatas para empezar a abordar la crisis climática que pone en jaque la vida en nuestro planeta y en nuestras sociedades”, sostuvo y mencionó la importancia de la ley de humedales y el inicio de una “transición energética justa, que ponga el eje en un proceso de descarbonización de la economía, pero que a su vez también garantice el acceso a la energía para todos, porque hay un derecho vulnerado en gran parte de nuestra población”.

Golomb consideró: “Es una problemática que nos afecta a todos por igual, pero no todos tienen la misma capacidad de respuesta. Los sectores más vulnerables tienen menos alternativas para poder hacerle frente a los cambios climáticos que se están suscitando, como fenómenos meteorológicos o sequias. Es necesario reforzar la construcción y la presencia del Estado, y la discusión en las agendas públicas en torno a cómo abordamos una transición socioecológica que ponga la mirada en aquellos sectores más vulnerables.

Golomb también forma parte de la organización de la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad Energética 2021 que se lanzará próximamente, con la participación de 10 mil jóvenes latinoamericanos. “Es una plataforma de educación energética 4.0 para sensibilizar a los jóvenes en la temática de transición energética y que sea un proceso de participación colectiva”, describió.

“En el país estamos construyendo una comunidad para La Transición Energética Argentina (TEArg), con las organizaciones socioambientales más importantes,, donde queremos construir una agenda pública que delinee cuáles son las principales formas de acción para impulsar la transición energética con justicia social”, agregó.

El 2 de octubre se realizará el primer encuentro nacional para la transición energética justa y ya está abierta la inscripción en @te.arg. “Tenemos que seguir manifestándonos, participando, formándonos y empezando a liderar estos procesos porque la responsabilidad de construir un mundo más sostenible es de todos”, subrayó.

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UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

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Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

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