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Alta presión fiscal: en qué gasta el Estado los impuestos que pagan los argentinos

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Según un estudio del Iaraf, el gasto público subió del 27,7 al 40% del PBI en los últimos diez años, pero menos de una décima parte de los recursos que manejan Nación, Provincias y Municipios se destina a Obras Públicas

El gasto público, el peso que los tres niveles del Estado -Nación, Provincias y Municipios- representan sobre el PBI de la Argentina, aumentó de un 27,7% del PBI en el período 1998-2008 al 40% en el decenio transcurrido entre 2009 y 2019.

“Ha sido una suba muy fuerte”, dice Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Ese aumento está detrás de los recurrentes problemas de financiamiento y déficit, que a su vez llevan al círculo vicioso de deuda, defaults y renegociaciones, explica Argañaraz, que en un reciente informe precisa a qué se destinó en los últimos diez años esa mayor masa de gasto público.

Casi un tercio, un 31% en promedio en el período 2009-2019, se destinó al gasto en personal, es decir al pago de salarios y remuneraciones de las personas empleadas en los tres niveles y todos los estamentos del Estado: empleados, funcionarios, jueces, legisladores, administrativos, maestros, policías, médicos, ediles, militares y todas las personas empleadas directamente en todos los niveles y áreas del Estado.

Un cuarto, exactamente el 25%, se destinó al sistema previsional; esto es, al pago de jubilaciones y pensiones, a pesar de que la población argentina es todavía relativamente joven respecto de sociedades como, por ejemplo, las europeas, y disfruta de un “bonus demográfico” que es neutralizado por el alto grado de informalidad de la economía.

El sistema previsional canaliza un cuarto del gasto total. Si se le suma el gasto en personal del Estado, se llega al 56%.El sistema previsional canaliza un cuarto del gasto total. Si se le suma el gasto en personal del Estado, se llega al 56%.

Otro 16 % se destinó a distintos tipos de transferencias y subsidios, sea a través de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (durante la pandemia de coronavirus, cuya incidencia no entra en el cálculo del período 2009-2019, se agregaron los dos principales programas de sostén del gobierno: el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, y los fondos de Asistencia al Trabajo y la Producción, ATP, en sueldos al personal de empresas afectadas por la pandemia y préstamos a empresas). Otra parte son las transferencias del Estado a las empresas prestadoras de servicios públicos, para mantener relativamente bajas y subsidiadas las tarifas de los servicios de electricidad, transporte, gas y agua, y a empresas deficitarias del Estado, como Aerolíneas Argentinas.

A su vez, 8 % del gasto estatal se destinó al pago de bienes y servicios para el funcionamiento del sector público: combustibles, bienes de uso y de consumo y contratos de diferentes tipos de servicios.

Un 7% en promedio, a lo largo del decenio concluido en 2019, se destinó al pago de intereses de la deuda pública, y un 4% a otros gastos.

Quedó así un puchito, un magro 9% destinado a inversiones. Esto es, menos de uno de cada diez pesos de gasto estatal se destinó a la construcción o reparación de escuelas, hospitales, rutas, puentes, formaciones ferroviarias, gasoductos, redes de electricidad, de gas, de cloacas y agua potable, vías ferroviarias, equipos para las fuerzas de seguridad y policiales, equipamiento científico, etcétera.

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En relación al PBI

Esas proporciones, sin embargo, no expresan el real impacto de un gasto público alto y, además, desequilibrado.

Medido en relación al PBI -esto es al valor del conjunto de las actividades económicas desarrolladas en el país a lo largo de un año- el gasto en personal fue del 12%, y el gasto en jubilaciones y pensiones dio un promedio del 10% del PBI, siempre para el período 2009-2019.

Las transferencias al sector privado, en tanto, representaron en promedio el 6%, las compras de bienes y servicios el 3,2% del PBI y el pago de los intereses de la deuda de los tres niveles del Estado fue del 2,6%.

En definitiva, los fondos destinados a inversión pública terminaron representando algo menos del 4% del PBI anual, dice el estudio.

Según Argañaraz, el Estado debería destinar al menos el 20% de su gasto a inversiones, lo que redundaría (de mantenerse la participación del gasto público en 40% del PBI) en una inversión pública equivalente en cerca del 8% del PBI. Diversos economistas estiman que para crecer de modo sostenido, la inversión total (pública y privada) sobre el PBI debería ser igual o mayor al 20% del PBI.

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2021 y más allá

En el presupuesto recientemente presentado al Congreso el ministerio de Economía proyectó un aumento de la Inversión pública en “Infraestructura” del 1,1% al 2,2% del PBI, en tanto el gasto en “Innovación y Desarrollo” pasaría del 0,2 al 0,5%, en “Salud Pública” del 0,3 al 0,5% y en “Educación y Conectividad” de 1,1 a 1,3% del PBI. Sumando algunas fracciones de los últimos ítems, el gasto en Infraestructura, lo más asimilable a inversión u obra pública arañaría el 2,5% del PBI aunque -aclara Argañaraz- esos datos se limitan a la Administración Pública Nacional.

“Cuando la presencia del Estado es elevada, debiera quedar claro que para sostenerla es necesario un financiamiento también elevado, que se originará de los propios ciudadanos a través de las distintas alternativas de fondeo público: impuestos, emisión monetaria (impuesto inflacionario) o endeudamiento público (mayor carga tributaria futura)”, dice el informe.

En 2020, por el coronavirus, el gobierno terminará destinando cerca del 3,8% del PBI a programas asociados a la pandemia, que financiará principalmente con emisión monetaria “lo que nos deja en una situación débil para salir”, dice Argañaraz. E insiste en la pregunta: “¿los argentinos somos conscientes de en qué gastamos el 40% del PBI?”. Sería deseable que fuera en más inversión. Eso, concluye, dependerá fundamentalmente de cómo cambie el resto del gasto.

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FUENTE : INFOBAE
FOTO TAPA : DIARIO ACTUALIDAD

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Economia

Aumentan las prepagas: 15% en diciembre y 10% en febrero de 2021

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Así lo informó la Superintendencia de Servicios de la Salud, que indicó que el ajuste busca sostener las prestaciones del sistema y cuenta con el compromiso de las entidades del sector de trasladar estas mejoras a los aranceles de clínicas, sanatorios e instituciones de diagnósticos

El Gobierno aprobó un aumento en las cuotas de la medicina prepaga, según indicó la Superintendencia de Seguros de Salud. “Se aprobó un ajuste a las cuotas de medicina prepaga que se aplicará en forma desdoblada: 15 % en la cuota correspondiente a diciembre 2020 y 10% en la cuota de Febrero 2021”, precisó el organismo.

“Se trata de primer ajuste de 2020. El último fue en Diciembre 2019. Este ajuste apunta a sostener las prestaciones del Sistema y cuenta con el compromiso de las entidades de Medicina Prepaga, de trasladar estas mejoras a los aranceles de Clínicas, Sanatorios e Instituciones de Diagnóstico”, indicó.

Si bien las cuotas de la medicina privada no registraron aumento alguno en este año, el sector recibió algunos beneficios por parte del gobierno para llevar adelante su actividad durante la pandemia. En primer lugar, por tratarse de una actividad considerada esencial, las empresas de salud están incluidas en el Programa ATP, por lo que el estado sigue absorbiendo el pago de una parte de los salarios de sus empleados.

Asimismo, en el comienzo de la pandemia el gobierno dictó el decreto 300/2020, destinados a beneficiar a los “empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud”. A través de ese decreto, que estará vigente hasta fines de noviembre, las empresas tienen el beneficio de estar eximidas del pago de contribuciones patronales y pagan una alícuota menor del impuesto a los débito y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”.

Fuentes del sector de la medicina privada señalaron a Infobae que el aumento de las cuotas resulta insuficiente para el normal funcionamiento de la actividad, aún cuando este incremento se sume a a esos beneficios del decreto, cuya continuidad hacia el futuro no está asegurada.

Desde las empresas de medicina privada alertan que el incremento está debajo de la inflación y lo consideran insuficiente

El decreto 300 fue emitido el 19 de marzo por un plazo de 90 días. Luego, fue prorrogado el 18 de junio por otros 60 días a través del decreto 545. El 24 de agosto, mediante el decreto 695, se dictó una nueva extensión que finalizará en noviembre.

Destacaron que el aumento, que venía siendo negociado entre las empresas y el gobierno, “sigue siendo insuficiente porque está por debajo de la inflación, pero además por que impacta en un porcentaje menor dentro del universo del sistema de salud privado. Estamos frente a una problemática que va a requerir creatividad”.

“Si se interrumpen de golpe las ayudas como las del Programa ATP o las del decreto 300, el sistema va a tener muchas dificultades para sostenerse. Durante la pandemia, el sistema no pudo reacomodar sus precios y sufrió aumentos de medicamentos e insumos que, en algunos casos, superaron el 500%. A eso, hay que sumarle otro punto negativo que es la caída de la actividad prestacional ocurrida en estos meses, todos aquellos que no van a atenderse por miedo a la pandemia”, explicaron las fuentes.

En el sector afirman que es difícil establecer el grado de morosidad en el pago de cuotas que pueden llegar a tener si en algún momento se elimina la prohibición de efectuar despidos que está en vigencia. Prevén que en caso de que se modifique esa norma, “muchos desempleados se vean obligados a dejar de pagar no solo las cuotas de la medicina privada sino también de los servicios de clínicas, hospitales de comunidad y otros prestadores que conforman el sistema privado de salud, que es el que atiende al 70% de la población a nivel nacional”.

INFOBAE

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IP NUEVA SEÑAL DE NOTICIAS DEL MISMO DUEÑO DE PAGINA 12 QUE FIRMA RECOMPOSICION SALARIAL CON SINDICATO FANTASMA

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Los trabajadores y trabajadoras de PáginaI12 repudiamos la recomposición salarial degradante que la cámara que integra el Grupo Octubre firmó con un sindicato fantasma a espaldas de las redacciones. Le exigimos a la empresa que conduce Víctor Santa María una actualización urgente de nuestros salarios, que desde su llegada en 2016 perdieron poder adquisitivo en más del 35 por ciento, al tiempo que solicitamos al Ministerio de Trabajo la imperiosa incorporación del sindicato que nos representa –SiPreBA– a la mesa de negociación.

Luego de un año sin paritarias, la cámara que comparten Clarín, La Nación, Perfil y PáginaI12, entre otras empresas, suscribió un “acuerdo” con una entidad gremial inexistente en las redacciones por el que no dispone ningún tipo de retroactivo y sólo establece sumas fijas no remunerativas que achatan la escala salarial y la carrera profesional, igualando salarios hacia abajo. En el caso de los colaboradores permanentes, contempla para los próximos meses aumentos muy por debajo de los redactores. Ni hablar de quienes facturan por sus notas, que son los compañeros y compañeras más precarizadas del gremio y ni siquiera están contempladas.Para que los lectores dimensionen la aniquilación salarial desde que asumió Mauricio Macri en la presidencia y –cinco meses después– Santa María en PáginaI12, es útil la comparación con la canasta básica porteña: mientras en enero de aquel año el sueldo de un redactor la superaba en un 35,9%, el mes pasado el básico de convenio quedó más de 11 puntos por debajo de la línea de pobreza. El flamante “acuerdo”, para peor, implica un aumento menor a los “adelantos a cuenta” pagados por algunas empresas.

En momentos en que el grupo empresario que encabeza Santa María se ufana de invertir millones de dólares para expandirse y sumar nuevos medios, quienes hacemos día a día PáginaI12 le exigimos una urgente recomposición que ponga fin a la degradación de nuestros salarios.

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El dólar libre sube a un nuevo récord de $188 y la brecha cambiaria es del 140%

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Después de un día agitado en la City porteña, con una serie de allanamientos en oficinas vinculadas a operaciones cambiarias sospechadas de lavado de activos, el dólar libre sube cinco pesos (+2,7%) y es ofrecido en el mercado marginal a un precio máximo de 188 pesos.

El billete blue aceleró su escalada en las últimas cinco semanas, tras la aplicación de un impuesto de 35% a cuenta de Ganancias para la venta de divisas para atesoramiento. Desde el 15 de septiembre acumuló un alza de 55 pesos o 43,5%, mientras que en poco menos de diez meses transcurridos de 2020 escaló 149,8 por ciento.

En el mercado mayorista el dólar experimenta un incremento más grande que en las últimas ruedas. Aumenta 30 centavos (+0,4%), a 78,05 pesos. Se trata de la suba más importante desde el 1° de octubre, cuando el salto fue de 70 centavos en el día. En el transcurso de 2020 la divisa interbancaria -que rige las operaciones de comercio exterior- avanza un 30,3 por ciento.

“Las estrictas regulaciones adoptadas el pasado 15 de septiembre por parte del BCRA, se tradujeron en una reducción del mercado de divisas disponibles y en un incremento de la ansiedad por parte del mercado, al tener que enfrentarse a un entorno más restrictivo. Las expectativas negativas impactaron en la volatilidad del mercado cambiario, tal como se ha observado desde entonces”, indicó un reporte de Torino Economics.

Esta semana el Gobierno dispuso una flexibilización de los negocios para hacerse de dólares a través de operaciones bursátiles. Sin embargo, los analistas económicos evaluaron las medidas oficiales como insuficientes. Desde el martes, la paridad del contado con liquidación subió 9%, a los 180 pesos.

El dólar libre acumula un alza de 150% en 2020 y la brecha cambiaria con el oficial mayorista se amplió a 140,8%

Un informe de Portfolio Personal Inversiones puntualizó que “las medidas anunciadas esta semana no lograron, por el momento, generar un cambio de expectativas. Las tensiones cambiarias crecen y la pérdida de reservas continúa a medida que la falta de confianza por la ausencia de un plan económico aumenta. Los dólares financieros, en este contexto, se mantienen firmes al alza”.

Desde Research for Traders apuntaron que ahora “las miradas estarán puestas en la decisión que tomará el BCRA en su reunión de directorio en cuanto a tasas de interés. Se espera que se discuta si continúa el camino de la armonización, es decir, un nuevo ajuste al alza del rendimiento que se le paga a los bancos y que se busca que también llegue a los inversores minoristas”.

A cada regulación del dólar, a cada traba que pusieron en estos diez meses el resultado fue mayor suba, más brecha, menos reservas. Es hora de cambiar el rumbo”, comentó el analista financiero Christian Buteler.

Ecolatina destacó que “la disparada de la brecha comenzó a generar la percepción de que el dólar oficial estaba barato, aun cuando los fundamentals macroeconómicos no hubieran cambiado sustancialmente. De la misma forma, la escasez de opciones de ahorro en un escenario de exceso de liquidez, los temores devaluatorios y las posibilidades de ‘comprar dólares oficiales’ mediante el acceso a bienes importados impulsaron el consumo de productos durables”.

Las reservas internacionales finalizaron el miércoles en USD 40.821 millones, con un aumento de USD 8 millones en el día.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el Gobierno cuenta con los instrumentos necesarios para mantener su actual política cambiaria y sostuvo que los tipos de cambio alternativos no representan la realidad económica del país.

“Las estrictas regulaciones adoptadas el pasado 15 de septiembre por parte del BCRA, se tradujeron en una reducción del mercado de divisas disponibles y en un incremento de la ansiedad por parte del mercado, al tener que enfrentarse a un entorno más restrictivo. Las expectativas negativas impactaron en la volatilidad del mercado cambiario, tal como se ha observado desde entonces”, indicó un reporte de Torino Economics.

Esta semana el Gobierno dispuso una flexibilización de los negocios para hacerse de dólares a través de operaciones bursátiles. Sin embargo, los analistas económicos evaluaron las medidas oficiales como insuficientes. Desde el martes, la paridad del contado con liquidación subió 9%, a los 180 pesos.

El dólar libre acumula un alza de 143% en 2020 y la brecha cambiaria con el oficial mayorista se amplió a 135%

Un informe de Portfolio Personal Inversiones puntualizó que “las medidas anunciadas esta semana no lograron, por el momento, generar un cambio de expectativas. Las tensiones cambiarias crecen y la pérdida de reservas continúa a medida que la falta de confianza por la ausencia de un plan económico aumenta. Los dólares financieros, en este contexto, se mantienen firmes al alza”.

Desde Research for Traders apuntaron que ahora “las miradas estarán puestas en la decisión que tomará el BCRA en su reunión de directorio en cuanto a tasas de interés. Se espera que se discuta si continúa el camino de la armonización, es decir, un nuevo ajuste al alza del rendimiento que se le paga a los bancos y que se busca que también llegue a los inversores minoristas”.

A cada regulación del dólar, a cada traba que pusieron en estos diez meses el resultado fue mayor suba, más brecha, menos reservas. Es hora de cambiar el rumbo”, comentó el analista financiero Christian Buteler.

Ecolatina destacó que “la disparada de la brecha comenzó a generar la percepción de que el dólar oficial estaba barato, aun cuando los fundamentals macroeconómicos no hubieran cambiado sustancialmente. De la misma forma, la escasez de opciones de ahorro en un escenario de exceso de liquidez, los temores devaluatorios y las posibilidades de ‘comprar dólares oficiales’ mediante el acceso a bienes importados impulsaron el consumo de productos durables”.

Las reservas internacionales finalizaron el miércoles en USD 40.821 millones, con un aumento de USD 8 millones en el día.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el Gobierno cuenta con los instrumentos necesarios para mantener su actual política cambiaria y sostuvo que los tipos de cambio alternativos no representan la realidad económica del país.

FUENTE INFOBAE

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