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“9:20 se niega a tomarse controles de signos vitales”: las anotaciones de la enfermera que pasó la última noche con Diego Maradona

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Dahiana Gisela Madrid declaró por segunda vez ante los fiscales que investigan las circunstancias del fallecimiento del astro mundial
FOTO : Las ambulancias en la puerta de la casa de Diego Maradona (Twitter: @carolinalosada)

La enfermera que estaba en la casa de Diego Armando Maradona la mañana en que murió aseguró a la Justicia que lo escuchó moverse a las 7.30 dentro de la habitación, aunque nunca ingresó y lo dejó descansar. Dahiana Gisela Madrid admitió eso, aunque en un informe escrito, dijo que la obligaron a dejar asentado que lo había intentado controlar.

En su segunda declaración testimonial, la enfermera ratificó a grandes rasgos lo que había dicho el miércoles pasado cuando declaró ante los fiscales horas después de la muerte del genio del fútbol mundial: que aquella mañana nunca había ingresado a la habitación de Maradona para “dejarlo dormir” y que recién lo hizo al mediodía ante la llegada de la psiquiatra y el psicólogo personal del futbolista.

En un comunicado emitido este viernes por la mañana, la Fiscalía General de San Isidro informó que en esta ampliación, la enfermera refirió “que promediando las 7.30 lo habría escuchado moverse dentro de la habitación”. En la segunda declaración agregó que le hicieron escribir para la empresa “Medidom”, donde ella integra el equipo de enfermeros que asisten a personas con internaciones o cuidados domiciliarios, un reporte en el que consta que esa mañana lo había intentado controlar a Maradona, cuando la realidad es que lo dejó descansar.

Ese informe de puño y letra y firmado por Madrid estaba por ser incorporado al expediente en las próximas horas. Una fuente judicial de todos modos aclaró a Télam que “es lo que ella le escribió a la empresa, pero a la Justicia, las dos veces que declaró bajo juramento de decir verdad, siempre reconoció que ella esa mañana no había entrado nunca a la habitación”.

El reporte, al que tuvo acceso Télam, señala: “6:30 se toma la guardia, paciente descansa”; “7:30 se lo escucha deambular dentro de la habitación, diuresis en baño portátil”; “8:30 continúa descansando”; “9:20 se niega a tomarse controles de signos vitales”.

Luego reporta que a las 11:55, ante la llegada de la psiquiatra Susana Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, se ingresó a la habitación y que, “tras varios intentos de llamado, paciente no responde”. También dejó asentado la enfermera que a las 12:10 constató que “no tiene pulso” y que comenzó “a realizar RCP básico”.

La fiscalía también confirmó que ayer jueves se recibió declaración testimonial al enfermero que cuidaba a Maradona durante la madrugada del día 25 de noviembre. ”A partir de sus dichos se pudo establecer que habría sido la última persona en verlo con vida aproximadamente a las 6.30 de la mañana, al momento de efectuarse el cambio de guardia. Allí refirió haberlo encontrado descansando en su cama, asegurando que estaba durmiendo y respirando normalmente”, agrega el comunicado sobre la declaración del enfermero, de nombre Ricardo.

Este profesional de la salud aportó en forma voluntaria su teléfono celular para que los fiscales pudieran extraer el chat de WhatsApp donde reportaban las novedades con la empresa. La Fiscalía General de San Isidro también precisó que, según los registros de llamadas y los videos de cámaras de seguridad revisados en las últimas horas por el equipo de investigadores de la muerte de Maradona, la ambulancia tardó 11 minutos en llegar a la casa donde vivía Maradona tras la operación en su cabeza.

El abogado Matías Morla, quien era el actual representante de Maradona, había denunciado ayer vía Twitter que “la ambulancia tardó más de media hora en llegar” en lo que para él fue una “criminal idiotez”, aunque los registros que tienen los fiscales acotan ese lapso de tiempo. De acuerdo con el relevamiento, a las 12.17 se produjo el primer llamado a la empresa Swiss Medical, a las 12:23 se reclamó el servicio y a las 12:28 llegó a la puerta del barrio privado la ambulancia de la empresa “+ Vida”.

Quien hizo los dos llamados a la empresa de medicina prepaga fue Maximiliano Pomargo, asistente personal de Maradona y cuñado de Morla. La Fiscalía General de San Isidro además reveló que “a las 12.16 horas se generó un llamado al servicio de emergencias 911 requiriendo una ambulancia, por parte de Leopoldo Luque (médico personal de Maradona) contándose con la grabación de audio pertinente”.

En esa llamada, Luque, quien no se hallaba en el country, evitó decirle a la operadora el nombre del paciente y pidió una ambulancia para una persona “de 60 años” que está en “paro cardiorrespiratorio”, tras lo cual aportó la dirección del barrio privado y el lote donde se encuentra la casa. El reporte del equipo de fiscales liderado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, agregó que “se requirió a su vez la remisión de la historia clínica y demás constancias médicas vinculadas a la atención de Maradona”.

También informaron que “se requirió fecha para la realización de las pericias complementarias de la autopsia, las cuales, preliminarmente se realizarían la semana entrante” y que “se solicitaron los registros de las comunicaciones y las grabaciones respecto de los llamados de interés para la investigación”.

Se recibieron los registros de entrada y salida de visitas y empleados al Barrio San Andrés, como así también las constancias fílmicas respecto de las cámaras de seguridad ubicadas en el ingreso y egreso al barrio”, concluyó el comunicado. La causa por el momento tiene el foco en intentar determinar si hubo algún tipo de negligencia en los controles y la asistencia médica del campeón del Mundial de México 86

FUENTE : INFOBAE

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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Un juez le otorgó la libertad condicional a Amado Boudou

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El magistrado de Ejecución Penal Ricardo Basílico determinó que el ex vicepresidente condenado por corrupción puede gozar del beneficio al haber cumplido dos tercios de su pena.

Amado Boudou puede salir en libertad condicional. El que fuera el primer vicepresidente en ejercicio de la historia en ser procesado -condenado luego- por un caso de corrupción podrá caminar por las calles sin demasiadas restricciones. Hasta hoy estaba en prisión domiciliaria y tenía una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos.

El juez de Tribunal Oral, a cargo de la Ejecución Penal de la condena de Boudou, Ricardo Basílico, firmó la resolución por la cual el ex vice pasa a estar en libertad condicional al haber cumplido los dos tercios de la condena a cinco años y diez meses de prisión que le fue impuesta en 2018 por su participación en el caso Ciccone.

Como condición para la libertad condicional Boudou deberá cumplir con varias condiciones: no podrá salir del país sin autorización previa y no podrá mudarse sin comunicación a la autoridad judicial del domicilio que establezca a partir de hoy. En la misma resolución por la que le otorgó la libertad condicional a Boudou el juez Basílico ordenó que se desactive el sistema de monitoreo mediante la tobillera electrónica que tenía el ex vicepresidente de la Nación.

La fiscalía que interviene en el Caso Ciccone había avalado que se le otorgue la libertad condicional a Boudou tal y como lo había solicitado su defensa. Al no haber contradicción entra la fiscalía y la defensa, el juez Basílico firmó la resolución. En ella dejó sentada su posición en contra de la libertad condicional para casos de corrupción como los cometidos por Boudou.

Basílico comparó el caso de Boudou con el de José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, célebre por arrojar bolsos llenos de dinero en un convento y condenado por enriquecimiento ilícito. Basílico en aquel caso también se había manifestado en contra de la libertad condicional. En la resolución el juez Basílico citó un artículo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que dice: ” …Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos…”. Y luego recordó que la Argentina había tomado compromisos internacionales en la lucha contra los delitos cometidos por funcionarios públicos al citar como ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada por la legislación nacional.

Basílico explicó por qué, a pesar de haber cumplido el tiempo estipulado por la ley y de tener informes de conducta favorables a Boudou, se oponía a la libertad condicional: “En ese escenario, conforme lo sostuve en el legajo, considero que los hechos por los cuales Boudou fue condenado resultan de sustancial gravedad y que ello de algún modo obstaculiza la posibilidad de otorgar una libertad anticipada, de acuerdo con los compromisos internacionales que el Estado argentino suscribió para aunar los esfuerzos y poder prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.

En agosto de 2018, Boudou había sido condenado por el Caso Ciccone a cinco años y diez meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de $90.000 porque gente de su entorno, mientras ocupaba el Ministerio de Economía, se había quedado con la empresa privada que podía imprimir papel moneda. Fue condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública.

La condena por el caso Ciccone fue revisada y confirmada por la Cámara Federal de Casación. La apelación de Boudou y el resto de los imputados llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En diciembre de 2020 la Corte confirmó la condena de todos los involucrados en el caso Ciccone. La pena del ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner finalizaba el 1 de junio de 2024.

Boudou había conseguido una reducción de pena de once meses debido a “estímulo educativo”, un incentivo para que los presos estudien en la cárcel. Y por eso hoy quedó en libertad condicional.

FOTO TAPA WIKIPEDIA

FUENTE : INFOBAE

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