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Amado Boudou quedó detenido por el caso Ciccone tras un fallo de la Cámara de Casación pena

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 La Sala IV revocó la excarcelación del ex vicepresidente, quien se presentó en los tribunales de Comodoro Py. A la noche fue trasladado a la cárcel de Ezeiza

Amado Boudou es trasladado a la cárcel de Ezeiza (Maximiliano Luna)

Amado Boudou es trasladado a la cárcel de Ezeiza (Maximiliano Luna)

Amado Boudou quedó detenido otra vez. Se presentó espontáneamente en Comodoro Py luego de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que decidió revocar la excarcelación que le había permitido al ex vicepresidente salir de prisión el 11 de diciembre pasado. Por la noche, fue trasladado nuevamente a la cárcel de Ezeiza.

La Sala IV del máximo tribunal la integran los jueces Gustavo HornosMariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. El fallo fue consecuencia de los pedidos las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. La fiscalía, en tanto, había entendido que podía esperar en libertad el fallo sobre la revisión de su condena. En el caso Ciccone, Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión. 

En el voto del Dr. Hornos –al que adhirió el Dr. Gemignani- se señaló que, por las características de la maniobra delictiva –manipulación de los organismos de la administración pública, vínculos nacionales e internacionales, búsqueda de impunidad– y las condiciones personal del imputado, estaban acreditados los riesgos procesales que sustentan la prisión preventiva de Amado Boudou. Así, se puso de resalto como criterios que evidenciarían los peligros procesales: 1) la forma prepotente y amenazante en que habrían actuado los imputados. Así, la sentencia tuvo por acreditado que el socio de Amado Boudou –Núñez Carmona- a pedido de Boudou amenazó a los directivos de Boldt para que finalizaran el contrato de alquiler de la fábrica de la ex Ciccone Calcográfica; 2) la búsqueda de impunidad y el accionar siempre oculto con los que Boudou habría pergeñado la maniobra a los efectos de no resultar vinculado con la empresa criminal. Tal sería el caso del uso de interpósitas personas para llevar adelante la negociación con los hermanos Ciccone y su aparición en forma simulada, la utilización de empresas off shore para desvincularlo de la maniobra, entre otros y, 3) la posible existencia de recursos técnicos y económicos y contactos en el país (cítese al ejemplo las maniobras para llevar a cabo la reestructuración de la deuda de Formosa) y en el exterior, en orden a desarrollar todas las conductas.

Amado Boudou al llegar a la cárcel de Ezeiza (Gustavo Gavotti)

Amado Boudou al llegar a la cárcel de Ezeiza (Gustavo Gavotti)

Por su parte, el Dr. Borinsky sostuvo que la resolución carecía de la fundamentación adecuada, por lo que dispuso su nulidad y remitió al Tribunal a sus efectos.

La defensa de Boudou, a cargo de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, había insistido en su inocencia y en que no existían peligro de fuga o entorpecimiento. “Pero si ordenan que sea detenido, pondrá las manos así, como ya lo hizo otras veces“, les dijo Rua a los jueces, juntando las muñecas, como anticipándose a las esposas.

Ayer, pasado el mediodía, Casación revocó la excarcelación y dejó para más adelante analizar el fondo de la cuestión: es decir si confirma la condena que impartió el tribunal oral en el juicio y la pena impartida. Eso esta previsto para el 24 de abril.

Conocida la noticia, el Tribunal Oral Federal 4, que había dispuesto la condena y también la excarcelación, intimó a Boudou a presentarse en tribunales. Lo único que no quería era que lo arrestaran en su casa, frente a sus hijos, dijeron sus allegados. Minutos después de las 15, Boudou ingresó a Comodoro Py por el subsuelo en un Ford Fiesta bordó conducido por su esposa, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente. Luego subió hasta el sexto piso, donde Boudou quedó a disposición de la Justicia.

Ahora la defensa de Boudou puede apelar su detención para que sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El caso Ciccone y la condena

El 7 de agosto pasado, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Boudou a 5 años y 10 meses de prisión al encontrarlo culpable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa por la venta de la calcográfica ex Ciccone. También condenó a cinco años y medio de cárcel a su amigo, José María Núñez Carmona, por ser partícipe necesario. Hubo mas condenas pero ellos fueron los únicos que fueron a la cárcel.

En una decisión que sorprendió a los propios protagonistas, el TOF (en una votación dividida) resolvió que quedaran detenidos, inmediatamente, Boudou y Nuñez Carmona. Así, volvían a la prisión de Ezeiza en la que ya habían estado presos entre noviembre de 2017 y enero de 2018 por decisión del juez Ariel Lijo, en el marco de una investigación ampliada se ampliaba a las sospechas de enriquecimiento ilícito y/o lavado de activos.

Sin embargo, en diciembre, la defensa de Boudou pidió la excarcelación a la mismo tribunal que lo había condenado, usando los los argumentos que el propio Lijo había firmado días antes para no disponer prisiones preventivas en los procesamientos del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y la ex jefa de la Casa de la Moneda Katya Daura.

La imprenta Ciccone (Adrián Escandar)

La imprenta Ciccone (Adrián Escandar)

La defensa de Boudou vio la ventana para poder sacarlo de prisión y aprovechó la nueva composición del tribunal. Ya no estaba más el juez Pablo Bertuzzi, que había pasado a integrar la Cámara Federal y que había sembrado el voto mayoritario de la detención junto a su colega Néstor Costabel.

Ante el nuevo pedido de Boudou, la jueza María Gabriela López Iñiguez, que se había opuesto a la detención inicial en el momento de la condena, hizo lugar a la excarcelación. La acompañó la nueva integrante del TOF Adriana Palliotti. Costabel, en tanto, votó en soledad oponiéndose a la liberación.

Así, Boudou regresó a su casa de Barracas, donde lo esperaban su esposa y sus pequeños hijos mellizos, que nacieron durante su primera estadía en prisión. Desde entonces, tenía una tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos con un GPS, no podía ausentarse de su casa más de cien kilometros y tenía que presentarse en Comodoro Py 2002 períodicamente, como una forma de garantizar que no se fugaría.

Por estas horas, Núñez Carmona también se preparaba para tener que volver a prisión, enterado de la suerte de su amigo. La audiencia por la apelación a su excarcelación recién estaba prevista para este miércoles y de ahí los encargados de resolver serán los jueces Gustavo HornosMariano Borinsky y Javier Carbajo.

Los argumentos del fallo que ordenó volver a detener a Boudou

Cada juez escribió su voto. Con distintos argumentos, pero una misma sintonía: ordenar que el ex vicepresidente Amado Boudou regrese a prisión. Hubo cuestionamientos a las juezas del tribunal oral que en diciembre habían habilitado la excarcelación. Se habló de “análisis sesgado” y de la “falta de justificación” para disponer su libertad. Pero también de los vínculos de poder que aún conservaría el ex funcionario y la multiplicidad de causas que aún enfrenta. Pero además de lo que se resolvió  el año pasado: una condena a cinco años y diez meses de prisión que ya recayó sobre sus hombros.

“La eventual fuga o elusión de quienes han sido condenados a penas privativas de la libertad de efectivo cumplimiento por hechos particularmente graves y de corrupción estatal y corporativa empresarial, emprendidos casi 8 años atrás, implicaría convertir la repuesta penal estatal en meramente simbólica, robusteciéndose e incrementándose de modo harto inapropiado, el primigenio sentimiento de impunidad derivado de la comprobación judicial de estos sucesos, con la súbita sustracción del accionar a la justicia de sus principales protagonistas que han sido válidamente considerados autores y cómplices de graves delitos”, escribió el juez Gustavo Hornos.

El camarista federal Gustavo Hornos (Nicolás Stulberg)

El camarista federal Gustavo Hornos (Nicolás Stulberg)

Para Hornos, “la decisión que concedió la excarcelación de Amado Boudou ha efectuado un análisis sesgado de todos los elementos presentes del caso, que ya habían sido ponderados  (por el tribunal de juicio) al disponer su prisión preventiva como, la gravedad de las maniobras delictivas juzgadas en el presente proceso, la existencia de causas en trámite que registra y la de otros procesos penales que se siguen en su contra, entre las que se encuentra la investigación de la maniobra de refinanciación de la deuda de Formosa y la capacidad económica del nombrado”.

El magistrado destacó “la forma prepotente y amenazante en que habrían actuado los imputados” y “la búsqueda de impunidad y el accionar siempre oculto” con los que se movió Boudou. A criterio del magistrado, la maniobra de Ciccone y el “modus operandi” de Boudou y sus colaboradores “a los efectos de perpetrar el negocio espurio” autoriza a “considerar provisoriamente razonable la presunción del riesgo procesal de frustrar la aplicación de la ley penal que implicará la obtención de la libertad por parte del imputado”.

Y allí resaltó “los vínculos que ostentaría el imputado con varias áreas de la administración pública y que habría influenciado a los organismos del Estado según su interés para alcanzar su propósito criminal“. Apuntó al Ministerio de Economía, la AFIP, la Comisión de Defensa de la Competencia, la Casa de la Moneda y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, entre otros, sumado a “la capacidad económica que presenta el imputado” permiten “considerar que el riesgo de fuga tampoco se presenta como una presunción irrazonable”.

Por su parte, Gemignani dejó en claro que ya hubo un juicio oral en donde se lo consideró culpable. “Como se advierte se contraponen una presunción la de inocencia- y una certeza -la de culpabilidad-. Y obviamente, tanto desde el punto de vista lógico como axiológico, la certeza ha de imponerse a la presunción. No se trata ya de asegurar el eventual cumplimiento de la pena, sino de disponer su cumplimiento”.

Mariano Borinsky

Mariano Borinsky

A su turno, Borinsky advirtió que “se observa que los argumentos expuestos en la resolución impugnada para la concesión de la excarcelación de Amado Boudou no encuentran sustento en las constancias comprobadas de la causa”. Incluso recordó que “las señoras magistradas que integraron la mayoría del tribunal de la instancia anterior indicaron que Boudou es una figura de gran notoriedad pública, lo que disminuye sus posibilidades de evadir la justicia, y consideraron que existen medios de restricción menos lesivos”.

“A la luz de las particulares circunstancias de la causa se observa que (el tribunal), al conceder la excarcelación al señor Amado Boudou, omitió dar tratamiento a cuestiones sustanciales vinculadas con la existencia de riesgos procesales” y por lo tanto existen causales de una presunta “arbitraridad”, opinó Borinsky.

El fallo completo:

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Patricia Bullrich, sobre la amenaza al fiscal Carlos Stornelli: “Es un mensaje intimidatorio y mafioso”

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Un artefacto que simulaba ser una bomba fue hallado este domingo frente a la casa de uno de los hijos del fiscal Carlos Stornelli, en cercanías del Colegio Bayard, en Jerónimo Salguero y Castex, en el barrio porteño de Palermo. Se trataba de “una maqueta”, es decir que no contenía explosivos. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a lo ocurrido como “un mensaje intimidatorio y mafioso”.

La funcionaria confirmó que el elemento encontrado en la puerta del edificio en el que vive uno de los hijos del fiscal es “un artefacto símil bomba sin explosivos”, y por eso consideró que la intención del autor de la intimidación fue “la de generar una situación de amenaza”.

“Es una amenaza dura porque es peor que este tipo de artefactos esté en la casa de los hijos que del propio fiscal. Es más amenazante, es un mensaje mafioso”, añadió Bullrich en diálogo con TN.

Además, la ministra detalló que hubo un llamado al 911 para reportar el hallazgo. “El objetivo era que se hiciera público, que se descubriese, y es un intento de generar una situación de mucha angustia y de mucho miedo al propio fiscal”, explicó.

Y remarcó: “Es una mensaje contra la Justicia, contra la tarea que lleva el fiscal a través de un tipo de amenaza muy dura”.

La funcionaria explicó también que, en principio, en el cruce de Salguero y Castex no hay cámaras de seguridad, pero que este lunes los investigadores averiguarán si las hay en algún establecimiento de la zona, para a partir de ello dilucidar cómo sucedió el hecho y dar con los responsables.

En tanto, contó que habló con el fiscal Stornelli tras el episodio: “Él lo toma como un mensaje claramente de intimidación respecto a los temas que está investigando, y a la idea de querer desestructurarlo, desarmarlo y que no siga adelante con la tarea”.

Por último, recordó el ataque que sufrió el juez Claudio Bonadio en noviembre del año pasado, cuando un hombre de 26 años arrojó un paquete con elementos explosivos en el domicilio del magistrado, en la calle Rómulo Naón al 2200, en el barrio porteño de Belgrano.

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Comenzará mañana el juicio oral a Cristina Kirchner por la obra pública: cómo será la primera audiencia y el proceso en medio de la campaña

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Quiénes son los acusados, qué lugar especial tendrá la ex presidenta y qué rol tendrá el ahora precandidato presidencial Alberto Fernández

La ex presidente Cristina Kirchner afrontará desde mañana su primer juicio oral y público. Es por el caso de la obra pública. Según la imputación, desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. El proceso se dará durante la campaña para las elecciones presidenciales en las que será vicepresidente de la fórmula con Alberto Fernándezquién también estará en el juicio: será testigo. Cristina Kircner comenzará a ser juzgada como ex mandataria y cuando se conozca el veredicto, dentro de un año aproximadamente, podría ser una de las cabezas del estado.

El juicio se iniciará a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py y se realizará en la sala AMIA, la más grande del edificio judicial y que está en su subsuelo y en la que Cristina Kirchner ya estuvo: declaró como testigo en los juicios por el atentado a la AMIA y en diciembre de 2016 por las irregularidades en esa investigación.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y Adriana Palliotti como cuarta magistrada. El fiscal será Diego Luciani y habrá dos querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner y Báez; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor KirchnerNelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

La ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. Si es encontrada culpable podría ser condenada una pena de entre cinco y 16 años de prisión. En cualquier escala, la condena es de cumplimiento efectivo en una prisión pero para que eso se cumpla el veredicto debe ser ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y Lázaro Báez, tres de los acusados en el caso de la obra pública

Julio De Vido, Cristina Kirchner y Lázaro Báez, tres de los acusados en el caso de la obra pública

¿Cómo será la primera audiencia del juicio? “Sabemos que hay una gran expectativa pero para nosotros será como la de cualquier juicio, aburrida”, le dijo a Infobae una fuente judicial que trabaja en el caso.

La expectativa está puesta porque es el primer juicio que enfrentará la ex mandataria, porque se da en un contexto electoral, a pocos días de haber anunciado su fórmula y porque estará junto con ex funcionarios presos y condenados. De Vido, Báez y Kirchner están detenidos y López bajo el programa de protección de testigos e imputados tras declarar como arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once y está en juicio por la compra de trenes chatarra durante su gestión; Báez está siendo juzgado por lavado de dinero y López por los bolsos con nueve millones de dólares con los que fue detenido en el convento de General Rodríguez y por los que tiene pedido de condena a seis años de prisión. López podría tener un papel central en el juicio de la obra pública.

“La presidenta se fijaba los montos que debían cobrar Austral, CPC, Electróingeniería y JCR”, dijo el ex funcionario en su última declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos. Austral es la empresa de Báez y los montos era el dinero de la obra pública que tenía. López dijo todos los meses le entregaba a Cristina Kirchner y a De Vido un listado con lo que las empresas debían cobrar y los fondos disponibles y que la mandataria decidía quién cobraba.

José López

José López

Eso lo declaró en otra causa y la expectativa estará en si también lo hará en el juicio o si decide seguir otra estrategia ya que en ese proceso no es arrepentido.

La primera audiencia estará destinada a leer la acusación del caso, que es como comienza todo juicio. Pero se prevé que haya entre tres o cuatro audiencias para eso y que cada una dure de cuatro a cinco horas. Se leerán las acusaciones de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, de la OA, de la UIF y la elevación a juicio del juez Julián Ercolini. Todas son muy extensas. La de la Fiscalía tiene 584 páginas.

Para ese trámite no sea tedioso la costumbre es leer solo las partes importantes. Pero en este caso el tribunal tiene la intención de que se conozca íntegramente para evitar cualquier planteo de nulidad a futuro. Pero las defensas pueden consentir que se lee solo un extracto.

El dato no es menor. En la lectura de la acusación todos los acusados tienen la obligación de estar presentes, lo que haría que Cristina Kirchner deba asistir a esas audiencias: una vez por semana durante un mes en tribunales. Luego puede pedir autorización para no ir a la declaración de los testigos, como suelen hacer muchos acusados. Los otros dos momentos en que los imputados tienen que estar es en los alegatos y en el veredicto.

Más allá de la lectura de la acusación no se descarta que en la primera audiencia las defensas hagan algún tipo de planteo. Es porque en la Corte Suprema de Justicia de la Nación están pendientes de resolución nueve apelaciones. Eso generó que la semana pasada el inicio del juicio haya estado en vilo. El máximo tribunal le pidió al tribunal la causa lo que generó la posibilidad que el proceso no empiece hasta que eso esté resuelto. El tribunal no suspendió el juicio, la Corte dijo que empezaba el martes y el viernes devolvió la causa.

Pero las defensas pueden objetar que lo que vaya a resolver la Corte pueda tener injerencia directa en el desarrollo del juicio. De hecho, durante el proceso el máximo tribunal definirá las apelaciones y la expectativa está puesta en cómo podría repercutir. De hecho, el viernes Báez recusó a dos jueces y pidió que no comience.

Una de las discusiones es sobre un peritaje. De las 51 obras públicas que están en discusión se dispuso una pericia solo sobre cinco de ellas. Las defensas lo objetaron y eso está entre los temas que tiene que resolver el máximo tribunal.

Mañana habrá un operativo de seguridad especial en Comodoro Py. El edificio estará vallado y tendrá un refuerzo de 70 oficiales de la Policía Federal más a los habituales. El exterior del lugar estará a cargo de Prefectura y Gendarmería con una cantidad de personal que todavía no se definió porque dependerá de si va público y qué cantidad a acompañar a la ex presidente.

El fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación del juicio (Foto: Fiscales.gob.ar)

El fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación del juicio (Foto: Fiscales.gob.ar)

La seguridad definió que la ex mandataria ingrese por la calle Costa Brava, que da atrás de Comodoro Py y por la que siempre llegó cada vez fue a tribunales. Ingresará por una puerta lateral que queda a poco más de 20 metros de la sala de audiencia. Para la ex mandataria se dispuso que en caso que en el juicio se haga un cuarto intermedio tenga una sala y un baño a su disposición para que espera allí el reinicio de la audiencia. 

Tras las lecturas en el juicio se hará lo que se conoce como “cuestiones preliminares”. Allí las partes podrán pedir nulidades y hacer distinto tipo de planteos. Luego será el momento de las indagatorias. Es la etapa en la que cada acusado puede declarar o no.

En el juicio declararán 159 testigos, entre ex funcionarios y empresarios. Uno de ellos es Alberto FernándezTambién los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner, Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, todos a pedido de la defensa de la ex presidenta.

Además fueron citados el ex titular de la Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, quien en 2016 presentó la denuncia que originó la causa; las diputadas de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Paula Olivettto y la ex legisladora Margarita Stolbizer.

Alberto Fernández, candidato a presidente en la fórmula con Cristina y testigo en el juicio

Alberto Fernández, candidato a presidente en la fórmula con Cristina y testigo en el juicio

Otros testigos serán el arrepentido Leonardo Fariña y varios empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Juan Chediak y Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Los dos están procesados en la causa de los cuadernos de la corrupción.

El juicio está previsto que dure un año. “Es difícil precisar una fecha porque los juicios son dinámicos y dependen de muchos factores, pero no menos de un año”, explicó una fuente.

Con ese cronograma ninguna fecha del juicio coincidirá con las elecciones. Cuando se hagan las internas -el 11 de agosto–, la primera vuelta –el 27 de octubre– o el ballotage –el 24 de noviembre– el juicio transcurrirá en la etapa de testigos. Cuando sean los alegatos, el momento en el que se piden penas y absoluciones, y el veredicto ya se sabrá quién ganó las elecciones.

Los audiencias serán todos los lunes y se prevé que más adelante se sumen los martes.

Cristina Kirchner no será la primera ex presidenta en ser juzgada. También lo fueron Carlos Menem y Fernando De la Rúa. La diferencia es que la ex mandataria llega al proceso con poder político y expectativas electorales. Ni Menem ni De la Rúa tuvieron ese escenario en sus juicios.

“No desconocemos el contexto político, ni que juzgamos a una ex presidenta. Pero es nuestra función y sabemos la expectativa social que tienen los casos de corrupción. Sin un mínimo de coraje no se puede ser juez”, le dijo a Infobae uno de los magistrados del caso.

También señaló que cualquier decisión que tomen será objetada. “En ese sentido, la grieta ya nos pasa”, dijo para graficar que cuando el mes pasado pasado autorizaron a Cristina Kirchner a viajar a Cuba donde está su hija Florencia recibieron críticas y elogios.

Comodoro Py (Adrián Escandar)

Comodoro Py (Adrián Escandar)

La acusación y la defensa de Cristina Kirchner

El caso fue elevado a juicio oral en marzo de 2018 y el juez Ercolini señaló en su resolución que se investigó “una asociación destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Para el magistrado, Cristina Kichner “en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”. Pero en rigor, los presuntos delitos comenzaron mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner asumió como presidente y “montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos” y continuaron en los gobiernos de Cristina Kirchner.

La acusación que hicieron los fiscales Pollicita y Mahiques está centrada en los 51 contratos de obra pública para Santa Cruz por 8 mil millones de pesos, que luego se ampliaron 16 mil millones, que recibieron las empresas de Báez, “Austral Construcciones”, “Kank y Costilla”, “Sucesión de Adelmo Biancalani” y “Loscalzo y del Curto Construcciones”.

Según la imputación fueron contratos amañados a favor de Báez cuando en muchas obras no tenía ni los antecedentes ni la capacidad operativa para hacerlas. Para los fiscales hubo un “incumplimiento sistemático, reiterado y permanente” ya que de las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas y las que culminaron fue con ampliaciones de plazos y costos.

Para la Fiscalía todo eso fue posible porque se permitió desde el gobierno que instrumentó distintos mecanismos legales, como decretos presidenciales, resoluciones del Ministerio de Planificación Federal o de la Dirección Nacional de Vialidad, para beneficiar a Báez.

También señalaron que Báez creó su empresa en 2003, pocos días antes que Néstor Kirchner asuma como presidente, y que después compró, alquiló y administró propiedades y hoteles de la familia presidencial. La sospecha es que ese dinero salió de los fondos públicos que recibió de las obras. Esos hechos forman parte de las causas “Los Sauces” y “Hotesur” que se juzgarán en otro juicio.

La defensa de Cristina Kichner -a cargo del abogado Carlos Beraldi- rechaza la acusación. Sostiene que ningún gobierno puede ser considerado una asociación ilícita y que las decisiones sobre la obra pública no pasaban por ella ya que las partidas para esos contratos las votó el Congreso en el presupuesto y que sus modificaciones son decisiones de los jefes de gabinete. Por eso pidió que los cuatro que ocuparon el cargo en sus gobiernos -Alberto y Aníbal Fernández, Massa, Capitanich y Abal Medina- declaren cono testigos.

Cuando fue indagada por el juez Ercolini, Cristina Kirchner también sostuvo que la acusación de los fiscales era “genérica y difusa” y que ella no es amiga de Báez y que en caso que Néstor Kirchner hubiese querido beneficiarlo lo podría haber hecho cuando era gobernador de Santa Cruz. También destacó que los fiscales obviaron analizar en su investigación el Informe Definitivo 3/2016 de la Unidad de Auditoria Interna de la Dirección Nacional de Vialidad.

“Se concluyó que no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse; que sólo se consideraron obras que hayan tenida certificación a partir de enero de 2010; que los auditores razonaron que los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación con la magnitud de las respectivas obras y que los incumplimientos advertidos son totalmente insignificantes”, declaró Cristina Kirchner.

La ex mandataria también sostuvo que detrás de la causa había una intencionalidad del gobierno de Macri y que en la obra pública a nivel nacional Báez estuvo durante su gobierno en el puesto 38, mientras que IECSA, la empresa entonces de Calcaterra -primo del actual presidente- había recibido más obra pública.

Todas las pruebas y los testimonios se expondrán en el juicio en donde al final del camino los jueces dirán si Cristina Kirchner es culpable o inocente.

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El arma hallada en la casa de Navarro Cádiz es la que se usó en el ataque a Olivares y Yadón

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Lo confirmaron fuentes de la investigación. Se trata de una pistola calibre .40

La pistola calibre .40 secuestrada anoche en el departamento de Juan José Navarro Cádiz (24), en la calle Montevideo al 76, fue la usada en el ataque contra el diputado Héctor Olivares y el funcionario Miguel Yadón, confirmaron fuentes de la investigación a Infobae. El arma, con mira láser, fue identificada luego de pericias balísticas y según trascendió, estaba escondida dentro de una bolsa en la cocina de la casa de uno de los seis detenidos.

El arma fue hallada ayer tras un allanamiento de la División Homicidios de la Policía Federal en la casa de Navarro Cádiz, quien había huido a Paysandú, Uruguay, y que luego fue detenido junto con su madre, María Rosa Cadiz, que también quedó bajo arresto y cuya situación judicial está siendo evaluada.

Después de la detención de Navarro Cádiz, principal sospechoso del ataque, el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, relató que, tras cometer el crimen, se vio al joven de 24 años a través de las cámaras de seguridad caminando en dirección a ese lugar y descartando seis balas en dos canastos de basura. Además, el sospechoso es el titular del Renault 19 en el que Juan Jesús “El Gitano” Fernández se fugó a Entre Ríos junto al padre del joven, Miguel Navarro Fernández.

Juan José Navarro Cadiz, uno de los acusado de participar en el ataque

Juan José Navarro Cadiz, uno de los acusado de participar en el ataque

Con este nuevo avance en la investigación, la situación de Navarro Cádiz pasó a ser una de las más complicadas. Es que además del arma y de su claro intento de fuga a Uruguay, se suma la declaración de “El Gitano”, quien dijo ante el juez de instrucción Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades después de ser traslado a la ciudad de Buenos Aires, que fue su primo Juan José el que disparó contra el legislador radical y le quitó la vida a Yadón.

El acusado dio la misma versión que su hija, Estefanía Fernández Cano, también detenida. Según dijo la mujer, el día del hecho su padre le contó que estaba en el auto con Navarro Cadiz y que sin ningún motivo comenzó a disparar. Ella permanece detenida acusada de encubrir a su padre en la huida.

Después de ser detenido en Uruguay, Navarro Cádiz admitió ante la justicia de ese país que estuvo en el auto Volkswagen Vento de donde salieron los disparos pero que él no los efectuó. Así lo dijo en declaraciones a un medio de aquel país el fiscal Juan Gómez. Se trata del funcionario judicial uruguayo que indagó al joven luego de la detención.

“A nosotros desde el punto de vista de nuestro trabajo no nos importa su participación en el hecho, pero él admite su participación. Eso es informalmente, lo que nos interesaba saber era si había entrado al país haciendo los trámites de migración y eso efectivamente ocurrió”, sostuvo Gómez, quien indicó que la declaración no tiene validez para la Justicia argentina.

El arma fue hallada ayer tras un allanamiento de la Policía Federal Argentina

El arma fue hallada ayer tras un allanamiento de la Policía Federal Argentina

La Policía Federal también llevó adelante un allanamiento en un departamento, propiedad de la mamá de Navarro Cádiz. Se trata de una vivienda en la calle Virrey Cevallos 215, donde hallaron y secuestraron varias armas de fuego y municiones: dos pistolas calibre .32 y .380 y rifles de aire comprimido.

Ayer, en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que ya no quedan sospechosos libres y que el clan cometió el crimen “por un código de sangre”. En cuanto al estado de salud de Olivares, el último parte médico preciso que “sigue siendo crítico” y “se mantienen todas las medidas de soporte vital”.

“En este momento está inestable con altos requerimientos de drogas vasoactivas, con los reemplazos de la función de órganos, reemplazo de la función respiratoria, de la función renal con diálisis, y el soporte hemodinámico para mantener su función cardiovascular”, dice el parte.

Infobae

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