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Analizan si 191 presos beneficiados por el fallo del juez Violini deben volver a prisión tras la decisión de la Suprema Corte bonaerense

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El fallo del máximo tribunal de Casación ordenó revisar los arrestos domiciliarios que se habían concedido bajo una serie de parámetros que incluye la situación de la víctima y la pena en expectativa

Ciento noventa y un presos bonaerenses que lograron salir de la cárcel gracias al hábeas corpus colectivo que había otorgado el Tribunal de Casación Penal quedaron ahora en la mira de la justicia. Es que los jueces que habían ordenado inicialmente sus detenciones deberán ahora evaluar si pueden seguir en arresto domiciliario o si deben volver al penal, teniendo en cuenta los lineamientos que ordenó este lunes la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense. Según precisaron, el habeas corpus que se otorgó el 8 de abril pasado firmado por el juez Víctor Violini, de Casación, trató un universo de 645 personas detenidas. Esos fueron los listados que confeccionaron en aquel momento los ministerios de Justicia y Seguridad provincial, de los que se hablaba en el fallo que provocó la polémica.

De esos 645 personas arrestadas, el fallo de Casación le concedió el arresto domiciliario a 417 presos. Eran los que estaban arrestados por los llamados “delitos leves” y se encontraban dentro de los grupos de riesgo. Para el resto de los que integraban esos listados, como se trataba de delitos graves, Violini dispuso que cada juez analizara si correspondía sacarlos de la cárcel y enviarlos a sus casas.

Pero de esas 417 personas que estaban alcanzadas por el arresto domiciliario, no todas llegaron a salir. ¿Por qué? Porque muchos magistrados, que eran los que ejecutar esa decisión, esperaron que el fallo estuviera firme, frente a la apelación que había presentado la fiscalía de Casación. Eso generó que, al día de ayer, lunes, cuando la Corte bonaerense dictó su fallo, sólo hubieran podido ser enviadas a sus casas un total de 191 presos.

Precisamente, ahora, cada juez deberá evaluar la situación de esos 191 arrestados para saber si deben volver tras las rejas o pueden permanecer cumpliendo su pena o prisión preventiva en sus casas. Para eso, cada juez deberá tener en cuenta una serie de parámetros pautados que estableció la Suprema Corte.

En esas pautas, el juez deberá evaluar “los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales del procesado o condenado, el grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito, las modalidades de la comisión del delito (forma en que se afectó el bien jurídico, medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas), el nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado, la pena en expectativa o la ya establecida y el examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales”.

Pero también “la situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos, su relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante”, junto a la posibilidad de que si son grupos de riesgo puedan estar alojados dentro del sistema carcelario en un lugar especialmente destinado.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la consideración de todos esos parámetros hacen todavía más difícil para un detenido poder cumplir con todos los requisitivos. Y si bien no distingue entre delitos leves y graves, como hacía el fallo de Casación, cada caso en particular plantea un escenario más complejo de evaluar para cada magistrado.

El habeas corpus concentró un reclamo colectivo de defensores oficiales. Pero ni el defensor oficial ante Casación bonaerense, Mario Coriolano, tenía los datos de cuántos números de presos eran los que habían logrado salir. Así lo dijo en su recurso ante la Casación cuando buscó que evitar que se revocara el habeas corpus, diciendo que se hablaba de liberaciones masivas y esos datos no estaban acreditados en el expediente. Repasó así los datos que habían elevado las defensorías de Bahía Blanca, Mercedes y Lomas de Zamora, señalando decenas de rechazos a pedidos de arrestos domiciliario y libertad.

Los primeros informes del Ministerio de Seguridad y de Justicia redondearon 700 presos, de los cuales 400 estaban en condiciones de salir de la cárcel porque habían cometido delitos leves, tal como detalló Infobae el 9 de abril. Sin embargo, después se aseguró que ese numero podía crecer, con listados más detallados, porque dentro de las cárceles bonaerenses podía haber unas 2300 personas en los llamados “grupos de riesgo”. Pero esos listados ampliados nunca llegaron a ser revisados para ser incluidos en el hábeas corpus.

En el fallo, Violini ordenaba el arresto domiciliario para las personas detenidas por delitos leves que estén en los grupos de riesgo, mujeres embarazadas y con niños pequeños; y planteaba que cada juzgado analice incluir a los de ese grupo de riesgo por delitos graves (con arrestos domiciliarios o aislamiento en en el penal). También encomendaba evaluar de oficio a los que tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años “considerando los intereses de las víctimas” y disponía que mandaran a domiciliaria a los que les faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.

Por afuera del habeas corpus hubo otras libertades y arrestos domiciliarios que se concedieron de manera individual, por planteos frente al coronavirus. En ese universo el caso de de Pedro Olmos, de 68 años, quien abusó de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto. Estuvo prófugo durante cinco meses y fue detenido en la puerta de su casa. A los pocos meses, un fallo de Casación lo declaró como persona de riesgo frente al coronavirus y lo mandó a ir a vivir muy cerca de la casa de su víctima.

Las impugnaciones a esos beneficios no forman parte del listado del habeas corpus y deberán ser analizadas en cada causa en particular, si hubo apelaciones.

A ese escenario hay que sumarle a aquellos presos bonaerenses a los que se les “venció” la pena en el medio del coronavirus. El ministro de Justicia bonaerense Julio Alak había dicho en una conferencia de prensa que dio la semana pasada junto al gobernador Axel Kicillof que entre el 17 de marzo y el 17 de abril se habían otorgado 1605 libertades a personas por agotamiento de la pena y libertades asistidas. Pero aclaró que no era un número exorbitante: que el año anterior, en el mismo período, la cifra había sido de 1720 liberadas.

La Suprema Corte bonaerense decidió el lunes “reencausar” el tema de las libertades y arrestos domiciliarios en el marco de la pandemia frente al hábeas corpus colectivo. Lo cierto es que a partir de ahora cualquier morigeración de pena que se conceda deberá ser analizada por cada juez o tribunal siguiendo los lineamientos del máximo tribunal. Y eso también servirá para las presentaciones que sean solicitadas de acá en adelante.

FUENTE INFOBAE

FOTO TAPA : LAVOZ

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Imputan a Telecom, Telefónica y Telecentro

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El 22 por ciento de las denuncias ingresadas durante mayo fueron relativas a problemas con servicios de comunicaciones, convirtiéndose en el rubro que más quejas recibió.

El Ministerio de Desarrollo Productivo informó este domingo que imputó a las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro por presunto incumplimientos en el servicio técnico, faltas administrativas y demoras en la entrega de productos.

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores detectó que el 22 por ciento de las denuncias ingresadas durante mayo en la Ventanilla Única de Reclamos de Defensa del Consumidor y del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo fueron relativas a problemas con servicios de comunicaciones, convirtiéndose en el rubro que más quejas recibió.

“Resulta llamativo que el organismo público que está analizando los presuntos incumplimientos cometidos por ésta y otras empresas, emita una comunicación pública sobre el tema que tiene a estudio y cuando aún Telecom Argentina S.A. no ha efectuado su descargo en los términos de ley, aseguró Telecom a través de un comunicado donde además remarcó que  la imputación en referencia fue acompañada de 145 denuncias a la empresa, cantidad que calificó como “poco representativa” en comparación con sus 28 millones de clientes fijos y móviles.

Según los reclamos, tanto Telefónica de Argentina S.A. (Telefónica y Movistar) como Telecom Argentina S.A. (Telecom, Personal, Fibertel y Cablevisión) y Telecentro S.A. brindarían un servicio técnico ineficiente debido a que no solucionan los desperfectos en las comunicaciones de telefonía, ni los inconvenientes en las conexiones de TV e internet. Además, la subsecretaría aseguró a través de un comunicado que las empresas se excusaron en las restricciones que impone la emergencia sanitaria para no realizar reparaciones, a pesar de que cuentan con protocolos específicos que establecen pautas para el ingreso a los hogares, cuando es absolutamente indispensable.

Las quejas a las tres empresas apuntaron también a incumplimientos administrativos ya que no realizarían el procesamiento de la baja del servicio o el cambio de plan en tiempo y forma y le generan al usuario deudas impropias.

En el caso de Telefónica, se sumó la demora en los plazos de entrega de productos adquiridos y problemas con los trámites de portabilidad, ya que se indicó que la compañía no envía el chip, o lo hace con retrasos. Sin embargo, la facturación del servicio se ejecuta como si el usuario estuviera disponiendo del producto con normalidad. Asimismo, se registraron inconvenientes con la ejecución de la garantía de los productos adquiridos, ya que la empresa no informa y no arbitra los medios para soluciones excepcionales en el marco de la pandemia.

En Telecentro, además, los usuarios indicaron que los canales de atención al público son deficientes, tanto telefónicamente como a través de la web. Una vez lograda la comunicación pautan una cita al domicilio del consumidor, la cual incumplen en sucesivas oportunidades. Incluso señalaron que no se le realizan los descuentos de los períodos en los cuales la empresa no les brindó el servicio.

Por su parte, la secretaria de Comercio Interior Paula Español, de quien depende la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores, indicó: “son necesarios los reclamos formales de los consumidores para hacer efectivos sus derechos”. Asimismo, señaló: “Tras el análisis de las denuncias y al identificar la operatoria sistemática de las empresas, estamos actuando de oficio en representación de todos los damnificados y encarando acciones administrativas o judiciales para que no se vulneren los derechos de los consumidores”.

El gobierno remarcó que en los expedientes se agregaron las denuncias que permiten graficar que no se trata de problemas individuales, sino que son prácticas sistemáticas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores, y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad debido a que estos servicios se convirtieron en esenciales para la cotidianidad en el marco de la emergencia por la Pandemia.

Todas las imputaciones por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 fueron notificadas el 25 de junio y las empresas poseen 5 días para ejercer su derecho a defensa. 

FUENTE :PAGINA 12

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Grupo Perfil pretende pagar el medio aguinaldo de junio en cuotas y ¡a partir de enero!

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Llega la canonización: Cristina no tuvo que ver en la causa Cuadernos

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Revocan el procesamiento de Cristina Kirchner y de un empresario en un tramo de la causa. La decisión afecta al tramo de la causa vinculado al presunto pago de sobornos por parte de Techint.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi revocó el procesamiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al directivo de la empresa Techint Luis María Betnaza, entre otros, en el tramo del caso «Cuadernos» vinculado al presunto pago de sobornos por parte de esa firma.

El magistrado dictó la falta de mérito para la ex presidenta, para Betnaza, para el ex ministro Julio De Vido; y para los ex funcionarios Roberto Baratta, José María Olazagasti y Claudio Uberti por estos hechos puntuales, según la resolución de 12 carillas a la que accedió Télam.

«Corresponde disponer la realización de diversas medidas de prueba que clarifiquen» aspectos de lo ocurrido en relación a Techint, vinculados a «determinar si los pagos efectuados pudieron estar vinculados con razones de emergencia en el contexto de la nacionalización de la empresa SIDOR en la República Bolivariana de Venezuela», sostuvo el juez en su fallo.

Ante ello, «se advierte como imprescindible profundizar la pesquisa», agregó al revocar de oficio los procesamientos y disponer la falta de mérito.

Entre otras medidas, Martínez De Giorgi evaluó que «resultaría pertinente escuchar en declaración testimonial a los directivos, presidentes y CEOs de las firmas Ternium y Sidor, que fueron propuestos por el Sr. Fiscal», en alusión al fiscal del caso, Carlos Stornelli.

«También correspondería incorporar a la presente los viajes realizados por los imputados a la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto de la nacionalización de la empresa Sidor, como así también, determinar la existencia de comunicaciones que se hayan registrados entre los imputados en ese período», agregó Martínez De Giorgi.

El procesamiento por el tramo vinculado a supuestos pagos ilegales de la empresa Techint fue dictado el 17 de septiembre de 2018 por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, a quien reemplaza Martínez De Giorgi.

En la investigación estuvo procesado el CEO de Techint, Paolo Rocca, pero la Cámara Federal porteña revocó esa decisión.

En la causa se investiga la supuesta existencia de una asociación ilícita y el delito de cohecho, en base a los escritos plasmados en cuadernos por parte del remisero Oscar Centeno, un arrepentido en el caso y ex chofer del ex funcionario Baratta.

El tramo principal del caso, en el que está procesada la Vicepresidenta junto a ex funcionarios como De Vido y empresarios, ya fue elevado a juicio oral y está a cargo del Tribunal Oral Federal 7.

 

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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