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Analizan si 191 presos beneficiados por el fallo del juez Violini deben volver a prisión tras la decisión de la Suprema Corte bonaerense

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El fallo del máximo tribunal de Casación ordenó revisar los arrestos domiciliarios que se habían concedido bajo una serie de parámetros que incluye la situación de la víctima y la pena en expectativa

Ciento noventa y un presos bonaerenses que lograron salir de la cárcel gracias al hábeas corpus colectivo que había otorgado el Tribunal de Casación Penal quedaron ahora en la mira de la justicia. Es que los jueces que habían ordenado inicialmente sus detenciones deberán ahora evaluar si pueden seguir en arresto domiciliario o si deben volver al penal, teniendo en cuenta los lineamientos que ordenó este lunes la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense. Según precisaron, el habeas corpus que se otorgó el 8 de abril pasado firmado por el juez Víctor Violini, de Casación, trató un universo de 645 personas detenidas. Esos fueron los listados que confeccionaron en aquel momento los ministerios de Justicia y Seguridad provincial, de los que se hablaba en el fallo que provocó la polémica.

De esos 645 personas arrestadas, el fallo de Casación le concedió el arresto domiciliario a 417 presos. Eran los que estaban arrestados por los llamados “delitos leves” y se encontraban dentro de los grupos de riesgo. Para el resto de los que integraban esos listados, como se trataba de delitos graves, Violini dispuso que cada juez analizara si correspondía sacarlos de la cárcel y enviarlos a sus casas.

Pero de esas 417 personas que estaban alcanzadas por el arresto domiciliario, no todas llegaron a salir. ¿Por qué? Porque muchos magistrados, que eran los que ejecutar esa decisión, esperaron que el fallo estuviera firme, frente a la apelación que había presentado la fiscalía de Casación. Eso generó que, al día de ayer, lunes, cuando la Corte bonaerense dictó su fallo, sólo hubieran podido ser enviadas a sus casas un total de 191 presos.

Precisamente, ahora, cada juez deberá evaluar la situación de esos 191 arrestados para saber si deben volver tras las rejas o pueden permanecer cumpliendo su pena o prisión preventiva en sus casas. Para eso, cada juez deberá tener en cuenta una serie de parámetros pautados que estableció la Suprema Corte.

En esas pautas, el juez deberá evaluar “los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales del procesado o condenado, el grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito, las modalidades de la comisión del delito (forma en que se afectó el bien jurídico, medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas), el nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado, la pena en expectativa o la ya establecida y el examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales”.

Pero también “la situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos, su relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante”, junto a la posibilidad de que si son grupos de riesgo puedan estar alojados dentro del sistema carcelario en un lugar especialmente destinado.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la consideración de todos esos parámetros hacen todavía más difícil para un detenido poder cumplir con todos los requisitivos. Y si bien no distingue entre delitos leves y graves, como hacía el fallo de Casación, cada caso en particular plantea un escenario más complejo de evaluar para cada magistrado.

El habeas corpus concentró un reclamo colectivo de defensores oficiales. Pero ni el defensor oficial ante Casación bonaerense, Mario Coriolano, tenía los datos de cuántos números de presos eran los que habían logrado salir. Así lo dijo en su recurso ante la Casación cuando buscó que evitar que se revocara el habeas corpus, diciendo que se hablaba de liberaciones masivas y esos datos no estaban acreditados en el expediente. Repasó así los datos que habían elevado las defensorías de Bahía Blanca, Mercedes y Lomas de Zamora, señalando decenas de rechazos a pedidos de arrestos domiciliario y libertad.

Los primeros informes del Ministerio de Seguridad y de Justicia redondearon 700 presos, de los cuales 400 estaban en condiciones de salir de la cárcel porque habían cometido delitos leves, tal como detalló Infobae el 9 de abril. Sin embargo, después se aseguró que ese numero podía crecer, con listados más detallados, porque dentro de las cárceles bonaerenses podía haber unas 2300 personas en los llamados “grupos de riesgo”. Pero esos listados ampliados nunca llegaron a ser revisados para ser incluidos en el hábeas corpus.

En el fallo, Violini ordenaba el arresto domiciliario para las personas detenidas por delitos leves que estén en los grupos de riesgo, mujeres embarazadas y con niños pequeños; y planteaba que cada juzgado analice incluir a los de ese grupo de riesgo por delitos graves (con arrestos domiciliarios o aislamiento en en el penal). También encomendaba evaluar de oficio a los que tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años “considerando los intereses de las víctimas” y disponía que mandaran a domiciliaria a los que les faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.

Por afuera del habeas corpus hubo otras libertades y arrestos domiciliarios que se concedieron de manera individual, por planteos frente al coronavirus. En ese universo el caso de de Pedro Olmos, de 68 años, quien abusó de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto. Estuvo prófugo durante cinco meses y fue detenido en la puerta de su casa. A los pocos meses, un fallo de Casación lo declaró como persona de riesgo frente al coronavirus y lo mandó a ir a vivir muy cerca de la casa de su víctima.

Las impugnaciones a esos beneficios no forman parte del listado del habeas corpus y deberán ser analizadas en cada causa en particular, si hubo apelaciones.

A ese escenario hay que sumarle a aquellos presos bonaerenses a los que se les “venció” la pena en el medio del coronavirus. El ministro de Justicia bonaerense Julio Alak había dicho en una conferencia de prensa que dio la semana pasada junto al gobernador Axel Kicillof que entre el 17 de marzo y el 17 de abril se habían otorgado 1605 libertades a personas por agotamiento de la pena y libertades asistidas. Pero aclaró que no era un número exorbitante: que el año anterior, en el mismo período, la cifra había sido de 1720 liberadas.

La Suprema Corte bonaerense decidió el lunes “reencausar” el tema de las libertades y arrestos domiciliarios en el marco de la pandemia frente al hábeas corpus colectivo. Lo cierto es que a partir de ahora cualquier morigeración de pena que se conceda deberá ser analizada por cada juez o tribunal siguiendo los lineamientos del máximo tribunal. Y eso también servirá para las presentaciones que sean solicitadas de acá en adelante.

FUENTE INFOBAE

FOTO TAPA : LAVOZ

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MDP : ACCIDENTE FATAL EL LURO Y JUJUY

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Aproximadamente a las 9:30hs del domingo 26 de junio, un hombre de 23 años manejaba un Ford Fiesta a alta velocidad sobre la avenida Luro de nuestra ciudad.

Por razones que se investigan el conductor del rodado perdio el control sobre la Av. Pedro Luro entre las calles Jujuy y España. El coche choco contra un contenedor plastico , rompió un cantero en la puerta de un supoermercado y una palmera tompió la vifdriera de un comercio dedicado a la maderas y luego detuvo su marcha.

Personal del Same, policias y bomberos constataron el fallecimiento del chofer y no encontraron mas ocupantes en el auto.

Aun no fue comunicado el nombre de la victima que perdio su vida en el día de la fecha en nuestra ciudad.

 

 

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LO QUE ENCONTRARON EN EL CELULAR DEL PILOTO IRANÍ

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En el teléfono de Gholamreza Ghasemi se lo puede ver en su juventud como parte de la Guardia Revolucionaria Al Quds. Las imágenes no son la evidencia de ningún delito y es extraño que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje las guarde en su celular. Igualmente, es muy probable que en la causa judicial las fotos se utilicen en su contra.

Aunque no constituye una evidencia de algún delito, en el celular del piloto del avión venezolano retenido en Ezeiza, el iraní Gholamreza Ghasemi, hay fotos en las que se lo ve mucho más joven como combatiente de la Guardia Revolucionaria Al Quds, también hay imágenes de misiles, tanques y de alguna bandera que dice “muerte a Israel”, según una primera traducción del farsí. 

Como se sabe, los celulares de todos los tripulantes del Boeing fueron secuestrados por orden del juez Federico Villena y a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Parece un poco contradictorio que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje o terroristas guarde fotos de esa naturaleza, pero es muy probable que en la causa judicial se utilicen en su contra, aunque no constituyan delito. Los datos sobre la existencia de las fotos fueron un adelanto exclusivo de Página/12.

Quienes trabajan en el análisis de los celulares se encontraron con esas fotos y ya lo reportaron al juez y la fiscal, aunque todavía no cuentan con una traducción fidedigna, porque no es sencillo conseguir un buen traductor del farsí, el idioma mayoritario en Irán. El peritaje es realizado por la División Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad. Está claro que las fotos son de Ghasemi y para completar el trabajo pericial falta la traducción de los textos. En principio, los tripulantes iraníes no usaban Whatsapp sino uno sistema más rudimentario, pero habrá que esperar la traducción oficial.

Es muy probable que Ghasemi argumente que hizo el servicio militar, que luego fue militar, y que gran parte de los jóvenes de su país integran la Guardia Revolucionaria Al Quds, que son brigadas organizadas y financiadas por el Estado orientadas a lo internacional: la base son consignas antinorteamericanas y antiisraelíes. De hecho, el nombre mismo –Quds– es la denominación en árabe de Jerusalem, es decir que apunta directamente a la confrontación con Israel.

Al Quds, además, mezcla también la cuestión religiosa y va en sintonía total con el régimen de los ayatolas. Los abogados de Ghasemi y del resto de la tripulación es seguro que van a alegar que son fotos viejas y que no implican ningún delito, menos aún cometido en la Argentina. También dirán que si Ghasemi hubiera tenido alguna actividad ilegal hubiera borrado las fotos o, más probablemente, usaría lo que en la inteligencia argentina llaman “un mocho”, es decir un celular paralelo, clandestino.

Un dato llamativo es que el gobierno de Venezuela no haya presentado ninguna protesta, entre otras cosas por el allanamiento ilegal que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sin orden judicial, al regreso del Jumbo desde Uruguay. También Venezuela podría protestar porque no se le cargó combustible al avión cuando no había ninguna denuncia de ningún tipo contra la aeronave de Emtrasur. Sin embargo, por lo que se sabe hasta ahora, Caracas optó por la mesura.

En el gobierno venezolano están agradecidos por el papel que jugó el gobierno argentino, y en especial Alberto Fernández, en la Cumbre de las Américas de Los Angeles, denunciando los bloqueos a Cuba y Venezuela. Debe recordarse que, antes de ese momento, la relación con Caracas era compleja, con idas y vueltas, porque Argentina respaldó lo hecho por Michele Bachelet como Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, con informes críticos –aunque con avances– respecto de la situación de derechos humanos y el encarcelamiento de opositores en Venezuela.

También se tranquilizó la relación con Caracas a raíz de la designación de un nuevo embajador argentino en Venezuela. El nominado es Oscar Laborde, que tiene el respaldo de todos los sectores del gobierno. Finalmente, tampoco se puede dejar de ver que incluso Estados Unidos, en el marco de la cuestión petrolera y la guerra Rusia-Ucrania, dio un paso significativo enviando una delegación de altísimo nivel a reunirse con Nicolás Maduro. Nada menos que el secretario de Seguridad, Jake Sullivan, estuvo en el Palacio de Miraflores en Caracas. Para redondear el cuadro, tampoco el presidente Joe Biden parece muy entusiasta con elevar la temperatura de los conflictos: baraja rehacer el pacto de limitación nuclear de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China con Irán. Todos esos elementos juegan en este momento en el insólito conflicto por un avión que pasó por doce países y un piloto que no tiene ni pedido de captura ni se lo acusó por ningún delito en ningún país.

La imputación al piloto

Como se sabe, el martes la fiscal Incardona igualmente imputó a Ghasemi en base a un informe del FBI que sostiene que el piloto fue ejecutivo y parte del directorio de Oeshm Fars Air que hace unos años –según la agencia norteamericana– realizó vuelos entre Teherán y Beirut llevando armamento. En comunicación con el gobierno argentino, el Mossad israelí aseveró que efectivamente eso es así, pero que desde que el 747 pasó a ser venezolano –la compra-venta se hizo en julio de 2021–, la nave no se estaría utilizando para nada ilegal. Por eso, no hubo objeciones en los movimientos del Jumbo. Lo asombroso es que la Embajada de Israel en Paraguay sacó un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la llegada del avión a la Argentina y no dice ni una palabra de que el 747 estuvo en Ciudad del Este –ni siquiera en Asunción– un mes antes, con la misma tripulación y que desde Ciudad del Este se dirigió a Aruba con un cargamento de cigarrillos de la empresa del multi-acusado Horacio Cartés, expresidente de Paraguay y amigo íntimo de Mauricio Macri.

Todo evidencia el contenido geopolítico del caso, que agrupa a la derecha de Estados Unidos, Israel y la Argentina, porque involucra al llamado eje del mal Irán-Venezuela y sirve para congraciarse aún más con Washington. Más allá de semejante escenario, el juez Villena le requerirá ahora más información al FBI –-agencia que se mueve con bastante independencia respecto del gobierno norteamericano– y es muy probable que alguno de los fiscales o jueces alineados con Donald Trump haga algún reclamo desde el país del Norte.

Más cerca, aquí en Lomas de Zamora, por pedido de Incardona, Villena está solicitando más documentos sobre la titularidad del avión —quiere ver si es cierto que es venezolano o sigue siendo iraní— y se harán nuevas verificaciones sobre la carga que trajo a Buenos Aires. En su dictamen, la fiscal afirmó que hay que investigar si la carga no fue una forma de ocultar actividades de espionaje o terrorismo, con el informe del FBI como única prueba. Ahora podrá decir que las fotos del joven Ghasemi son una evidencia adicional.

FUENTE : PAGINA 12

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LA EMBAJADA DE ISRAEL EN PARAGUAY ASEGURÓ QUE LOS TRIPULANTES DEL AVIÓN TRAFICAN ARMAS PARA HEZBOLLAH

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La cancillería israelí señaló que sigue atentamente y con preocupación el caso de los iraníes que se encuentran en territorio argentino.

Israel sigue con preocupación el caso de la llegada a Argentina del avión iraní que pertenece a una empresa fantasma venezolana sancionada por el gobierno de Estados Unidos y denunció que sus tripulantes están involucrados en el tráfico de armas.

En el avión que aterrizó en Argentina, se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. Incluso, el capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní Qeshm Fars Air”, denuncia este miércoles a través de un comunicado la embajada israelí en Paraguay.

El avión hasta hace poco era utilizado por la empresa iraní Mahan Air, que opera vuelos para Fuerza Quds en la ruta Teherán-Damasco, señala el comunicado.

Israel está especialmente preocupado por la actividad de las empresas aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Air en América Latina, empresas que están involucradas en el tráfico de armas, equipamiento y personas para la Fuerza Quds y que se encuentran bajo sanciones estadounidenses por su vinculación con el terrorismo y en la proliferación de armamento”, agrega el comunicado de la cancillería israelí.

Israel reconoció el buen trabajo conjunto y la coordinación de los países de la región, y destacó en especial la labor de las autoridades paraguayas que identificaron la eventual amenaza que representaba el avión y su tripulación, como también la determinación de Paraguay y Uruguay de cerrar el espacio aéreo.

Israel considera que la postura firme de Paraguay y Uruguay representa un mensaje importante a Teherán para que no intente actuar en Sudamérica”, destaca la embajada israelí en el comunicado.

“Para Israel se trata de otro incidente que demuestra los intento de Irán —a través de la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds y Hezbollah— de seguir estableciendo su influencia alrededor del mundo en Sudamérica, como base de operaciones para las actividades terroristas en el continente”, finaliza el comunicado.

El lunes, la fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Finalmente se conocieron los primeros resultados de las pericias que se realizaron al celular de Ghasemi. Según pudo averiguar Infobae, en el aparato encontraron fotos de tanques, misiles y una imágen en la que se lo ve a él de joven, como combatiente de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF).

Luego de una serie de traducciones del contenido —estaba en farsi—, se pudo desclasificar la información. Entre las fotos encontradas también se encuentra una en la que se ve una bandera con repudio hacia Israel.

El capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en EzeizaEl capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en Ezeiza

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

 

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