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Politica

Abel Frutos, el panadero amigo de Moyano, denunciado en la Oficina Anticorrupción

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La lista de delitos de los que acusan al sindicalista es extensísima: fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, administrador infiel y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública

Abel Frutos, el excéntrico secretario de Finanzas de la CGT y jefe del gremio de panaderos, fue denunciado este martes ante la Oficina Anticorrupción por una extensa lista de delitos que le endilgan desde seccionales de su propio sindicato.

“Fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, administrador infiel y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, son algunos de los delitos que se leen en la denuncia que realizaron ante el organismo comandado por Laura Alonso.

A diferencia de varios sindicalistas que optan por el bajo perfil, Frutos suele movilizarse en autos de alta gama y hasta contrató los servicios del ex guardaespaldas de Ricardo Fort, Dany “La Muerte”.

Además de la denuncia ante la Oficina Anticorrupción, Frutos enfrenta una resistencia marcada dentro de su gremio. “Los afiliados manifiestan estar preocupados por la falta de atención de los trabajadores porque no tienen servicio de obra social, mientras la conducción de Frutos recauda todos los aportes. El gremio de los panaderos se ha convertido en un clan dominado por la familia de su jefe, Abel Frutos, su ex esposa, Patricia Alonso y sus hijos Rodrigo y Gastón Frutos”, se lee en la denuncia.

Varias filiales de su propio sindicato le declararon la guerra al hombre de Moyano ante los recurrentes inconvenientes con la obra social y ante la supuesta desidia con la que maneja el gremio.

La Secretaria General de la Filial Junín, Rosana Farías señaló que “el sistema de salud no funciona, por eso los panaderos deciden muchas veces pasarse a otra obra social y por supuesto nos indigna que suceda tal situación”. Farías intimó en una carta documento para que Abel Frutos regularice la deuda existente con la Clínica Centro de Junín, quien ha cortado las prestaciones médicas de OSPEP de los afiliados panaderos. En el mismo sentido, denunciaron que no se hacen los convenios correspondientes con las clínicas y sanatorios de la regiónpara que los afiliados puean atenderse.

El clan Frutos

La ocupación de espacios por parte de sus familiares directos es otra de las prácticas de Frutos que fue denunciada ante la Oficina Anticorrupción: su esposa, Patricia Alonso, y sus hijos, Rodrigo y Gastón Frutos, sobrinos, parientes cercanos y amigos de extrema confianza son sólo algunos de los “acomodados”.

Lo curioso es que ninguno de ellos tiene experiencia previa como panadero y ni siquiera estuvieron detrás de un mostrador de panadería.

“La mujer de Abel Frutos llegó al gremio en 1984 con la intervención de la obra social y continúa hasta hoy”, comentaron Farías y Gabriel Ruiz, Secretario General del Sindicato de Obreros Panaderos de Lanús.

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En General Pueyrredón habrá lista de unidad

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Muchas veces los caprichos «de arriba» y las ambiciones personales generan confrontaciones políticas en las que muchos distritos tienen más cosas que perder que chances de ganar. Y General Pueyrredón era, hasta esta mañana, uno de esos casos, cuando de la coalición Juntos hablamos.

La pretensión de imponer hacia abajo el enfrentamiento del PRO y los radicales en CABA y provincia de Buenos Aires representaba romper en nuestro distrito una unidad y una mecánica de trabajo que en los dos primeros años de gestión oficialista había representado un trabajo monolítico que solo fue interrumpido por la sorpresiva posición de Alejandro Carrancio al momento de confundir especulación política con interés general.

Y hasta aquella claudicación de CREAR fue rápidamente subsanada: sin dudar el intendente ordenó separarlo del bloque, le pidió la renuncia a todos los funcionarios pertenecientes a ese sector y cristalizó en lo formal una realidad política que ya desde hacía mucho tiempo venía dándose en forma de acompañamiento a la gobernabilidad: el ingreso al bloque de Juntos de la concejal Mercedes Morro, representante del peronismo no «K» que se negaba a bombardear al gobierno comunal como única estrategia para acceder al poder.

Ahora la habilidad de Montenegro y Abad para contener las presiones externas permitió llegar a buen puerto con la idea de ambos líderes en el sentido de sostener la unidad por sobre toda otra alternativa. Y hace apenas unas horas alumbró la lista que concurrirá a los comicios generales sin competir, en el tramo local, en las PASO de octubre.

Los riesgos de romper un equilibrio que en Mar del Plata se había conseguido, y que no presentaba fisuras, ya los habíamos expuesto cuando todo parecía volver inevitable que aquí también se presentaran dos listas (Ver: El suicidio político que representaría una interna oficialista en la ciudad) pero ahora esos fantasmas parecen haberse disipado y, pese a que siempre quedan en el camino heridos a los que la coalición deberá tratar de contener, el panorama parece hoy más claro para la oferta oficialista.

Y crecen las figuras de Montenegro como líder del sector y de Abad como una figura de peso nacional capaz de imponer condiciones aún frente a los líderes de un partido que en la búsqueda de un mayor peso en el armado de todo el país debieron aceptar que lo que aquí andaba bien no se tocase. Estas dos consecuencias son seguramente las más importantes en todo lo ocurrido en estas horas.

La lista que competirá en las generales de diciembre lleva en sus puestos principales a los siguientes candidatos:

1- Fernando Muro (PRO)

2- María Angélica González (Coalición Cívica)

3- Ariel Martínez Bordaisco (UCR)

4-Verónica Hourquebié (UCR)

5- Guillermo Volponi (PRO)

6- Mercedes Morro (Peronismo Republicano)

 

Fuente: www.libreexpresion.net

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Politica

Ramos Padilla bajó la edad de las autoridades de mesa en pandemia

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Para evitar el contagio de los grupos de riesgo, el magistrado solicitó al Correo Argentino acortar los plazos de entrega de telegramas a las mismas.

Alejo Ramos Padilla fue designado titular del juzgado federal 1 de La Plata, con competencia electoral.

El juez federal de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, dispuso que las autoridades de mesa para estas elecciones 2021 dentro del territorio bonaerense “tengan entre 22 a 58 años”.

La medida, según explicó el magistrado, busca “disminuir la cantidad de personas en edad de riesgo por contagio de COVID-19”, para que las personas de 60 años en adelante no estén expuestas en la tarea de ser autoridad de mesa.

En ese sentido, las autoridades de mesa y los delegados podrán realizar todo tipo de consultas a la Secretaría Electoral a través de una línea telefónica rotativa y gratuita: 0800-666-3532. También podrán hacerlo a través de una aplicación digital: eleccionespba.padron.gov.ar.

Ramos Padilla además solicitó al Correo Argentino “acortar los plazos de llegada a destino de los telegramas de las autoridades de mesa”, que “no podrán extenderse más allá de las 48 horas desde la entrega de las piezas postales por la Secretaría Electoral hasta su llegada a destino final, es decir el domicilio de la persona designada” debido al elevado ausentismo de las autoridades de mesa.

En ese sentido, el juez citó el ejemplo de lo ocurrido en las elecciones nacionales de 2019 donde “se designaron 72.782 y se habilitaron 36.392 mesas”. “En virtud de la cantidad de devoluciones de telegramas y excusaciones, se libraron 41.874 telegramas de reemplazo, es decir que se reemplazó al 57,53% de las autoridades designadas”, indicó.

Por todo ello, es que el juez decidió adoptar medidas específicas para mitigar el alto porcentaje de ausentismo.

El padrón definitivo de la Provincia de Buenos Aires para las elecciones de este año, tanto primarias como generales, es de 12.704.518 electores distribuidos en 36.917 mesas de votación, por lo que 73.834 ciudadanos deberán cumplir la función de autoridad de mesa.

FUENTE : DIARIO LA CAPITAL DE MDP

FOTO TAPA : LETRA P

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Politica

Tres millones y medio de vacunas de Moderna continúan guardadas en un depósito, a una semana de su arribo a la Argentina

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Fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos. En el Gobierno dicen que esperan una autorización para su uso pediátrico

El lote de 3,5 millones de dosis de la vacuna de ARN mensajero desarrollada por la empresa Moderna, que arribó al país hace más de una semana como parte de una donación de Estados Unidos, aún no es utilizado por el Gobierno para acoplarse al plan de inmunización general contra el coronavirus. Estos inoculantes son la apuesta de la Casa Rosada para inmunizar a los menores de edad con comorbilidades, pero todavía no recibieron el aval oficial.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró a principios de esta semana que “se encuentra próxima” la autorización para usar las vacunas de Moderna en menores de 18 años, y las provincias confían en un proceso rápido por el acuerdo de reciprocidad entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración de Medicamentos y Alimentos norteamericana (FDA, por sus siglas en inglés), el organismo que debe comunicar que esas vacunas son aptas para inocular a niños y adolescentes que tengan entre 12 y 17 años.

Es decir, hasta ahora el Gobierno no aplicará esos sueros hasta que llegue esa autorización desde Estados Unidos. Otra alternativa para este grupo etario es que la ANMAT termine de analizar los informes que desde China envió el fabricante de Sinopharm para que esa marca de vacunas también sea de uso pediátrico. Se calcula que entre 100 mil y 200 mil niños y adolescentes que padecen comorbilidades entrarán en una primera etapa de esa vacunación.

Al tratarse de una donación con carácter excepcional, no se hizo una disposición de registro o una autorización por resolución del Ministerio de Salud de la Nación como ocurrió con las otras vacunas contra el COVID-19 en Argentina (REUTERS/Shamil Zhumatov)Al tratarse de una donación con carácter excepcional, no se hizo una disposición de registro o una autorización por resolución del Ministerio de Salud de la Nación como ocurrió con las otras vacunas contra el COVID-19 en Argentina (REUTERS/Shamil Zhumatov)

A diferencia de lo que pasó con otras vacunas contra el COVID-19 que ya son utilizadas en el país, al tratarse de una donación no se requiere registro de la vacuna de Moderna ante ANMAT, pero sí es necesario la autorización para su aplicación en el país.

La donación de las vacunas de Moderna fue la más grande que Estados Unidos realizó en Latinoamérica. Se hizo luego de que el Gobierno nacional aceptara adecuar la Ley de Vacunas 27.573 que también posibilitó que la Argentina firme el primer contrato de compra para vacunas de ARN mensajero a partir del primer trimestre del año 2022.

Los ensayos en Fase III de la vacuna de Moderna mostraron una eficacia del 94%. Hace que el sistema inmunológico humano produzca anticuerpos potentes que perduran varios meses.

Envuelta en una cápsula protectora de lípido, debe almacenarse a muy baja temperatura porque el ARN es frágil. La vacuna de Moderna se almacena a -20 °C, como un congelador doméstico, lo que requiere el mantenimiento de la cadena de frío desde la fábrica hasta los centros vacunatorios. Una vez fuera de las heladeras, resiste hasta 30 días, lo que la hace mucho más manejable a nivel logístico, sobre todo para países en vías de desarrollo.

Desde el inicio del plan de vacunación en diciembre pasado en la Argentina, se han aplicado en la población argentina las vacunas Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya en Rusia; la vacuna de Sinopharm, de China; la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Inglaterra; y la Covishield, que es la misma de AstraZeneca, pero producida en el Instituto Serum de la India.

Se han usado diferentes mecanismos de autorización o de registro de las vacunas. Un mecanismo fue con empresas que ya estaban en el país. En esos casos, se hace una solicitud de registro de una vacuna. La empresa debe presentar información del desarrollo, producción y control de calidad, así como también los estudios clínicos que avalen la calidad, seguridad y eficacia requerida para su uso en humanos.

El 22 de diciembre pasado, la ANMAT había informado que autorizó la inscripción en el registro de especialidades medicinales de la vacuna de ARN mensajero de Pfizer. Se autorizó por el plazo de un año contado a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la condición de venta bajo receta. La compra de esas vacunas aún están en negociación entre el Ministerio de Salud y el laboratorio.

En tanto, el 30 de diciembre, la ANMAT también sacó otra disposición para autorizar la inscripción de la vacuna de AstraZeneca/Oxford. “Presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la inscripción y autorización condicional del producto para la indicación solicitada. La misma se otorgó por el plazo de un año contado a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la condición de venta bajo receta”, señaló el organismo público en un comunicado.

En el caso de las vacunas de Rusia y China que se aplican en la Argentina, hubo resoluciones del Ministerio para uso de emergencia ya que los laboratorios que las producen no tenían sede en Argentina (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo) En el caso de las vacunas de Rusia y China que se aplican en la Argentina, hubo resoluciones del Ministerio para uso de emergencia ya que los laboratorios que las producen no tenían sede en Argentina (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

En cambio, con las vacunas de Rusia y China, se siguieron otros pasos. En el caso de la Sputnik V, primero hubo una resolución del 24 de diciembre del Ministerio de Salud de la Nación y luego ANMAT hizo un análisis para la aprobación de su uso. Con respecto a la vacuna de Sinopharm, se autorizó también a partir de una resolución del Ministerio el 22 de febrero pasado.

En ambos casos, la autorización de uso de emergencia de las vacunas se encuadraron en el marco de la Ley 27.573 y es el Ministerio de Salud de la Nación el que dicta la resolución correspondiente que establece su uso, luego de la intervención de los organismos competentes. En los artículos 8 y 9 se establece qué organismos deben participar del proceso y la manera en que debe realizarse.

FUENTE : INFOBAE

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