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Analizan si 191 presos beneficiados por el fallo del juez Violini deben volver a prisión tras la decisión de la Suprema Corte bonaerense

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El fallo del máximo tribunal de Casación ordenó revisar los arrestos domiciliarios que se habían concedido bajo una serie de parámetros que incluye la situación de la víctima y la pena en expectativa

Ciento noventa y un presos bonaerenses que lograron salir de la cárcel gracias al hábeas corpus colectivo que había otorgado el Tribunal de Casación Penal quedaron ahora en la mira de la justicia. Es que los jueces que habían ordenado inicialmente sus detenciones deberán ahora evaluar si pueden seguir en arresto domiciliario o si deben volver al penal, teniendo en cuenta los lineamientos que ordenó este lunes la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense. Según precisaron, el habeas corpus que se otorgó el 8 de abril pasado firmado por el juez Víctor Violini, de Casación, trató un universo de 645 personas detenidas. Esos fueron los listados que confeccionaron en aquel momento los ministerios de Justicia y Seguridad provincial, de los que se hablaba en el fallo que provocó la polémica.

De esos 645 personas arrestadas, el fallo de Casación le concedió el arresto domiciliario a 417 presos. Eran los que estaban arrestados por los llamados “delitos leves” y se encontraban dentro de los grupos de riesgo. Para el resto de los que integraban esos listados, como se trataba de delitos graves, Violini dispuso que cada juez analizara si correspondía sacarlos de la cárcel y enviarlos a sus casas.

Pero de esas 417 personas que estaban alcanzadas por el arresto domiciliario, no todas llegaron a salir. ¿Por qué? Porque muchos magistrados, que eran los que ejecutar esa decisión, esperaron que el fallo estuviera firme, frente a la apelación que había presentado la fiscalía de Casación. Eso generó que, al día de ayer, lunes, cuando la Corte bonaerense dictó su fallo, sólo hubieran podido ser enviadas a sus casas un total de 191 presos.

Precisamente, ahora, cada juez deberá evaluar la situación de esos 191 arrestados para saber si deben volver tras las rejas o pueden permanecer cumpliendo su pena o prisión preventiva en sus casas. Para eso, cada juez deberá tener en cuenta una serie de parámetros pautados que estableció la Suprema Corte.

En esas pautas, el juez deberá evaluar “los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales del procesado o condenado, el grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito, las modalidades de la comisión del delito (forma en que se afectó el bien jurídico, medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas), el nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado, la pena en expectativa o la ya establecida y el examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales”.

Pero también “la situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos, su relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante”, junto a la posibilidad de que si son grupos de riesgo puedan estar alojados dentro del sistema carcelario en un lugar especialmente destinado.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la consideración de todos esos parámetros hacen todavía más difícil para un detenido poder cumplir con todos los requisitivos. Y si bien no distingue entre delitos leves y graves, como hacía el fallo de Casación, cada caso en particular plantea un escenario más complejo de evaluar para cada magistrado.

El habeas corpus concentró un reclamo colectivo de defensores oficiales. Pero ni el defensor oficial ante Casación bonaerense, Mario Coriolano, tenía los datos de cuántos números de presos eran los que habían logrado salir. Así lo dijo en su recurso ante la Casación cuando buscó que evitar que se revocara el habeas corpus, diciendo que se hablaba de liberaciones masivas y esos datos no estaban acreditados en el expediente. Repasó así los datos que habían elevado las defensorías de Bahía Blanca, Mercedes y Lomas de Zamora, señalando decenas de rechazos a pedidos de arrestos domiciliario y libertad.

Los primeros informes del Ministerio de Seguridad y de Justicia redondearon 700 presos, de los cuales 400 estaban en condiciones de salir de la cárcel porque habían cometido delitos leves, tal como detalló Infobae el 9 de abril. Sin embargo, después se aseguró que ese numero podía crecer, con listados más detallados, porque dentro de las cárceles bonaerenses podía haber unas 2300 personas en los llamados “grupos de riesgo”. Pero esos listados ampliados nunca llegaron a ser revisados para ser incluidos en el hábeas corpus.

En el fallo, Violini ordenaba el arresto domiciliario para las personas detenidas por delitos leves que estén en los grupos de riesgo, mujeres embarazadas y con niños pequeños; y planteaba que cada juzgado analice incluir a los de ese grupo de riesgo por delitos graves (con arrestos domiciliarios o aislamiento en en el penal). También encomendaba evaluar de oficio a los que tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años “considerando los intereses de las víctimas” y disponía que mandaran a domiciliaria a los que les faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.

Por afuera del habeas corpus hubo otras libertades y arrestos domiciliarios que se concedieron de manera individual, por planteos frente al coronavirus. En ese universo el caso de de Pedro Olmos, de 68 años, quien abusó de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto. Estuvo prófugo durante cinco meses y fue detenido en la puerta de su casa. A los pocos meses, un fallo de Casación lo declaró como persona de riesgo frente al coronavirus y lo mandó a ir a vivir muy cerca de la casa de su víctima.

Las impugnaciones a esos beneficios no forman parte del listado del habeas corpus y deberán ser analizadas en cada causa en particular, si hubo apelaciones.

A ese escenario hay que sumarle a aquellos presos bonaerenses a los que se les “venció” la pena en el medio del coronavirus. El ministro de Justicia bonaerense Julio Alak había dicho en una conferencia de prensa que dio la semana pasada junto al gobernador Axel Kicillof que entre el 17 de marzo y el 17 de abril se habían otorgado 1605 libertades a personas por agotamiento de la pena y libertades asistidas. Pero aclaró que no era un número exorbitante: que el año anterior, en el mismo período, la cifra había sido de 1720 liberadas.

La Suprema Corte bonaerense decidió el lunes “reencausar” el tema de las libertades y arrestos domiciliarios en el marco de la pandemia frente al hábeas corpus colectivo. Lo cierto es que a partir de ahora cualquier morigeración de pena que se conceda deberá ser analizada por cada juez o tribunal siguiendo los lineamientos del máximo tribunal. Y eso también servirá para las presentaciones que sean solicitadas de acá en adelante.

FUENTE INFOBAE

FOTO TAPA : LAVOZ

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Les quitarán los planes sociales a quienes hayan participado en saqueos

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Mediante una nota firmada ayer y publicada hoy en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Sergio Massa, solicitó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, “tenga a bien proceder a la suspensión, en el marco de la normativa vigente, del beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos descriptos”, en referencia a lo que refiere como “robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada”.

La instrucción es complementaria al otorgamiento, también dispuesto por el ministro, de un “aporte no reembolsable” de siete millones de pesos a los comerciantes que fueron “víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada”.

El miércoles pasado, mientras todavía se encontraba en Washington, donde ese mismo día el directorio del FMI aprobó el envío de USD 7.500 millones para la Argentina, Massa reaccionó a lo que sucedía en la Argentina y dijo a la prensa que cubría sus gestiones: “en el ministerio de Economía tomamos la decisión de instruir a la Secretaría de industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en la provincia de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Mendoza que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas, se les hagan un aporte no reembolsable. Es decir, un apoyo económico de la Secretaría de Industria de hasta siete millones de pesos para recuperar el capital de trabajo”.

“Creemos que la gente de trabajo víctima de un delito, de alguna manera tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y protección”, comentó el ministro. Y agregó: “Hay dos planos para mirar. Uno es el de los delincuentes y la causa u origen de ese delito. Después será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de simples delincuentes o delincuentes instigados. Hay un segundo plano que es el de la gente de laburo, el comerciante y el supermercadista que de alguna manera trabaja todos los días y fue víctima de un delito”.

Y en virtud de ello hizo otro anuncio: ”le pedimos a la Secretaría de Legal y Técnica del ministerio de Economía que arme un equipo de seguimiento, porque lo que no nos puede pasar es que esos delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado entren por una puerta y salgan por la otra en una comisaría. Vamos a estar controlando a esos jueces y a esos fiscales para ver si aplican el código penal con su plenitud, porque esto es robo en poblado y en banda, porque hay un ataque a la propiedad privada”, indicó.

Además de la quita de beneficios dispuesta por Massa a nivel nacional y por la que pidió la intervención de Tolosa Paz, que como ministra de Desarrollo Social administra buena parte de los planes sociales, a nivel municipal el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, también miembro de la oficialista “Unión por la Patria”, que como candidato presidencial encabeza Massa, decretó “la eliminación de los subsidios y ayudas municipales a los receptores acusados de robar en supermercados y comercios. “Repudiamos estas maniobras espurias”.

Economía ya dio a conocer los pasos que deben seguir los comerciantes víctimas de saqueos para recibir los finalmente llamados “Aportes No Reembolsables (ANR) por hasta $7 millones, para “quienes hayan sido víctimas de los actos de violencia ocurridos entre el 19 y el 24 de agosto en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén”.

Aunque el presupuesto originalmente asignado a los aportes es de $700 millones, desde Economía aclararon que el monto total se puede ampliar si la demanda supera el tope.

Para acceder a esta compensación de daños los damnificados por los saqueos deben cumplir ciertas condiciones y seguir una serie de pesos. Por ejemplo, los comercios con más de 50 empleados deberán cumplir con el acuerdo de Precios Justos. Los pequeños, por el contrario, tendrán acceso automático.

Para hacerlo deben ingresar la solicitud por Trámites a Distancia (TAD), incluyendo allí la denuncia penal, la certificación contable del daño y constancia de CBU certificada y –adicionalmente, aunque esto es optativo- “cualquier otra documentación probatoria, como sumario judicial, fotos y videos.

Según informó el gobierno, los organismos que evaluarán y aprobarán los “Aportes No Reembolsables” serán los ministerios de Economía -a través de las Subsecretarías PYME, de Industria y de Comercio Interior-, el de Trabajo y el de Seguridad, que deberá informar sobre las zonas donde se registraron saqueos.

Fuente: Infobae

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Indarte e Iriart en la Delegación de la Unión Europea en Argentina

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Los marplatenses fueron recibidos por Eran Nagan, jefe adjunto de la delegación de la UE en Argentina y jefe de la sección política y de diplomacia pública.

 

En la reunión se hablaron de distintos temas tendientes a potenciar lazos comerciales y culturales entre países europeos y Mar del Plata. “Seguimos en la línea de trabajo que venimos realizando junto a Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, a partir de la cual vinieron en el último años más 40 embajadores y agregados comerciales de todo el mundo a nuestro a ciudad, especialmente invitados para participar de nuestras actividades”, dijo Iriart.

 

En la oportunidad también dialogaron sobre el programa Guardianes Ambientales y hablaron sobre las múltiples posibilidades de coordinar acciones en conjunto en el tema ambiental.

 

Asimismo Indarte e Iriart le contaron todo lo que se viene haciendo en el marco de Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata. En ese sentido Nagan se interesó en venir a la ciudad y conocer su potencial.

 

“Recibimos a la diputada provincial Débora Indarte y al Director de Correo Argentino Manino Iriart para conversar del potencial de Mar del Plata, una ciudad interesada en abrirse al mundo y aprovechar de la exportación de sus productos y servicios”, se difundió a través de la cuenta de Twitter de la Delegación de Unión Europea en Argentina.

 

En tanto se conoció que en las próximas semanas se formalizará la invitación para que se vea la posibilidad de que sesione en Mar del Plata la Delegación de la UE con sus 27 embajadores europeos y que todas las representaciones de los países puedan venir a la ciudad donde se ofrecerán rondas de negocios, agendas sociales, culturales y deportivas.

 

“Junto a las cinco universidades, articulando entre sector público y el sector privado, venimos generando espacios de análisis y debate con un sentido plural y abierto, a partir de donde podemos realizar la planificación estratégica de Mar del Plata”, señaló Iriart y recordó que en ese sentido también se editó el libro Debates para la Planificación Estratégica de la Ciudad 2050, que recopila las exposiciones de destacados especialistas sobre temas como urbanismo, justicia, salud, turismo, trabajo, educación, gestión ambiental y economía, que se dieron entre 2017 y 2019.

 

Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata

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Rige alerta “amarilla” por tormentas en Mar del Plata y gran parte de la Provincia

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel “amarillo” por fuertes tormentas que afectarán a alrededor de 40 distritos de la provincia de Buenos Aires entre la madrugada y la noche de este martes.

El aviso abarca al territorio bonaerense desde la zona del Río de la Plata en el distrito de Magdalena hasta el extremo sur provincial en Patagones, pasando por buena parte del sector central.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, indicó el SMN.

Asimismo, el organismo del clima detalló que en los territorios incluidos en la alerta “se estiman valores totales de precipitación entre 35 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

En la alerta están incluidos los municipios de Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, Pila, La Costa, Pinamar, General Juan Madariaga, Villa Gesell, General Pueyrredón, Mar Chiquita y General Alvarado.

También rige para Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, Lobería, Necochea, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, San Cayetano y Tres Arroyos.

Las alertas de nivel amarillo dan cuenta de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Fuente: DIB.

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