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El 68% de los españoles apuestan por el diálogo con Catalunya frente al 23% que prefieren “mano dura”

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El diálogo aparece como el gran consenso entre los españoles mientras que el gran disenso se presenta en la opinión sobre los presos independentistas

El 68% de los españoles apuestan por el diálogo para resolver la crisis catalana. Es una de las principales conclusiones de la encuesta encargada por el Departament de Presidència al Centre d’Estudis d’Opinió (CEOelaborada en toda España. Pero esta apuesta general por el diálogo tiene matices porque la mayoría de ese porcentaje, el 46,8%, prefieren una política de diálogo y negociación dentro de la Constitución, mientras que el restante 21,2% opta por un diálogo más allá, “sin límites”. El dato contrasta con el 23,4% de españoles que prefieren una política de “mano dura” por parte del Ejecutivo central.

La encuesta difundida esta jueves analiza la percepción sobre el debate territorial en España en 2019, aunque el estudio se realizó a través de 3.600 entrevistas entre el 9 de septiembre y el 17 de octubre, por tanto incluye el momento en que se conoció la sentencia del juicio del ‘procés’, el pasado 14 de octubre. En él se analizan cuestiones que desde el Govern señalan que habitualmente no recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), como la percepción de catalanes y el resto de españoles sobre la crisis catalana, sobre el encarcelamiento de los líderes independentistas o las posibles soluciones al entuerto catalán, referéndum legal o vía unilateral incluidos. El estudio ha costado 98.800 euros.

 

 

La encuesta

Presidència encargó la encuesta en toda España al CEO sobre cuestiones que habitualmente no recoge el CIS

El diálogo aparece como el gran consenso entre los españoles, junto a la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, mientras que la opinión sobre si es justo o no el encarcelamiento de los líderes independentistas es uno de los grandes disensos. Sobre el diálogo, quienes más apuestan por ejercerlo dentro de la Constitución son los españoles no catalanes; son el 48,4%, mientras que en el caso de los catalanes esta opción es la segunda por detrás del diálogo “sin límites” (38,1% frente al 42,4%). En el resto de España, la mano dura es la segunda preferencia (26,9%) y el diálogo sin límites la tercera, al ser apoyada sólo por el 17,2%.

La conclusión se ve apoyada por el hecho de que la mayoría de los españoles prefieren una solución eminentemente política (49,8%), una vía que sobre todo quieren los catalanes (75%), mientras que en el resto de España llega al 45,2%. Esta vía se antepone en todo caso a la judicial, que llega al 24,1% en total, pero en Catalunya se reduce al 8,1%, mientras que en el resto del país se eleva hasta el 27,1%. El 17,3% de los encuestados cree en compatibilizar solución política y judicial, el 10,7% en Catalunya.

El diálogo

El diálogo dentro de la Constitución es la opción preferida de los españoles no catalanes (48,4%). Los catalanes prefieren el diálogo sin límites (42,4%)

 

 

En cuanto al encarcelamiento de los políticos independentistas catalanes, la encuesta revela que sólo el 16,4% de catalanes lo ve justo, cifra que contrasta con el 60,1% del resto de españoles. Entre quienes contestaron que ese encarcelamiento no es justo, el 75,2 son catalanes, frente al 26,3% del resto de España.

El sondeo también analiza las posibilidades de un referéndum para solventar la cuestión catalana, ya sea uno en Catalunya o en toda España. Un 36,2 % de los españoles sería favorable a que se celebrase un referéndum para que los catalanes decidiesen “qué relación quieren” que exista entre Catalunya y el Estado, frente a un 51,8 % que estaría en desacuerdo. En cambio, el 70,8% de catalanes está a favor de esa receta.

La vía refrendaria sólo en la autonomía catalana es la favorita de los catalanes. El 70,8% se muestra de acuerdo con ella, mientras que el resto de españoles prefieren una consulta que también les incluya (46,3%). El referéndum a nivel estatal sólo es aceptable para el 35,9% de los catalanes y para el 44,7% del resto de españoles. Y la consulta en Catalunya sólo es apoyada por el 29,8% ciudadanos del resto del Estado.

La causa del ‘procés’

Sólo el 16,4% de catalanes ve justo el encarcelamiento de los líderes independentistas, frente al el 60,1% del resto de españoles

 

 

Quienes creen que esta solución no es necesaria porque la Constitución ofrece margen para solventar la cuestión catalana representan el 42,3%, en total, pero esta vía no es la ideal para los catalanes, puesto que sólo el 15,9% la apoya. En el resto del Estado, esta opción se eleva hasta el 47,2%.

Ante la posibilidad de que haya un referéndum legal y acordado sobre la independencia en el que la mayoría de catalanes optaran por la secesión, el 53,3% de los españoles aceptarían el resultado. De ellos, el 81,3% de los catalanes, mientras que en el resto del Estado no llegaría al 50% (48,2%) y un 44,3% no aceptarían el resultado.

Referéndum acordado y legal

El 53,3% de los españoles aceptaría el resultado; de ellos, el 81,3% son catalanes

Las diferentes percepciones de la realidad entre catalanes y ciudadanos del resto de España se reflejan en tres mapas con los que los encuestados responden a qué comunidades autónomas consideran que son más favorecidas por el Gobierno central. La percepción es completamente diferente, por cuanto los ciudadanos catalanes señalan que Madrid (para el 52,6%), Andalucía (50,4%), Extremadura (24,3%%) y País Vasco (22,3%) son las más favorecidas. Mientras que Catalunya sería la sexta más favorecida de las 19, junto a Castilla y León.

 

 

En cambio, entre el resto de españoles, Catalunya es la más favorecida (lo es para el 64,7%), seguida de País Vasco (43,6%), Madrid (39,3%), Andalucía (10,9%), Navarra (7,9%) y Valencia (6,8%).

Reforma de la Constitución

La vía del pacto fiscal para todas las autonomías tiene el apoyo del 68,2% de los catalanes y el 54% del resto de ciudadanos españoles

Entre los consensos de catalanes y el resto de españoles se encuentran cuestiones como la eventual reforma de la Constitución para aclarar competencias o para establecer que el sistema de financiación en línea con el pacto fiscal que propuso en su día Artur Mas. La vía de aclarar competencias en la Carta Magna es apoyada por el 68,1% de catalanes y por el 72,7 por los ciudadanos del resto del Estado.

La opción de que las autonomías recauden todos los principales impuestos y luego transfieran una parte al Gobierno central para financiar gastos comunes y la solidaridad territorial cuenta con el apoyo del 68,2% de los catalanes, y el 54% del resto de ciudadanos españoles.

El 44,8% de catalanes quiere un Estado en el que se reconozca a las autonomías la posibilidad de ser independientes. En el resto de España quieren mantener el sistema actual

 

 

A la hora de analizar las preferencias de los ciudadanos sobre las alternativas a la organización del Estado, en general, los españoles optan por mantener el actual sistema (29,4%), pero las diferencias entre catalanes y el resto es remarcable. El 44,8% de catalanes opta por un Estado en el que se reconozca a las autonomías la posibilidad de ser independientes, frente al 21,3% que es partidario de más autonomía y un 15,7% que prefieren el actual sistema. En el resto del Estado, las preferencias se invierten: la favorita (32%) es el Estado actual, seguido de un Gobierno sin autonomías (21,1%), un Estado con menos autonomía para las regiones que ahora (16,6%), y el ordenamiento vigente (15,7%).

La encuesta también analiza el grado de satisfacción de los ciudadanos con la democracia, sobre la que hay un claro consenso entre catalanes y el resto de españoles en mostrar su escaso agrado. En Catalunya, el 87,5% están poco o nada satisfechos, mientras que en el resto del Estado, la cifra es algo menor (75,5%) aunque igualmente abrumadora.

¿El Gobierno español debería abrir un diálogo con el Govern catalán?

  • 57.54% (65237)
  • No42.46% (48140)

 Han votado 113377 personas

 

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Internacional

Disney se despide de la marca Fox y anuncia su nuevo nombre

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Hace un año Fox comenzó a esfumarse como nombre propio en la industria cinematográfica, proceso paulatino que ocurrió al ser adquirido por Disney

En julio de 2018 Disney adquirió 21st Century Fox, y aunque un movimiento de este tipo ya estaba llamado a cambiar la historia de la industria, sus consecuencias se han ido viendo a largo plazo. A mediados de 2019 dicha adquisición se hizo efectiva, y menos de un año después la Casa del Ratón ha acabado tomando no la decisión más radical, pero sí la de mayor potencial simbólico: ha borrado la marca Fox de tal modo que 20th Century Fox y Fox Searchlight Pictures, en propiedad gracias a la referida compra, pasen a llamarse 20th Century Studios y Searchlight Studios.

Según recogen medios como Variety, la película Downhill (remake de la comedia sueca Fuerza mayor con Will Ferrell y Julia-Louis Dreyfuss) será la primera en ser distribuida con el nuevo sello de Searchlight Studios a su estreno el próximo 14 de febrero, mientras permanece en la incertidumbre el futuro de 20th Century Fox Television y Fox 21 Television Studios. Aunque, evidentemente, ya hay conversaciones para que también su nombre sea modificado.

Según recoge Variety, “el nombre de Fox significa Murdoch y eso es tóxico”, haciendo referencia a los diversos escándalos sexuales que han salpicado Fox News. De este modo justifican la decisión de Disney de eliminar la palabra de la marca

El movimiento se veía venir desde el mismo momento en que Disney efectuó una compra de términos tan complejos como la de 21st Century Fox. Adquiriendo esta compañía, la Casa del Ratón pasaba automáticamente a poseer 20th Century Fox (cuya muestra más visible ha sido la inclusión de Los Simpson en el catálogo de Disney+), pero el trato no incluía a Fox en tanto a cadena de televisión, ni a Fox News. Estas dos entidades siguen en manos de Fox Corp. y de Lachlan Murdoch, lo cual deparaba una confusión a nivel corporativo que Disney quería resolver cuanto antes.

Una fuente de Variety asegura que “el nombre de Fox significa Murdoch y eso es tóxico”, justificando de ese modo la decisión y haciendo referencia a los diversos escándalos sexuales y mediáticos que han salpicado Fox News. Es comprensible que Disney quisiera distanciarse a nivel nominal de esta situación, pero operando de ese modo ha terminado desmantelando una marca con casi un siglo de historia, habiendo sido fundada 20th Century Fox en 1935 y convirtiéndose gracias a su opening y logo en una imagen imprescindible del cine hollywoodiense.

Según Variety, Disney ya hizo cambios a nivel interno de la organización. Las direcciones de correo electrónico de los trabajadores fueron reemplazadas por el dominio searchlightpictures.com. Un afiche promocional del más reciente filme de la productora ‘Downhill’, protagonizado por Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, lleva el mensaje “Searchlight Pictures Presents” (Searchlight Pictures presenta) y ya no “20th Century Fox presents” como se acostumbraba anteriormente.

El logo, por cierto (y al igual que el de Searchlight Pictures) variará lo justo y necesario como para eliminar “Fox” de su título.

Disney compró a Fox con un acuerdo multimillonario que alcanzó la suma de USD 71 300 millones. La empresa, dueña de producciones como ‘X-Men’ y ‘Los Simpson’, forma oficialmente parte de la firma de Mickey Mouse desde la madrugada del 20 de marzo del 2019.

La primera oportunidad para comprobar el cambio ocurrirá en Argentina cuando se estrene el 27 de febrero La llamada salvaje (Call of the Wild). Un relato de aventuras destinado a público familiar y ambientado en la gélida escenografía invernal de Alaska, con Harrison Ford como protagonista.

Fuentes: Variety, Agencia AFP

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Internacional

Bolivia: quién es Luis Arce, el candidato a presidente del partido de Evo Morales

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Fue el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia en dos ocasiones, la primera vez desde 2006 hasta 2017. Es considerado el “padre” del milagro boliviano.

En 2016, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, junto al vicepresidente Alvaro García Linera y el ministro de Economía, Luis Arce durante una reunión con expertos del Banco Mundial. E

Luis Alberto Arce fue el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia en dos ocasiones: el primero desde el 23 de enero de 2006 hasta el 24 de junio de 2017 y el segundo desde el 23 de enero de 2019 hasta el 10 de noviembre de 2019, durante el primer, segundo y tercer gobierno del presidente Evo Morales. Muchos en el país los consideran como el principal artífice del resurgimiento económico de Bolivia.

Como Ministro de Economía entre 2006 y 2019 fue reconocido tanto a nivel nacional e internacional como el principal artífice del crecimiento económico alcanzado por Bolivia durante esos años, periodo en los que el PIB de Bolivia creció en un 343%, de 9.573 millones de dólares a 42.401 millones de dólares​ en poco mas de una década, logrando que la economía se cuadruplicara según los datos de entidades internacionales como el Banco Mundial, FMI y la CEPAL.

Entre las principales medidas tomadas por Arce están el incentivo al mercado interno, la estabilidad del tipo de cambio y las políticas de industrialización de recursos naturales, todo englobado en el modelo de desarrollo social comunitario productivo. Todo apoyado por el elevado precio de las materias primas (gas y metales), que le dieron al gobierno una enorme cantidad de recursos, junto con un fuerte equilibrio fiscal.

El 7 de enero de 2020, el nuevo director general del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) Rafael Quispe presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de Bolivia contra Arce por haber cometido los supuestos delitos de daño económico al Estado boliviano, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito, dentro del marco de las investigaciones del millonario desfalco del antiguo Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

Junto a Arce, Rafael Quispe anunció que se encuentran también denunciados por los mismos delitos el ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana y el ex ministro de gobierno Carlos Romero Bonifaz.

Arce nació el 28 de septiembre de 1963 en la ciudad de La Paz. Fue profesor, catedrático de pre grado y post grado en diferentes universidades públicas y privadas de Bolivia, como la Universidad Mayor de San Andrés, el Post Grado en Ciencias del Desarrollo, la Universidad Católica Boliviana, Universidad Privada de Bolivia, Universidad del Valle, Universidad Privada Franz Tamayo, Universidad Loyola, entre otras.

 

FUENTE : Clarin

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Internacional

Investigarán el ‘lawfare’ en Latinoamérica

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Un grupo de juristas internacionales entre los que está el español Baltasar Garzón, el abogado argentino Eduardo Barcesat, una relatora de la ONU y los abogados defensores de Julian Assange y Lula Da Silva han creado un ‘tribunal ético‘ para juzgar la violación de derechos humanos y el ‘Lawfare‘. El tribunal, cuya sede está en Madrid, examinará casos de Argentina, como el de Cristina Fernandez de Kirchner, y también los de otras figuras como Lula Da Silva o Rafael Correa

Por: Walter C. Medina

Periodistas comprados, operaciones mediáticas para ensuciar a adversarios y tácticas de desinformación, colocan a la prensa argentina entre las seis peores del mundo en lo que respecta a credibilidad.

La impunidad con la que actúan los grandes medios de comunicación ha permitido la instalación de una “realidad” acorde a los intereses y necesidades de la clase dominante. Durante el macrismo, la relación del poder político con sus voceros a sueldo ha sido casi pornográfica. El gobierno de Cambiemos utilizó a la prensa amiga del mismo modo que lo hizo con la Justicia. La guerra mediático-judicial impuso una agenda periodística en la cual la estigmatización del adversario se transformó en una práctica constante.

Tan escandaloso fue el proceso de falsedades impuesto por los medios hegemónicos que, ahora, un grupo de juristas españoles ha decidido crear un tribunal ético para investigar a los periodistas que formaron parte de este entramado. El tribunal analizará y dictará sentencia sobre procesos judiciales y mediáticos entre los que se encuentran los de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva.

El Tribunal Ético contará con la participación del consitucionalista argentino Eduardo Barcesat. Las investigaciones estarán encabezadas por el exjuez Baltasar Garzón. Según se adelantó, la resolución se difundirá en noviembre de 2020.

El Tribunal se conformó en noviembre de 2019 y está conformado por el exmagistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón junto a Renata Ávila, abogada de Julian Assange. También forma parte del mismo el constitucionalista argentino y consejero sobre derechos humanos de la UNESCO Eduardo Barcesat.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones Sumarias, Agnes Callamard, junto con los abogados del expresidente de Brasil Lula da Silva, Valeska Teixeira y Cristiano Martins son los miembros que completan el Tribunal que surgió desde el Common Action Forum (CAF).

El exjuez Baltasar Garzón será el encargado de realizar las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de periodistas y jueces que denunciaron y encarcelaron a políticos opositores durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri. La sentencia de este tribunal ético se conocerá en noviembre del 2020 y entre los investigados destacan las figuras más representativas del periodismo de guerra de derecha como Jorge Lanata y Luis Majul. Claudio Bonadío, el juez que persiguió a Cristina Fernández de Kirchner y cuya misión era encarcelarla con o sin causas, también será investigado por Garzón.

El tribunal investigará, además, la participación de periodistas en las denuncias contra los presidentes Rafael Correa y Dilma Rousseff.

Fuente: Nueva Tribuna

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