Como en las películas, pero pasó en la realidad, puntualmente en Corrientes. Cada uno llegó en su auto a un lugar poco transitado y sin cámaras de seguridad. Uno se bajó de su vehículo y se subió al otro y le entregó el dinero de la coima. Después cada uno se fue por su lado.

La escena fue relatada por uno de los arrepentidos del caso del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, con orden de detención por cobrarles sobornos a acusados de narcotráfico para dejarlos en libertad o dictarles resoluciones beneficiosas. El arrepentido es uno de los cinco abogados detenidos en el caso que actuaban de intermediarios en el pago de los sobornos y que declaró ante el juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación junto con el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

El arrepentido –cuya identidad se mantiene en reserva– relató cómo se pagaban las coimas e involucró directamente a Soto Dávila y a uno de sus secretarios, Pablo Molina, quien está preso. Contó seis hechos, pero aclaró: “Fueron muchos los hechos de ‘arreglos’con Molina por liberados y él me decía ´mirá que yo tengo que juntar para el viejo´”, en referencia a Soto Dávila. Infobae accedió a su declaración.

El primer caso que relató fue el de Ricardo González, conocido como “caballo” e integrante de la banda narco de Itatí, en Corrientes, liderada por Federico “Morenita” Marín. Era septiembre de 2015 y González tenía una orden de detención y el abogado presentó una exención de prisión para que estuviera en libertad mientras era investigado.

El caso era del juzgado de Soto Dávila y del secretario Federico Grau –también detenido– que se tomó licencia. “Molina me avisó que él sería el encargado de suplirlo en esta causa, y eso abrió la posibilidad de ‘arreglar’. Esta no era la primera vez que eso sucedía. Nosotros ya habíamos hecho un ‘arreglo’ con anterioridad. En esta ocasión, Molina me dijo: ‘Quedate tranquilo que si se paga, González sale'”, contó el arrepentido.

Fueron $30 mil de coimas que pagó Lourdes Alegre, esposa de “Morenita” Marín, quien estaba preso, y que le entregó el dinero en su casa. “Una vez en su vivienda, Lourdes se comunicó telefónicamente con Marín. Luego me pasó el teléfono para que yo hable con su marido. ‘Está todo el mundo trabajando para que salga Caballo, nosotros cumplimos, tenés que cumplir vos”. Cuando le dije “nosotros” me refería a Molina, al juez y a mí”, contó el arrepentido.

También relató que había urgencias: “Molina me había dicho que parte del dinero tenía que ser entregado al juez Soto Dávila. Todas estas cosas me generaron presión, y la necesidad de conseguir la plata. De hecho, Molina me dijo: ‘Mirá que a las 10 de la mañana ya está firmada la eximición y yo puedo aguantar sin notificarle al imputado, como máximo, hasta las 12 del mediodía’, porque algo pasaba con el Juez que se iba”.

Luego relató cómo fue el pago: “Al día siguiente le entregué el 50% de los $30.000 a Molina, en la calle. Nos encontramos en la esquina de Bolívar y Don Bosco, de Corrientes capital, tal como lo hacíamos siempre. Era un lugar donde no había mucho tránsito, hay un depósito, no hay mucho movimiento de gente. Cada uno venía en su auto. Cuando Molina llegaba, yo me subía al vehículo de él, que era un Vento blanco que tenía como depositario judicial, ya que se lo había entregado Soto Dávila. Ahí, adentro de su auto, le entregué la plata y él se fue. Así terminó este arreglo. Sé que después Molina le entregaba una parte a Soto Dávila, no sé cuánto, eso lo arreglaban entre ellos”.

El abogado arrepentido contó otros “arreglos” y aclaró que cuando decía arreglos se refería a “la entrega de dinero a Molina y Soto Dávila, para lograr beneficios en las causas para mis clientes”.

El primero fue por la detención de dos argentinos y un paraguayo en un camión con marihuana en la ruta nacional 14. La causa le tocó a la secretaria de Molina y el abogado fue a verlo. “Le conté sobre la posibilidad de sacarles ‘una buena moneda’ a los detenidos, especialmente al paraguayo, que tenía mucho dinero debido a que era bancado por una organización paraguaya. Molina me dijo: ‘Sí, vamos a hacerlo’. Molina se encargaba de hacer la excarcelación y yo de recaudar la plata”, contó. El paraguayo pagó 150 mil pesos y cada argentino 15 mil. “Eso nos lo repartimos 50% cada uno con Molina y los imputados fueron excarcelados”, sostuvo.

Otro caso fue el de dos misioneros detenidos con 327 kilos de marihuana y cigarrillos. Pagaron 170 mil pesos para quedar en libertad. “Luego, me fui al Juzgado y le dije a Molina: ‘ya me entregaron el 50%, yo lo guardo. Cuando salgan y me paguen el resto, te doy la plata’.

El resto se lo dio al abogado la mujer de uno de los detenidos. El arrepentido volvió a relatar la escena de los autos: “La mujer me llevó en su vehículo hasta la esquina donde siempre me encontraba con Molina, la misma esquina que mencioné antes. Eran aproximadamente las 13:20 horas. En ese instante llegó Molina, me subí a su auto, el mismo Vento blanco, y le di el dinero. Fue ahí cuando él me dijo: ‘de esto va a cobrar también el viejo su parte’, en referencia a Soto Dávila. La esposa del imputado vio todo desde su auto. Me observó mientras iba con la bolsa con el dinero y también cuando volví con las manos vacías. Cuando subí al auto de la mujer le dije a ésta: ‘viste, acá está’, porque yo le había mencionado que esa plata era para el Juzgado. Inicialmente, ella y su marido se habían quejado del monto: ‘es mucho, es mucho’, y yo les respondía: ‘Así te asegurás'”.

El abogado contó otro “arreglo” en el que perdió plata para satisfacer la demanda de Molina. Fue la detención de un hombre que era buscado por la justicia federal de Rosario y que manejaba un auto propiedad de un contador que no estaba involucrado con el hecho. El contador, de apellido Gómez, quería recuperar el vehículo y el abogado lo representó. “En esa época se cobraba aproximadamente $10.000 como honorarios para lograr la restitución de un auto secuestrado. Entonces, conociendo estos precios, le propuse a Molina repartir $5000 para cada uno. Pero Molina quería $10.000. Yo no podía cobrarle tanto dinero a Gómez, por lo que decidí cobrarle $11.000 a este último, y yo me quedé sólo con $1000, el resto se lo entregué a Molina”, recordó el arrepentido y dijo que el dinero lo entregó en la habitual esquina de los arreglos.

En 2016 dos brasileños fueron detenidos con dos camiones con 30 kilos de marihuana que llevaban a Chile. El abogado les explicó cómo podían quedar libres: 50 por ciento ahora y el resto en libertad. La coima fue de cinco mil dólares cada uno. “Siempre supe que era una parte para Soto y una para Molina. En esa época ya coordinábamos por whatsapp, que era más seguro. Pero Molina siempre usó el mismo teléfono. Fueron muchos los hechos de ‘arreglos’ con Molina por libertados”, explicó.

El último caso que relató fue el de siete detenidos, uno de ellos un ex policía de Corrientes de apellido Ferrari, con 300 kilos de marihuana. “Por los siete detenidos, $400.000”, contó el arrepentido que le dijo Molina.

El arrepentido describió a Molina como “una persona que se desesperaba por la plata”. “‘¿Dónde está la plata? ¿Ya pagó?’, era tremendo, a veces era tan insistente que me daban ganas de hacer todo por derecha. A veces me insistía tanto que prefería darle su parte y quedarme sin ganancia”, contó y recordó que “al principio, yo tuve que convencer a Molina, porque él quería cobrar 100 o 150 mil pesos por las excarcelaciones, y yo le decía que teníamos que cobrarles menos, que el valor del mercado era menor. Si bien yo tenía el ‘as de espadas’ que era el contacto con Molina, tenía que cobrar una cantidad similar a la que se pagaba en el mercado. No me podía exceder tanto, porque los narcos se iban con otro abogado”.

También dijo que el secretario de Soto Dávila viajaba seguido a Europa, Nueva York y a Paraguay para comprar electrónica. Y que el propio juez iba todos los veranos a Punta del Este, en Uruguay.

El arrepentido contó que en un momento los arreglos “se cortaron”. Fue cuando Molina y el abogado Duylio Barboza Galeano -detenido en la causa- fueron denunciados por irregularidades en una causa. “Luego de esto le dije a Molina: ‘vamos a cortar y levantar el pedal’, a lo que él me respondió: ‘sí, vamos a cortarlo, pero más adelante vamos a seguir’. Yo no estaba de acuerdo con seguir más adelante, Molina era un Kamikaze. Esto lo charlamos en la esquina donde siempre nos juntábamos, lo hacíamos así porque ahí no hay cámaras, ni tránsito”, recordó. Todo se terminó después del inicio del “Operativo Sapucay”, en el que en marzo del año pasado fueron detenidos el intendente de Itatí, Natividad Terán, y el vice, Fabián Aquino, por formar parte de una banda narco. A esa organización, según la acusación, Soto Dávila les daba protección. Luego fue detenido otro ex intendente de Corrientes en los años 90: Juan Manuel Faraone, de Empedrado. En la causa también están detenidos oficiales de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional.

“Molina estaba preocupado. Después de esto, por motivos de autopreservación, no me comuniqué nunca más con él. Sólo me habré cruzado y le dije ‘hola, qué tal'”, concluyó el arrepentido sobre su relación con el secretario.

“El concepto en Corrientes de Soto Dávila es pésimo, desde hace años. Esto no es nuevo, por todas las denuncias que tiene, vive teniendo denuncias. Me cuentan los abogados que en una época Fresneda se quedaba con las cauciones. Esto viene de hace mucho en este Juzgado”, concluyó su declaración ante el fiscal Stornelli -el mismo de la causa de los cuadernos de la corrupción que tiene una veintena de arrepentidos- y que fue homologada por el juez Torres. Fresneda es otro secretario del juzgado de Soto Dávila.

El abogado es uno de los seis arrepentidos que ya tiene la causa. Los otros cinco son narcotraficantes. Además de estas declaraciones, la causa tiene escuchas judiciales sobre los pagos y el análisis de las resoluciones de Soto Dávila que los investigadores consideran contradictorias en los términos jurídicos en las que fueron hechas.

Soto Dávila lleva más de 20 años como juez federal en Corrientes. Tiene a su cargo la investigación del crimen organizado pero además es un hombre clave para la política local porque tiene la competencia electoral y es el encargado de la organización, control y la toma de decisiones de los comicios en la provincia.

Si bien tiene un pedido de detención, no se puede concretar porque como juez tiene fueros. El Consejo de la Magistratura de la Nación -el órgano encargado de analizar la conducta de los jueces- ya decidió citarlo para que dé explicaciones de las acusaciones. Cuando lo haga –se prevé que recién será en febrero próximo– podrá suspenderlo en el cargo y enviarlo a juicio político. Recién ahí perderá sus fueros y podrá ser detenido.

Soto Dávila se presentó ayer a indagatoria en los tribunales de Comodoro Py para declarar. Fue acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. El juez dijo que es inocente.