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Economia

Impuesto a la riqueza: para los tributaristas, afecta los principios de equidad, igualdad y propiedad

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Al aplicarse retroactivamente afecta derechos y garantías constitucionales y genera situaciones injustas. Los afectados podrían invocar el artículo 75 de la Constitución y el 322 del Código Procesal Civil y Comercial en eventuales reclamos

“Más allá del nombre que le dieron, esto es un impuesto, no hay vuelta que darle”, señaló a Infobae el tributarista Humberto Bertazza, profesor de la Universidad de Belgrano, socio del estudio Bertazza, Nicolini y Corti y durante dos períodos presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, al referirse al proyecto de ley de “Aporte Extraordinario Solidario” del diputado Carlos Heller que se presentó en el Congreso, con el impulso político del titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Baja, Máximo Kirchner, y del Poder Ejecutivo.

“La justificación en el momento actual, por la pandemia, es razonable., pero cuando uno lleva esto al campo tributario, la cuestión se complica”, dijo Bertazza, que se detuvo en tres aspectos.

En primer lugar, señaló, “hay que ver que en la Argentina la presión tributaria ya es altísima; no da para aumentar o sumar tributos”.

En segundo lugar, Bertazza dijo que, al igual que con la Moratoria y el Impuesto a los Bienes Personales, el nuevo tributo “plantea una marcada desigualdad entre la situación de quienes tienen bienes en el país y quienes tienen bienes en el extranjero”.

“Creo que ése es el reproche constitucional más fuerte de todos, porque termina siendo discriminatorio”, dijo Bertazza, quien recordó que el artículo 75, inciso 29 de la Constitución Nacional obliga al Estado a preservar el valor de la moneda. “Ahí arranca todo. Cuando los argentinos llevan la plata al exterior es porque la Argentina no tiene una política que cumpla con ese precepto constitucional. Y si como consecuencia de esa falla, para protegerse, alguien lleva parte de sus bienes al exterior y es castigado de modo discriminatorio, surge lo que para mí es el principal reproche”.

El tributarista Humberto Bertazza, en una visita a Infobae. El tributarista Humberto Bertazza, en una visita a Infobae.

En tercer lugar, el nuevo tributo no debe verse en forma autónoma, sino en forma conjunta con el impuesto a los bienes personales. Los autores del proyecto, indicó el tributarista, hicieron un esfuerzo para evitar planteos de inconstitucionalidad. “Si esto se gravaba al 31 de diciembre de 2019 vendrían cuestiones constitucionales, entonces para evitarlo fijaron el 31 de marzo como fecha base del hecho imponible. En cualquier caso, está clarísimo que es una carga adicional sobre bienes personales; de hecho, toma todos los elementos e información de bienes personales. Desde ese punto de vista, es claramente violatoria, es una doble imposición. Por eso es probable que esto termine en la Justicia, aunque desde el punto de la solidaridad y la emergencia luzca razonable”.

Hay dos textos que circulan, señaló por su parte el tributarista Sebastián Domínguez, uno que fija la fecha de determinación de la base imponible en el 31 de diciembre de 2019 y otro en el 31 de marzo de 2020. “En ambos casos, es un tributo retroactivo”, dijo Domínguez. “Como cuestión general, hay que llamar esto por su nombre, es un impuesto extraordinario. No es un aporte ni es solidario. El Congreso puede crear impuestos, pero deben respetar principios y derechos constitucionales, así que lo primero que hay que ver si el tributo vulnera o no los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad”.

En principio, observó Domínguez, el tributo no parece violar el principio de igualdad, porque se aplica a todos los que tienen más de $ 200 millones. Pero sea con fecha 31 de diciembre de 2019 o 31 de marzo de 2020, es un impuesto retroactivo, recalcó, y por lo tanto no tiene en cuenta la variación de los bienes que puede haber habido desde entonces al momento de vigencia de la ley.

“Puede que una persona tuviera 200 millones al 31 de diciembre de 2019 y hoy tiene 100 millones y debe pagar. Y otra que hoy tiene 300 millones, pero tenía entonces menos de 200 millones, no paga. Ahí sí habría afección de los principios de equidad e igualdad”, dijo Domínguez.

Por otra parte, prosiguió, está la cuestión de las alícuotas. Para quienes tienen bienes en el país, la alícuota es progresiva, pero para quienes tienen bienes en el exterior es proporcional. “Si un contribuyente tiene bienes por 299 millones debe pagar el 3%. Pero si tiene $300.000.001 millones tiene que pagar 3,375 sobre el conjunto. Por un peso paga una alícuota más alta sobre todos sus bienes”, observó Domínguez.

El tributarista también señaló que el nuevo impuesto afectaría el principio de capacidad contributiva, porque no contempla los pasivos. “Si una persona tenía personas por 201 millones, pero tiene deuda por 50 millones, su patrimonio neto es de 156 millones, pero como no se contemplan pasivos debe pagar sobre 201 millones. Ahí se afectan principios de capacidad contributiva, igualdad y equidad”, destacó.

El impuesto puede, además, afectar también el principio de no confiscatoriedad, que está relacionado con el derecho de propiedad consagrado en nuestra Constitución, siguió Domínguez, porque si entre diciembre pasado y el momento en que se le impone el tributo, el contribuyente perdió parte de su patrimonio, tendría que pagar sobre algo que ya no tiene.

Por otra parte, siguiendo con el principio de no confiscatoriedad, dijo Domínguez, las alícuotas son muy altas. “Si esto prospera, una persona que ya pagó el impuesto a los Bienes Personales por 2,25% ahora, suponiendo que esté en el escalafón más alto (más de $ 3.000 millones), debería pagar otro 5,25%, con lo cual terminaría pagando 7,5% de impuesto sobre un patrimonio que tal vez le rindió 2% o menos, o nada”. Y podría verse obligado a vender parte de sus bienes para poder pagar el impuesto. Allí habría que analizar casos particulares, dijo Domínguez, y verificar si el tributo termina siendo confiscatorio, analizándolo en conjunto con Ganancias y Bienes Personales.

Según algunos tributaristas, la nueva ofensiva tributaria podría impulsar aún más el éxodo de argentinos a Uruguay (Shutterstock)Según algunos tributaristas, la nueva ofensiva tributaria podría impulsar aún más el éxodo de argentinos a Uruguay (Shutterstock)

Retroactividad

Sobre la cuestión de la “irretroactividad”, Domínguez señaló que el Congreso puede crear impuestos, pero el contribuyente tiene que conocer qué impuestos tiene ante sí para saber qué hacer con sus bienes. Pagar en función de lo que tenía antes implica, por caso, la imposibilidad de una persona de adelantar la herencia o donar sus bienes si conocía bien los impuestos que lo alcanzaban”. Al respecto, el tributarista recordó un fallo (“Insúa, José Pedro”) de la CSJ, en el que se sostuvo que si una persona ya tributó (Bienes Personales) sobre ese mismo patrimonio, no se le pueden aplicar nuevos impuestos.

Estas observaciones se podrían salvar si, por ejemplo, el impuesto tomara como base una fecha futura, como el 31 de octubre, en vez de aplicarse retroactivamente. “Alguna gente se desapoderaría de bienes para no pagar, lo que afectaría su efectividad, pero es la forma en que debe funcionar un impuesto”, dijo Domínguez.

El tributarista concluyó reconociendo, sin embargo, que realmente estamos ante una situación extraordinaria, de pandemia y ante una posible judicialización, la Corte Suprema puede tener una posición más flexible respecto de la afectación de todos estos principios. El máximo Tribunal, recordó Domínguez, falló más de cien veces a favor de los contribuyentes en reclamos por la falta de ajuste en el pago del Impuesto a las Ganancias (lo que puede hacer que se termine pagando sobre ganancias ficticias o inexistentes), “pero en el marco de la pandemia podría ser más flexible y considerar que en una situación de excepción es válido aplicar un tributo de este tipo; no hay que perder de vista lo extraordinario de la situación”.

En tanto, Bertazza señaló que “el tema de fondo es la carga tributaria”. “Todos estamos viendo la cantidad de argentinos que están dejando el país -explicó-. Hay que pensar seriamente que la Argentina no da para nuevos o más altos impuestos. Lo que se requiere es reconstruir la economía. Eso lo puede hacer el sector privado, pero si en vez de incentivarlo lo obstaculizan con nuevos tributos, más gente de va a ir del país”.

El actor francés Gerard Depardieu, uno de los famosos que fijó domicilio fiscal fuera de Francia, para escapar de su alta tributación. La mayoría de los países europeos terminó eliminando el impuesto sobre el patrimonio, dijo BertazzaEl actor francés Gerard Depardieu, uno de los famosos que fijó domicilio fiscal fuera de Francia, para escapar de su alta tributación. La mayoría de los países europeos terminó eliminando el impuesto sobre el patrimonio, dijo Bertazza

Bertazza recordó que en los 90s casi todos los países europeos miembros de la OCDE tenían impuestos sobre el patrimonio y los fueron eliminando. “Hoy sólo quedan España, donde es muy cuestionado, algunos cantones suizos y algún caso más. Históricamente este impuesto fue muy importante en Francia y pasaba que muchos franceses se iban de Francia. El caso de Gérard Depardieu es conocido, por ser un artista, pero hubo muchos. Y por eso terminaron eliminando el impuesto”, recordó.

Por último, el tributarista marcó el contraste entre la tendencia de los países de Europa Central, que están bajando las alícuotas del impuesto a las ganancias corporativas, mientras en la Argentina se habla de la posibilidad de aumentarlas. “Estamos fuera de foco: el sector privado tendrá a su cargo la reconstrucción post-pandemia y no podrá hacerlo si le aplican más impuestos”, dijo. “Hay que enfocarse en reducir la economía informal, que es de cerca del 40%, una barbaridad. La presión tributaria se siente más si hay una gran economía informal, sumergida, que no paga impuestos. Ahí hay que poner los esfuerzos”.

fuente : INFOBAE

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PRESIÓN TRIBUTARIA: SI UN EMPLEADO TRABAJA DE 9 A 18, TODO LO QUE GANA HASTA LAS 14:25 SE DESTINA A PAGAR IMPUESTOS

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Un trabajador en relación de dependencia tiene que destinar el 60% de sus horas laborales a afrontar la carga impositiva, entre descuentos al salario e impuestos al consumo

 

Un empleado privado en relación de dependencia puede destinar hasta un 60% de su semana laboral solo para hacer frente a los impuestos nacionales y locales que se cobran sobre su salario y sobre los productos que compra con ese dinero. Para graficar: para un trabajador que desempeña sus tareas de lunes a viernes de 9 a 18, hasta el miércoles a las 15 solo trabaja para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ese fue el resultado de una estimación realizada por el economista Manuel Adorni, que publicó en su cuenta de Twitter y que se viralizó de inmediato. “Si tu horario laboral es de 9 a 18 horas, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. Si trabajás de lunes a viernes, hasta el miércoles a las 15 horas vas a trabajar para el Estado. Que disfrutes de tu jornada”, ironizó.

En diálogo con Infobae, Adorni comentó que para realizar esa cuenta se basó en una carga tributaria del 60 por ciento. “Estamos hablando de promedios y de porcentaje estándares; después dependerá de cada caso, si se retiene o no impuesto a las Ganancias o si trabaja media jornada, en ambos casos lo que se termina pagando terminaría siendo más”, aseguró.

Para llegar a esa conclusión, el economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto, entre los aportes patronales y las cargas jubilatorias que hace el propio empleado, y luego para un caso de un trabajador en relación de dependencia, el cobro de ART y el descuento sindical. En esa primera instancia Adorni consideró que, como ejemplo, un empleado con un sueldo bruto de $30.000 termina recibiendo 20.000 pesos.

Fuente: TwitterFuente: Twitter

Y sobre esa base estimó cuánto es lo que ese empleado pagará de impuestos una vez que quisiera, por ejemplo, comprar alimentos en un supermercado. Esa cuenta da un 40% de presión tributaria sobre esos productos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“Aunque depende del producto, están calculados todos los impuestos de la cadena. Hay otros, por supuesto, que tienen más o menos IVA. En definitiva, desde que empezaste a trabajar hasta que llevaste la comida a la mesa de tu casa, trabajaste por $30.000 y pudiste disfrutar -por así decirlo- por $12.000, la diferencia te da un 60% aproximadamente″, concluyó Adorni.

El economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto entre los aportes y cargas jubilatorias, el cobro de ART y el descuento sindical. Y luego, los impuestos a consumo de alimentos en un supermercado

Hace dos años el economista había hecho una cuenta similar, también en Twitter y que también se viralizó. “Sueldo de Comercio: $34.293,57. Imp. al trabajo: $ 5.829,90. Sindicato: $957,35. => Cobrás $ 27.506,32. Con eso salís a consumir productos con 50% de impuestos en promedio. Trabajaste por $34.293,57 y compraste por $13.753,16. Impuestos = $20.540,41. Que tengan todos un buen día”, había mencionado en ese entonces.

Independencia Tributaria

En los últimos 10 años hasta 2020, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaboró un indicador que dio a conocer como el Día de la Independencia Tributaria, es decir, en qué momento del año una persona deja de trabajar para pagar impuestos y comienza a “gozar” de su salario propiamente dicho.

El año pasado esa fecha llegó el 28 de junio para el caso de un trabajador que ganaba en ese entonces en promedio 50 mil pesos de bolsillo mensuales. Según el informe de la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz, desde el 1° de enero los ciudadanos y ciudadanas comienza a trabajar “para el Estado”, entendido como destinar su ingreso a cumplir con el pago de impuestos que tienen alguna incidencia en su salario.

El año pasado el Día de la Independencia Tributaria llegó el 28 de junio

Una vez cumplido ese plazo determinado, comienza a percibir ingresos “para sí mismo”. Según los resultados obtenidos en el último relevamiento realizado por ese centro de estudios, un trabajador asalariado formal en Argentina debió trabajar en 2020 entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de sus ingresos.

Iaraf toma en consideración cuatro tipos testigo de asalariados para hacer su estimación. El Caso 1, el nivel más bajo de ingresos ejemplificado, se trata de un empleado que no queda alcanzado ni por el impuesto a las Ganancias ni por el impuesto a los Bienes Personales (ni el impuesto PAIS en 2020). Para este ejemplo, su “Día de la independencia tributaria” permaneció relativamente estable a lo largo de la última década.

Por su parte, los Casos 2 al 4, con sueldos más altos, demoraron una mayor cantidad de días en 2020 para alcanzar su independencia tributaria en comparación con 2019. Por otra parte, si bien se mantienen aún alejados del pico de 2015, en todos estos casos necesitaron más días para cumplir con sus obligaciones tributarias que al inicio de la serie, en 2011. Ante esto, Iaraf aclaró que “los cuatro casos considerados terminarían el 2020 con un aumento de la carga tributaria formal, acercándose nuevamente a los valores de 2017”.

FUENTE : INFOBAE

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EL ENACOM RECHAZARA LOS AUMENTOS DE MOVILES INTERNET Y TELEVISION PAGA

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró a Télam el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”.

“Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

“Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar”, indicó López en diálogo con Télam.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

“En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público” insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, “las empresas están invirtiendo más que en el 2019”, cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, “la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía”.

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: “subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”.

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que “nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor”.

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector “quisieron volver a aumentar de un modo brutal” los precios de los servicios.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público “le pese a quien le pese”.

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que “en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas”.

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que “vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda”.

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.

“Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo especifico”, indicó.

Recordó que “todo esto vino a partir de la pandemia” y que “el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba”.

Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en “Chile ya tiene media sanción el servicio publico de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada”.

A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y “algunos países de Europa”, agregó el funcionario.

“Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio publico nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre”, finalizó López.

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Tras el nuevo “cepo” del BCRA, sube el blue y las sociedades de Bolsa suspendieron la venta de dólares

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El Banco Central limitó desde este viernes 13 aún más la operatoria de los dólares financieros.

La disposición del Banco Central para ponerle fin a los inversores que hacían “rulo” con el dólar, especialmente arbitrando dólar Contado Con Liqui y dólar Bolsa o MEP, disparó el valor de la divisa paralela, al tiempo que las Sociedades de Bolsa suspendieron la venta de la moneda extranjera.

El BCRA puso una nueva barrera a aquellos que operan con dólares financieros.

Para adecuarse a las nuevas restricciones que implementó el Banco Central a las operaciones con el dólar CCL, las sociedades de bolsa suspendieron su actividad y se estima que recién la semana que viene volverían a estar funcionando con normalidad, informaron desde el sector.

En las últimas semanas, el BCRA perdió más de u$s 1.000 millones en reservas, al intentar controlar el mercado cambiario.

El BCRA limita operaciones con dólares financieros, que incluyen prohibir el envío de divisas al exterior a cuentas de terceros, y normas destinadas a controlar la operatoria del contado con liquidación (CCL).

BLUE

El dólar blue sube otros 1,50 centavos este viernes a $ 181, con lo que suma su segunda alza consecutiva, en la city porteña.

Hace dos semanas había tocado los $ 185 y en octubre de 2020 había alcanzado su valor máximo de $ 195. La brecha sigue por encima del 80% con respecto al dólar oficial.

  • DÓLAR BLUE $ 181
  • DÓLAR OFICIAL PROMEDIO $ 102.50
  • DÓLAR BOLSA $ 170.75
  • CONTADO CON LIQUI $169.75
  • DÓLAR SOLIDARIO $ 168.30

FUENTE : LA VOZ DEL INTERIOR

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