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ANAHÍ BENÍTEZ: CASACIÓN ANULÓ EL JUICIO Y LA SENTENCIA POR EL FEMICIDIO

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La Sala I de Casación bonaerense anuló el juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 7 (TOC 7) de Lomas de Zamora, por el femicidio de Anahí Benítez, y por el cual había sido condenado a perpetua el único imputado, Marcos Bazán, el 27 de mayo de 2020.

El fallo de Casación, preopinado por el juez Daniel Carral y acordado por su par, Ricardo Maidana, y al que tuvo acceso Página/12, consideró arbitrarios los fundamentos en los cuales se basó el TOC 7, integrado por los jueces Roberto Lugones, Elisa López Moyano y Roberto Corti , para condenar a Bazán. Ordenó realizar un nuevo juicio ante un nuevo tribunal; anuló las seis investigaciones por falso testimonio iniciadas contra testigos de la defensa por considerarlas argumentos de presión de parte del TOC 7; dispuso que se revisara la situación de detención de Marcos Bazán; y ordenó que Marcelo Villalba, el otro imputado que permanece detenido, y que había sido apartado del juicio por orden del TOC 7 por considerarlo ininmputable, fuera convocado al nuevo juicio.

Anahí Benítez, de 16 años, fue hallada asesinada en la reserva de Santa Catalina de Lomas de Zamora, a unos 200 metros de la casa de Marcos Bazán, ubicada dentro de la misma reserva y donde el TOC 7 determinó que había sido retenida, drogada, violada y asesinada la adolescente el 3 de agosto de 2017.

El fallo de Casación analizó puntillosamente y demostró la intencionalidad del TOC 7 para formar pruebas que acusaran a Bazán, al punto de que en la fundamentación del veredicto desecharon todas las declaraciones de los peritos contrarias a la acusación contra Bazán, y utilizaron sólo las que convenían a la hipótesis de la fiscalía. Incluso, hubo peritos que en los fundamentos aparecieron declarando todo lo contrario que habían señalado como expertos.

Las enormes fallas encontradas en la actuación del TOC 7 resultan tan alevosas que es imposible suponer que se trata de errores básicos. “(…) los jueces utilizan como premisas de sus razonamientos -describe Carral en las primeras páginas- enunciados que directamente carecen de corroboración empírica (en especial, se apoyan en aseveraciones de la fiscalía que no fueron probadas), lo que invalida buena parte de sus conclusiones y, en definitiva, la justificación de toda la cadena de inferencias que condujo a la decisión final”.

“No se trata de la simple constatación de una excesiva utilización de preguntas aclaratorias -señala Carral respecto a las intervenciones de los jueces con sus preguntas durante las audiencias-, sino de una intervención activa en la producción de la prueba, destinada en algunos casos a la obtención de proposiciones fácticas que permitían acreditar elementos de la teoría del caso de la fiscalía, aunque también se constata, en otras ocasiones y al margen de la relevancia informativa que perseguían las preguntas del Tribunal, una inexplicable presión sobre ciertos testigos, que coartó de manera significativa su libertad para dar las respuestas.

“El perro no miente”

Demostró que el perro rastreador Bruno, que marcó la casa de Bazán como lugar donde permaneció Anahí, no había participado nunca en búsquedas con las características que presentaba este caso, pese a que el TOC 7, especialmente Lugones, pero también López Moyano, defendieron su “experiencia”. El adiestrador, Tula, había presentado certificados respaldatorios. Los jueces no los verificaron. Carral, sí. Solo leer los certificados para comprobar que no solo no coincidían con lo que se requería sino que, además, el certificado presentado por el único caso semejante al de la búsqueda del rastro de Anahí fue entregado a otro perro y otro adiestrador. Pese a eso, Lugones llega a elogiar la “experiencia” de Bruno citando un comentario de Tula respecto a su capacidad para detectar olores: “El perro no miente”.

El esfuerzo del TOC 7 por sostener a la dupla Bruno/Tula era axial: la acusación dependía de la prueba inicial, el marcado de la casa de Bazán por parte del perro. En esa línea es que Carral observó las insidiosas preguntas de Lugones (Carral enumeró siete), y alguna intervención respaldatoria de López Moyano, al perito especialista en toxicología y odorología forense Guillermo Cardini. El esfuerzo consistía en que Cardini reconociera como válida la selección de muestras en la casa, por parte del adiestrador Tula, cuando en la escena se encontraba un representante de la fiscalía y un integrante de la Policía Científica. Cardini insistía en que Tula no era quien para decidir qué muestras tomar.

Carral cita las preguntas:  ” ‘¿por qué habríamos de sugerirle [al entrenador] qué prendas serían las adecuadas?’, repreguntando sobre el mismo tema tres veces más“. Y añade que ante la posición inconmovible de Cardini, “el juez entonces le señaló al testigo ‘¿podría ser el caso que estando un fiscal y esta persona que usted dice de policía científica, quien sea el encargado de llevar adelante [el levantamiento de muestras sea el perito?] (…) que tácitamente dejen que [sea] el perito que supuestamente es el que más sabe ¿o no?’ “. Y como Cardini no bajaba de su posición, “el juez volvió a preguntar  si hay un fiscal y el jefe de policía científica y tenemos a este perito idóneo [entrenador], y no dicen nada y permiten que el perito trabaje ¿está mal?”.

El juez de Casación agrega que en el audio se escucha a la defensa que se opone a las preguntas, y es entonces que interviene López Moyano, presidenta del TOC 7 para respaldar a su colega Lugones.

Una testigo en problemas

La testigo Alejandra Granero, vecina de Bazán, no recordaba cierta circunstancia que sí había declarado en la instrucción. Entonces Carral subraya la intervención de López Moyano quien alegó que le daría la oportunidad a la testigo de ” ‘enderezar’ su declaración”. “Señora se le leyó la declaración de la fiscalía, ¿pudo haber dicho eso usted?” preguntó la presidenta del TOC 7, y Granero respondió “la verdad no recuerdo”. Carral describe que “la jueza se dirigió de nuevo a la testigo ‘pero usted lo firmó, y si usted lo firmó, pudo haberlo dicho?’ “.

Y luego aparece Lugones que insiste con preguntar a la testigo. Después de varias preguntas en las que Granero intentaba explicar cómo había sido su declaración en fiscalía, Lugones le dice “no lo recuerda y usted declara bajo juramento y está su firma, eso nos da alguna garantía a las personas como nosotros? Si está su firma ¿qué quiere decir eso?”.

Y finalmente Carral cita a Lugones que dice ” ‘la pregunta es, que si usted declaró ante la fiscalía y reconoce su firma y la fecha es del (…) ¿podemos de alguna manera confiar en esa declaración, que usted dijo? ¿o acostumbra mentir? Esa es la pregunta’, frente a lo que la testigo contestó ‘no, no, jamás’ “. El juez de Casación entendió que se trataba de una clara amenaza. De hecho, Granero fue una de las seis testigos sobre las que el TOC 7 ordenó una investigación por falso testimonio.

Lo sorprendente es que Carral detecta que nada de esto figuró en la fundamentación y solo redactaron: “se la impone de la contradicción (…) dijo que no lo recordaba, que pudo haberlo dicho, aclarando luego que el hecho de que esté su firma es confiable”.

Demostró además que no se aportaron pruebas de que Bazán y Villalba se conocieran. En sus fundamentos, el TOC 7 argumentó que sin dudas se conocían, a partir de la declaración de una exdirectora de la escuela a la que asistía Anahí, que había testimoniado que un sobrino suyo de 26 años (que curiosamente no fue citado al juicio por el Tribunal pero tampoco por la fiscalía) que había sido alumno de la escuela 12 años antes, le había dicho al ver a los acusados en televisión, que sus compañeros decían que Bazán (luego se corrigió y dijo que se refería a Villalba) vendía drogas en la puerta de la escuela y de la casa de la reserva. Carral consideró que no citar al sobrino al juicio pese a formar parte clave de la fundamentación, para corroborar la versión, forma parte de la intencionalidad de los jueces para sostener la prueba. Y que, de todos modos, la declaración de la exdirectora se refería a lo que le había dicho su sobrino de lo que ocurría 12 años antes en la escuela, según compañeros no individualizados y que habían hecho comentarios sin corroboración. Y por otro lado, en el análisis de esa prueba sin base, Carral encontró también fallas cronológicas, ya que si se hubiera probado que Villalba vendía drogas en la puerta de la casa 12 años antes (o sea, en 2008), no podía coincidir con Bazán, que recien se había mudado a esa casa de la reserva en 2013. Que de esa versión el preopinante Lugones haya confirmado que Bazán y Villalba se conocían fue considerado una arbitrariedad.

Cabe aclarar que Villalba había sido detenido porque en su poder se encontró el celular de la adolescente, y porque en el cuerpo de la víctima fue hallado su ADN. Villalba asistió como imputado a la primera audiencia y ya en la segunda el TOC 7 consideró que no podía ser enjuiciado por inimputabilidad y lo apartó del juicio. Ahora, Casación lo vuelve a citar como imputado. Se debe señalar, además, que en la fundamentación de los jueces del TOC7 Casación no encontró ninguna prueba válida entre todas las que argumentaron los jueces, para poder considerar culpable del femicidio a Bazán.

Horacio Cecchi
Por Horacio Cecchi

FUENTE : PAGINA 12

 

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LA JUSTICIA ARGENTINA IMPUTÓ POR TERRORISMO AL PILOTO IRANÍ DE UN AVIÓN VENEZOLANO VARADO EN BUENOS AIRES

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La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires.

FOTO TAPA : Gholamreza Ghasemi

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

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LA CORTE SUPREMA RECHAZARÍA LOS PLANTEOS DE CRISTINA KIRCHNER EN EL CASO DE LA OBRA PÚBLICA ENTREGADA A LÁZARO BÁEZ

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Será a pocos días de los alegatos en el juicio por los contratos concedidos al empresario en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista. Los delitos investigados son asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Si bien no parecerá una sorpresa para quienes siguen los movimientos judiciales, la noticia tendrá impacto político apenas quede firmada. Es que la Corte Suprema de Justicia se prepara en las próximas horas para responder los planteos que hizo la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en la causa por por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Todos los indicios señalan que el máximo tribunal rechazaría los planteos, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión estará en manos de los integrantes del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que apenas unos días antes de que aquel juicio se iniciara, en mayo de 2019, cuando nada hacía prever que Cristina Kirchner anunciara su regreso a la fórmula presidencial y pusiera el nombre de Alberto Fernandez para el titular del Ejecutivo, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que le remitieran el expediente para analizar las impugnaciones de los acusados. En aquel momento, se especuló con que el juicio no se iniciara y la noticia provocó revuelo. Rápidamente, la Corte devolvió el expediente y los jueces dieron inicio al debate, con Cristina Kirchner, y sentada en el banquillo de los acusados. “El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite”, dijo en aquel momento el tribunal.

Son varias las impugnaciones (ocho al menos) que la defensa de la vicepresidenta planteó contra su acusación. Entre ellos aparece un recurso de queja contra un rechazo a diversas medidas de prueba tras un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, el antecedente de un sobreseimiento en Santa Cruz y otro porque se le impidió un peritaje más amplio sobre las obras que tomó como base la acusación. Es que sólo se analizaron cinco de las 51 obras bajo la lupa.

La versión de que la Corte Suprema rechace los recursos de la vicepresidenta no resultará una sorpresa para su entorno. No solo porque la ex jefa de Estado está convencida que existe “lawfare” en su contra. Es que hay otros fallos sobre los que se pronunció el máximo tribunal que podían servirle de vaticinio: el 16 de diciembre de 2021, el mismo día en que declaró la inconstitucionalidad del hoy ya viejo Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri, en la causa que investigaba el presunto desvío de fondos del ex gobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015. El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. En esa causa tampoco se vio un gravamen irreparable que pudiera habilitar la revisión del máximo tribunal.

Los jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y RosenkrantzLos jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz

La Corte Suprema tenía decidido resolver los planteos en el juicio de la obra pública antes de que el debate llegara a su final. Precisamente, ese debate entró en etapa de definiciones: los alegatos comenzarán el 11 de julio próximo. La Oficina Anticorrupción ya no será parte del debate porque la semana pasada anunció que se retiraba del proceso y por lo tanto de la eventual acusación. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el organismo que dirige Felix Crous ya había decidido renunciar a todas las querellas de la causas en trámite contra la Vicepresidenta y sus hijos

Este el único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex jefa de Estado. El debate comenzó en mayo de 2019, apenas días después de que Cristina Kirchner anunciara la formula presidencial con Alberto Fernández. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas. Entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. La imputación es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular porque se otorgaron con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Después de tres años de juicio oral, el TOF a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso terminó con la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos. El orden de acusaciones empezaba con la Unidad de Información Financiera y luego con la Oficina Anticorrupción -que ya se retiró- y después le tocará al fiscal Diego Luciani, que guarda bajo siete llaves los detalles de la lectura de pruebas que hará el Ministerio Público sobre el trámite de la causa. Será el momento en que se defina si la fiscalía acusa a la vicepresidenta. Los delitos en juego hacen pensar que podría pedirse una pena de entre los 5 y 16 años de prisión. Luego hablarán las defensas para rechazar las imputaciones. Se estima que el veredicto podría llegar antes de fin de año.

Quizás el momento más recordado del debate hasta ahora haya sido el día que le tocó declarar a Cristina Kirchner como imputada. Fue en diciembre de 2019, una semana antes de regresar al poder. “Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dijo parándose y dando por terminada su declaración ante la mirada incrédula de los miembros del tribunal. Luciani insistió en saber si la imputada iba a responder preguntas. La ex presidenta volvió sobre sus pasos, se acercó al micrófono y respondió: ” ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

 

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LA CORTE SUPREMA DECLARÓ INCOMPETENTE AL JUEZ KREPLAK

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El juez federal Ernesto Kreplak fue desplazado de la intervención del Soeme y expuesto por mal desempeño de funciones, luego de que el Máximo Tribunal determinara que “excedió el marco de su competencia” y que “sus decisiones no deben proyectarse sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

Declararon incompetente al juez federal Ernesto Kreplak para intervenir el Sindicato de Obreros y Empleados de Educación y Minoridad (Soeme). Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia poniendo un límite al avasallamiento y persecución sindical llevada adelante por este juez que operó como un “Kapo” colaboracionista de la “Gestapo” antisindical macrista.

De esta manera se confirma que la intervención impulsada por Ernesto Kreplak el 29 de enero del 2018 al Soeme fue un violento atentado contra la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional y los artículos 1 a 9 de la Ley 23.551. Representó, al mismo tiempo, la neutralización de la representación de los trabajadores en las negociaciones paritarias con los distintos perjuicios que de ello se deriva. Se trató, como se expone, de un verdadero copamiento arbitrario de un sindicato por parte de un juez sin competencia en la materia.

El documento de la sentencia de la Corte Suprema indica: “En la presente causa se ha suscitado un conflicto entre una magistrada nacional ordinaria (jueza Analía Vigano del Juzgado de Tra­bajo nº 31) y un magistrado federal con asiento en una Provincia (Ernesto Kreplak) . En tanto, la primera sostuvo que las cuestiones relacionadas con la normalización de la entidad sindical son de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación y le solicitó al juez federal que se abstuviera de involucrarse en ellas”.

Ante el conflicto judicial y las reiteradas denuncias por parte de las integrantes de la comisión directiva desplazada del Soeme, Alicia Mercedes Velich y Mirta Susana Mariño, el máximo tribunal de Justicia determinó que “el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

De este modo, se confirma que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, abusando de su poder jurisdiccional, arremetió contra la libertad, la autonomía y la democracia sindical. Arbitrariamente decidió desconocer los mandatos establecidos de forma democrática a través del voto de los afiliados sin tomar en cuenta la reglamentación estatutaria de la propia entidad.

Diario Hoy habló esta mañana con el abogado Alejandro Belfer y destacó que el juez Kreplak cometió “prevaricato”, agregando que tampoco “va a quedar así” ya que iniciarán acciones contra el magistrado por tomar decisiones arbitrarias respecto a la intervención del sindicato SOEME.

A su vez, agregó también que la decisión está tomada y no existe ningún tipo de apelación para que se revierta la resolución tomada por la Corte Suprema.

El expediente

La causa contra el Soeme se inició por un requerimiento de la AFIP entre el 2012 y 2013, para poder disponer de toda la documentación relevante al manejo del sindicato, en el contexto de una de las tantas inspecciones que suele realizar la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Sin embargo, fue la misma AFIP la que tiempo después reconoció ante el Juzgado 3 de La Plata que encabeza Ernesto Kreplak, que no existía ningún tipo de interés fiscal, es decir que no había ninguna pretensión fiscal pendiente de satisfacción por parte de la entidad sindical (Soeme). Pese a ello, el juez optó por darle un giro a la investigación, desnudó su verdadero objetivo procesal, y direccionó la investigación de forma arbitraria y persecutoria.

Repasando el expediente que constituyó parte de la causa, el 15 de abril de 2019 la jueza laboral Analía Vigano hizo lugar al pedido de la parte actora y le solicitó al juez federal que se abstuviera “de intervenir en las controversias inherentes a la vida interna de la asociación gremial, como lo constituye en el caso la normalización de la misma mediante el llamado a elecciones de los afiliados, lo que resulta de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y, en su caso, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

Ese mismo día, el juez federal dispuso el llamado a elecciones para cargos directivos del Soeme a celebrarse el 5 de agosto siguiente, sin considerar el pedido de la jueza. El 17 de julio de 2019, ante un nuevo planteo de las actoras, la jueza laboral resolvió, con el carácter de medida cautelar, suspender las elecciones convocadas por el juez federal señalando que “este había excedido el marco de su competencia al involucrarse en ese tipo de cuestiones inherentes a la vida interna de la asociación gremial”. Pese a ello, el 5 de agosto se llevaron a cabo las elecciones.

“Y el 4 de septiembre siguiente el juez federal rechazó el planteo inhibitorio y remitió el incidente ante esta Corte, dando noticia a su par del fuero laboral, quien también remitió a este Tribunal las actuaciones que obraban en su poder”, continúa el documento.

Finalmente, ante una nueva petición efectuada por Velich y Mariño, y también por el ministerio de Trabajo de la Nación, quien sostuvo que las autoridades electas no habían podido asumir sus funciones en virtud del conflicto jurisdiccional que estaba pendiente de decisión ante la Corte, el 5 de mayo de 2020 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decretó, con el carácter de “medida cautelar innovativa”, la intervención del sindicato y, por ende, la suspensión provisoria en el ejercicio de sus funciones de la totalidad de las autoridades electas.

Ante dichas circunstancias, la Corte determinó que “al respecto, se aprecia que el argumento que fue invocado por el juez federal para disponer la intervención del Soeme, en modo alguno pudo dar sustento a una actuación de ese magistrado que fuera más allá de tales cometidos avanzando sobre la normalización del sindicato intervenido”. Y que “claramente asistió la razón a la jueza laboral al señalar que es la autoridad administrativa del trabajo a quien compete en exclusiva el control de las asociaciones sindicales la que está legalmente facultada para adoptar medidas tendientes a la normalización de un sindicato a través de la convocatoria a elecciones”.

“En tal sentido, el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado.”, finaliza la sentencia.

Una amenaza a la libertad gremial

La maniobra de Kreplak resultó una verdadera amenaza para todas las organizaciones gremiales que se rigen por sus estatutos, elecciones internas y por el mandato soberano de sus afiliados. De no haber sido denunciado Kreplak, el caso del copamiento del Soeme habría podido ser el primero de muchos otros casos en los que un juez federal decidiera tomar un sindicato para elegir de forma autoritaria sus destinos, expulsando a las autoridades debidamente electas y designando en su reemplazo a quienes su antojo le indicara.

Este fallo reviste un inconmensurable interés institucional pues constituye un precedente que permitirá evitar futuros intentos de intervención a otros sindicatos u organizaciones gremiales pudiendo aquellas tomar el caso del Soeme como ejemplo de lo que no debe ocurrir entre la Justicia penal y la libertad sindical.

El logro obtenido para salvaguardar las libertades sindicales en el Soeme tiende a ser una victoria de toda la clase sindical argentina ante el atropello, abuso de autoridad y el desconocimiento de las normas estatutarias que rigen la actividad y el funcionamiento de un gremio por parte de un juez federal que desnudó su ignorancia y dejó expuesta su animosidad encarnizada contra el ingeniero Marcelo Balcedo, que se encuentra cada vez más cerca de recuperar la conducción del Soeme.

FUENTE : DIAROIOHOY.NET

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