El sindicalista Omar “Caballo” Suárez fue absuelto hoy al término de un juicio oral por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en el SOMU, el sindicato de los Obreros Marítimos, al término de un juicio que se extendió por casi tres años a cargo del Tribunal Oral Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires.
Suárez fue absuelto por el TOF4 integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado, según el veredicto leído pasado el mediodía en el juicio que concluyó de manera virtual por videoconferencia.
El sindicalista llegó excarcelado al final del debate oral, donde se ventilaron cuatro causas penales abiertas en su contra, aunque por estas acusaciones estuvo detenido primero en la cárcel y luego con prisión domiciliaria.
Una de las causas, la que investigó el delito de entorpecimiento de vías navegables, fue declarada prescripta.
En el veredicto leído por el juez Costabel se absolvió a Suárez por las restantes acusaciones por las que llegó procesado al debate.
Los fundamentos de la sentencia serán leídos el 25 de agosto próximo.
El Tribunal, con sede en Comodoro Py 2002, había escuchado el alegato del fiscal Patricio Garcia Elorrio, quien pidió condenar a Suárez a seis años y ocho meses de cárcel como supuesto ” jefe de una asociación ilícita que cometió fraudes en perjuicio del sindicato, la obra social y la mutual de los empleados marítimos”.
En ese alegato final, García Ellorrio sostuvo que hubo una “deliberada y sistemática decisión de realizar un abuso de la estructura sindical que se extendió al ámbito de la mutual y de la obra social del SOMU, valiéndose de empresas vinculadas o controladas” en perjuicio de los asociados y afiliados.
Pero en un veredicto de 14 puntos, los jueces absolvieron a Suárez por todos los delitos.
El veredicto se conoció pasadas las 13:30 luego de que, por la mañana, el Tribunal escuchara las últimas palabras que restaban pronunciar a tres de los 24 acusados.
Los restantes acusados fueron absueltos por todos los delitos en los que resultaron juzgados.
El juicio comenzó en 2019 con Suárez detenido. El sindicalista fue apresado en 2016 por orden del entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral tras una denuncia de Gladys González, interventora del SOMU durante el gobierno de Mauricio Macri.
La prisión preventiva de Suárez tuvo distintas situaciones. El juez federal Luis Rodríguez le otorgó a finales de diciembre de 2017 la prisión domiciliaria por problemas de salud. Pero esa decisión fue revocada dos semanas después y el sindicalista volvió a prisión. Un año después, en abril de 2019, volvió a obtener la prisión domiciliaria y a fines de ese año finalmente fue excarcelado Por el TOF 4 con la entrada en vigencia de las nuevas pautas para la prisión preventiva del Código Federal Procesal.
El sindicalista fue el secretario general del SOMU desde 1989 hasta abril de 2016 cuando fue detenido. Fue uno de los gremialistas más cercanos a la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. Cuando fue liberado concurrió en una oportunidad a los tribunales de Comodoro Py con una remera que tenía la inscripción “Macri=Vidal. Mentiras=pobreza. Cristina 2019. Libertad a los presos políticos”.
Suárez y otras 24 personas llegaron a juicio acusadas de integrar una asociación ilícita que cometía extorsiones y frauda contra el sindicato, la obra social y la mutual de los empleados marítimos. También por el delito de entorpecimiento de vías navegables.
A fines de marzo, el fiscal García Elorrio dio por probada parte de la acusación y pidió que Suárez sea condenado a a seis años y ocho meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude y coacción. No lo hizo por entorpecimiento de vías navegables. En sus alegatos, el fiscal sostuvo que hubo una “deliberada y sistemática decisión de realizar un abuso de la estructura sindical que se extendió al ámbito de la mutual y de la obra social del SOMU, valiéndose de empresas vinculadas o controladas, tomando los recursos de los asociados o afiliados para la obtención de beneficios indebidos”. Cuando González denunció a Súarez sostuvo que el objetivo de las maniobras era obtener el control accionario de la empresa Marítima Maruba SA, que posee el monopolio de transporte de cargo de las rutas marítimas y fluviales de Argentina.
La Fiscalía también solicitó condenas para Juan Manuel Medina por 4 años y 6 meses; Mario Morato, por 4 años de prisión; para Carlos Ruiz 3 años y 10 meses de prisión; y para María del Carmen Cabrera Peña, 3 años y 10 meses; para Julio Cesar Carrera y Juan Hugo Baneki por 3 años y 8 meses de prisión; y para Débora Andrea Medina, por 3 años y 3 meses de prisión.
Además hubo pedidos de pena en suspenso: Carlos Alberto Tinant con 3 años de prisión; Rigoberto Suárez Cardoso y Jorge Vargas, por 2 años y 8 meses; para Alejandro Antonio Giorgi y Rubén Moreira, por 2 años y 6 meses; para Adolfo Guillermo Vissan y Luis Clemente por 2 años y 3 meses; y para Felipe Birghina. Para los restantes nueve acusados solicitó la absolución, lo que también pidieron las defensas de Suárez y los demás acusados.
Fuente: Infobae
canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.
Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.
Caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.