Connect with us

Politica

Artículo por artículo, cómo es el decreto para recuperar bienes de la corrupción

Published

on

Artículo por artículo, cómo es el decreto para recuperar bienes de la corrupc

El Presidente y todo su gabinete firmaron el DNU que fue publicado este martes en el Boletín Oficial

El gobierno nacional publicó este martes el decreto de necesidad y urgencia a través del cual puso en marcha el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

 El yate de Ricardo Jaime, emblema de los bienes recuperados asociados a la corrupción

La norma, que había sido adelantada por Infobae, fue instrumentada a partir de la modificación del artículo 1907 del Código Civil, que incluye la nueva modalidad de extinción de los derechos reales, y un anexo que define punto por punto cómo será el nuevo procedimiento que se sustanciará en el fuero civil.

En los argumentos, el Poder Ejecutivo precisó los lineamientos básicos de la medida. Aseguró que “el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley“.

Y en virtud de ello, indicó que “el Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de manera integral contra el flagelo del crimen organizado“.

El anexo crea el nuevo régimen procesal propiamente dicho. Del análisis de su articulado, se puede precisar cómo será el procedimiento a partir del cual  los jueces civiles podrán recuperar bienes vinculados a la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves que fueron detallados en el artículo 6.

Los puntos más importantes:

– Acción civil

La acción de extinción de dominio se sustanciará en el fuero civil a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial. Este tema es relevante en virtud de los debates que se habían dado el año pasado en el Congreso. 

– Creación de la Procuraduría de extinción de dominio

El decreto contempla la creación de una nueva fiscalía que tendrá facultades para realizar investigaciones de oficio y colaborar en la identificación y localización de los bienes.

Esta nueva Procuraduría deberá presentar demandas e impulsar las acciones de extinción de dominio. Tendrá la potestad de pedir informes a todas las áreas del Estado Nacional, como así también entidades públicas y privadas, que no podrán negarse bajo ninguna circunstancia.

A requerimiento de la Fiscalía, el juez estará obligado incluso a levantar el secreto fiscal, bancario, o bursátil. 

– Bienes a recuperar

Se podrán recuperar todos los bienes que el demandado haya incorporado a su patrimonio con posterioridad a la fecha de la comisión de un presunto delito y cuyo origen no puede ser justificado en virtud de sus ingresos.

Esto incluye a todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad  u otros derechos, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria.  Incluye ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de estos bienes.

Play

– Los delitos penales que disparan el proceso civil

El artículo 6 hace un pormenorizado de los delitos a partir de los cuales procede la acción civil de extinción de dominio. Incluye aquellos vinculados a la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas, entre otros.

La nueva fiscalía especializada podrá promover la acción siempre y cuando se haya dictado una medida cautelar sobre alguno de los bienes sospechados en el proceso penal. Además, podrán pedir otras medidas cautelares para asegurar el éxito de la acción.

– La carga probatoria

La parte demanda, es decir el sospechoso de haber cometido alguno de los delitos especificados en el régimen, tendrá la carga de la prueba para demostrar que los bienes afectados al proceso fueron incorporados a su patrimonio de forma lícita.

Este punto es trascendental porque invierte el principio general en derecho de la carga de la prueba, donde un demandado es inocente hasta que se demuestra lo contrario y quien tiene que probar el ilícito es la parte que impulsa la acción. 

– El destino de los bienes recuperados

El decreto establece que los bienes que sean recuperados quedarán bajo la órbita de la Agencia de Administración de Buenos del Estado, para su posterior subasta.

En el caso de dinero en efectivo, será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación. Y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

– Devolución de bienes

En caso de una sentencia firme de sobreseimiento dictada en sede penal, el Estado quedará obligado a restituir el bien a su antiguo poseedor. De resultar imposible, deberá entregarle un valor equivalente en dinero.

– Prescripción

La acción de extinción de dominio prescribe a los 20 años. El plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio del bien objeto de la acción. De aquí surge otra polémica porque el artículo permitirá la aplicación retroactiva de la norma, algo prohibido por los principios generales del derecho.

Anexo: régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio

República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional

2019 – Año de la Exportación

Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-02582495- -APN-DGDYD#MJ

ANEXO I

RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 1°.- Naturaleza. La acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier
derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el presente régimen. La extinción de dominio
se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no
pudiendo acumularse a ninguna pretensión.
ARTÍCULO 2°.- Competencia. Será competente para entender en las acciones previstas en el presente
régimen, la Justicia Federal con competencia en lo civil y comercial. En la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, será competente la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal.
Será competente el juez del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren ubicados sus bienes, a
elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora
podrá accionar en todas o cualquiera de ellas.
ARTÍCULO 3°.- Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional. La Procuración
General de la Nación contará con una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional,
con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización
de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente, en los
casos que así lo dispongan los fiscales intervinientes en esas investigaciones.
La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, junto con los fiscales competentes
conforme a lo establecido en el artículo 2o, deberán presentar las demandas e impulsar las acciones de
extinción de dominio previstas en el presente régimen.
El Procurador General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22, segundo párrafo, de la
Ley N° 27.148 y su modificatoria, determinará el funcionamiento de la Procuraduría de Extinción de
Dominio a favor del Estado Nacional y establecerá los criterios que orienten el inicio y selectividad de las
acciones de extinción de dominio en función de la significación económica de los bienes, el grado de
afectación al interés público y los objetivos que orientan el accionar del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional estará facultada para requerir
información a todas las áreas del Estado Nacional así como a entidades públicas y privadas, las que no
podrán negarla bajo ninguna circunstancia.
A requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el juez competente deberá levantar el secreto
fiscal, bancario, bursátil o el establecido en los artículos 22 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y 87 –
primer párrafo- de la Ley N° 27.260.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría podrá conformar equipos de investigación conjunta
con organismos locales, internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar colaboración
internacional en los términos de la normativa, los convenios y pactos vigentes.
ARTÍCULO 4°.- Partes. En la oportunidad prevista en el artículo 8° del presente régimen, el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la
tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de
dominio, se encuentre o no imputada en la investigación penal.
Deberá impulsar la citación como tercero de intervención obligada en los términos de los artículos 90 y 94
del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN y a toda otra persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la
demanda que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.
ARTÍCULO 5°.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al
patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por
no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un
incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de
los delitos enunciados en el artículo siguiente.
Quedarán abarcados:
a. Todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o
no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes
mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria;
b. La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso
anterior;
c. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes previstos en cualquiera
de los incisos anteriores.
ARTÍCULO 6°.- Procedencia. La acción de extinción de dominio procede respecto de los bienes que
presuntamente provienen de los siguientes delitos:
a) Los previstos en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 23, 24 y 29 bis de la Ley N° 23.737 y sus
modificatorias;
b) Los previstos en los artículos 866 y 867 del CÓDIGO ADUANERO, aprobado por la Ley N° 22.415 y
sus modificatorias;
c) Los delitos agravados por el artículo 41 quinquies del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
d) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146 y
170 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
e) El previsto en el artículo 174, inciso 5° del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando la

investigación impute a un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes
públicos;
f) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268
(2), 269, y 277 a 279 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
g) Los previstos en los artículos 300 bis, 303, 304 y 306 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre
que el hecho ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en este artículo;
h) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando
los delitos que se le atribuyan a la asociación sean alguno o varios de los detallados precedentemente.
ARTÍCULO 7°.- Medidas cautelares. Los fiscales intervinientes deberán informar a la Procuraduría de
Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, el inicio de todas aquellas actuaciones en las que
pudieran existir bienes que, directa o indirectamente, provengan de alguno de los delitos enumerados en el
artículo 6° del presente.
Cuando la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional tenga elementos que
permitan considerar que un bien proviene directa o indirectamente de alguno de los delitos enumerados en
el artículo 6°, podrá requerirle al fiscal interviniente que solicite el dictado de las medidas cautelares que
estime necesarias para asegurarlo a los fines de la acción de extinción de dominio y que aún no se hubieran
decretado.
ARTÍCULO 8o.- Demanda. Objeto. El dictado de medidas cautelares sobre alguno de los bienes descriptos
en el artículo 5o de este régimen en una investigación por alguno de los delitos enumerados en el artículo
6o, habilita la presentación de una demanda de extinción de dominio sobre dichos bienes, debiéndose
acompañar la documentación que así lo acredite.
La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las reglas del procedimiento previsto en el
artículo 498 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, con excepción del plazo
de contestación de demanda, que será de QUINCE (15) días.
ARTÍCULO 9o.- Excepción previa. Sólo será admisible, como excepción de previo y especial
pronunciamiento en los términos del artículo 346 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE
LA NACIÓN, la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del
demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado, cuando esa
circunstancia fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el
juez la considere en la sentencia definitiva.
ARTÍCULO 10.- Etapa probatoria. La parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los
bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con
anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los
que los hubiera adquirido.
No será de aplicación la prueba confesional.
En lo demás, los medios de prueba admisibles serán los previstos en el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Se aplicará en lo pertinente, la Sección 8° del Capítulo V, del Título II, del Libro Segundo del CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL propenderán a alcanzar acuerdos de extinción de
dominio, siempre y cuando los activos involucrados resulten adecuados para compensar el detrimento
patrimonial del Estado Nacional o el daño causado a la sociedad. Dichos acuerdos serán sometidos a la

homologación judicial, y tendrán efecto de cosa juzgada.
ARTÍCULO 11.- Sentencia de extinción de dominio. Además de los requisitos previstos en el CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, la sentencia de extinción de dominio deberá
contener:
a) Los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos
de propiedad del o los demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a su
patrimonio;
b) Si se dispusiere la extinción de dominio, la identificación precisa de los bienes o derechos afectados por
la sentencia;
c) La declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados conforme al inciso b) sin
contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y
productos, en caso de resultar aplicable;
d) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;
e) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio
constituido en forma previa a los hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a
favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su valor en dinero para su ejecución;
f) Las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios previstos por el CÓDIGO PROCESAL
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, así como el plazo para la subasta de los bienes de conformidad
con lo establecido en el último párrafo del artículo 13 del presente;
g) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificación a los registros
respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia;
h) El pronunciamiento sobre las costas, la regulación de honorarios y la compensación prevista en el
artículo 18 del presente régimen, en caso de corresponder;
i) En caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la República Argentina, deberá
identificarlos de manera precisa, con el objeto de que la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del
Estado Nacional proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución de sentencia en la
jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación aplicable.
j) En caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de dominio, deberá comunicarse al juez a
cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos de
que adopte la determinación que estime corresponder.
ARTÍCULO 12.- Cosa juzgada. La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos
involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acción judicial.
La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del
hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a
restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor
equivalente en dinero.
ARTÍCULO 13.- Destino de los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio. Durante la
tramitación del proceso de extinción de dominio, la administración y el mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo de la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado en el ámbito de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. En las mismas circunstancias, el dinero en efectivo o

depositado en cuentas bancarias a la vista será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a
fin de mitigar su depreciación, y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados
nacionales o internacionales serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona
en la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá ordenar la subasta de los bienes y,
una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y
demás costos procesales, su producido ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando exista una
asignación específica establecida en las leyes mencionadas en el artículo 6° del presente.
ARTÍCULO 14.- Disposición anticipada. El juez podrá, a pedido del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y
con intervención de la autoridad a cargo de la administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de
los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o
cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público.
El juez siempre podrá ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su
consentimiento.
Previo a resolver, el juez deberá escuchar a quienes invoquen derechos reales o personales sobre aquellos
bienes. De no presentarse los interesados, procederá sin más la venta anticipada y el producido con sus
intereses pasarán a conformar el objeto del proceso de extinción de dominio.
El juez podrá adoptar las medidas que considere adecuadas para evitar la compra simulada o fraudulenta del
bien que frustre los fines de desapoderamiento perseguidos por el presente régimen. Asimismo, el juez
podrá ordenar la destrucción de los bienes cautelados cuando:
a. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza;
b. Representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad pública;
c. Amenacen su ruina.
ARTÍCULO 15. – Fondo de garantía. El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer un fondo de garantía,
conformado por un porcentaje del producido de lo que enajene de acuerdo con el presente régimen, a los
efectos previstos en el último párrafo del artículo 12.
ARTÍCULO 16.- Prescripción. La acción de extinción de dominio prescribe a los VEINTE (20) años. El
plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien
o de los bienes objeto de la presente acción. Cuando no pudiera determinarse, deberá computarse desde la
fecha de presunta comisión del delito investigado en sede penal.
ARTÍCULO 17.- Suspensión. La suspensión del dictado de la sentencia civil prevista en el artículo 1775
del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN no resulta de aplicación en el presente régimen.
ARTÍCULO 18.- Programas de colaboración. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá desarrollar
programas de colaboración de personas que aporten información relevante para las investigaciones que
lleve adelante la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, fijando como
compensación un porcentaje que no podrá exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) de los bienes cuyo
dominio se declare extinguido como consecuencia de la información aportada por el colaborador. A tal
efecto, en cualquier instancia informará al juez a cargo del proceso, la existencia de uno o más
colaboradores, cuya identidad será preservada, con el objeto de que la sentencia incluya dicha
compensación.
ARTÍCULO 19.- Bienes cautelados. La acción de extinción de dominio procede aún en los casos en que
los bienes se encuentren cautelados o vinculados de cualquier modo a otro proceso.

ARTÍCULO 20.- Inoponibilidad. Ningún acto jurídico realizado sobre los bienes objeto de la demanda es
oponible a la acción de extinción de dominio prevista en el presente régimen, con excepción de los
realizados a favor de terceros de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso deberá procederse conforme a lo
establecido en el inciso e) del artículo 11 del presente.
ARTÍCULO 21.- Disposición transitoria. La PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en
trámite a los efectos del artículo 7° del presente, dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de su
entrada en vigencia.
ARTÍCULO 22.- Comunicación a la Comisión Bicameral Permanente. El MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL deberá dar cuenta de la aplicación del presente régimen a la COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN prevista en el artículo 6° de la Ley N°
27.148 y su modificatoria.

Politica

CLAUDIO LOZANO RENUNCIÓ AL BANCO NACIÓN Y CRITICÓ CON DUREZA A BATAKIS: “FUE UN PAPELÓN”

Published

on

El ahora exdirector de la entidad financiera se mostró molesto por su salida y apuntó contra la ex ministra, que asume la presidencia de la entidad.

En sus primeras horas como presidenta del Banco Nación, la ex ministra de economía Silvina Batakis se vio envuelta en una controvertida situación, como consecuencia de la resistencia de los integrantes del directorio a ceder sus lugares en la entidad. Claudio Lozano, hasta ayer director de la institución, cuestionó el procedimiento mediante el cual se efectuó su salida y brindó algunos detalles de la insólita situación. “Estoy preocupado porque Batakis fue un error en Economía y para compensarlo, se comete un segundo error, que es descabezar un Banco que recibimos vaciado y hoy pudo revertir esa situación”, indicó el economista, que es además líder del partido Unidad Popular, uno de los sellos que integran el Frente de Todos como alianza.

Tras su breve paso por el ministerio de Economía, Batakis fue nombrada titular del Banco Nación en reemplazo de Eduardo Hecker, quién será designado a su vez en el Banco Central. En su llegada, la ex ministra impulsó un rediseño en el directorio, exigiendo las renuncias de sus integrantes, algo que encontró focos de resistencia.

PUBLICIDAD

Luego de presentar su dimisión, el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano reconoció que le pidieron la renuncia pero “no hubo motivo, no argumentaron”, cuestionó. De hecho, indicó que recibió un llamado desde Casa Rosada: “Había una instrucción presidencial de pedir mi salida y la de otros directores”.

Silvina Batakis quiso echar a todo el directorio del Banco Nación. REUTERS/Agustin MarcarianSilvina Batakis quiso echar a todo el directorio del Banco Nación. REUTERS/Agustin Marcarian

Ante el contundente pedido, Lozano remarcó que aceptó, pero pidió que sea el Presidente, el jefe de Gabinete o el secretario general de la presidencia quién se lo confirmara. Es así que fue Julio Vitobello quién finalmente le informó la decisión vinculada a su salida.

Frente a los cambios ocurridos en las últimas horas en la institución, sostuvo que se trata de un “grado de ineptitud evidente”. De hecho, apuntó contra Batakis: “Pidió la renuncia a todo el mundo, cuando no tiene facultades para eso. Resultó poco entendible”.

El exdirector del Banco Nación dijo que desconoce si el pedido de renuncia a su persona estaba vinculado a sus opiniones sobre el futuro de la economí. “Creo que no se va Lozano sólo. Vamos a ver quiénes quedan en el directorio”, planteó en el programa Brotes Verdes.

De hecho, no dudó en mostrarse crítico al sostener que “la orientación del gobierno” lo ponía “cada vez más incómodo en relación a la gestión”. Con respecto a la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía, planteó que se da luego de dos meses “de carácter desestabilizadoras de parte del mercado o del poder económico en la Argentina”.

Por ende, consideró que “ha habido un cambio en el esquema institucional del gobierno que coloca en el centro a aquel actor político que tiene mejores vínculos con el poder económico local y con Estados Unidos”.

Así, ante los cambios dados en el gabinete, Lozano consideró que el accionar del gobierno “es un giro a la derecha”. Y explicó que el tener que “articular con cuadros orgánicos en el poder económico no se puede entender de otro modo. Ojalá sea para garantizar un tránsito”.

Finalmente, el economista avizoró un panorama poco alentador para el país debido a que “hay una demanda muy clara para una devaluación peligrosísima que todavía no se ha dado”. De hecho, consideró que el escenario actual de la Argentina implica que “va camino a un estancamiento de la inflación por enfrentamiento de la actividad. Batakis fue un papelón en economía y otro al asumir en el Banco, cerró de manera tajante contra la nueva titular de la entidad.

Finalmente, el Gobierno hizo oficial las renuncias de los tres directores del Banco Nación. Las mismas fueron confirmadas este miércoles por medio de los decretos 477/2022 y 476/2022 publicados en el Boletín Oficial.

FUENTE : INFOBAE

  noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

 

Continue Reading

Politica

B DE VENGANZA: BATAKIS ECHÓ A TRES DIRECTORES DEL BANCO NACIÓN

Published

on

 

 

 

Gabriela Pepe

Gabriela Pepe

Acreditada en Casa Rosada. Periodista y abogada. Desde 2005 trabaja en medios gráficos nacionales, en radio y televisión.

FUENTE : LETRA P .COM. AR

noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

 

 

Continue Reading

Politica

EL TODOTERRENO DE MANZUR PARA LA SILLA ELÉCTRICA QUE DEJÓ BASUALDO

Published

on

Es el hombre de consulta en temas energéticos del jefe de Gabinete, que coló un alfil en el equipo de Súper-Massa. Militancia, fútbol y segmentación.

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) Cuando el domingo se moría, el superministro de Economía, Sergio Massa, a través de su cuenta en Twitter, el canal de comunicación que eligió para evitar mediaciones, anunció un fuerte giro en el área de Energía que, de ahora en más, pretende que esté alineada en un todo con su horizonte de gestión. La salteña Flavia Royón será secretaria de Energía y estará acompañada por el tucumano Santiago Yanotti como subsecretario de Energía Eléctrica, el cargo de Federico Basualdo, quien resistió durante meses los embates del exministro Martín Guzmán con la banca de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tantos, que sobrevivió en el cargo al egresado de Columbia,

Yannoti llega a sus nuevas funciones con una mochila cargada de antecedentes que acreditan rodaje en áreas relacionadas con el mundo de la energía y de los servicios públicos en la última década. Desde que Juan Manzur asumió en la Jefatura de Gabinete de Ministros, fue el todoterreno del gobernador de Tucumán en uso de licencia para poner en marcha estrategias nacionales relacionadas con el consumo de energía, en un contexto de crisis mundial. Se conocieron durante una campaña electoral, cuando José Alperovich gobernaba la provincia .

Por entonces, el flamante subsecretario militaba en el peronismo de la ciudad de Yerba Buena y se convirtió en una persona de confianza de la entonces senadora nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, con quien colaboró en el armado de la Red de Mujeres Solidarias, que se extendió a lo largo y a lo ancho del territorio tucumano como una estructura paralela al PJ. En ese tiempo, también nació la cercanía con el diputado nacional Mario Leito, que lleva 14 años como presidente del Club Atlético Tucumán, del que Yanotti es fanático. “Decano practicante”, se autodefine en su perfil de Twitter. El parlamentario encontró en el funcionario un hombre de consulta para sus proyectos relacionados con los servicios públicos.

Barra. Con Leito, Gonzalo Quilodrán (Enacom) y Jorge Neme, alter ego de Manzur

Yanotti tiene 37 años. Nació en enero de 1985 en Santa Fe y, siendo un niño, su familia se trasladó a Yerba Buena, al oeste de San Miguel de Tucumán, al pie de los cerros. Su padre y su madre, Marcelo y Viviana, coinciden en la abogacía y se radicaron en el norte argentino por cuestiones de trabajo. Tiene dos hermanos, Franco y Andrés, y una hermana, Inés. Santiago es el mayor.

Hizo la secundaria en el colegio privado Ángel María Boisdron, de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, de donde egresó con excelentes notas, según contó a Letra P un excompañero con el que se reúne a menudo. El deporte de su adolescencia y su juventud fue el rugby y llegó a ser capitán en la división mayor en el Jockey Club Rugby. Continúa vinculado a la institución y los fines de semana lleva allí, para que dé los primeros pasos en el mismo deporte, a su hijo mayor, de ocho años, de los tres que tiene junto a su esposa Florencia.

Un allegado que lo conoce desde la niñez plantea que Yanotti siempre fue “un distinto”. “A los cuatro años ya leía, escribía y jugaba al ajedrez”, contó. Por eso, a nadie extrañó su paso con boletines premium por la secundaria y que se recibiera sin contratiempos como abogado en la Universidad Nacional de Tucumán. Allí fue presidente del Centro de Estudiantes, consejero directivo de la Facultad de Derecho y luego consejero superior, mientras daba sus primeros pasos en la militancia en el peronismo.

Su entorno más cercano esperaba que siguiera con la tradición familiar. Su madre es jueza y su padre tiene un estudio importante. Sin embargo, la energía lo llevó para otro lado. Uno de sus primeros trabajos fue como empleado del Ente Provincial de Regulación de la Energía de Tucumán (EPRET). Cuando este se fusionó con el Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas (Ersact), nació el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y Yanotti fue designado vocal del directorio, durante la gobernación de Alperovich. A poco de la asunción de Manzur en la Casa de Gobierno, pasó a ocupar el cargo de presidente del organismo.

 

 

Decano. Con el exsecretario Martínez y las camisetas de Atlético Tucumán

 

“Aun ocupando esos cargos no dejaba de ir a los barrios para estar en contacto con la gente. Hasta le sugirieron que debía parar un poco por su función. Fue inútil, igual se da tiempo para militar”, confesó una persona que lo conoció en una de las últimas campañas electorales.

Desde hace dos años está más tiempo en la Ciudad de Buenos Aires que en Tucumán. En noviembre de 2020 fue designado subsecretario de Coordinación Institucional de Energía de la Nación, cuando algunas voces del sector lo imaginaban en la silla de la secretaría que ocupó Darío Martínez, quien dejó su cargo en estos días. En junio del año pasado asumió la vicepresidencia de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y en el tramo final de la gestión de Guzmán quedó a cargo, junto al también tucumano Gonzalo Soriano, de poner en marcha la política más discutida y demorada del gobierno de Todos: la segmentación tarifaria. Estos ascensos se explican por su rigor técnico y por la estrecha relación que tiene con Manzur, el sobreviviente jefe de Gabinete.

Una de las decisiones más importante en su paso por el ente de energía de Tucumán fue crear el sistema de Tarifa Social Eléctrica, que beneficia a 170.000 familias, un 34% de la población usuaria tucumana, que paga menos por ser parte de grupos familiares de bajos ingresos. En los hechos, es una segmentación tarifaria a escala local. Con las nuevas reglas que impuso Massa para morigerar el impacto de los subsidios en las arcas públicas, la aplicación del nuevo cuadro tarifario de la energía eléctrica del AMBA quedará ahora bajo su total responsabilidad. Una silla eléctrica de alta tensión que tal vez le altere los nervios todavía más que cuando mira los partidos de su querido Decano.

David Correa

Por David Correa

FUERNTE : LETRA P .COM.AR

noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

 

 

Continue Reading

Más Vistas