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ANAHÍ BENÍTEZ: CASACIÓN ANULÓ EL JUICIO Y LA SENTENCIA POR EL FEMICIDIO

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La Sala I de Casación bonaerense anuló el juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 7 (TOC 7) de Lomas de Zamora, por el femicidio de Anahí Benítez, y por el cual había sido condenado a perpetua el único imputado, Marcos Bazán, el 27 de mayo de 2020.

El fallo de Casación, preopinado por el juez Daniel Carral y acordado por su par, Ricardo Maidana, y al que tuvo acceso Página/12, consideró arbitrarios los fundamentos en los cuales se basó el TOC 7, integrado por los jueces Roberto Lugones, Elisa López Moyano y Roberto Corti , para condenar a Bazán. Ordenó realizar un nuevo juicio ante un nuevo tribunal; anuló las seis investigaciones por falso testimonio iniciadas contra testigos de la defensa por considerarlas argumentos de presión de parte del TOC 7; dispuso que se revisara la situación de detención de Marcos Bazán; y ordenó que Marcelo Villalba, el otro imputado que permanece detenido, y que había sido apartado del juicio por orden del TOC 7 por considerarlo ininmputable, fuera convocado al nuevo juicio.

Anahí Benítez, de 16 años, fue hallada asesinada en la reserva de Santa Catalina de Lomas de Zamora, a unos 200 metros de la casa de Marcos Bazán, ubicada dentro de la misma reserva y donde el TOC 7 determinó que había sido retenida, drogada, violada y asesinada la adolescente el 3 de agosto de 2017.

El fallo de Casación analizó puntillosamente y demostró la intencionalidad del TOC 7 para formar pruebas que acusaran a Bazán, al punto de que en la fundamentación del veredicto desecharon todas las declaraciones de los peritos contrarias a la acusación contra Bazán, y utilizaron sólo las que convenían a la hipótesis de la fiscalía. Incluso, hubo peritos que en los fundamentos aparecieron declarando todo lo contrario que habían señalado como expertos.

Las enormes fallas encontradas en la actuación del TOC 7 resultan tan alevosas que es imposible suponer que se trata de errores básicos. “(…) los jueces utilizan como premisas de sus razonamientos -describe Carral en las primeras páginas- enunciados que directamente carecen de corroboración empírica (en especial, se apoyan en aseveraciones de la fiscalía que no fueron probadas), lo que invalida buena parte de sus conclusiones y, en definitiva, la justificación de toda la cadena de inferencias que condujo a la decisión final”.

“No se trata de la simple constatación de una excesiva utilización de preguntas aclaratorias -señala Carral respecto a las intervenciones de los jueces con sus preguntas durante las audiencias-, sino de una intervención activa en la producción de la prueba, destinada en algunos casos a la obtención de proposiciones fácticas que permitían acreditar elementos de la teoría del caso de la fiscalía, aunque también se constata, en otras ocasiones y al margen de la relevancia informativa que perseguían las preguntas del Tribunal, una inexplicable presión sobre ciertos testigos, que coartó de manera significativa su libertad para dar las respuestas.

“El perro no miente”

Demostró que el perro rastreador Bruno, que marcó la casa de Bazán como lugar donde permaneció Anahí, no había participado nunca en búsquedas con las características que presentaba este caso, pese a que el TOC 7, especialmente Lugones, pero también López Moyano, defendieron su “experiencia”. El adiestrador, Tula, había presentado certificados respaldatorios. Los jueces no los verificaron. Carral, sí. Solo leer los certificados para comprobar que no solo no coincidían con lo que se requería sino que, además, el certificado presentado por el único caso semejante al de la búsqueda del rastro de Anahí fue entregado a otro perro y otro adiestrador. Pese a eso, Lugones llega a elogiar la “experiencia” de Bruno citando un comentario de Tula respecto a su capacidad para detectar olores: “El perro no miente”.

El esfuerzo del TOC 7 por sostener a la dupla Bruno/Tula era axial: la acusación dependía de la prueba inicial, el marcado de la casa de Bazán por parte del perro. En esa línea es que Carral observó las insidiosas preguntas de Lugones (Carral enumeró siete), y alguna intervención respaldatoria de López Moyano, al perito especialista en toxicología y odorología forense Guillermo Cardini. El esfuerzo consistía en que Cardini reconociera como válida la selección de muestras en la casa, por parte del adiestrador Tula, cuando en la escena se encontraba un representante de la fiscalía y un integrante de la Policía Científica. Cardini insistía en que Tula no era quien para decidir qué muestras tomar.

Carral cita las preguntas:  ” ‘¿por qué habríamos de sugerirle [al entrenador] qué prendas serían las adecuadas?’, repreguntando sobre el mismo tema tres veces más“. Y añade que ante la posición inconmovible de Cardini, “el juez entonces le señaló al testigo ‘¿podría ser el caso que estando un fiscal y esta persona que usted dice de policía científica, quien sea el encargado de llevar adelante [el levantamiento de muestras sea el perito?] (…) que tácitamente dejen que [sea] el perito que supuestamente es el que más sabe ¿o no?’ “. Y como Cardini no bajaba de su posición, “el juez volvió a preguntar  si hay un fiscal y el jefe de policía científica y tenemos a este perito idóneo [entrenador], y no dicen nada y permiten que el perito trabaje ¿está mal?”.

El juez de Casación agrega que en el audio se escucha a la defensa que se opone a las preguntas, y es entonces que interviene López Moyano, presidenta del TOC 7 para respaldar a su colega Lugones.

Una testigo en problemas

La testigo Alejandra Granero, vecina de Bazán, no recordaba cierta circunstancia que sí había declarado en la instrucción. Entonces Carral subraya la intervención de López Moyano quien alegó que le daría la oportunidad a la testigo de ” ‘enderezar’ su declaración”. “Señora se le leyó la declaración de la fiscalía, ¿pudo haber dicho eso usted?” preguntó la presidenta del TOC 7, y Granero respondió “la verdad no recuerdo”. Carral describe que “la jueza se dirigió de nuevo a la testigo ‘pero usted lo firmó, y si usted lo firmó, pudo haberlo dicho?’ “.

Y luego aparece Lugones que insiste con preguntar a la testigo. Después de varias preguntas en las que Granero intentaba explicar cómo había sido su declaración en fiscalía, Lugones le dice “no lo recuerda y usted declara bajo juramento y está su firma, eso nos da alguna garantía a las personas como nosotros? Si está su firma ¿qué quiere decir eso?”.

Y finalmente Carral cita a Lugones que dice ” ‘la pregunta es, que si usted declaró ante la fiscalía y reconoce su firma y la fecha es del (…) ¿podemos de alguna manera confiar en esa declaración, que usted dijo? ¿o acostumbra mentir? Esa es la pregunta’, frente a lo que la testigo contestó ‘no, no, jamás’ “. El juez de Casación entendió que se trataba de una clara amenaza. De hecho, Granero fue una de las seis testigos sobre las que el TOC 7 ordenó una investigación por falso testimonio.

Lo sorprendente es que Carral detecta que nada de esto figuró en la fundamentación y solo redactaron: “se la impone de la contradicción (…) dijo que no lo recordaba, que pudo haberlo dicho, aclarando luego que el hecho de que esté su firma es confiable”.

Demostró además que no se aportaron pruebas de que Bazán y Villalba se conocieran. En sus fundamentos, el TOC 7 argumentó que sin dudas se conocían, a partir de la declaración de una exdirectora de la escuela a la que asistía Anahí, que había testimoniado que un sobrino suyo de 26 años (que curiosamente no fue citado al juicio por el Tribunal pero tampoco por la fiscalía) que había sido alumno de la escuela 12 años antes, le había dicho al ver a los acusados en televisión, que sus compañeros decían que Bazán (luego se corrigió y dijo que se refería a Villalba) vendía drogas en la puerta de la escuela y de la casa de la reserva. Carral consideró que no citar al sobrino al juicio pese a formar parte clave de la fundamentación, para corroborar la versión, forma parte de la intencionalidad de los jueces para sostener la prueba. Y que, de todos modos, la declaración de la exdirectora se refería a lo que le había dicho su sobrino de lo que ocurría 12 años antes en la escuela, según compañeros no individualizados y que habían hecho comentarios sin corroboración. Y por otro lado, en el análisis de esa prueba sin base, Carral encontró también fallas cronológicas, ya que si se hubiera probado que Villalba vendía drogas en la puerta de la casa 12 años antes (o sea, en 2008), no podía coincidir con Bazán, que recien se había mudado a esa casa de la reserva en 2013. Que de esa versión el preopinante Lugones haya confirmado que Bazán y Villalba se conocían fue considerado una arbitrariedad.

Cabe aclarar que Villalba había sido detenido porque en su poder se encontró el celular de la adolescente, y porque en el cuerpo de la víctima fue hallado su ADN. Villalba asistió como imputado a la primera audiencia y ya en la segunda el TOC 7 consideró que no podía ser enjuiciado por inimputabilidad y lo apartó del juicio. Ahora, Casación lo vuelve a citar como imputado. Se debe señalar, además, que en la fundamentación de los jueces del TOC7 Casación no encontró ninguna prueba válida entre todas las que argumentaron los jueces, para poder considerar culpable del femicidio a Bazán.

Horacio Cecchi
Por Horacio Cecchi

FUENTE : PAGINA 12

 

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La Justicia rechazó recursos extraordinarios de ambientalistas y ratificó la exploración petrolera

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La Cámara Federal de Apelaciones declaró inadmisibles las presentaciones en diciembre realizadas por diversas organizaciones.

La exploración petrolera sigue sumando capítulos judiciales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por organizaciones ambientalistas contra el fallo que habilitó la exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

La decisión confirma la autorización que los jueces habían otorgado el 5 de diciembre para el comienzo de las actividades. Los recursos, presentados 20 días después, habían frenado el inicio de los trabajos de la empresa Equinor.

El mes pasado, la Cámara consideró que tanto el Gobierno nacional como Equinor cumplieron con los requisitos que le habían sido requeridos, y revocó parcialmente la medida dictada por el juez Santiago Martín. También establecieron una serie de “condiciones esenciales” para la ejecución de la exploración petrolera.

Por caso, dispusieron que deberán incluirse como “observadores permanentes” a miembros del equipo “Pampa Azul”, en el número de integrantes que la autoridad administrativa considere adecuado, quienes “deberán velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca, por la tutela del Agujero Azul, así como denunciar a las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades”.

Otra de las condiciones fijadas es que las actividades de prospección sísmica “no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta 50 kilómetros” del sector que comprende la zona denominada “Agujero Azul”.

En tercer lugar, la exploración “deberá suspenderse inmediatamente ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente, tanto por parte de las autoridades administrativas o judiciales como por parte de los responsables de su ejecución”.

Por otro lado, exhortaron a las autoridades administrativas a que “propicien y mantengan permanentemente un máximo nivel de control” sobre las tareas de exploración, a fines de “cumplir con las mandas que el derecho impone en la materia respecto a la tutela del medio ambiente, y para velar por el cumplimiento de cualquiera de las condiciones antes establecidas, debiendo articularse la inmediata suspensión de las actividades del proyecto en caso de incumplimiento”.

En su momento, la organizaciones ambientalistas que presentaron el recurso habían advertido que, si era rechazado, recurrirían a una queja extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Tabacaleras: Denuncian por presunta corrupción a jueces de la Cámara Federal de Rosario

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Los jueces Toledo y Facciano fallaron en favor de la tabacalera Bronway aprovechando la ausencia de uno de sus pares. Se trata de un juicio por el pago de impuestos que superaría los 100 mil millones.

En los juzgados federales de Rosario se viene librando una batalla de impacto nacional que pone en juego miles de millones de pesos de recaudación. La tabacalera rosarina Bronway presentó un amparo para no pagar lo que se conoce como “impuesto mínimo”, esto fue un invento del macrismo ideado por Massalin que a cambio de que le bajen cinco puntos los impuestos que pagaba a los cigarrillos, propuso que se fije un monto mínimo -hoy ronda los 200 pesos- para los atados de cigarrilos.

Como las marcas internacionales de Massalin, que es Philips Morris, que es Marlboro, cuestan de 300 para arriba era un negocio estupendo, que además tenía la ventaja de dejar al borde de la quiebra a las tabacaleras nacionales que venden sus marcas en torno a los 200 pesos.

La Justicia citó a declarar a un diputado de Misiones por su cercanía con la tabacalera Massalin

El problema con Bronway es que se metió en el negocio después de la creación de ese impuesto mínimo -antes se dedicaba a hacer CDs, por eso la segunda parte de su nombre es Technology- y su negocio, explican en el mercado, esta basado en la hipótesis de no pagar el impuesto mínimo mediante un amparo. Una distorsión que se suma a un mercado muy distorsionado. En la AFIP calculan que esta tabacalera tiene una deuda acumulada de impuesto impagos que ronda los 100 mil millones.

Bronway enfrentó en el pasado investigaciones  por contrabando y robo y falsificación de estampillas de cigarrillos, causa está última en la que se declararon culpables.

El fallo de los camaristas José Toledo y Osvaldo Pacciano, que le redujo a la tabacalera Bronway la contracautelar de 2.000 millones a 90 millones, será investigado por el fiscal Claudio Kishimoto. En los tribunales federales de Rosario consideran un “escándalo” que se haya habilitado la feria para esa decisión.

Como sea, en su pelea en la justicia rosarina, Bronway logró movilizar a un grupo de tabacaleras pymes nucleadas en la denominada Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet) que realizaron varias manifestaciones frente a los tribunales federales de Rosario, amenazando con despedir a cientos de trabajadores si no les concedían el amparo para no pagar el impuesto mínimo.

La presión de la tabacalera de Darío Ippolito, fue tan intensa que incluso logro que le bajaran la caución para darle el amparo de 2.000 millones a 90 millones. Una nimiedad si se tienen en cuenta los montos en juego.

El fallo express que consiguió Ippolito lleva la firma de los camaristas José Toledo y Osvaldo Facciano y se produjo luego de una maniobra muy visible, para evitar que voten magistrados que estaban en contra del beneficio.

Ahora estos jueces serán investigados por la fiscalía número 2 de Rosario, por los presuntos delitos de cohecho y violación de los deberes de funcionario público. El fiscal Claudio Kishimoto quedó a cargo de la denuncia.

Carlos Castagnetto, titular de la AFIP.

La polémica se remonta al 23 de mayo de 2022 cuando la jueza federal Silvia Arramberri, le deniega el amparo a Bronway, en base a estimaciones de la propia AFIP que debían más de 100 mil millones en impuestos. Ippolito apeló ante la Cámara Federal de Rosario.

El 29 de Diciembre del año que acaba de terminar la Sala “B” de la Cámara Federal de Rosario rechazó la solicitud de Bronway, pero le concedió un plazo de tres meses para que regularice su situación impositica con algún plan de pagos con la AFIP. Los camaristas dispusieron además en ese momento un seguro de cautela (contracautela), cuyo monto y modalidad debían ser fijados por la jueza Aramberry, hasta que se alcanzara la  resolución definitiva del conflicto.

El 4 de enero la jueza Aramberry fijó una contracautela de 2.000 millones de pesos, en base a un informe económico de AFIP que dispuso ese monto equivalente al 30% de la deuda impositiva de Bronway de los últimos cuatro meses.

Pero el 14 de enero, los camaristas Toledo y Facciano, habilitando la feria judicial de una manera que abogados del fuero calificaron de “escandalosa” ya que no habrían justificado debidamente esa excepcionalidad, redujeron la contracautela a 90 millones. Esto es, 1910 millones menos de lo fijado por la jueza de la causa.

Esto derivó en la causa penal contra los magistrados y una denuncia en el Consejo de la Magistratura de Santa Fe. No es un problema menor el que se plantea, ya que abre las puertas a una rebelión fiscal, explicaron a LPO fuentes al tanto de los pormenores del juicio.

No es un problema menor el que se plantea con este fallo, ya que abre las puertas a una rebelión fiscal. Bronway empezó a operar en el sector tabacalero con posterioridad a las leyes que fijan el tributo mínimo, de manera que al meterse en el negocio del tabaco ya conocían la ley y el costo de comercializar.

Este riesgo surge porque Bronway empezó a operar con posterioridad a las leyes que fijan el tributo mínimo, de manera que al meterse en el negocio del tabaco ya conocían la ley y el costo de comercializar. “Cualquier empresa de cualquier rubro que quiera incumplir con los impuestos puede plantear una cautelar. Por ejemplo, una cerealera contrata 200 empleados y va y pide cautelar para evadir impuestos porque sino los costos no le dan y la gente se queda sin empleo. Esto es desigualdad ante la ley, además de competencia desleal garantizada por un Tribunal Federal”, explicó la fuente consultada.

Sin embargo, la movida no cuenta con el respaldo del sector. Es que el no pago de impuestos está dejando sin recursos al Fondo del Tabaco (FET) que subsidia a los productores del norte del país, nucleados en la Federación Argentina de Productores de Tabaco. Estos trabajadores emitieron un comunicado en el que respaldan a la AFIP y le dan su apoyo “por asegurar el cumplimiento de la Ley de Impuesto Mínimo que ordena la recaudación y Distribución del Fondo del Tabaco (FET)”, que dispone que el 7% de la venta de cigarrillos integra ese fondo que luego se distribuye como subsidio a los productores del norte.

Es decir que sobre la supuesta deuda de 100 mil millones de pesos que tiene Bronway con el fisco,  unos 7 mil millones se destinarían a subsidiar a los productores que cultivan tabaco en el norte del país, en condiciones de subsistencia.

“Los miles de productores nos sentimos ahora escuchados, después de demostrar con números el enorme perjuicio que generan las empresas cigarrilleras que se manejan al margen de la ley”, agregaron los productores en su comunicado en apoyo a la AFIP.

En las provincias tabacaleras hay 23 mil empleados directos registrados – de los cuales 15 mil son pequeños productores- y la actividad genera empleo para más de cien mil trabajadores en forma indirecta. La Federación esta representada por trabajadores de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco.

FUENTE : LA POLITICA ONLINE

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“A ver si volvés a pegar, negro de mierda”: las pruebas que complican a los tres rugbiers que no hablaron en el juicio

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Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli no tomaron la palabra ante el Tribunal N°1 de Dolores. Las revelaciones en su contra en el proceso y en el expediente: sangre de Fernando en la camisa y un anillo de seguridad para lograr impunidad

Tres de ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa eligieron callar. Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli mantuvieron el silencio hasta la última de las audiencias de declaraciones testimoniales, con peritos y testigos directos del crimen que complicaban a ellos y a sus compañeros y con vecinos de Dolores que les gritaban “asesinos” desde la calle, mientras sus compañeros de causa hablaban de manera aparentemente espontánea. Dijeron que habían bebido alcohol esa noche —con solo una botella de vodka para diez personas incautada en la casa que ocupaban—, que se habían visto involucrados en una pelea, maniobras consonantes con una calificación de homicidio en riña, que les garantizaría una pena de apenas seis años de cárcel como máximo.

Sus padres estuvieron presentes durante las jornadas. Sergio Viollaz, padre de Ayrton, fue una presencia casi constante durante las tres semanas del proceso. Benicelli tuvo que oír el sufrimiento que el crimen le provocó a su padre, Héctor, que declaró como testigo, citado por la defensa de Hugo Tomei. “Vivimos acosados. Le han querido pegar a mi hija y a mi señora en la calle. Escucho cómo la insultan mediáticamente a mi señora. Escucho que cuando lastimen a mi hijo en el penal no lo van a defender. No hay un día que no me levante con insultos. El dolor no se cura con más dolor”, sostuvo.

María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli, aseguró ante los jueces: “Estamos devastados desde ese momento”. Desde la segunda hilera del banquillo de los acusados, su hijo se secaba las lágrimas con un pañuelo de papel. Luego, Guillén tomó aire y siguió. “Nos cambió la vida a todos. Yo desde ese día pienso que… Es una agonía constante. No podés salir a la calle. Mi marido, que trabajaba en una ferretería, casi pierde el puesto. Es tremendo”.

Benicelli, Comelli y Viollaz fueron señalados durante el proceso y en el expediente. Benicelli es el más complicado de todos.

Matías Benicelli, complicado por testigos y la pericia de ADN

Sebastián Saldaño, el quiosquero que presenció la agresión, marcó a Benicelli como arengador del ataque, al tiempo que Thomsen pateaba en la cabeza a Báez Sosa. Tomás D’Alessandro, quien salió con Fernando cuando los patovicas de Le Brique los expulsaron, y que también fue uno de los agredidos, aseguró que durante la golpiza, Benicelli le gritó a su amigo: “A ver si volvés a pegar, negro de mierda”. Por su parte, Tomás Bidonde, testigo presencial de la paliza mortal, lo marcó como uno de los que atacó a los amigos de Báez Sosa “para evitar que lo salven”.

Los testigos señalaron a Benicelli por su peinado. “El de la colita, el del rodetito”, dijeron. Ese peinado fue instrumental para que los policías de tres DDI de la Bonaerense lo reconocieran tras verlo en cámaras de seguridad, cuando lo arrestaron en la casa que los rugbiers ocupaban en Villa Gesell.

También, el perito César Guida reveló que se halló sangre de Fernando en la camisa floreada que Benicelli vistió en la noche del crimen.

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Tumulto: los padres de los acusados al salir de la última audiencia.Tumulto: los padres de los acusados al salir de la última audiencia.

Cinco testigos marcaron a Viollaz como partícipe de la pelea. Durante la segunda jornada del debate, Federico Raulera, amigo de Báez Sosa, lo ubicó en el rol de “arengador”. En la rueda de reconocimiento, según consta en la elevación a juicio, lo había identificado y ya por entonces lo describió como de “pelo negro, como (con) un corte en su flequillo medio para el costado y para abajo, de remera blanca”.

Santiago Corbo y Franco Cervera, otros amigos de la víctima, también hicieron referencia a Viollaz como “uno de los que hacían de barrera” para que ellos no pudieran auxiliarlo. Esto coincide, a su vez, con lo que declaró Bidonde, testigo clave de la pela: aseguró que Benicelli y Viollaz atacaron a uno de los amigos de Báez Sosa para evitar que lo socorrieran.

Comelli, en cambio, se encuentra entre los menos mencionados. Lo identificó Juan Bautista Besuzzo, amigo de la víctima. Dijo que atacó a Fernando por la espalda y que “lo sentó con un golpe”. Comelli, descubrió Policía Científica, tenía un hematoma en el labio inferior cuando lo detuvieron.

Ahora, los tres junto a los otros cinco acusados continuarán detenidos hasta el próximo momento clave del juicio: los alegatos, que ocurrirán el 25 y 26 de este mes y el veredicto, que llegará el martes 31.

FUENTE INFOBAE

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