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Impuesto a la riqueza: para los tributaristas, afecta los principios de equidad, igualdad y propiedad

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Al aplicarse retroactivamente afecta derechos y garantías constitucionales y genera situaciones injustas. Los afectados podrían invocar el artículo 75 de la Constitución y el 322 del Código Procesal Civil y Comercial en eventuales reclamos

“Más allá del nombre que le dieron, esto es un impuesto, no hay vuelta que darle”, señaló a Infobae el tributarista Humberto Bertazza, profesor de la Universidad de Belgrano, socio del estudio Bertazza, Nicolini y Corti y durante dos períodos presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, al referirse al proyecto de ley de “Aporte Extraordinario Solidario” del diputado Carlos Heller que se presentó en el Congreso, con el impulso político del titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Baja, Máximo Kirchner, y del Poder Ejecutivo.

“La justificación en el momento actual, por la pandemia, es razonable., pero cuando uno lleva esto al campo tributario, la cuestión se complica”, dijo Bertazza, que se detuvo en tres aspectos.

En primer lugar, señaló, “hay que ver que en la Argentina la presión tributaria ya es altísima; no da para aumentar o sumar tributos”.

En segundo lugar, Bertazza dijo que, al igual que con la Moratoria y el Impuesto a los Bienes Personales, el nuevo tributo “plantea una marcada desigualdad entre la situación de quienes tienen bienes en el país y quienes tienen bienes en el extranjero”.

“Creo que ése es el reproche constitucional más fuerte de todos, porque termina siendo discriminatorio”, dijo Bertazza, quien recordó que el artículo 75, inciso 29 de la Constitución Nacional obliga al Estado a preservar el valor de la moneda. “Ahí arranca todo. Cuando los argentinos llevan la plata al exterior es porque la Argentina no tiene una política que cumpla con ese precepto constitucional. Y si como consecuencia de esa falla, para protegerse, alguien lleva parte de sus bienes al exterior y es castigado de modo discriminatorio, surge lo que para mí es el principal reproche”.

El tributarista Humberto Bertazza, en una visita a Infobae. El tributarista Humberto Bertazza, en una visita a Infobae.

En tercer lugar, el nuevo tributo no debe verse en forma autónoma, sino en forma conjunta con el impuesto a los bienes personales. Los autores del proyecto, indicó el tributarista, hicieron un esfuerzo para evitar planteos de inconstitucionalidad. “Si esto se gravaba al 31 de diciembre de 2019 vendrían cuestiones constitucionales, entonces para evitarlo fijaron el 31 de marzo como fecha base del hecho imponible. En cualquier caso, está clarísimo que es una carga adicional sobre bienes personales; de hecho, toma todos los elementos e información de bienes personales. Desde ese punto de vista, es claramente violatoria, es una doble imposición. Por eso es probable que esto termine en la Justicia, aunque desde el punto de la solidaridad y la emergencia luzca razonable”.

Hay dos textos que circulan, señaló por su parte el tributarista Sebastián Domínguez, uno que fija la fecha de determinación de la base imponible en el 31 de diciembre de 2019 y otro en el 31 de marzo de 2020. “En ambos casos, es un tributo retroactivo”, dijo Domínguez. “Como cuestión general, hay que llamar esto por su nombre, es un impuesto extraordinario. No es un aporte ni es solidario. El Congreso puede crear impuestos, pero deben respetar principios y derechos constitucionales, así que lo primero que hay que ver si el tributo vulnera o no los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad”.

En principio, observó Domínguez, el tributo no parece violar el principio de igualdad, porque se aplica a todos los que tienen más de $ 200 millones. Pero sea con fecha 31 de diciembre de 2019 o 31 de marzo de 2020, es un impuesto retroactivo, recalcó, y por lo tanto no tiene en cuenta la variación de los bienes que puede haber habido desde entonces al momento de vigencia de la ley.

“Puede que una persona tuviera 200 millones al 31 de diciembre de 2019 y hoy tiene 100 millones y debe pagar. Y otra que hoy tiene 300 millones, pero tenía entonces menos de 200 millones, no paga. Ahí sí habría afección de los principios de equidad e igualdad”, dijo Domínguez.

Por otra parte, prosiguió, está la cuestión de las alícuotas. Para quienes tienen bienes en el país, la alícuota es progresiva, pero para quienes tienen bienes en el exterior es proporcional. “Si un contribuyente tiene bienes por 299 millones debe pagar el 3%. Pero si tiene $300.000.001 millones tiene que pagar 3,375 sobre el conjunto. Por un peso paga una alícuota más alta sobre todos sus bienes”, observó Domínguez.

El tributarista también señaló que el nuevo impuesto afectaría el principio de capacidad contributiva, porque no contempla los pasivos. “Si una persona tenía personas por 201 millones, pero tiene deuda por 50 millones, su patrimonio neto es de 156 millones, pero como no se contemplan pasivos debe pagar sobre 201 millones. Ahí se afectan principios de capacidad contributiva, igualdad y equidad”, destacó.

El impuesto puede, además, afectar también el principio de no confiscatoriedad, que está relacionado con el derecho de propiedad consagrado en nuestra Constitución, siguió Domínguez, porque si entre diciembre pasado y el momento en que se le impone el tributo, el contribuyente perdió parte de su patrimonio, tendría que pagar sobre algo que ya no tiene.

Por otra parte, siguiendo con el principio de no confiscatoriedad, dijo Domínguez, las alícuotas son muy altas. “Si esto prospera, una persona que ya pagó el impuesto a los Bienes Personales por 2,25% ahora, suponiendo que esté en el escalafón más alto (más de $ 3.000 millones), debería pagar otro 5,25%, con lo cual terminaría pagando 7,5% de impuesto sobre un patrimonio que tal vez le rindió 2% o menos, o nada”. Y podría verse obligado a vender parte de sus bienes para poder pagar el impuesto. Allí habría que analizar casos particulares, dijo Domínguez, y verificar si el tributo termina siendo confiscatorio, analizándolo en conjunto con Ganancias y Bienes Personales.

Según algunos tributaristas, la nueva ofensiva tributaria podría impulsar aún más el éxodo de argentinos a Uruguay (Shutterstock)Según algunos tributaristas, la nueva ofensiva tributaria podría impulsar aún más el éxodo de argentinos a Uruguay (Shutterstock)

Retroactividad

Sobre la cuestión de la “irretroactividad”, Domínguez señaló que el Congreso puede crear impuestos, pero el contribuyente tiene que conocer qué impuestos tiene ante sí para saber qué hacer con sus bienes. Pagar en función de lo que tenía antes implica, por caso, la imposibilidad de una persona de adelantar la herencia o donar sus bienes si conocía bien los impuestos que lo alcanzaban”. Al respecto, el tributarista recordó un fallo (“Insúa, José Pedro”) de la CSJ, en el que se sostuvo que si una persona ya tributó (Bienes Personales) sobre ese mismo patrimonio, no se le pueden aplicar nuevos impuestos.

Estas observaciones se podrían salvar si, por ejemplo, el impuesto tomara como base una fecha futura, como el 31 de octubre, en vez de aplicarse retroactivamente. “Alguna gente se desapoderaría de bienes para no pagar, lo que afectaría su efectividad, pero es la forma en que debe funcionar un impuesto”, dijo Domínguez.

El tributarista concluyó reconociendo, sin embargo, que realmente estamos ante una situación extraordinaria, de pandemia y ante una posible judicialización, la Corte Suprema puede tener una posición más flexible respecto de la afectación de todos estos principios. El máximo Tribunal, recordó Domínguez, falló más de cien veces a favor de los contribuyentes en reclamos por la falta de ajuste en el pago del Impuesto a las Ganancias (lo que puede hacer que se termine pagando sobre ganancias ficticias o inexistentes), “pero en el marco de la pandemia podría ser más flexible y considerar que en una situación de excepción es válido aplicar un tributo de este tipo; no hay que perder de vista lo extraordinario de la situación”.

En tanto, Bertazza señaló que “el tema de fondo es la carga tributaria”. “Todos estamos viendo la cantidad de argentinos que están dejando el país -explicó-. Hay que pensar seriamente que la Argentina no da para nuevos o más altos impuestos. Lo que se requiere es reconstruir la economía. Eso lo puede hacer el sector privado, pero si en vez de incentivarlo lo obstaculizan con nuevos tributos, más gente de va a ir del país”.

El actor francés Gerard Depardieu, uno de los famosos que fijó domicilio fiscal fuera de Francia, para escapar de su alta tributación. La mayoría de los países europeos terminó eliminando el impuesto sobre el patrimonio, dijo BertazzaEl actor francés Gerard Depardieu, uno de los famosos que fijó domicilio fiscal fuera de Francia, para escapar de su alta tributación. La mayoría de los países europeos terminó eliminando el impuesto sobre el patrimonio, dijo Bertazza

Bertazza recordó que en los 90s casi todos los países europeos miembros de la OCDE tenían impuestos sobre el patrimonio y los fueron eliminando. “Hoy sólo quedan España, donde es muy cuestionado, algunos cantones suizos y algún caso más. Históricamente este impuesto fue muy importante en Francia y pasaba que muchos franceses se iban de Francia. El caso de Gérard Depardieu es conocido, por ser un artista, pero hubo muchos. Y por eso terminaron eliminando el impuesto”, recordó.

Por último, el tributarista marcó el contraste entre la tendencia de los países de Europa Central, que están bajando las alícuotas del impuesto a las ganancias corporativas, mientras en la Argentina se habla de la posibilidad de aumentarlas. “Estamos fuera de foco: el sector privado tendrá a su cargo la reconstrucción post-pandemia y no podrá hacerlo si le aplican más impuestos”, dijo. “Hay que enfocarse en reducir la economía informal, que es de cerca del 40%, una barbaridad. La presión tributaria se siente más si hay una gran economía informal, sumergida, que no paga impuestos. Ahí hay que poner los esfuerzos”.

fuente : INFOBAE

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MDP : Eximen de tasas municipales a gimnasios y natatorios

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Ante la orden de cerrar hasta el 21 de mayo, por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, el intendente resolvió eximir de tasas municipales a gimnasios y natatorios durante ese tiempo.

 

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dispuso hoy eximir de tasas municipales a gimnasios y natatorios, que deberán permanecer cerrados hasta el 21 de mayo, de acuerdo a las nuevas restricciones establecidas para los distritos en fase 3 de coronavirus, oficializadas por el Gobierno bonaerense.

Montenegro comunicó hoy su decisión de beneficiar a gimnasios y natatorios durante el tiempo que no puedan desarrollar sus actividades por el avance de la segunda ola de Covid-19, en principio hasta el 21 de este mes.

«Como desde el primer día hablamos con todos los sectores porque sabemos que muchos se ven perjudicados por las restricciones», dijo el jefe comunal a través de un comunicado y agregó: «Es muy importante que cumplamos con los protocolos, para seguir cuidándonos».

Asimismo, confirmó que fue prorrogado hasta el 21 de mayo el libre estacionamiento en zonas permitidas con el objetivo de propiciar una merma en la utilización de transporte público.

Por su parte, Ariel Caltalbiano integrante de la Cámara de Gimnasios, aseguró hoy a Télam que «nadie» les informó sobre las nuevas disposiciones y que hasta el viernes pasado se trabajó «normalmente, bajo los protocolos acordes a la fase 3».

«El año pasado estuvimos cerrados durante 8 meses por las restricciones en el marco de la pandemia del coronavirus y hace poco abrimos con estrictos protocolos; no se registraron contagios y a pesar de ello ahora debemos cerrar las puertas. No creo que podamos seguir subsistiendo de esta manera», lamentó Caltabiano.

El Gobierno provincial oficializó anoche cambios en las restricciones contenidas en la fase 3 -en la que está contenido el distrito de General Pueyrredón-, entre las que se determinó el cierre temporal de las salas de cines, los gimnasios y los natatorios.

Por su parte, los comercios podrán permanecer abiertos hasta las 20, mientras que los espacios gastronómicos podrán trabajar hasta las 23. Se mantiene además la restricción total de circulación entre las 0 y las 6 de la mañana.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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Una canasta de 120 productos con precios congelados por 180 días: la nueva apuesta del Gobierno para frenar la inflación

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La Secretaría de Comercio mantuvo entre lunes y martes reuniones con empresas de consumo masivo para pedirles su colaboración. A cambio, el sector espera que deroguen Precios Máximos
La inflación se aceleró en los últimos meses y alimentos y bebidas es un rubro que no logra ceder a pesar de los controles

Tras haber anunciado días atrás mediante un comunicado que estaba en negociaciones con la industria alimenticia una nueva canasta de productos básicos a precios accesibles, la Secretaría de Comercio Interior comenzó esta semana las reuniones para avanzar con esta anunciada medida, que hasta la semana pasada sólo se reducía a conversaciones muy genéricas con el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, sobre cómo desarmar el programa Precios Máximos. Con la tensión por la aceleración inflacionaria como trasfondo, el Gobierno citó a las principales compañías alimenticias y les explicó cuál es el plan que busca implementar durante las próximas semanas.

Fueron convocados ayer a la secretaria directivos de Molinos, Mastellone, Arcor, Unilever, Las Marías, Bimbo Papelera del Plata, y el lunes les había tocado a Aceitera General Deheza, Procter & Gamble, Molino Cañuelas, Mondelez, Danone Alicorp. En ambos encuentros, el mensaje fue el mismo: extrema preocupación por la suba de precios y la necesidad de conformar una nueva canasta básica que esté compuesta por 100/120 productos y cuyos precios queden congelados por seis meses

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, recalcó que los precios se estaban disparando y que para poder salir del congelamiento de Precios Máximos, era necesario avanzar con esta nueva canasta, que no tiene que reunir productos de primeras marcas pero que deben poder encontrarse en la mayor cantidad de puntos de venta del país. Le pidió a cada empresa que ofrezca entre 2 y 3 productos con un precio sugerido para poder ponerlo en marcha cuanto antes. El objetivo oficial, según especulan en el sector privado, es que sea lanzado en mayo, en línea con el vencimiento de los máximos (finaliza a mediados de mes).

A diferencia del programa Precios Cuidados, que contiene productos de primeras marcas -como es el caso de la Coca-Cola, por ejemplo- y que tiene como finalidad fijar precios de referencia dentro de cada categoría, en este caso el Gobierno no les exigió a las compañías marcas líderes, sino que lo que busca es que haya una opción dentro de cada categoría básica a un precio accesible y que no se mueva por 180 días. Las empresas deberán hacer sus propuestas y luego comenzará un ida y vuelta con el Gobierno, como es habitual cuando se negocian este tipo de acuerdos.

Fuentes de varias compañías afirmaron que buena parte de la reunión del martes se la llevó la discusión en torno a quiénes son los responsables de la aceleración de los precios. Desde las empresas insistieron en que el propio Indice de Precios al Consumidor (IPC) muestra a las claras que los productos envasados no son los que suben, sino la carne, las frutas y las verduras. De todos modos, en el índice de marzo, que mostró una suba en alimentos y bebidas no alcohólicas del 4,6%, también incidieron fuertemente los lácteos, los huevos y los aceites. De hecho, el litro de leche entera fresca en sachet subió 12%, el yogur firme, 10,8%, y los quesos treparon hasta 15% en el mes, según el Indec.

El nuevo programa que busca lanzar el Gobierno se asemeja a "Precios esenciales" del gobierno de Mauricio MacriEl nuevo programa que busca lanzar el Gobierno se asemeja a “Precios esenciales” del gobierno de Mauricio Macri

Aunque en muy buenos términos, admiten en las empresas, Español les dijo a los directivos que no hubo una salida del congelamiento responsable -en los casos de las categorías que fueron deslistadas- y que había habido muchas innovaciones en el último año, mecanismo que las firmas comenzaron a utilizar en mayor medida para sortear los controles. Así aparecieron “productos mellizos”, como se le suelen llamar, que tienen apenas una mínima diferencia de packaging o de peso. Tanto es así que, semanas atrás, desde la Secretaría de Comercio imputaron a varias compañías por ofrecer productos similares con diferencias de 1 gramo, en algún caso, y cobrarlo hasta 50% más.

La funcionaria hizo especial hincapié en que quiere que esta canasta, que aún no tiene nombre, llegue a todos los canales de venta, que la distribución sea lo más masiva posible. Sin embargo, desde las empresas le plantearon que no están en condiciones de garantizar que eso vaya a ser así porque al canal tradicional -autoservicios y almacenes- les venden generalmente a través de distribuidores.

Español también les pidió que los productos que elijan para que integren la nueva canasta no deben tener problemas de insumos, es decir, tienen que poder ser de fácil producción aún en el actual contexto para que pueda sostenerse el acuerdo. Pero este objetivo tampoco es así de sencillo como lo planteó el Gobierno, ya que “hay problemas a nivel global con los insumos, de precios y abastecimiento”, dijeron en una de las empresas.

La principal duda que tienen las compañías es si realmente Comercio Interior derogará Precios Máximos a cambio de este “aporte” o lo seguirá dilatando aún después de la firma del nuevo compromiso. De todos modos, hay intención de las empresas de colaborar y de generar un puente de diálogo en el medio de tanta tensión acumulada que hasta incluyó la presentación de dos recursos administrativos contra los sistemas SIPRE y SIFIRE, destinados a exigir información sobre costos y otros parámetros, impuestos por la secretaría.

FUENTE : INFOBAE

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Más trabas a las exportaciones de granos, carne y lácteos: qué tiene que hacer ahora un exportador para poder vender al mundo

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Hoy el Ministerio de Agricultura publicó una resolución por la cual regirán mayores exigencias a los operadores delcomercio exterior que deben estar inscriptos en el Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria. Todos los detalles y los primeros rechazos a la medida
Mediante el ministerio de Agricultura, el Gobierno intensificó los controles a las exportaciones de granos y ganados y carne. (REUTERS/Marcos Brindicci)

Mientras se aguardan detalles de las medidas anunciadas la semana pasada para la exportación de carne vacuna, el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que conduce Luis Basterra, publicó hoy la Resolución 60/2021, a través de la cual regirán mayores exigencias a los operadores del comercio exterior que deben estar inscriptos en el Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que depende de la cartera agropecuaria.

La norma exige la presentación de una enorme cantidad de documentación, mucha de ella ya disponible en otras dependencias del Estado, como paso previo a poder vender al exterior ganado, carne vacuna, lácteos y granos. Los especialistas sostienen, que “los requerimientos aplican a nuevos sujetos que quieran exportar, atentando contra cualquier nueva iniciativa de una pyme y generando mayor concentración”.

El RUCA no es nuevo, fue creado en febrero de 2017 con la idea de regular los requisitos y demás formalidades para la matriculación y registro que deben cumplir las personas humanas y/o jurídicas para ser habilitadas para actuar en las actividades de comercialización y/o industrialización de productos agroalimentarios.

Pero según explican en el Gobierno la resolución de hoy tiene como objetivo de establecer controles sistémicos y evitar el ingreso al mercado de operadores comercialmente desleales. En la misma constan los numerosos nuevos requisitos que deberán cumplir los exportadores:

– Informar las ventas que planean hacer en el próximo año. Los exportadores de granos, leche y carnes que no cuentan con planta propia tienen que presentar “un plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos” para conseguir matrícula como exportador.

– Información financiera para probar solvencia. Además, para demostrar solvencia, “los interesados en exportar deberán informar el detalle de cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos 6 meses y líneas de financiamiento otorgadas por las entidades informadas”. Lo cierto es que toda esa información ya se encuentra disponible, por ejemplo, en el Banco Central.

También habrá mayores controles a las exportaciones de lácteos. También habrá mayores controles a las exportaciones de lácteos.

– Presentar una constancia que el Banco Central ya les exigía. Por otro lado, hay un requisito puntual para los exportadores que se trata de presentar una constancia de ingreso de divisas del último año, en el caso de haber realizado una operación con el mercado externo. Hay que recordar que en 2020 se había implementado una normativa por la cual en el registro no podía figurar ningún operador que no haya entregado la información sobre liquidación de divisas ante el Banco Central.

– Informar destalles sobre sus empleados y salarios pagos. También se exige a los exportadores que presenten un listado del personal en relación de dependencia, informar sobre la compañía aseguradora de riesgos de trabajo contratada y constancia de las entidades bancarias donde se depositan los haberes de los trabajadores.

– Presentar balances. Otro de los requisitos será la presentación del “último estado contable certificado, para las Personas Jurídicas y Manifestación de bienes actualizada y certificada para las Personas Humanas o socios y/o accionista para el caso de Personas Jurídicas de reciente constitución”.

– Verificar que las empresas a las que compran cumplan con estos mismos requisitos.En el caso de la exportación de ganados y carnes, la resolución también establece que “los titulares de los establecimientos matriculados que presten servicios de exportación a terceros matriculados en este registro, serán mancomunada y solidariamente responsables por los incumplimientos de los requisitos y demás condiciones establecidas en la normativa”.

Fundamentos de la medida

De acuerdo a lo expresado por la cartera agropecuaria, “se han constatado ciertas modalidades de actuación en la operatoria comercial exportadora, de las distintas cadenas de productos, que generan distorsiones en la actividad comercial y dificultan el pleno ejercicio de las potestades tributarias y de control cambiario a cargo de las autoridades competentes”.

Frente a esta situación, con el propósito de transparentar y controlar la exportación, las autoridades nacionales consideraron establecer las nuevas exigencias que serán requeridas a los fines de su inscripción y permanencia en el RUCA y la consecuente habilitación, para ejercer legalmente el comercio. “Los requisitos a incorporar tienden a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes, que son los que mayores distorsiones producen en el adecuado funcionamiento del mercado interno y exportador”, se menciona en la Resolución.

En 2020 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 900 mil toneladas y generaron divisas por encima de los 2.500 millones de dólares. En 2020 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 900 mil toneladas y generaron divisas por encima de los 2.500 millones de dólares.

Por último, desde el ministerio de Agricultura señalaron que “la medida propiciada brindará un horizonte de mayor certidumbre no solo para los interesados en participar en la actividad, sino también para los compradores extranjeros, creando un entorno que contribuya a consolidar más aun la industria agroexportadora de nuestro país, instalándola como marca distintiva en el mundo”.

Repercusiones

En los últimos días desde diversos sectores de la cadena agroindustrial salieron a cuestionar al Gobierno por la implementación de un Registro para la exportación de carne vacuna. Las dudas que hay en el ámbito privado, es que el mismo funcione como el Registro de Operaciones de Exportación (ROE) que fue aplicado por el kirchnerismo y que provocó un freno a la producción y las exportaciones y derivó en el cierre de plantas frigoríficas. En aquel momento funcionaba el ROE Blanco para los lácteos, un ROE Verde para productos agrícolas y el ROE Rojo para la carne vacuna.

Es por eso que antes de que entre en vigencia dicho Registro de exportadores de carne vacuna, los dirigentes de la Mesa de Enlace pidieron una audiencia con el ministro de Economía, Martín Guzmán; con el ministro de Agricultura, Luis Basterra y también con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías kulfas. Hasta el momento los funcionarios no respondieron el reclamo de los representantes de los productores agropecuarios.

<b>“</b>Fiel a su estilo, el Gobierno dice una cosa y hace otra. Hoy anuncia más burocracia y trabas” (Etchevehere)

Con la aplicación de este tipo de medidas, se profundiza la sensación del sector agroindustrial de que existen en el Gobierno dos sectores que operan de manera diferente al momento de regular la actividad. Por un lado, hay funcionarios y hasta el propio Alberto Fernández, que promueven un aumento de las exportaciones que permitan el ingreso de divisas que son necesarias para combatir los grandes flagelos de la Argentina, como la pobreza e indigencia. Y por el otro lado, se implementan normativas con que no conducen a facilitar las tareas de los exportadores, sino todo lo contrario.

En diálogo con este medio, el contador Juan Manuel Barrero, Socio de Barrero & Asociados, precisó que el Gobierno solicita información mediante la nueva Resolución, que ya cuenta a través del Banco Central, el RUCA, la AFIP y la Aduana para de esa manera poder evitar la subfacturación y controlar el ingreso de divisas. Además, dijo que los requerimientos aplican a nuevos sujetos que quieran exportar, atentando contra cualquier nueva iniciativa de una pyme y generando mayor concentración.

“Se multiplican requisitos y exigen un año antes informar que operaciones se van a realizar. Este es un ejemplo más del exceso control que sufre el sector: no solo cada vez paga más impuestos haciendo que su actividad sea más ineficiente y menos sostenible, que sino genera mayor burocracia”, señaló.

Y agregó: “En definitiva se termina perjudicando a las empresas más chicas, que no tienen otra opción de seguir agrandando su costo administrativo con el fin de reportar” a un socio (el Estado) que sólo participa de las ganancias y no de las pérdidas.Hay muchas inconsistencias como la que obliga a los empresarios ´Sin planta´a informar mercadería a exportar, volumen, proveedores y destinos como si esto fuera fácil o posible proyectar”.

Entre las primeras repercusiones a la Resolución, surgió la opinión de Nicolás Pino, candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina por el Movimiento Compromiso Federal. “Más burocracia es más control y trabas sobre los productores, cabañeros y empresarios del campo. Estas medidas nos hacen perder competitividad y nos traen malos recuerdos”, dijo desde su cuenta personal de Twitter.

El ex ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, también utilizó las redes sociales para criticar la medida: “Fiel a su estilo, el Gobierno dice una cosa y hace otra. Hoy anuncia más burocracia y trabas para exportar carnes, granos y lácteos. Acceso más difícil para que se exporte menos con pocos operadores. Pide exportar más y dificulta exportaciones”, comentó.

FUENTE : INFOBAE

FOTOT TAPA : RURALNET

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