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ANAHÍ BENÍTEZ: CASACIÓN ANULÓ EL JUICIO Y LA SENTENCIA POR EL FEMICIDIO

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1 año ago

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La Sala I de Casación bonaerense anuló el juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 7 (TOC 7) de Lomas de Zamora, por el femicidio de Anahí Benítez, y por el cual había sido condenado a perpetua el único imputado, Marcos Bazán, el 27 de mayo de 2020.

El fallo de Casación, preopinado por el juez Daniel Carral y acordado por su par, Ricardo Maidana, y al que tuvo acceso Página/12, consideró arbitrarios los fundamentos en los cuales se basó el TOC 7, integrado por los jueces Roberto Lugones, Elisa López Moyano y Roberto Corti , para condenar a Bazán. Ordenó realizar un nuevo juicio ante un nuevo tribunal; anuló las seis investigaciones por falso testimonio iniciadas contra testigos de la defensa por considerarlas argumentos de presión de parte del TOC 7; dispuso que se revisara la situación de detención de Marcos Bazán; y ordenó que Marcelo Villalba, el otro imputado que permanece detenido, y que había sido apartado del juicio por orden del TOC 7 por considerarlo ininmputable, fuera convocado al nuevo juicio.

Anahí Benítez, de 16 años, fue hallada asesinada en la reserva de Santa Catalina de Lomas de Zamora, a unos 200 metros de la casa de Marcos Bazán, ubicada dentro de la misma reserva y donde el TOC 7 determinó que había sido retenida, drogada, violada y asesinada la adolescente el 3 de agosto de 2017.

El fallo de Casación analizó puntillosamente y demostró la intencionalidad del TOC 7 para formar pruebas que acusaran a Bazán, al punto de que en la fundamentación del veredicto desecharon todas las declaraciones de los peritos contrarias a la acusación contra Bazán, y utilizaron sólo las que convenían a la hipótesis de la fiscalía. Incluso, hubo peritos que en los fundamentos aparecieron declarando todo lo contrario que habían señalado como expertos.

Las enormes fallas encontradas en la actuación del TOC 7 resultan tan alevosas que es imposible suponer que se trata de errores básicos. “(…) los jueces utilizan como premisas de sus razonamientos -describe Carral en las primeras páginas- enunciados que directamente carecen de corroboración empírica (en especial, se apoyan en aseveraciones de la fiscalía que no fueron probadas), lo que invalida buena parte de sus conclusiones y, en definitiva, la justificación de toda la cadena de inferencias que condujo a la decisión final”.

“No se trata de la simple constatación de una excesiva utilización de preguntas aclaratorias -señala Carral respecto a las intervenciones de los jueces con sus preguntas durante las audiencias-, sino de una intervención activa en la producción de la prueba, destinada en algunos casos a la obtención de proposiciones fácticas que permitían acreditar elementos de la teoría del caso de la fiscalía, aunque también se constata, en otras ocasiones y al margen de la relevancia informativa que perseguían las preguntas del Tribunal, una inexplicable presión sobre ciertos testigos, que coartó de manera significativa su libertad para dar las respuestas.

“El perro no miente”

Demostró que el perro rastreador Bruno, que marcó la casa de Bazán como lugar donde permaneció Anahí, no había participado nunca en búsquedas con las características que presentaba este caso, pese a que el TOC 7, especialmente Lugones, pero también López Moyano, defendieron su “experiencia”. El adiestrador, Tula, había presentado certificados respaldatorios. Los jueces no los verificaron. Carral, sí. Solo leer los certificados para comprobar que no solo no coincidían con lo que se requería sino que, además, el certificado presentado por el único caso semejante al de la búsqueda del rastro de Anahí fue entregado a otro perro y otro adiestrador. Pese a eso, Lugones llega a elogiar la “experiencia” de Bruno citando un comentario de Tula respecto a su capacidad para detectar olores: “El perro no miente”.

El esfuerzo del TOC 7 por sostener a la dupla Bruno/Tula era axial: la acusación dependía de la prueba inicial, el marcado de la casa de Bazán por parte del perro. En esa línea es que Carral observó las insidiosas preguntas de Lugones (Carral enumeró siete), y alguna intervención respaldatoria de López Moyano, al perito especialista en toxicología y odorología forense Guillermo Cardini. El esfuerzo consistía en que Cardini reconociera como válida la selección de muestras en la casa, por parte del adiestrador Tula, cuando en la escena se encontraba un representante de la fiscalía y un integrante de la Policía Científica. Cardini insistía en que Tula no era quien para decidir qué muestras tomar.

Carral cita las preguntas:  ” ‘¿por qué habríamos de sugerirle [al entrenador] qué prendas serían las adecuadas?’, repreguntando sobre el mismo tema tres veces más“. Y añade que ante la posición inconmovible de Cardini, “el juez entonces le señaló al testigo ‘¿podría ser el caso que estando un fiscal y esta persona que usted dice de policía científica, quien sea el encargado de llevar adelante [el levantamiento de muestras sea el perito?] (…) que tácitamente dejen que [sea] el perito que supuestamente es el que más sabe ¿o no?’ “. Y como Cardini no bajaba de su posición, “el juez volvió a preguntar ‘ si hay un fiscal y el jefe de policía científica y tenemos a este perito idóneo [entrenador], y no dicen nada y permiten que el perito trabaje ¿está mal?”.

El juez de Casación agrega que en el audio se escucha a la defensa que se opone a las preguntas, y es entonces que interviene López Moyano, presidenta del TOC 7 para respaldar a su colega Lugones.

Una testigo en problemas

La testigo Alejandra Granero, vecina de Bazán, no recordaba cierta circunstancia que sí había declarado en la instrucción. Entonces Carral subraya la intervención de López Moyano quien alegó que le daría la oportunidad a la testigo de ” ‘enderezar’ su declaración”. “Señora se le leyó la declaración de la fiscalía, ¿pudo haber dicho eso usted?” preguntó la presidenta del TOC 7, y Granero respondió “la verdad no recuerdo”. Carral describe que “la jueza se dirigió de nuevo a la testigo ‘pero usted lo firmó, y si usted lo firmó, pudo haberlo dicho?’ “.

Y luego aparece Lugones que insiste con preguntar a la testigo. Después de varias preguntas en las que Granero intentaba explicar cómo había sido su declaración en fiscalía, Lugones le dice “no lo recuerda y usted declara bajo juramento y está su firma, eso nos da alguna garantía a las personas como nosotros? Si está su firma ¿qué quiere decir eso?”.

Y finalmente Carral cita a Lugones que dice ” ‘la pregunta es, que si usted declaró ante la fiscalía y reconoce su firma y la fecha es del (…) ¿podemos de alguna manera confiar en esa declaración, que usted dijo? ¿o acostumbra mentir? Esa es la pregunta’, frente a lo que la testigo contestó ‘no, no, jamás’ “. El juez de Casación entendió que se trataba de una clara amenaza. De hecho, Granero fue una de las seis testigos sobre las que el TOC 7 ordenó una investigación por falso testimonio.

Lo sorprendente es que Carral detecta que nada de esto figuró en la fundamentación y solo redactaron: “se la impone de la contradicción (…) dijo que no lo recordaba, que pudo haberlo dicho, aclarando luego que el hecho de que esté su firma es confiable”.

Demostró además que no se aportaron pruebas de que Bazán y Villalba se conocieran. En sus fundamentos, el TOC 7 argumentó que sin dudas se conocían, a partir de la declaración de una exdirectora de la escuela a la que asistía Anahí, que había testimoniado que un sobrino suyo de 26 años (que curiosamente no fue citado al juicio por el Tribunal pero tampoco por la fiscalía) que había sido alumno de la escuela 12 años antes, le había dicho al ver a los acusados en televisión, que sus compañeros decían que Bazán (luego se corrigió y dijo que se refería a Villalba) vendía drogas en la puerta de la escuela y de la casa de la reserva. Carral consideró que no citar al sobrino al juicio pese a formar parte clave de la fundamentación, para corroborar la versión, forma parte de la intencionalidad de los jueces para sostener la prueba. Y que, de todos modos, la declaración de la exdirectora se refería a lo que le había dicho su sobrino de lo que ocurría 12 años antes en la escuela, según compañeros no individualizados y que habían hecho comentarios sin corroboración. Y por otro lado, en el análisis de esa prueba sin base, Carral encontró también fallas cronológicas, ya que si se hubiera probado que Villalba vendía drogas en la puerta de la casa 12 años antes (o sea, en 2008), no podía coincidir con Bazán, que recien se había mudado a esa casa de la reserva en 2013. Que de esa versión el preopinante Lugones haya confirmado que Bazán y Villalba se conocían fue considerado una arbitrariedad.

Cabe aclarar que Villalba había sido detenido porque en su poder se encontró el celular de la adolescente, y porque en el cuerpo de la víctima fue hallado su ADN. Villalba asistió como imputado a la primera audiencia y ya en la segunda el TOC 7 consideró que no podía ser enjuiciado por inimputabilidad y lo apartó del juicio. Ahora, Casación lo vuelve a citar como imputado. Se debe señalar, además, que en la fundamentación de los jueces del TOC7 Casación no encontró ninguna prueba válida entre todas las que argumentaron los jueces, para poder considerar culpable del femicidio a Bazán.

Horacio Cecchi
Por Horacio Cecchi

FUENTE : PAGINA 12

 

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El fiscal Guillermo Marijuán pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner en “La ruta del dinero K”

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1 semana ago

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25 mayo, 2023

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El fiscal Guillermo Marijuán solicitó al juez Sebastián Casanello que sobresea a Cristina Kirchner en la investigación por lavado de dinero en la que ya fue condenado Lázaro Báez.

El caso, conocido como La ruta del dinero K, comenzó en abril de 2013. Una parte fue objeto de un juicio oral y público en el que el ex bancario devenido en empresario de la construcción y millonario luego de que su amigo Néstor Kirchner llegara a la presidencia fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a 12 años de prisión.

La Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal redujo en febrero pasado la condena de Báez a diez años de prisión. Y con ello confirmó la existencia de una estructura de lavado que sacó dinero negro del país para transformarlo en lícito. La suma por la que Báez fue condenado es de 65 millones de dólares.

En un remanente de la causa que no se había elevado a juicio oral, la Vicepresidenta había sido indagada y el juez Casanello le había dictado la falta de mérito. El fiscal Marijuán pidió una serie de medidas de prueba y luego del resultado decidió solicitar el sobreseimiento de quien fuera presidente de la Nación entre 2007 y 2015.

Es decir, sostuvo que la operación de lavado de dinero que organizó Báez existió, pero que Cristina Kirchner no estuvo involucrada. Para Marijuán no quedan dudas de la estrecha relación entre la ex mandataria y Báez. Enumeró las operaciones comerciales -negocios- que realizaron ambos y se refirió a algo que se demostró en la causa: la existencia de decenas de llamados entre ambos. El fiscal señaló que a partir de un cruce telefónico ordenado en la causa se determinó que hubo “372 comunicaciones” entre Báez y Cristina Fernández de Kirchner (y sus colaboradores cercanos) entre octubre de 2010 y abril de 2013.

La ex presidenta había sido imputada en el caso luego de la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña, quien confesó haber lavado dinero para Báez. Y sitió temporalmente esas operaciones luego de la muerte de Néstor Kirchner, sucedida el 27 de octubre de 2010. En un tramo de la declaración, Fariña había dicho: “…Me llama Lázaro que vaya a Carabelas -donde estaban las oficinas de Austral Construcciones la empresa madre del grupo Báez-, voy a Carabelas, me atiende solo y me dice que había venido de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos…”.

Guillermo Marijuán (Adrián Escandar)Guillermo Marijuán (Adrián Escandar)

“La realidad es que, a diferencia de otros empresarios, más allá del negocio que tenía en común Néstor Kirchner con Lázaro Báez, Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios y cuando Néstor muere, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía. Esto me lo contó Lázaro Báez a mí, como se lo contaba a un montón de personas. Por este motivo, los primeros movimientos de dinero al exterior se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner. Porque ella junto con su hijo fueron golpeando a los empresarios más emblemáticos amigos del marido reclamando lo que teóricamente era de él, y ahí es donde viene el cortocircuito entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, había declarado Fariña, quien también fue condenado en el juicio oral y público.

A partir de aquella declaración y de datos aportados al expediente tanto de la Unidad de Información Financiera (UIF) como de la Oficina Anticorrupción (OA), pidieron como querellantes -durante el gobierno de Mauricio Macri– la indagatoria de Cristina Kirchner. Marijuán, en tanto, también había pedido la indagatoria. El juez Casanello había rechazado estos pedidos. Fue la Sala II de la Cámara Federal porteña la que ordenó la indagatoria de la titular del Senado. En septiembre de 2018, la ex presidenta fue indagada y negó los cargos en su contra. En noviembre de 2018, el juez le dictó la falta de mérito y ordenó varas medidas de prueba. Y Marijuán solicitó otras -entre las que se halla el cruce de llamados- que se produjeron.

El fiscal se refirió también a la condena que recayó sobre Cristina Kirchner y Báez -entre otros- por la adjudicación amañada de obra publica vial a las empresas constructoras del empresario. La ex jefa de Estado fue condenada por el delito de administración fraudulenta a la pena de seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal 2. La sentencia fue apelada.

En su dictamen, al que accedió Infobae, Marijuán señaló: “Claramente, esta sentencia ratifica que el dinero ilícito de Lázaro Antonio Báez provenía mayoritariamente de la asignación irregular de obra pública con la que fue beneficiado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”.

Lázaro Báez fue condenado por lavado de dineroLázaro Báez fue condenado por lavado de dinero

Fue entonces cuando el fiscal criticó el fallo dictado por dos jueces de Casación al momento de revisar la condena de Báez y el resto de los imputados en el caso de lavado de dinero: “Frente a ello, el voto mayoritario de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la resolución que analizaré en adelante, que no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro Báez y la evasión fiscal de su ‘patrimonio’, obviando el nexo del lavado de dinero con la obra pública vial, resulta a todas luces desacertado. Ello por cuanto, si bien la evasión fiscal también ha sido sostenida por el suscripto como delito precedente de las conductas de lavado de Báez, anular como tal a la asignación irregular de obra pública, es esconder una realidad innegable”.

Sobre aquel fallo de febrero, Marijuán sostuvo: “En efecto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el pasado 28 de febrero del año en curso, sentenció confirmar las condenas de Lázaro Báez y la mayoría del resto de los implicados. Sin embargo, estableció como delito precedente ya no la adjudicación irregular de obra pública direccionada sino la evasión fiscal. Esta particular y desafortunada consideración del delito precedente que sostiene la postura mayoritaria de la Sala IV -Dres. Mariano Borinsky y Angela Ledesma-, que no es compartida por el Dr. Javier Carbajo que insiste y reproduce los fundamentos que hubo de brindar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 en la condena de todas estas personas, desde mi punto de vista también influye directamente en la desvinculación de Cristina Fernández en esta causa. Ello pues, si se considera que la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de ‘exportar’ millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor, se aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero aunque no influya en las consideraciones y fundamentos que se efectuaron en punto al fraude contra el Estado Nacional en la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2″.

Para Marijuán los “desafortunados votos” de Borinsky y Ledesma respecto del delito precedente al lavado, le hicieron replantear las medidas de prueba que pidió y el fondo de la situación.

El fiscal resumió la situación del caso en en su dictamen: “A modo de conclusión, reiterando algunos conceptos, vemos que desde las manifestaciones del imputado colaborador Leonardo Fariña se han reunido pruebas que, incuestionablemente, sostuvieron el estado de sospecha que llevo a la indagatoria de Cristina Elisabet Fernández. Sin embargo, el innegable vínculo con Lázaro Báez junto con quien se encuentra condenada ante este fuero federal, por sí sólo no permite avanzar en su procesamiento y menos aún en un juicio oral con la consiguiente elevación a un tribunal colegiado de esto obrados para, de esta forma, debatir si la nombrada ha sido instigadora, coautora o partícipe de la maniobra de lavado de dinero que se investiga en autos”.

Y agregó: “También como afirmé, el sobreseimiento que en esta ocasión propicio respecto de la ex presidenta, en nada conmueve otras situaciones procesales en expedientes en trámite. Es más, hay pruebas ahora colectadas a instancias del suscripto que demuestran un vínculo que va más allá de una relación de amistad o conocimiento entre Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández. En esto deseo destacar, aun cuando quede comprendido por el propio estado de sospecha establecido en esta pesquisa, que las visitas de Lázaro Báez a Cristina Fernández en la Quinta de Olivos y la circunstancia que la contactara telefónicamente de manera directa o por sus secretarios privados en más de 300 oportunidades, son una prueba cabal sobre estos aspectos que, indudablemente, deberán confrontarse con otros sucesos críticos o momentos consumativos en otras investigaciones”.

Leonardo Fariña, arrepentido y condenado por lavadoLeonardo Fariña, arrepentido y condenado por lavado

El fiscal resaltó lo sucedido en algunas fechas específicas: “En particular y estas pruebas en concreto, hay algunas que me llaman la atención. Así tenemos, como dije, que el día 2 de diciembre de 2010 Lázaro Báez concurrió a la Residencia Presidencial de Olivos donde residía Cristina Fernández. También se encuentra probado que con fecha 20 de diciembre de 2010, el nombrado recibió una llamada telefónica de un abonado correspondiente a la Residencia de Olivos. Ambos eventos, por el momento en que acontecen, coinciden con la ubicación temporal brindada por Fariña cuando afirmó que la ex Presidenta Cristina Fernández le dijo a Lázaro Báez que tenía conocimiento sobre el movimiento de fondos al exterior. Estos datos concretos de la visita a Olivos y del llamado telefónico recibido, ahora reconstruidos probatoriamente, vienen a sostener la afirmación de Leonardo Fariña pero, con ello también, se revitaliza el aspecto que agregó el imputado colaborador en cuanto a que Lázaro Báez le negó a Cristina Fernández todo aquello que tenía que ver con el movimiento al exterior de las divisas con el que se perpetraba parte del lavado de dinero”.

“En suma, -señaló Marijuán- la prueba de los eventos señalados -llamada telefónica y visita a Olivos- acerca a la cuestión del lavado de dinero a Cristina Fernández al sostener la versión de Fariña pero, de algún modo, la aleja y no logra responsabilizarla penalmente. Aun soslayando o dejando por un momento de lado el anterior razonamiento o conclusión, podríamos dar otro enfoque a la cuestión y preguntarnos por qué Cristina Elisabet Fernández se interesó en esos montos de dinero que se sacaban por Lázaro Báez y otras personas del país. Así, teniendo en cuenta la condena por fraude al Estado Nacional con la adjudicación irregular de obra pública – causa “Vialidad”- podría pensarse como una hipótesis que Cristina Fernández le preguntaba a Lázaro Báez por la exportación de divisas ya que podría haber estado interesada en el producto o destino del dinero obtenido por aquel fraude. Aun así, en esta hipótesis, tampoco el interrogatorio de Cristina Fernández a Lázaro Báez me permite situarla en el lavado de dinero que es el objeto de este proceso con la fuerza probatoria que vaya más allá de una sospecha. Todo ello claro está, sin perjuicio de otras valoraciones que puedan hacerse en otros procesos de las innumerables comunicaciones telefónicas, así como de las visitas personales a la ex presidenta”. Fue por ello que pidió el sobreseimiento.

Infobae

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Judiciales

Ataque a Cristina Kirchner: la jueza rechazó secuestrar el celular de Gerardo Milman por no estar imputado

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3 semanas ago

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15 mayo, 2023

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Se levantó el secreto de sumario en la causa que investiga el atentado a la Vicepresidenta y ordenaron analizar el nuevo teléfono secuestrado de una de las asesoras del diputado
Patricia Blanco

Por Patricia Blanco

Gerardo Milman, diputado del PRO (Maximiliano Luna)Gerardo Milman, diputado del PRO (Maximiliano Luna)

La causa por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner deberá definir en los próximos días si se manda a juicio a los tres detenidos por el intento de homicidio. Pero mientras tanto, la discusión por estas horas pasa por el avance de la llamada pista Casablanca, abierta desde que un asesor legislativo del Frente de Todos dijo 20 días después del atentado que oyó al diputado Gerardo Milman decir 48 horas antes del hecho “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Y ahora la novedad pasa porque el fiscal federal Carlos Rívolo solicitó el secuestro del celular del allegado a Patricia Bullrich luego de una nueva declaración de una asesora del diputado que contó cómo le habían borrado el teléfono. La jueza María Eugenia Capuchetti, sin embargo, le dijo que no: aseguró que en base a la propia postura del Ministerio Público Milman no está imputado, que hay un criterio restrictivo para investigar las comunicaciones de legisladores y que para secuestrarle el teléfono se necesitaría un proceso de desafuero.

“Por todo lo expuesto, no ha lugar a la medida de secuestro del celular del Diputado Nacional Gerardo Milman”, sostuvo Capuchetti en la resolución a la que accedió Infobae, luego de de enumerar que “los datos objetivos incorporados con la nueva declaración de la testigo solo ahondan en sus inconsistencias relativas a los detalles del borrado del teléfono, circunstancia ya conocida en autos y valorada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) oportunamente, sin que se brinden nuevos datos relativos a los hechos aquí investigados”.

Según la jueza, “el cuadro probatorio con el que se cuenta no permite superar los tamices de necesidad, adecuación y proporcionalidad demarcados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que operan como principios rectores para decidir sobre la procedencia de una injerencia del tenor de las solicitadas”.

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Pero, además, la magistrada reseñó que para hacer lugar al secuestro del teléfono de un diputado o “toda otra diligencia relativa a sus ‘comunicaciones’, como ser obtener el registro de llamadas entrantes y salientes, deberá efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador”.

“Imputación que tampoco surge del dictamen del MPF, que en su última intervención razonó: ‘hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado’”, agregó.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo el día que le tomaron declaración a Cristina Kirchner en su casa, horas después del ataque (Maximiliano Luna)La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo el día que le tomaron declaración a Cristina Kirchner en su casa, horas después del ataque (Maximiliano Luna)

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, Milman quiso acceder a la causa cuando el expediente en los últimos días y esa fue la respuesta que rechazó su pedido.

Todo esto se conoció ahora, cuando en la causa se levantó el secreto de sumario que se había impuesto el lunes pasado a raíz de la declaración de Ivana Bohdziewicz, una de las secretarias del diputado Gerardo Milman, que reapareció en la causa para confirmar que había borrado su teléfono porque no quería que se filtraran sus fotos íntimas y que para ello se había asesorado. Bohdziewicz afirmó que su amiga y compañera de trabajo Carolina Gómez Mónaco la llevó hasta una oficina de la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, en donde estaban Milman y un perito, para realizar el borrado del contenido del teléfono. Y detalló que su amiga tenía otro teléfono. En base a eso, y tal como reveló Infobae la semana pasada, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró ese segundo equipo en un procedimiento que se hizo a metros del obelisco en la noche del miércoles.

En base a eso, el fiscal solicitó una serie de medidas de prueba: reclamó analizar las comunicaciones del segundo teléfono de Gómez Mónaco, proceder al secuestro del teléfono de Milman y entrecruzar las comunicaciones entre los cuatro imputados hasta ahora (los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo y la joven Agustina Díaz) y las de la Milman y sus dos asesoras.

“En virtud de lo declarado, y teniendo en cuenta que existía la sospecha de que el Diputado Nacional Milman podría haber convocado a sus colaboradoras con el objeto de borrar o intentar borrar información que podría ser de interés para la presente investigación, era que correspondía incoar la medida de secuestro” de su celular, señaló la fiscalía.

Abordada la cuestión, la jueza solo habilitó el análisis del teléfono de Gómez Mónaco. Según escribió, el foco debe estar puesto en “las conversaciones y/o material digital orientado a la comprobación de la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Jorge A. Abello, habría proferido el Diputado Nacional, Gerardo Milman, el pasado 30/08/22 en el restaurante Casablanca y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado contra la Vicepresidenta de la Nación, acontecido el 1° de septiembre de 2022″. El análisis debe ser sobre comunicaciones entre el 01/07/22 y el 01/12/22, no hasta ahora como pedía la fiscalía. Y “con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”

Para Capuchetti, “si la hipótesis del acusador público para secuestrar el teléfono de Gómez Mónaco fue que dicho dispositivo sería aquel que, en ocasión de los eventos narrados por Bohdziewicz, fue suplantado por los aparatos que luego aquella aportó voluntariamente a la instrucción, nada conduce a apartarse del marco temporal oportunamente fijado por la Alzada y resultaría irrazonable pesquisar los cinco meses de intervalo hasta el 10/05/23″. Sobre los entrecruzamientos, la jueza entendió que Rívolo ya contaba con el material de entradas y salientes de lo cuatro acusados durante el período solicitado para realizar un cotejo inicial.

Ivana Bohdziewicz, frente al celular, y a su lado Carolina Gómez Monaco, el día 1 de diciembre cuando entregaron sus teléfonos en la fiscalía. La primera dijo allí que había borrado su teléfono porque no quería que se filtraran sus fotos. La segunda que había cambiado el equipo pero podía entregar el viejoIvana Bohdziewicz, frente al celular, y a su lado Carolina Gómez Monaco, el día 1 de diciembre cuando entregaron sus teléfonos en la fiscalía. La primera dijo allí que había borrado su teléfono porque no quería que se filtraran sus fotos. La segunda que había cambiado el equipo pero podía entregar el viejo

En su resolución, la jueza subrayó las diferentes versiones dadas por Ivana Bohdziewicz, que incluso llevaron a la querella a pedirle la indagatoria cuando apareció en sus teléfonos el mensaje “Día Festivo” el 1 de septiembre de 2022, sin advertir que esa es la forma en la que el calendario de Google registra un feriado no catalogado y que el equipo tenía sincronizado un huso horario que no era de Argentina. El 2 de septiembre el Ejecutivo decretó feriado nacional por la gravedad del intento de homicidio que había tenido lugar en la noche del 1 de septiembre, cuando Sabag Montiel gatilló, sin que el tiro saliera, en la cara de la vicepresidenta en la puerta de su casa. También cuando se encontró una charla que decía “chicas borren todo” de un grupo de Whatsapp de la oficina, días antes del atentado.

La jueza resaltó que en todas sus versiones la joven aseguró que no habló del atentado y que anteriormente subrayó que el teléfono se había borrado por su propia decisión. Subrayó que tampoco surgió nada del análisis de los celulares hechos por la DATIP y la PSA. “Si el MPF entiende pertinente avanzar en la producción de nuevas medidas de prueba relativas a los extremos traídos a estudio, deberá avanzar de forma progresiva ‘optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego’, en tanto esta judicatura no habrá de modificar el criterio sostenido al respecto, por cuanto medidas como las postuladas deberán ser llevadas a cabo como ultima ratio, en tanto acarrea una intromisión al ámbito de la privacidad de personas no imputadas en autos”, agregó.

Habrá que ver ahora cuáles son los próximos pasos de la causa. Se descuenta que la querella cuestionará la decisión. Sobre todo teniendo en cuenta que el capítulo Milman y las declaraciones de las asesoras fue lo que llevó a la vicepresidenta a avanzar en un camino de recusaciones y denuncias sobre la magistrada. En las próximas horas vencerán las prórrogas otorgadas a la querella para pronunciarse sobre si los detenidos deben ir a juicio. En distintas apariciones púbicas, los abogados ya dejaron ver que se opondrán.

FOTO TAPA  vnnespanol.cnn.co,

FUENTE INFOBAE

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Judiciales

El indignante audio que se conoció del juicio por la masacre de Monte: insulto a las víctimas y desprecio por la sobreviviente

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3 semanas ago

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15 mayo, 2023

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El mensaje fue enviado por un subcomisario y surgió del testimonio de un perito informático que declaró en las últimas horas tras haber analizado los teléfonos de los imputados. También mencionó que uno de los policías borró su celular
Las víctimas de la Masacre de Monte (Fotos: Télam)Las víctimas de la Masacre de Monte (Fotos: Télam)

El perito informático que inspeccionó los celulares de los policías acusados por la denominada Masacre de Monte, ocurrida en 2019 en San Miguel del Monte, fue un testigo clave este lunes en la sexta audiencia por la muerte de tres adolescentes de 13 y 14 años y un joven de 22 tras una persecución policial y posterior choque. Y su testimonio fue crucial no solo por lo que contó, sino por la prueba que exhibió.

Así, afirmó que uno de los imputados “borró” los mensajes de su teléfono durante la hora en la que sucedió el hecho tras el que murieron Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13), Camila López (13) y Aníbal Suárez (22), mientras que la única sobreviviente fue Rocío Quagliariello (17).

Se trata de José Luis Sánchez, miembro del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Procuración, quien declaró ante los 12 jurados y la presidenta del Tribunal Oral Criminal (TOC) 4 de la capital bonaerense, Carolina Crispiani; y aseguró que lo que se pudo recuperar fue un audio en el que un subcomisario les sugería “ordenar” la escena, les decía que la culpa no era de ellos y en el que calificaba a las víctimas como “hijos de puta”.

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“Si estos hijos de puta hubieran parado, no se hubieran matado. La culpa no la tuvimos nosotros. Extraoficialmente, me dijeron cuatro fallecidos. Queda una chica ahí que está pidiendo pista, calculo. Van a hacer miles de anécdotas, miles de versiones de las cosas que pasaron”, se escuchó en el audio exhibido y que recibió uno de los agentes detenidos vía WhatsApp. Allí, se hace referencia a Rocío, la única sobreviviente de la tragedia.

De anteojos, Rocío Quagliariello (17), la única sobreviviente De anteojos, Rocío Quagliariello (17), la única sobreviviente

Justamente, el autor de ese audio es el subcomisario Franco Micucci, imputado y detenido por el “encubrimiento” del hecho en otra causa paralela.

El perito Sánchez tuvo a su cargo el análisis de los teléfonos de los agentes acusados, Manuel Monreal, Rubén Alberto García, Leandro Ecilapé y Mariano Ibáñez; y de las víctimas. Y también dijo que en uno de los mensajes de audio recibidos se escucha al subcomisario Micucci “ordenar” la escena.

Al respecto, el perito informático opinó: “Hay uno que ordena el trabajo después que se produjo el hecho. Está conversando personal policial. Están explicando cómo hacer el operativo”.

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“El imputado Monreal ha sido nombrado en otros teléfonos, pero no tengo la correspondencia en el teléfono de él. ¿Qué pasó con los mensajes de él? Si era un diálogo…”, sugirió Sánchez durante la sexta audiencia del juicio sobre lo que ocurrió con el celular borrado.

Son cuatro los imputados de la Masacre de Monte Son cuatro los imputados de la Masacre de Monte

A su vez, Sánchez explicó que le llamó la atención que los policías estaban “inquietos” ante la presencia de una instructora judicial de la ayudantía fiscal de San Miguel del Monte.

Por otro lado, el perito exhibió una serie de videos y audios de los celulares de las víctimas, datados entre las 00.01 y las 00.24, donde se los veía bromear y reír a bordo de un Fiat 147, mientras circulaban por la mencionada localidad bonaerense.

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En tanto, antes declaró el perito criminalístico Lucas Basanta. Especialista en balística, aseguró que dos de los cuatro policías bonaerenses acusados tiraron contra el auto en el que viajaban las víctimas y descartó que los agentes hayan disparado en dirección al piso.

El caso

La madrugada trágica, los cinco chicos iban en el Fiat 147 escuchando música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que se observó a un policía en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo.

A raíz de ello, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta. Fallecieron tres adolescentes y el joven que lo conducía. Sólo hubo una sobreviviente: Rocío.

FOTO TAPA : PAGINA 12

*Con información de Télam

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