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Alberto Fernández anuló el DNU que disponía la intervención de Vicentin

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Así desistió del intento de expropiación de la agroexportadora. El Presidente volvió a cargar contra los accionistas y sostuvo que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. “Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa”, aseguró

Un mes y medio después del sorpresivo anuncio en Casa Rosada Alberto Fernández estampó la firma en un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado a última hora de la tarde en el Boletín Oficial con el que dio oficialmente marcha atrás en la intervención y expropiación de Vicentin, argumentando una “obstrucción” empresarial y judicial y con fuertes críticas a los accionistas de la compañía.

“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó el Presidente a través de Twitter un rato después de que Infobae adelantara la información.

De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y “el juez interviniente en el concurso, que no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, resaltó Fernández en las redes sociales mientras en la Secretaría Legal y Técnica terminaban de publicar el decreto en el Boletín Oficial.

En el Gobierno hay tanto malestar con los dueños de Vicentin como con el juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso. “Está jugando absolutamente con la empresa”, explicaron colaboradores presidenciales al tanto de los detalles de la decisión. “El lunes le dio 40 días más a los accionistas para presentar los balances. Es más: abrió el concurso sin que se presentaran esos documentos, algo que no está permitido. A cada requerimiento de la familia Nardelli y compañía, el juez les dio acogida”, ampliaron cerca del jefe de Estado, visiblemente molestos.

Desde su anuncio, que sorprendió incluso a algunos sectores del Frente de Todos por lo intempestivo, en los primeros días de junio, el Gobierno se enfrascó en una batalla político y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta hoy no le había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y la oposición, y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.

Alberto Fernández, en los primeros días de junio, en Olivos, junto a los dueños de Vicentin (Presidencia)Alberto Fernández, en los primeros días de junio, en Olivos, junto a los dueños de Vicentin (Presidencia)

Ayer, por caso, los directores de la agroexportadora rechazaron la renuncia al directorio y la cesión de sus acciones para la conformación de un fideicomiso, tal como había tratado de instrumentar el gobierno santafesino en un plan que había llevado a la mesa de propuestas Perotti. El secretario de Justicia de esa provincia anunció entonces que se retiraban de las negociaciones.

Tras el traspié legal y político de ayer, el juez de la quiebra quedó a cargo de la resolución del pleito.

Además de la quiebra, el juez federal Julián Ercolini lleva adelante una investigación por supuestas irregularidades en las cesiones de créditos del Banco Nación. Tanto la entidad oficial como la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron aceptadas como querellantes por la cámara.

El gobernador se había involucrado activamente en las negociaciones con los representantes de la compañía, con sede en Reconquista, después del anuncio presidencial y de que el Gobierno no lograra encausar la intervención y posterior expropiación. De hecho, la Casa Rosada nunca envió al Parlamento el proyecto.

En las últimas semanas, el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, se metió de lleno en el tema por pedido expreso del Presidente.

La semana pasada, el funcionario viajó a Rosario y dedicó todo un día a reunirse con representes sindicales, de los acreedores, de la Inspección de Justicia y acopiadores de granos, entre otros. A la vuelta, fue hasta el despacho del jefe de Estado con un informe minucioso, según contaron asesores de la Presidencia: “Esto no camina”, le avisó Olmos.

Desde ese momento, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que nunca estuvo del todo de acuerdo en cómo se avanzó con la intervención, empezó a pulir la derogación publicada esta tarde.

El tuit con el que Alberto Fernández anunció la derogación del decreto de intervención de VicentinEl tuit con el que Alberto Fernández anunció la derogación del decreto de intervención de Vicentin

“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, remarcó Fernández en las redes sociales. Y agregó: “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.

“En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, insistió el jefe de Estado, que aseguró además que dio instrucciones a “todos los organismos públicos involucrados” para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para “preservar los intereses del Estado”.

Para el Gobierno, la decisión de avanzar con la intervención de la compañía, en la que ahora retrocede, fue, según explican, la única manera de ver “qué había dentro de la firma”, sin medir las consecuencias políticas. “Pensé que iban a salir a festejar”, llegó a decir el Presidente hace poco más de quince días, mientras la Casa Rosada y Perotti hacían malabares para encontrar una salida razonable.

Según fuentes oficiales, Vicentin cuenta con un pasivo de U$S 1.500 millones y U$S 600 millones -”cómo mucho”, resaltan- de activos. “El secreto es que le entreguen granos para hacer molienda, y hace rato que no le estaban entregando nada. Se quedaron sin capital de trabajo. Había que poner 300 millones de dólares. Y ser socios”, reconocieron resignados esta tarde colaboradores de Alberto Fernández, un mes y medio después del anuncio de intervención encabezado por el propio jefe de Estado.

 

FUENTE : INFOBAE

 

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MDP : ACCIDENTE FATAL EL LURO Y JUJUY

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Aproximadamente a las 9:30hs del domingo 26 de junio, un hombre de 23 años manejaba un Ford Fiesta a alta velocidad sobre la avenida Luro de nuestra ciudad.

Por razones que se investigan el conductor del rodado perdio el control sobre la Av. Pedro Luro entre las calles Jujuy y España. El coche choco contra un contenedor plastico , rompió un cantero en la puerta de un supoermercado y una palmera tompió la vifdriera de un comercio dedicado a la maderas y luego detuvo su marcha.

Personal del Same, policias y bomberos constataron el fallecimiento del chofer y no encontraron mas ocupantes en el auto.

Aun no fue comunicado el nombre de la victima que perdio su vida en el día de la fecha en nuestra ciudad.

 

 

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LO QUE ENCONTRARON EN EL CELULAR DEL PILOTO IRANÍ

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En el teléfono de Gholamreza Ghasemi se lo puede ver en su juventud como parte de la Guardia Revolucionaria Al Quds. Las imágenes no son la evidencia de ningún delito y es extraño que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje las guarde en su celular. Igualmente, es muy probable que en la causa judicial las fotos se utilicen en su contra.

Aunque no constituye una evidencia de algún delito, en el celular del piloto del avión venezolano retenido en Ezeiza, el iraní Gholamreza Ghasemi, hay fotos en las que se lo ve mucho más joven como combatiente de la Guardia Revolucionaria Al Quds, también hay imágenes de misiles, tanques y de alguna bandera que dice “muerte a Israel”, según una primera traducción del farsí. 

Como se sabe, los celulares de todos los tripulantes del Boeing fueron secuestrados por orden del juez Federico Villena y a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Parece un poco contradictorio que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje o terroristas guarde fotos de esa naturaleza, pero es muy probable que en la causa judicial se utilicen en su contra, aunque no constituyan delito. Los datos sobre la existencia de las fotos fueron un adelanto exclusivo de Página/12.

Quienes trabajan en el análisis de los celulares se encontraron con esas fotos y ya lo reportaron al juez y la fiscal, aunque todavía no cuentan con una traducción fidedigna, porque no es sencillo conseguir un buen traductor del farsí, el idioma mayoritario en Irán. El peritaje es realizado por la División Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad. Está claro que las fotos son de Ghasemi y para completar el trabajo pericial falta la traducción de los textos. En principio, los tripulantes iraníes no usaban Whatsapp sino uno sistema más rudimentario, pero habrá que esperar la traducción oficial.

Es muy probable que Ghasemi argumente que hizo el servicio militar, que luego fue militar, y que gran parte de los jóvenes de su país integran la Guardia Revolucionaria Al Quds, que son brigadas organizadas y financiadas por el Estado orientadas a lo internacional: la base son consignas antinorteamericanas y antiisraelíes. De hecho, el nombre mismo –Quds– es la denominación en árabe de Jerusalem, es decir que apunta directamente a la confrontación con Israel.

Al Quds, además, mezcla también la cuestión religiosa y va en sintonía total con el régimen de los ayatolas. Los abogados de Ghasemi y del resto de la tripulación es seguro que van a alegar que son fotos viejas y que no implican ningún delito, menos aún cometido en la Argentina. También dirán que si Ghasemi hubiera tenido alguna actividad ilegal hubiera borrado las fotos o, más probablemente, usaría lo que en la inteligencia argentina llaman “un mocho”, es decir un celular paralelo, clandestino.

Un dato llamativo es que el gobierno de Venezuela no haya presentado ninguna protesta, entre otras cosas por el allanamiento ilegal que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sin orden judicial, al regreso del Jumbo desde Uruguay. También Venezuela podría protestar porque no se le cargó combustible al avión cuando no había ninguna denuncia de ningún tipo contra la aeronave de Emtrasur. Sin embargo, por lo que se sabe hasta ahora, Caracas optó por la mesura.

En el gobierno venezolano están agradecidos por el papel que jugó el gobierno argentino, y en especial Alberto Fernández, en la Cumbre de las Américas de Los Angeles, denunciando los bloqueos a Cuba y Venezuela. Debe recordarse que, antes de ese momento, la relación con Caracas era compleja, con idas y vueltas, porque Argentina respaldó lo hecho por Michele Bachelet como Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, con informes críticos –aunque con avances– respecto de la situación de derechos humanos y el encarcelamiento de opositores en Venezuela.

También se tranquilizó la relación con Caracas a raíz de la designación de un nuevo embajador argentino en Venezuela. El nominado es Oscar Laborde, que tiene el respaldo de todos los sectores del gobierno. Finalmente, tampoco se puede dejar de ver que incluso Estados Unidos, en el marco de la cuestión petrolera y la guerra Rusia-Ucrania, dio un paso significativo enviando una delegación de altísimo nivel a reunirse con Nicolás Maduro. Nada menos que el secretario de Seguridad, Jake Sullivan, estuvo en el Palacio de Miraflores en Caracas. Para redondear el cuadro, tampoco el presidente Joe Biden parece muy entusiasta con elevar la temperatura de los conflictos: baraja rehacer el pacto de limitación nuclear de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China con Irán. Todos esos elementos juegan en este momento en el insólito conflicto por un avión que pasó por doce países y un piloto que no tiene ni pedido de captura ni se lo acusó por ningún delito en ningún país.

La imputación al piloto

Como se sabe, el martes la fiscal Incardona igualmente imputó a Ghasemi en base a un informe del FBI que sostiene que el piloto fue ejecutivo y parte del directorio de Oeshm Fars Air que hace unos años –según la agencia norteamericana– realizó vuelos entre Teherán y Beirut llevando armamento. En comunicación con el gobierno argentino, el Mossad israelí aseveró que efectivamente eso es así, pero que desde que el 747 pasó a ser venezolano –la compra-venta se hizo en julio de 2021–, la nave no se estaría utilizando para nada ilegal. Por eso, no hubo objeciones en los movimientos del Jumbo. Lo asombroso es que la Embajada de Israel en Paraguay sacó un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la llegada del avión a la Argentina y no dice ni una palabra de que el 747 estuvo en Ciudad del Este –ni siquiera en Asunción– un mes antes, con la misma tripulación y que desde Ciudad del Este se dirigió a Aruba con un cargamento de cigarrillos de la empresa del multi-acusado Horacio Cartés, expresidente de Paraguay y amigo íntimo de Mauricio Macri.

Todo evidencia el contenido geopolítico del caso, que agrupa a la derecha de Estados Unidos, Israel y la Argentina, porque involucra al llamado eje del mal Irán-Venezuela y sirve para congraciarse aún más con Washington. Más allá de semejante escenario, el juez Villena le requerirá ahora más información al FBI –-agencia que se mueve con bastante independencia respecto del gobierno norteamericano– y es muy probable que alguno de los fiscales o jueces alineados con Donald Trump haga algún reclamo desde el país del Norte.

Más cerca, aquí en Lomas de Zamora, por pedido de Incardona, Villena está solicitando más documentos sobre la titularidad del avión —quiere ver si es cierto que es venezolano o sigue siendo iraní— y se harán nuevas verificaciones sobre la carga que trajo a Buenos Aires. En su dictamen, la fiscal afirmó que hay que investigar si la carga no fue una forma de ocultar actividades de espionaje o terrorismo, con el informe del FBI como única prueba. Ahora podrá decir que las fotos del joven Ghasemi son una evidencia adicional.

FUENTE : PAGINA 12

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LA EMBAJADA DE ISRAEL EN PARAGUAY ASEGURÓ QUE LOS TRIPULANTES DEL AVIÓN TRAFICAN ARMAS PARA HEZBOLLAH

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La cancillería israelí señaló que sigue atentamente y con preocupación el caso de los iraníes que se encuentran en territorio argentino.

Israel sigue con preocupación el caso de la llegada a Argentina del avión iraní que pertenece a una empresa fantasma venezolana sancionada por el gobierno de Estados Unidos y denunció que sus tripulantes están involucrados en el tráfico de armas.

En el avión que aterrizó en Argentina, se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. Incluso, el capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní Qeshm Fars Air”, denuncia este miércoles a través de un comunicado la embajada israelí en Paraguay.

El avión hasta hace poco era utilizado por la empresa iraní Mahan Air, que opera vuelos para Fuerza Quds en la ruta Teherán-Damasco, señala el comunicado.

Israel está especialmente preocupado por la actividad de las empresas aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Air en América Latina, empresas que están involucradas en el tráfico de armas, equipamiento y personas para la Fuerza Quds y que se encuentran bajo sanciones estadounidenses por su vinculación con el terrorismo y en la proliferación de armamento”, agrega el comunicado de la cancillería israelí.

Israel reconoció el buen trabajo conjunto y la coordinación de los países de la región, y destacó en especial la labor de las autoridades paraguayas que identificaron la eventual amenaza que representaba el avión y su tripulación, como también la determinación de Paraguay y Uruguay de cerrar el espacio aéreo.

Israel considera que la postura firme de Paraguay y Uruguay representa un mensaje importante a Teherán para que no intente actuar en Sudamérica”, destaca la embajada israelí en el comunicado.

“Para Israel se trata de otro incidente que demuestra los intento de Irán —a través de la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds y Hezbollah— de seguir estableciendo su influencia alrededor del mundo en Sudamérica, como base de operaciones para las actividades terroristas en el continente”, finaliza el comunicado.

El lunes, la fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Finalmente se conocieron los primeros resultados de las pericias que se realizaron al celular de Ghasemi. Según pudo averiguar Infobae, en el aparato encontraron fotos de tanques, misiles y una imágen en la que se lo ve a él de joven, como combatiente de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF).

Luego de una serie de traducciones del contenido —estaba en farsi—, se pudo desclasificar la información. Entre las fotos encontradas también se encuentra una en la que se ve una bandera con repudio hacia Israel.

El capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en EzeizaEl capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en Ezeiza

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

 

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