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Alberto Fernández y el caso Daniel Santoro: Una cosa es hacer periodismo y otra es mandar mensajes extorsivos

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El candidato a presidente del Frente de Todos aseguró que el juez Ramos Padilla investiga al periodista de Clarín por supuesta extorsión, y no por sus trabajos periodísticos. Además, afirmó que no está de acuerdo con que el Estado haga ningún control periodístico

Por: Julián Cañás y Federico Giammaría
La semana que pasó, el juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó anular una orden que le había dado a la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) para que investigue si las notas del periodista Daniel Santoro, de Clarín, constituyeron operaciones de “acción psicológica”.

En su fallo, Ramos Padilla considera que la Comisión “es un organismo extrapoder autónomo”, pero que no forma parte del Poder ejecutivo de la Provincia.

En tal sentido, y según el magistrado, que un organismo estatal audite notas periodísticas “no constituye una violación a la libertad de expresión”.

En su paso por La Voz, Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, fue consultado sobre la decisión de Ramos Padilla. Y dijo que hay que diferenciar entre hacer periodismo y mandar “mensajes extorsivos”.

El juez Ramos Padilla ha puesto bajo investigaciones notas periodísticas. ¿Cuál es su opinión?
Yo no tengo esa noticia.

Bueno, le ha pedido a la Comisión Provincial de la Memoria que analice el material que escribió Santoro.
Yo, lo que leí es que Santoro, que es lo que dice el acta de procesamiento, está involucrado en hechos de extorsión a un par de empresarios. Y que parte de la extorsión se realizaba a través de apariciones públicas de él. Eso no tiene nada que ver con notas periodísticas. Si su pregunta es si yo creo que debe haber un control periodístico del Estado, la respuesta es “no”. Pero una cosa es hacer periodismo, y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos. Son cosas distintas. Sólo conozco los fallos que son públicos y, como soy abogado, me gusta leerlos. El juez lo está imputando de hechos de extorsión.

Y además está investigando las notas periodísticas…
Porque las notas eran el mecanismo de extorsión. Había metamensajes para los extorsionados.

Eso es lo que le pide a la Comisión Provincial de la Memoria que analice.
Exactamente. Si había metamensajes…

Pero usted dice que no está de acuerdo en que el Estado se meta en ese tema.
No, de ningún modo. Eso es un delirio, ni debe ocurrir. Ustedes tiene derecho a escribir, a preservar sus fuentes. Eso no cabe duda que es así.

Periodismo
Cuando se conoció la medida, en agosto pasado, tanto la SIP, FoPeA y AdEPA habían coincidido que la orden constituía “una clara amenaza a la tarea informativa” y además implicaba “el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico, algo que vulnera la libertad de prensa” consagrada por la Constitución.

“Este tipo de acciones, además de chocar contra la jurisprudencia que reserva sólo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística, debilitando su rol institucional en democracia”, había dicho Adepa.

Mauricio De Nuñez y Guido Schiarreta, abogados de Santoro, habían pedido la nulidad de la medida porque “atenta contra la libertad de opinión y la libertad de prensa, derechos fundamentales en nuestro digesto constitucional y, en definitiva, de la vida en democracia”.

Procesamiento
A comienzos de agosto pasado, Ramos Padilla procesó al periodista Santoro, de Clarín, y le trabó un embargo por tres millones de pesos en la causa en la que se investiga una supuesta red de espionaje y extorsión, pero consideró que no hay elementos para afirmar o descartar que el acusado formaba parte de una asociación ilícita.

El magistrado dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer al periodista en lo que refiere a la acusación por presunta “asociación ilícita” con Marcelo D’Alessio, el falso abogado detenido el 15 de febrero pasado.

En una resolución de 474 páginas, Ramos Padilla dijo que “se encuentra probado que para el desarrollo de los planes criminales, la asociación ilícita de la que participaba (el falso abogado y ya detenido) Marcelo D’Alessio se valió de la actividad y la figura del periodista Daniel Santoro”.

El magistrado también explicó que, en lo que hace a Santoro y al igual que con cualquier otro imputado, debe tenerse presente que el estándar de prueba que se requiere para arribar a una resolución de mérito durante la instrucción es distinto y menos riguroso que el que se exige para una sentencia.

Asimismo, dijo Ramos Padilla que la vinculación a un proceso no implica per se que se afirme su culpabilidad.
Fuente: La Voz del Interior

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Diputados debate el fin de las jubilaciones de privilegio

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La oposición hizo propia la postura de los jueces y fiscales e intentará impedir el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

El frente de Todos logró dictamen favorable para el proyecto de ley que modifica el régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial y del cuerpo diplomático. Tras cinco horas de exposiciones y debate el oficialismo logró las firmas necesarias para avalar el proyecto y lo dejó en condiciones de ser tratado en el recinto en la sesión especial que comenzará hoy a las 11.

En ese contexto Juntos por el Cambio anunció, pese a que el oficialismo le realizó numerosas modificaciones al proyecto, que no dará quórum debido a que no fue incluida una clausula transitoria que le permite a los jueces en actividad jubilarse con la ley vigente más allá del momento en el que decidan acceder al beneficio.

El oficialismo contó con el respaldo de dos diputados aliados: el cordobés Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) y el misionero Diego Sartori (Frente Renovador de la Concordia). Desde el Frente de Todos esperan que tanto estos diputados como el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce José Luis Ramón, y los representantes de los partidos de izquierda den quórum para el inicio de la sesión.

Más allá de presentar un dictamen de minoría Juntos por el Cambio le pidió al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que incluyan en el proyecto del oficialismo “una cláusula transitoria para que los magistrados que están en condición de jubilarse lo hagan con el régimen vigente, más allá de cuando decidan hacerlo”. Según el macrismo al mantenerse los privilegios de los jueces que ya están en edad de jubilarse se evitaría una catarata de renuncias. Massa sostuvo la posición de su bloque y les negó la modificación.

Así las cosas, el principal interbloque opositor, que presentó un dictamen de minoría al igual que el Frente de Izquierda, no dará quórum. Igualmente, el Frente de Todos contaría con el número requerido para abrir la sesión. El panorma en Juntos por el Cambio es complejo. La conducción del espacio se niega a votar a favor e insiste con mantener una postura en común, aunque por lo bajo, muchos diputados tienen voluntad de acompañar.

Desde el oficialismo explicaron que la cláusula que propone la oposición no es necesaria porque ya está incluida en el artículo 33 de la ley vigente, la 24018, y en los fundamentos del proyecto que mandó el Ejecutivo. “Los magistrados que hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplan con los requisitos de la normativa actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados. Eso está en el mensaje de elevación con toda claridad”, aclaró el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, que estuvo en el plenario.

Otro de los especialistas que estuvo en la reunión fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Si bien el funcionario sostiene que los magistrados y diplomáticos “cumplen una tarea especial y deben tener derechos desiguales respecto al resto”, sostuvo que es necesario revisar “cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo”. Por su parte, el titular de la Anses, Alejandro Vanoli definió a este proyecto como un “un modesto avance” para terminar con las desigualdades del sistema jubilatorio.

En más de cinco horas de discusión en el plenario de comisiones liderado por el entrerriano Marcelo Casaretto, los diputados implementaron algunas modificaciones al texto que mandó el Gobierno. Uno de los principales cambios es que de los 30 años de aportes requeridos para poder jubilarse, se exigirán 10 continuos de aportes en la Justicia o 15 en forma discontinua, en lugar de 20 años como lo establecía el primer proyecto. Además, la edad jubilatoria de las mujeres se mantendrá en 60 años, mientras que la de los hombres será de 65, de manera escalonado. Con respecto al cálculo del primer haber, será el 82 por ciento del promedio de los haberes de los últimos diez años actualizado al valor del salario correspondiente.

Por la comisión también pasaron los representantes de jueces y magistrados. Entre los más destacados, estuvieron Julio Piumato, representante de los empleados de Justicia, Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura y Marcelo Gallo Tagle, de la Asociación de Magistrados, entre otros.

Informe: Antonio Riccobene

FUENTE : PAGINA 12

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Politica

Jubilados vip: se fueron acorralados por denuncias y cobran todos sus beneficios

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Son por lo menos cinco en los últimos años. El más conocido fue Oyarbide, que se retiró antes de que prospere el juicio político.

Al renunciar, no perdieron sus privilegios. por Cecilia Devanna Jubilados VIP. Norberto Oyarbide, Carlos Rozanski, Jorge Ballestero, Jorge Ferro y Oscar Hergott.

FOTO: CEDOC NOTICIAS RELACIONADAS

El cambio de las jubilaciones de privilegio acelera una purga de jueces y fiscales Negociaciones contrarreloj: buscan acelerar la ley sobre jubilaciones de privilegio Qué se puede hacer con “la plata de los jubilados” De la polémica a la jubilación sin escalas. Son cinco, pero podrían ser muchos más.

Entre los magistrados que están jubilados en la actualidad, hay cinco nombres que, entre 2016 y 2018, dejaron sus despachos y pasaron a retiro con todos lineamientos previsionales que hoy son materia de discusión, cuando estaban a punto de ser encaminados a juicio político tras ser denunciados e investigados en el Consejo de la Magistratura.

El caso más conocido es el de Norberto Oyarbide, el hombre que ocupó el juzgado 5 de Comodoro Py desde los 90 y sobrevivió desde los escándalos de Spartacus hasta el de su lujoso anillo, pasando por los sobreseimientos exprés de los Kirchner o llamados para impedir allanamientos. En abril de 2016, acorralado por las denuncias en su contra, dio un paso al costado.

Presentó su renuncia, que el macrismo aceptó de inmediato, y pasó a un retiro con jubilación vip. La hubiera perdido si seguía en su cargo y se encaminaba a la destitución, previo juicio político al que ya seguro iba.

Retirándose por su propia voluntad, Oyarbide pudo seguir cobrando del Estado casi lo mismo que percibía cuando renunció. Porque, tal como aún sucede, un juez jubilado percibe el 82 por ciento de su sueldo, y a eso se suma que deja de tener descuentos jubilatorios.

Es decir que, en definitiva, desde entonces percibe cerca del 95% de lo que cobraba como salario. Otros que siguieron sus pasos fueron los camaristas Jorge Ferro y Jorge Ballestero, y los jueces Carlos Rozanski y Oscar Hergott. Todos ellos recibieron fuertes denuncias en el Consejo de la Magistratura donde, al igual que Oyarbide, comenzaron a ser investigados y se encaminaron a sendos juicios políticos. Cuando la situación se volvió casi la crónica de un final anunciado, a pesar de las dilaciones y los tiempos políticos de los que no está exento el Consejo, renunciaron.

En mayo de 2018, en medio de una fuerte avanzada del macrismo, escrachado en el country donde vivía y con una licencia por motivos de salud, el entonces camarista de la Sala I de la Cámara Federal Jorge Ballestero, presentó su renuncia. Jubilación en mano, que el propio macrismo decía no tener problema en apurar si era necesaria para que Ballestero dejara su lugar en la Cámara, “Pati”, dejó el Poder que había ocupado durante más de cuarenta años.

Lo perseguían los ruidos de la polémica tras la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, de la que hasta el propio Mauricio Macri se había hecho eco. En la mira de Elisa Carrió, por posibles irregularidades en su declaración jurada, Ballestero se retiró con los beneficios de la jubilación como los de Oyarbide.

Es decir, se salvó de seguir siendo investigado y se garantizó su jubilación. Desde su retiro, además, Ballestero volvió a la actividad privada, por lo que sigue teniendo también otros ingresos.   Bonadio les negó la excarcelación a Cristóbal López y Fabián De Sousa

En esa lista además se inscribe Jorge Ferro, el ahora ex camarista de Mar del Plata, fue denunciado ante el Consejo por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas  (Protex) por una denuncia de protección a un importante prostíbulo de la ciudad atlántica. Pocos días ante de la dimisión de Ballestero, Ferro hizo lo propio. Tenía el beneficio de la jubilación otorgada desde 2009, por lo que pudo evitar el frente en su contra y gozar de su pensión desde el momento de su renuncia. En 2016, Rozanski, entonces presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, también presentó su renuncia.

Fue cuando estaba siendo investigado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura por supuesto “maltrato laboral” contra el personal que tenía a cargo, tras una denuncia iniciada por el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato. Rozanski, sobre el que pesaban decenas de testimonios en su contra, también había denunciado a los integrantes de la Comisión y acusó a Piumato de “agravios, ataques y amenazas”.   Acorralado por el Consejo, Carlos Rozanski presentó la renuncia como juez

Otro que renunció días antes de ser suspendido en su cargo y enviado a juicio político fue Oscar Hergott, uno de los miembros del Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py.

Denunciado por sus pares, estaba acusado de acoso laboral y sexual a empleadas de su tribunal. Freiler, una rara avis. A diferencia de sus colegas, que renunciaron cuando estaban por ser encaminados a juicio político y evitaron así perder los beneficios de la jubilación, en noviembre de 2017 el entonces camarista Eduardo Freiler enfrentó su proceso.  Cercano al kirchnerismo, el nombre de Freiler encabezaba la lista de magistrados que el macrismo no quería en tribunales. Su destitución fue un objetivo y lo lograron.

De hecho, para llevarlo a juicio político se valieron de una jugada polémica que incluyó a la Corte Suprema de Justicia. Así lograron los votos para enviarlo a jury y finalmente consiguieron su destitución.

El tribunal estaba integrado por siete miembros y para llegar a la destitución se requerían cinco votos afirmativos: “No es un juez probo. Freiler no honra el cargo para el que fue nombrado”, manifestó el jurado. Desde entonces, Freiler se llamó a silencio. En la Justicia, consideran que “cayó con las botas puestas”.

Una rara avis.

 

Cecilia Devanna (Fuente www.perfil.com).

FUENTE : PERFIL

 

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En su segundo mes de gestión, la confianza en el gobierno de Alberto Fernández tuvo una caída del 2,3%

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El Índice de Confianza en el gobierno de Alberto Fernández fue de 2,27 en febrero

El Índice de Confianza en el gobierno de Alberto Fernández fue de 2,27 en febrero

El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Di Tella registró en febrero un leve baja del 2,3% en relación al mes pasado. Con 2,27, la administración de Alberto Fernández se mantiene un 15% por encima del coeficiente obtenido por Mauricio Macri durante su último mes de gestión (1,97 en diciembre).

Según el informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la universidad, la confianza fue mayor entre los hombre, entre las personas menores de 50 años, entre quienes viven en los partidos del GBA (en comparación con quienes residen en la CABA y el interior del país), entre quienes sólo tienen educación primaria, entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctima de delitos en los últimos 12 meses, y entre quienes creen que la situación económica del país dentro de un año será mejor que la actual.

Para los responsables del sondeo, la caída del 2,3% es “estadísticamente no significativa”. Sin embargo, los número del líder del Frente de Todos son comparativamente bajos cuando se los compara con el inicio de otras gestiones.

Mientras en el primer mes de Alberto Fernández el ICG fue de 2,32 puntos, en el de Néstor Kirchner y Mauricio Macri fue 3,14 (coincidentemente para ambos casos), y en los de Cristina Kirchner fue 2,37 y 2,75 para el primer y segundo gobierno, respectivamente.

Los datos del primer mes de gobierno

La primera medición del ICG para el gobierno de Alberto Fernández mostró una evolución positiva en cuatro de los cinco subíndices medidos respecto de la última del gobierno de Mauricio Macri. El que experimentó la mayor variación positiva fue “Preocupación por el interés general” (2,31 puntos, +45,7%), seguido por “Evaluación general del Gobierno” (2,12 puntos, +42,1%), “Capacidad para resolver problemas del país” (3,03 puntos, +35,1%), y “Eficiencia en la administración del gasto público” (1,82 puntos, +17,2%). El único subíndice con una variación negativa fue “Honestidad de los funcionarios” (2,34 puntos, -21,0%). “Durante el gobierno de Macri, en este último subíndice se registraron los valores más altos de la serie histórica del ICG”, destaca el informe.

Los valores del ICG de enero, de acuerdo con el estudio de la Universidad Di Tella, fueron “más altos entre los hombres (2,37 puntos, con una variación de 33,1% respecto a diciembre) que entre las mujeres (2,29 puntos, y una variación de 8,5%). Aunque la diferencia entre los grupos es pequeña, contrasta con la tendencia predominante durante el gobierno de Macri en que los valores del ICG eran mayores entre las mujeres”.

En cuanto a las edades, el ICG de enero para el gobierno de Alberto Fernández fue más alto en el grupo de 30 a 49 años (2,45 puntos, con un aumento de 32,4% respecto del mes anterior), seguido de cerca por el grupo de 18 a 29 años (2,37 puntos, y una variación de 40,2%). En el grupo de mayores de 50 años, el ICG fue de 2,24 puntos, con un crecimiento de apenas el 2,8%. El contraste es notorio con la tendencia del gobierno de Macri, en que el ICG era más alto para el grupo de mayores de 50 años.

Índice del primer mes de gobierno de Alberto Fernández
Índice del primer mes de gobierno de Alberto Fernández

Respecto de la zona geográfica, el valor más alto del ICG de enero se registró en el Gran Buenos Aires, donde el índice tomó un valor de 2,44 puntos, con una variación positiva de 29,8% respecto de diciembre. En segundo lugar, el ICG fue de 2,32 puntos en el interior del país, aumentando 17,2%, y el valor más bajo se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1,99 puntos), con una disminución de 9,2% respecto del mes anterior. Ello contrasta con la tendencia predominante en el gobierno de Mauricio Macri, en que los valores más altos se registraban en la CABA y los más bajos en el GBA.

Cuando se toma en cuenta el nivel de instrucción, el valor más alto se recogió en el grupo de quienes tienen únicamente educación primaria (2,80 puntos), aumentando 73,9% respecto de diciembre. Le sigue el grupo de quienes recibieron hasta educación secundaria (2,36 puntos), con una variación positiva de 22,3%. Finalmente se ubicó el grupo de quienes tienen educación terciaria y/o universitaria (2,19 puntos), con un aumento de 6,8%. Para los responsables del estudio, “nuevamente es claro el contraste con la tendencia durante el gobierno de Macri, en que la confianza era mayor a medida que aumentaba el nivel de instrucción”.

Al igual que durante el gobierno de Macri, el primer ICG del gobierno de Fernández es “sustancialmente mayor entre aquellos entrevistados que dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctima de delitos en los últimos 12 meses (2,45 puntos, con un aumento de 14,0% respecto a diciembre), mientras que la confianza entre quienes dicen haber sufrido algún delito en ese período es de 1,91 puntos, aumentando 40,4%)”.

FUENTE : INFOBAE

FOTO TAPA : NEW YORK TIME

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