Según un estudio del Iaraf, el gasto público subió del 27,7 al 40% del PBI en los últimos diez años, pero menos de una décima parte de los recursos que manejan Nación, Provincias y Municipios se destina a Obras Públicas

El gasto público, el peso que los tres niveles del Estado -Nación, Provincias y Municipios- representan sobre el PBI de la Argentina, aumentó de un 27,7% del PBI en el período 1998-2008 al 40% en el decenio transcurrido entre 2009 y 2019.

“Ha sido una suba muy fuerte”, dice Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Ese aumento está detrás de los recurrentes problemas de financiamiento y déficit, que a su vez llevan al círculo vicioso de deuda, defaults y renegociaciones, explica Argañaraz, que en un reciente informe precisa a qué se destinó en los últimos diez años esa mayor masa de gasto público.

Casi un tercio, un 31% en promedio en el período 2009-2019, se destinó al gasto en personal, es decir al pago de salarios y remuneraciones de las personas empleadas en los tres niveles y todos los estamentos del Estado: empleados, funcionarios, jueces, legisladores, administrativos, maestros, policías, médicos, ediles, militares y todas las personas empleadas directamente en todos los niveles y áreas del Estado.

Un cuarto, exactamente el 25%, se destinó al sistema previsional; esto es, al pago de jubilaciones y pensiones, a pesar de que la población argentina es todavía relativamente joven respecto de sociedades como, por ejemplo, las europeas, y disfruta de un “bonus demográfico” que es neutralizado por el alto grado de informalidad de la economía.

El sistema previsional canaliza un cuarto del gasto total. Si se le suma el gasto en personal del Estado, se llega al 56%.

Otro 16 % se destinó a distintos tipos de transferencias y subsidios, sea a través de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (durante la pandemia de coronavirus, cuya incidencia no entra en el cálculo del período 2009-2019, se agregaron los dos principales programas de sostén del gobierno: el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, y los fondos de Asistencia al Trabajo y la Producción, ATP, en sueldos al personal de empresas afectadas por la pandemia y préstamos a empresas). Otra parte son las transferencias del Estado a las empresas prestadoras de servicios públicos, para mantener relativamente bajas y subsidiadas las tarifas de los servicios de electricidad, transporte, gas y agua, y a empresas deficitarias del Estado, como Aerolíneas Argentinas.

A su vez, 8 % del gasto estatal se destinó al pago de bienes y servicios para el funcionamiento del sector público: combustibles, bienes de uso y de consumo y contratos de diferentes tipos de servicios.

Un 7% en promedio, a lo largo del decenio concluido en 2019, se destinó al pago de intereses de la deuda pública, y un 4% a otros gastos.

Quedó así un puchito, un magro 9% destinado a inversiones. Esto es, menos de uno de cada diez pesos de gasto estatal se destinó a la construcción o reparación de escuelas, hospitales, rutas, puentes, formaciones ferroviarias, gasoductos, redes de electricidad, de gas, de cloacas y agua potable, vías ferroviarias, equipos para las fuerzas de seguridad y policiales, equipamiento científico, etcétera.

En relación al PBI

Esas proporciones, sin embargo, no expresan el real impacto de un gasto público alto y, además, desequilibrado.

Medido en relación al PBI -esto es al valor del conjunto de las actividades económicas desarrolladas en el país a lo largo de un año- el gasto en personal fue del 12%, y el gasto en jubilaciones y pensiones dio un promedio del 10% del PBI, siempre para el período 2009-2019.

Las transferencias al sector privado, en tanto, representaron en promedio el 6%, las compras de bienes y servicios el 3,2% del PBI y el pago de los intereses de la deuda de los tres niveles del Estado fue del 2,6%.

En definitiva, los fondos destinados a inversión pública terminaron representando algo menos del 4% del PBI anual, dice el estudio.

Según Argañaraz, el Estado debería destinar al menos el 20% de su gasto a inversiones, lo que redundaría (de mantenerse la participación del gasto público en 40% del PBI) en una inversión pública equivalente en cerca del 8% del PBI. Diversos economistas estiman que para crecer de modo sostenido, la inversión total (pública y privada) sobre el PBI debería ser igual o mayor al 20% del PBI.

2021 y más allá

En el presupuesto recientemente presentado al Congreso el ministerio de Economía proyectó un aumento de la Inversión pública en “Infraestructura” del 1,1% al 2,2% del PBI, en tanto el gasto en “Innovación y Desarrollo” pasaría del 0,2 al 0,5%, en “Salud Pública” del 0,3 al 0,5% y en “Educación y Conectividad” de 1,1 a 1,3% del PBI. Sumando algunas fracciones de los últimos ítems, el gasto en Infraestructura, lo más asimilable a inversión u obra pública arañaría el 2,5% del PBI aunque -aclara Argañaraz- esos datos se limitan a la Administración Pública Nacional.

“Cuando la presencia del Estado es elevada, debiera quedar claro que para sostenerla es necesario un financiamiento también elevado, que se originará de los propios ciudadanos a través de las distintas alternativas de fondeo público: impuestos, emisión monetaria (impuesto inflacionario) o endeudamiento público (mayor carga tributaria futura)”, dice el informe.

En 2020, por el coronavirus, el gobierno terminará destinando cerca del 3,8% del PBI a programas asociados a la pandemia, que financiará principalmente con emisión monetaria “lo que nos deja en una situación débil para salir”, dice Argañaraz. E insiste en la pregunta: “¿los argentinos somos conscientes de en qué gastamos el 40% del PBI?”. Sería deseable que fuera en más inversión. Eso, concluye, dependerá fundamentalmente de cómo cambie el resto del gasto.