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Analizan si 191 presos beneficiados por el fallo del juez Violini deben volver a prisión tras la decisión de la Suprema Corte bonaerense
El fallo del máximo tribunal de Casación ordenó revisar los arrestos domiciliarios que se habían concedido bajo una serie de parámetros que incluye la situación de la víctima y la pena en expectativa
Ciento noventa y un presos bonaerenses que lograron salir de la cárcel gracias al hábeas corpus colectivo que había otorgado el Tribunal de Casación Penal quedaron ahora en la mira de la justicia. Es que los jueces que habían ordenado inicialmente sus detenciones deberán ahora evaluar si pueden seguir en arresto domiciliario o si deben volver al penal, teniendo en cuenta los lineamientos que ordenó este lunes la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense. Según precisaron, el habeas corpus que se otorgó el 8 de abril pasado firmado por el juez Víctor Violini, de Casación, trató un universo de 645 personas detenidas. Esos fueron los listados que confeccionaron en aquel momento los ministerios de Justicia y Seguridad provincial, de los que se hablaba en el fallo que provocó la polémica.
De esos 645 personas arrestadas, el fallo de Casación le concedió el arresto domiciliario a 417 presos. Eran los que estaban arrestados por los llamados “delitos leves” y se encontraban dentro de los grupos de riesgo. Para el resto de los que integraban esos listados, como se trataba de delitos graves, Violini dispuso que cada juez analizara si correspondía sacarlos de la cárcel y enviarlos a sus casas.
Pero de esas 417 personas que estaban alcanzadas por el arresto domiciliario, no todas llegaron a salir. ¿Por qué? Porque muchos magistrados, que eran los que ejecutar esa decisión, esperaron que el fallo estuviera firme, frente a la apelación que había presentado la fiscalía de Casación. Eso generó que, al día de ayer, lunes, cuando la Corte bonaerense dictó su fallo, sólo hubieran podido ser enviadas a sus casas un total de 191 presos.
Precisamente, ahora, cada juez deberá evaluar la situación de esos 191 arrestados para saber si deben volver tras las rejas o pueden permanecer cumpliendo su pena o prisión preventiva en sus casas. Para eso, cada juez deberá tener en cuenta una serie de parámetros pautados que estableció la Suprema Corte.
En esas pautas, el juez deberá evaluar “los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales del procesado o condenado, el grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito, las modalidades de la comisión del delito (forma en que se afectó el bien jurídico, medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas), el nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado, la pena en expectativa o la ya establecida y el examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales”.
Pero también “la situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos, su relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante”, junto a la posibilidad de que si son grupos de riesgo puedan estar alojados dentro del sistema carcelario en un lugar especialmente destinado.
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Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la consideración de todos esos parámetros hacen todavía más difícil para un detenido poder cumplir con todos los requisitivos. Y si bien no distingue entre delitos leves y graves, como hacía el fallo de Casación, cada caso en particular plantea un escenario más complejo de evaluar para cada magistrado.
El habeas corpus concentró un reclamo colectivo de defensores oficiales. Pero ni el defensor oficial ante Casación bonaerense, Mario Coriolano, tenía los datos de cuántos números de presos eran los que habían logrado salir. Así lo dijo en su recurso ante la Casación cuando buscó que evitar que se revocara el habeas corpus, diciendo que se hablaba de liberaciones masivas y esos datos no estaban acreditados en el expediente. Repasó así los datos que habían elevado las defensorías de Bahía Blanca, Mercedes y Lomas de Zamora, señalando decenas de rechazos a pedidos de arrestos domiciliario y libertad.
Los primeros informes del Ministerio de Seguridad y de Justicia redondearon 700 presos, de los cuales 400 estaban en condiciones de salir de la cárcel porque habían cometido delitos leves, tal como detalló Infobae el 9 de abril. Sin embargo, después se aseguró que ese numero podía crecer, con listados más detallados, porque dentro de las cárceles bonaerenses podía haber unas 2300 personas en los llamados “grupos de riesgo”. Pero esos listados ampliados nunca llegaron a ser revisados para ser incluidos en el hábeas corpus.
En el fallo, Violini ordenaba el arresto domiciliario para las personas detenidas por delitos leves que estén en los grupos de riesgo, mujeres embarazadas y con niños pequeños; y planteaba que cada juzgado analice incluir a los de ese grupo de riesgo por delitos graves (con arrestos domiciliarios o aislamiento en en el penal). También encomendaba evaluar de oficio a los que tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años “considerando los intereses de las víctimas” y disponía que mandaran a domiciliaria a los que les faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.
Por afuera del habeas corpus hubo otras libertades y arrestos domiciliarios que se concedieron de manera individual, por planteos frente al coronavirus. En ese universo el caso de de Pedro Olmos, de 68 años, quien abusó de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto. Estuvo prófugo durante cinco meses y fue detenido en la puerta de su casa. A los pocos meses, un fallo de Casación lo declaró como persona de riesgo frente al coronavirus y lo mandó a ir a vivir muy cerca de la casa de su víctima.
Las impugnaciones a esos beneficios no forman parte del listado del habeas corpus y deberán ser analizadas en cada causa en particular, si hubo apelaciones.
A ese escenario hay que sumarle a aquellos presos bonaerenses a los que se les “venció” la pena en el medio del coronavirus. El ministro de Justicia bonaerense Julio Alak había dicho en una conferencia de prensa que dio la semana pasada junto al gobernador Axel Kicillof que entre el 17 de marzo y el 17 de abril se habían otorgado 1605 libertades a personas por agotamiento de la pena y libertades asistidas. Pero aclaró que no era un número exorbitante: que el año anterior, en el mismo período, la cifra había sido de 1720 liberadas.
La Suprema Corte bonaerense decidió el lunes “reencausar” el tema de las libertades y arrestos domiciliarios en el marco de la pandemia frente al hábeas corpus colectivo. Lo cierto es que a partir de ahora cualquier morigeración de pena que se conceda deberá ser analizada por cada juez o tribunal siguiendo los lineamientos del máximo tribunal. Y eso también servirá para las presentaciones que sean solicitadas de acá en adelante.
FUENTE INFOBAE
FOTO TAPA : LAVOZ
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Violencia política en La Matanza: La candidata de Pérsico acusó a Espinoza de mandar una patota a atacar sus militante
La feroz interna peronista en el distrito más populoso del conurbano bonaerense marcó una nueva escalada de violencia. Ahora Patricia Cubría, candidata a ocupar la intendencia de la Matanza, ex compañera de Emilio Pérsico, acusó a Fernando Espinoza, actual intendente del distrito, de enviar una “patota de matones” a agredir militantes del Movimiento Evita que estaban promoviendo su candidatura a intendenta.
“Una vez más nuestro distrito es protagonista de un hecho de violencia política. Compañeras y compañeros que llevaban a cabo tareas de campaña fueron atacados, golpeados y amenazados en las inmediaciones de la Rotonda de Querandí, en Ciudad Evita, por un grupo que pertenecía a una delegación municipal”, afirmó Cubría y agregó “este nuevo ataque mafioso no nos va a detener, no vamos a parar hasta lograr la transformación que La Matanza se merece”.
Ante la consulta de LPO, la candidata no tuvo deparo en acusar directamente a Espinoza “No cabe duda de la responsabilidad del actual Intendente. Tal como lo hicimos constar en la denuncia. Identificamos que los agresores llevaban remeras de la delegación municipal”, precisó Cubría a LPO.
Según la versión de la agrupación que responde a Emilio Pérsico, un grupo de militantes del Movimiento Evita se encontraban pegando afiches para promover la candidatura de Patricia “La Colo” Cubría en Ciudad Evita, cuando un grupo de 8 “matones” se bajaron de un Renault Sendero iniciando una feroz golpiza “sin mediar palabra”. Cuenta Malvina Díaz referente del Evita en La Tablada y víctima del ataque que además de los golpes, le robaron objetos personales y los corrieron mas de 500 metros. “Antes de irse nos dijeron que eran los dueños de esa zona y que si volvíamos nos mataban”, relató Malvina a LPO.
Si bien oficialmente desde el entorno de Espinoza no brindaron declaraciones sobre el incidente, un amigo personal del intendente se permitió deducir ante LPO: “¿Si Cubría no mide más de 3 puntos, para qué esos enfrentamientos?”.
La escalada de violencia se da en medio de versiones sobre cambios y enroques, que especulan con que Fernando Espinoza podría deponer su candidatura para ir al Senado y cederle el lugar a la actual vicegobernadora y ex intendenta Verónica Magario, lo que a su vez, liberaría el casillero de la candidatura a vicegobernador, como reveló en exclusiva LPO.
No es un secreto en el peronismo que la relación entre Espinoza y Máximo Kirchner no pasa por un buen momento. El presidente del PJ bonaerense incluso le garantizó a Pérsico que le habilitará la boleta Cubría para que compita en las PASO con Espinoza. De hecho, la diputada armó su comando de campaña justo al lado de la sede de La Cámpora en La Matanza.
Otro dato es que nadie del peronismo defendió en público al intendente que quedó envuelto en denuncias de la oposición por incongruencias en el censo de 2010, que favorecieron a su distrito en el reparto de recursos por más de 30.000 millones.
La tensión quedo en evidencia con la ausencia de Espinoza en la reunión del Frente de Todos de la provincia convocada por Máximo Kirchner. Tampoco resulta casual que Máximo haya elegido estar en La Matanza mientras Alberto brindaba el discurso inaugural legislativo de su último año de gobierno, en un actividad que no contó con la presencia del intendente del distrito.
fuente : TELAM
LA POLITICA ONLINE
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