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Un arrepentido contó cómo le pagaba coimas a un secretario del juez Soto Dávila: montos y entregas como en las películas

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Es un abogado que era intermediario entre los acusados y el juzgado. Hacía los “arreglos” con un secretario judicial que está detenido y que repetía: “Tengo que juntar para el viejo”

Como en las películas, pero pasó en la realidad, puntualmente en Corrientes. Cada uno llegó en su auto a un lugar poco transitado y sin cámaras de seguridad. Uno se bajó de su vehículo y se subió al otro y le entregó el dinero de la coima. Después cada uno se fue por su lado.

La escena fue relatada por uno de los arrepentidos del caso del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávilacon orden de detención por cobrarles sobornos a acusados de narcotráfico para dejarlos en libertad o dictarles resoluciones beneficiosas. El arrepentido es uno de los cinco abogados detenidos en el caso que actuaban de intermediarios en el pago de los sobornos y que declaró ante el juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación junto con el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

El arrepentido –cuya identidad se mantiene en reserva– relató cómo se pagaban las coimas e involucró directamente a Soto Dávila y a uno de sus secretarios, Pablo Molina, quien está preso. Contó seis hechos, pero aclaró: “Fueron muchos los hechos de ‘arreglos’con Molina por liberados y él me decía ´mirá que yo tengo que juntar para el viejo´”, en referencia a Soto Dávila. Infobae accedió a su declaración.

El juez Soto Dávila

El juez Soto Dávila

El primer caso que relató fue el de Ricardo González, conocido como “caballo” e integrante de la banda narco de Itatí, en Corrientes, liderada por Federico “Morenita” Marín. Era septiembre de 2015 y González tenía una orden de detención y el abogado presentó una exención de prisión para que estuviera en libertad mientras era investigado.

El caso era del juzgado de Soto Dávila y del secretario Federico Grau –también detenido– que se tomó licencia. “Molina me avisó que él sería el encargado de suplirlo en esta causa, y eso abrió la posibilidad de ‘arreglar’. Esta no era la primera vez que eso sucedía. Nosotros ya habíamos hecho un ‘arreglo’ con anterioridad. En esta ocasión, Molina me dijo: ‘Quedate tranquilo que si se paga, González sale'”, contó el arrepentido.

Fueron $30 mil de coimas que pagó Lourdes Alegre, esposa de “Morenita” Marín, quien estaba preso, y que le entregó el dinero en su casa. “Una vez en su vivienda, Lourdes se comunicó telefónicamente con Marín. Luego me pasó el teléfono para que yo hable con su marido. ‘Está todo el mundo trabajando para que salga Caballo, nosotros cumplimos, tenés que cumplir vos”. Cuando le dije “nosotros” me refería a Molina, al juez y a mí”, contó el arrepentido.

También relató que había urgencias: “Molina me había dicho que parte del dinero tenía que ser entregado al juez Soto Dávila. Todas estas cosas me generaron presión, y la necesidad de conseguir la plata. De hecho, Molina me dijo: ‘Mirá que a las 10 de la mañana ya está firmada la eximición y yo puedo aguantar sin notificarle al imputado, como máximo, hasta las 12 del mediodía’, porque algo pasaba con el Juez que se iba”.

Luego relató cómo fue el pago: “Al día siguiente le entregué el 50% de los $30.000 a Molina, en la calle. Nos encontramos en la esquina de Bolívar y Don Bosco, de Corrientes capital, tal como lo hacíamos siempre. Era un lugar donde no había mucho tránsito, hay un depósito, no hay mucho movimiento de gente. Cada uno venía en su auto. Cuando Molina llegaba, yo me subía al vehículo de él, que era un Vento blanco que tenía como depositario judicial, ya que se lo había entregado Soto Dávila. Ahí, adentro de su auto, le entregué la plata y él se fue. Así terminó este arreglo. Sé que después Molina le entregaba una parte a Soto Dávila, no sé cuánto, eso lo arreglaban entre ellos”.

El abogado arrepentido contó otros “arreglos” y aclaró que cuando decía arreglos se refería a “la entrega de dinero a Molina y Soto Dávila, para lograr beneficios en las causas para mis clientes”.

El primero fue por la detención de dos argentinos y un paraguayo en un camión con marihuana en la ruta nacional 14. La causa le tocó a la secretaria de Molina y el abogado fue a verlo. “Le conté sobre la posibilidad de sacarles ‘una buena moneda’ a los detenidos, especialmente al paraguayo, que tenía mucho dinero debido a que era bancado por una organización paraguaya. Molina me dijo: ‘Sí, vamos a hacerlo’. Molina se encargaba de hacer la excarcelación y yo de recaudar la plata”, contó. El paraguayo pagó 150 mil pesos y cada argentino 15 mil. “Eso nos lo repartimos 50% cada uno con Molina y los imputados fueron excarcelados”, sostuvo.

El juez federal Sergio Torres

El juez federal Sergio Torres

Otro caso fue el de dos misioneros detenidos con 327 kilos de marihuana y cigarrillos. Pagaron 170 mil pesos para quedar en libertad. “Luego, me fui al Juzgado y le dije a Molina: ‘ya me entregaron el 50%, yo lo guardo. Cuando salgan y me paguen el resto, te doy la plata’.

El resto se lo dio al abogado la mujer de uno de los detenidos. El arrepentido volvió a relatar la escena de los autos: “La mujer me llevó en su vehículo hasta la esquina donde siempre me encontraba con Molina, la misma esquina que mencioné antes. Eran aproximadamente las 13:20 horas. En ese instante llegó Molina, me subí a su auto, el mismo Vento blanco, y le di el dinero. Fue ahí cuando él me dijo: ‘de esto va a cobrar también el viejo su parte’, en referencia a Soto Dávila. La esposa del imputado vio todo desde su auto. Me observó mientras iba con la bolsa con el dinero y también cuando volví con las manos vacías. Cuando subí al auto de la mujer le dije a ésta: ‘viste, acá está’, porque yo le había mencionado que esa plata era para el Juzgado. Inicialmente, ella y su marido se habían quejado del monto: ‘es mucho, es mucho’, y yo les respondía: ‘Así te asegurás'”.

El abogado contó otro “arreglo” en el que perdió plata para satisfacer la demanda de Molina. Fue la detención de un hombre que era buscado por la justicia federal de Rosario y que manejaba un auto propiedad de un contador que no estaba involucrado con el hecho. El contador, de apellido Gómez, quería recuperar el vehículo y el abogado lo representó. “En esa época se cobraba aproximadamente $10.000 como honorarios para lograr la restitución de un auto secuestrado. Entonces, conociendo estos precios, le propuse a Molina repartir $5000 para cada uno. Pero Molina quería $10.000. Yo no podía cobrarle tanto dinero a Gómez, por lo que decidí cobrarle $11.000 a este último, y yo me quedé sólo con $1000, el resto se lo entregué a Molina”, recordó el arrepentido y dijo que el dinero lo entregó en la habitual esquina de los arreglos.

En 2016 dos brasileños fueron detenidos con dos camiones con 30 kilos de marihuana que llevaban a Chile. El abogado les explicó cómo podían quedar libres: 50 por ciento ahora y el resto en libertad. La coima fue de cinco mil dólares cada uno. “Siempre supe que era una parte para Soto y una para Molina. En esa época ya coordinábamos por whatsapp, que era más seguro. Pero Molina siempre usó el mismo teléfono. Fueron muchos los hechos de ‘arreglos’ con Molina por libertados”, explicó.

El último caso que relató fue el de siete detenidos, uno de ellos un ex policía de Corrientes de apellido Ferrari, con 300 kilos de marihuana. “Por los siete detenidos, $400.000”, contó el arrepentido que le dijo Molina.

El arrepentido describió a Molina como “una persona que se desesperaba por la plata”. “‘¿Dónde está la plata? ¿Ya pagó?’, era tremendo, a veces era tan insistente que me daban ganas de hacer todo por derecha. A veces me insistía tanto que prefería darle su parte y quedarme sin ganancia”, contó y recordó que “al principio, yo tuve que convencer a Molina, porque él quería cobrar 100 o 150 mil pesos por las excarcelaciones, y yo le decía que teníamos que cobrarles menos, que el valor del mercado era menor. Si bien yo tenía el ‘as de espadas’ que era el contacto con Molina, tenía que cobrar una cantidad similar a la que se pagaba en el mercado. No me podía exceder tanto, porque los narcos se iban con otro abogado”.

También dijo que el secretario de Soto Dávila viajaba seguido a Europa, Nueva York y a Paraguay para comprar electrónica. Y que el propio juez iba todos los veranos a Punta del Este, en Uruguay.

El arrepentido contó que en un momento los arreglos “se cortaron”. Fue cuando Molina y el abogado Duylio Barboza Galeano -detenido en la causa- fueron denunciados por irregularidades en una causa. “Luego de esto le dije a Molina: ‘vamos a cortar y levantar el pedal’, a lo que él me respondió: ‘sí, vamos a cortarlo, pero más adelante vamos a seguir’. Yo no estaba de acuerdo con seguir más adelante, Molina era un Kamikaze. Esto lo charlamos en la esquina donde siempre nos juntábamos, lo hacíamos así porque ahí no hay cámaras, ni tránsito”, recordó. Todo se terminó después del inicio del “Operativo Sapucay”, en el que en marzo del año pasado fueron detenidos el intendente de Itatí, Natividad Terán, y el vice, Fabián Aquino, por formar parte de una banda narco. A esa organización, según la acusación, Soto Dávila les daba protección. Luego fue detenido otro ex intendente de Corrientes en los años 90: Juan Manuel Faraone, de Empedrado. En la causa también están detenidos oficiales de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional.

Natividad Terán, el intendente de Itatí preso

Natividad Terán, el intendente de Itatí preso

“Molina estaba preocupado. Después de esto, por motivos de autopreservación, no me comuniqué nunca más con él. Sólo me habré cruzado y le dije ‘hola, qué tal'”, concluyó el arrepentido sobre su relación con el secretario.

“El concepto en Corrientes de Soto Dávila es pésimo, desde hace años. Esto no es nuevo, por todas las denuncias que tiene, vive teniendo denuncias. Me cuentan los abogados que en una época Fresneda se quedaba con las cauciones. Esto viene de hace mucho en este Juzgado”, concluyó su declaración ante el fiscal Stornelli -el mismo de la causa de los cuadernos de la corrupción que tiene una veintena de arrepentidos- y que fue homologada por el juez Torres. Fresneda es otro secretario del juzgado de Soto Dávila.

El abogado es uno de los seis arrepentidos que ya tiene la causa. Los otros cinco son narcotraficantes. Además de estas declaraciones, la causa tiene escuchas judiciales sobre los pagos y el análisis de las resoluciones de Soto Dávila que los investigadores consideran contradictorias en los términos jurídicos en las que fueron hechas.

Soto Dávila lleva más de 20 años como juez federal en Corrientes. Tiene a su cargo la investigación del crimen organizado pero además es un hombre clave para la política local porque tiene la competencia electoral y es el encargado de la organización, control y la toma de decisiones de los comicios en la provincia.

Si bien tiene un pedido de detención, no se puede concretar porque como juez tiene fueros. El Consejo de la Magistratura de la Nación -el órgano encargado de analizar la conducta de los jueces- ya decidió citarlo para que dé explicaciones de las acusaciones. Cuando lo haga –se prevé que recién será en febrero próximo– podrá suspenderlo en el cargo y enviarlo a juicio político. Recién ahí perderá sus fueros y podrá ser detenido.

Soto Dávila se presentó ayer a indagatoria en los tribunales de Comodoro Py para declarar. Fue acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. El juez dijo que es inocente.

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Cuadernos: Stornelli pidió elevar a juicio a 15 personas, cinco de ellas marplatenses

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Se trata de uno de los expedientes de la mega causa que investiga la compra de inmuebles por algo más de 70 millones de dólares en Estados Unidos y el Caribe. La viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, una de las involucradas.

El fiscal Carlos Stornelli presentó este viernes un nuevo pedido de elevación a juicio a 15 personas acusadas de intervenir en la mega causa de los Cuadernos de la Corrupción. Según precisó el Diario La Nación, el fiscal dio por terminada la investigación en el expediente que trata la compra de inmuebles por algo más de 70 millones de dólares en Estados Unidos y el Caribe y que, originalmente, fueron comprados con dinero del secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Por este hecho, sobresale el rol protagónico de la viuda del ex funcionario, Carolina Pochetti, pero hay otros 15 sindicados, cinco de los cuales son marplatenses. Carolina Pochetti, Elizabeth María Ortíz Municoy, Sergio Todisco, Carlos Gellert, Carlos Cortéz, Leonardo y Rubén Laneza, Federico Zupicich y Miguel y María Jesús Plo fueron hallados responsables como co-autores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por conformar miembros de una organización dedicada al comisión continuada de delitos. Isidro Bounine, acusado de lavado de activos en calidad de partícipe secundario, Elba Municoy, como coautora de esos delitos, y Marcelo Danza y Osvaldo Parolari, también por los mismo cargos en calidad de partícipe secundario y coautor.

Finalmente, el exministro de finanzas de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, también fue procesado por encubrimiento agravado.

El desglose local marca que los marplatenses Elizabeth María Ortíz Municoy, Sergio Todisco, Elba Municoy, Marcelo Danza y Osvaldo Parolari tuvieron, según la causa, distintas responsabilidades, siendo Elizabeth Municoy y Todisco los presuntos testaferros del fallecido secretario.

El pedido de elevación a juicio parcial que firmó Stornelli se suma al que ya realizó en la semana en el que acusó a 47 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Kirchner y el exmnistro de Planificación Federal, Julio De Vido, algunos por pertenecer a una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado y otros, por pagar o recibir coimas.

La fiscalía probó, en esta instancia de instrucción, a partir del año 2010 y hasta el 2015, Carolina Pochetti junto a varios de los imputados utilizaron fondos destinados a la adquisición de 14 inmuebles ubicados en las ciudades de Miami y Nueva York disimulados a nombre de al menos 12 personas jurídicas radicadas en los Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas.

Según cuenta el matutino nacional, uno de los arrepentidos, el marplatense Sergio Todisco, dijo que en el momento en que se hicieron las compras Muñoz recaudaba entre 500.000 y un millón de dólares por semana. Todisco dijo que ellos recibían ese dinero y lo ponían en unas cuentas que estaban acordadas. Es decir, se lavaba dinero con fondos presuntamente públicos.

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Condenaron a prisión perpetua al hombre que mató a Marcela Chocobar

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El hecho ocurrió en septiembre de 2015. El tribunal lo consideró un crimen motivado por el odio a la condición sexual de la víctima

La Cámara Oral Penal de Santa Cruz condenó el miércoles a prisión perpetua a Oscar Biott, luego de encontrarlo culpable del transfemicidio de Marcela Chocobar.

El tribunal determinó que en septiembre de 2015, Biott asesinó en Río Gallegos a la joven salteña que en ese entonces tenía 26 años, para luego descuartizar su cuerpo y posteriormente hacerlo desaparecer. El hombre fue considerado el autor material del hecho, que además contó con el agravante de haber sido motivado por el odio a la condición sexual de la víctima.

En un fallo dividido, la Cámara condenó a su vez a Ángel Azzolini, la otra persona que se encontraba acusada en el caso, a seis años de prisión. Azzolini fue considerado partícipe necesario y encubridor del crímen. Esta decisión contrastó con la postura del fiscal del caso, Iván Saldivia, quien había solicitado perpetua para ambos acusados.

Un tercer acusado, Adrián Fioramonti, logró inicilamente su libertad luego de pagar 50 mil pesos de fianza y fue sobreseído el miércoles.

De acuerdo a la investigación, la víctima fue vista con vida por última vez el 6 de septiembre de 2015, cuando subió a un auto en la esquina de un boliche en el centro de Río Gallegos.  Ocho días después su cráneo apareció en un baldío ubicado a unos 7 kilómetros de distancia, en el barrio San Benito de esa misma ciudad. El resto de su cuerpo jamás apareció.

Las hermanas de Marcela Chocobar con su portaretrato

Las hermanas de Marcela Chocobar con su portaretrato

Según la reconstrucción del caso, Chocobar se subió al auto en el que estaban Biott y Azzolini, con la intención de prestarles servicios sexuales. Sin embargo, en su declaración indagatoria Azzolini indicó que el decidió irse a dormir debido a su estado de intoxicación y que, al despertarse, encontró a Biott completamente alterado.

Dijo que tranquilizó, que lo ayudó a quemar las ropas ensangrentadas en el patio de la vivienda y a buscar el cuerpo en reiteradas oportunidades de la joven que, según su amigo, había quedado desvanecida y muerto en circunstancias desconocidas.

Sin embargo, el informe forense del cuerpo concluyó que Chocobar no pudo haber muerto por alguna causa que no hubiera sido un asesinato. Informó que su decapitación sucedió post-mortem y que el cráneo había sido perfectamente separado y cortado con un elemento filoso entre la segunda y la tercera vértebra.

Tras conocerse el fallo, las hermanas de la víctima, visiblemente emocionadas, agradecieron a todos los que las acompañaron durante el proceso e insistieron en la necesidad de encontrar el cuerpo. Sin embargo, se mostraron en desacuerdo con la condena a Azzolini.

Familiares de Marcela Chocobar a la salida del veredicto.

Familiares de Marcela Chocobar a la salida del veredicto.

A su vez, el tribunal, integrado por los camaristas Joaquín Cabral, Jorge Yance y Carlos Arenillas, aceptó la propuesta de las hermanas de la víctima para crear una fiscalía especializada en violencia de género.

Por su parte, Carlos Muriete, el abogado de las hermanas de Chocobar, se mostró conforme con el fallo y resaltó que la condena con el componente de género fue la primera en la historia de la provincia.

De hecho, la causa fue inicialmente caratulada como “homicidio simple”. Pero luego de que se revelaran las características del crímen a lo largo de las audiencias orales, el fiscal Saldivia  pidió que se aplique el agravante.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), presentó también un amicus curiae solicitando a los jueces que se aplique esa misma figura que hace un año se utilizó por primera vez en un fallo contra David Gabriel Marino, único detenido y condenado por el crimen de la dirigente y activista trans Diana Sacayán, asesinada de 13 puñaladas en Buenos Aires, un mes después que Marcela Chocobar.

Los informes psicológicos oficiales a los que accedió Infobae indican que el ataque tuvo “directamente que ver con concebir a Marcela Chocobar como un objeto, no después de su muerte, sino aún antes” y califican tanto a Biott como a Azzolini como sujetos con “características antisociales y desadaptados” y con “noción de equipo” en la relación entre ellos.

Chocobar

Chocobar

Los peritos señalaron además que los imputados indicaron que no supieron de la condición de transgénero de Marcela desde el inicio de su encuentro y que la revelación del dato produjo en ellos un “quiebre emocional”.

En su informe anual de femicidios en Argentina, la Corte Suprema informó que de los 255 femicidios que tuvieron lugar en el país en 2018, cuatro de ellos fueron transfemicidios o travesticidios.

De hecho, la presente condena es la segunda de esta naturaleza en la semana. El pasado martes, el Tribunal Criminal 2 de Jujuy dictó la prisión perpetua para Jesús Moreno por haber asesinado de 35 puñaladas a su pareja trans, Zoe Quispe, en 2016, en Palpalá.

Foto  : TN Rio Gallegos

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Indagaron por lavado de dinero a un ex secretario de Cristina Kirchner que se arrepintió en la causa de los cuadernos

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Se trata de Fabian Gutiérrez, a quien José Lopez señaló como el hombre que le entregó los bolsos que llevó al convento

Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py

Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py

La Justicia reactivó la investigación por el dinero que manejó Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Kirchner que se arrepintió en la causa de los cuadernos y confesó haber visto cómo llevaban bolsos al sur. Este hombre, que había sido sobreseído por enriquecimiento ilícito en el 2011 y le reabrieron la causa en 2017 por una denuncia por lavado de activos de la Unidad de Información Financiera, ahora no solo tiene que dar explicaciones por sus manejos de dinero sino que las sospechas sobre sus bienes y el de sus presuntos testaferros quedó ligada a la banda que recaudó dinero en los viajes del chofer Oscar Centeno.

Un detalle más: Gutiérrez es la persona a la que el ex secretario de Obras Publicas José López acuso de haberle dados los bolsos con 9 millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez hace casi dos años. Sin embargo, Gutiérrez aseguró que eso era mentira y que López se estaba vengando por una vieja pelea que tuvieron cuando ambos trabajaban en el Gobierno.

El ex secretario de Cristina Kirchner tuvo que presentarse hoy a dar explicaciones ante el juez Claudio Bonadio, a cargo del expediente. También fueron convocados en indagatoria su madre, Teresa Amalia García, y su hermana Valeria Alejandra Martinovich, su cuñado y la pareja de la madre. El magistrado citó a indagatoria a Matías Lázaro Raimondo y Carlos Mario César Siverino, y ayer ya habían sido interrogados Oscar Raúl Núñez, Humberto Rodrigo Mieres Vera, Diego Carlos Riestra, Alberto Rodríguez, Luis Alejandro Semprini, Rosa Susana Guillone y Diego Miguel Derdey.

La sorpresa para los defensores fue cuando llegaron a la indagatoria. No solo les pedían explicaciones del manejo de dinero sino que se enteraron que ligaron esos activos a la organización ilícita que –según Bonadio y la Cámara Federal- habría liderado Cristina Kirchner, secundada por el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta para recaudar dinero entre empresarios que hacían negocios con el Estado, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.

Cristina Kirchner junto a Gutiérrez (OPI Santa Cruz)

Cristina Kirchner junto a Gutiérrez (OPI Santa Cruz)

Víctor Fabián Gutiérrez había acompañado a Cristina Kirchner como secretario en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia en 2003, Gutiérrez fue designado secretario adjunto. Antes había sido cadete en la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, donde su madre fue interventora. En 2010 presentó su renuncia tras haber sido denunciado por enriquecimiento ilícito.

El portal Opi Santa Cruz denunció en aquel momento que Gutiérrez había multiplicado su patrimonio en forma exponencial desde 2003 y que estaba construyendo una casa en El Calafate por un millón de dólares. Se le abrió entonces una causa en la que se planteó que, según sus declaraciones juradas, el patrimonio de Gutiérrez aumentó más de siete veces a partir de que colaboraba con la Presidenta. El caso cayó en manos del juez Bonadio, que también investiga a Isidro Bounine, a Daniel Muñoz y a Daniel Alvarez, los otros secretarios privados de la Presidenta y del ex presidente Néstor Kirchner. Todos ellos fueron sobreseídos en aquel momento.

Cuando el escándalo de los cuadernos estalló, Bonadio detuvo a todos los colaboradores cercanos del matrimonio Kirchner. Fue por las sospechas de cómo enviaban el dinero de la recaudación de Baratta al sur. En ese momento, Gutierrez pidió ser arrepentido. Tal como publicó Infobae en aquel momento, el joven aseguró que  no había visto el contenido de los bolsos que los Kirchner movían desde Buenos Aires al sur, pero reveló que a Cristina la llamaban “la loca” o la “yegua” porque “nadie quería trabajar con ella”, contó cuánto dinero gastaba en compras cuando se iba de viaje oficiales, cómo terminó renunciando porque la ex Presidenta lo increpó por haber ido al baño y por qué el ex ministro De Vido “la odiaba”.

Ya en 2017, sin embargo, la UIF había pedido reabrir la causa por el dinero que manejó Gutiérrez. Ahora, esa reactivación llegó con las citaciones a indagatoria que se cumplían en estas horas y, sorpresivamente, las pruebas obtenidas en la causa de los cuadernos.

Según señalaron fuentes judiciales, el escenario para Gutiérrez –en este contexto- sería al que enfrentaron los familiares y allegados de Daniel Muñoz, el ex millonario secretario de Néstor Kirchner que falleció en 2016. Su viuda se convirtió en “arrepentida” después de pasar dos meses en prisión y de que otros de los testaferros también pidieran hacer un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo y contaran detalles de cómo compraron 16 propiedades en Miami y Nueva York –incluidos dos departamentos en el Hotel Plaza, de Manhattan- y luego decidieran venderlos a las apuradas cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers y quedaran expuestas las sociedades off shore que usaron para hacer esas operaciones. Hoy se cree que parte de ese dinero fue invertido en unos terrenos de las Islas Turk and Caicos del Caribe pero, tal como publicó Infobae, el gobierno británico de esas islas paradisíacas se resiste a ponerlo a disposición de los  tribunales de Comodoro Py.

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