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Artículo por artículo, cómo es el decreto para recuperar bienes de la corrupción

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Artículo por artículo, cómo es el decreto para recuperar bienes de la corrupc

El Presidente y todo su gabinete firmaron el DNU que fue publicado este martes en el Boletín Oficial

El gobierno nacional publicó este martes el decreto de necesidad y urgencia a través del cual puso en marcha el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

 El yate de Ricardo Jaime, emblema de los bienes recuperados asociados a la corrupción

La norma, que había sido adelantada por Infobae, fue instrumentada a partir de la modificación del artículo 1907 del Código Civil, que incluye la nueva modalidad de extinción de los derechos reales, y un anexo que define punto por punto cómo será el nuevo procedimiento que se sustanciará en el fuero civil.

En los argumentos, el Poder Ejecutivo precisó los lineamientos básicos de la medida. Aseguró que “el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley“.

Y en virtud de ello, indicó que “el Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de manera integral contra el flagelo del crimen organizado“.

El anexo crea el nuevo régimen procesal propiamente dicho. Del análisis de su articulado, se puede precisar cómo será el procedimiento a partir del cual  los jueces civiles podrán recuperar bienes vinculados a la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves que fueron detallados en el artículo 6.

Los puntos más importantes:

– Acción civil

La acción de extinción de dominio se sustanciará en el fuero civil a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial. Este tema es relevante en virtud de los debates que se habían dado el año pasado en el Congreso. 

– Creación de la Procuraduría de extinción de dominio

El decreto contempla la creación de una nueva fiscalía que tendrá facultades para realizar investigaciones de oficio y colaborar en la identificación y localización de los bienes.

Esta nueva Procuraduría deberá presentar demandas e impulsar las acciones de extinción de dominio. Tendrá la potestad de pedir informes a todas las áreas del Estado Nacional, como así también entidades públicas y privadas, que no podrán negarse bajo ninguna circunstancia.

A requerimiento de la Fiscalía, el juez estará obligado incluso a levantar el secreto fiscal, bancario, o bursátil. 

– Bienes a recuperar

Se podrán recuperar todos los bienes que el demandado haya incorporado a su patrimonio con posterioridad a la fecha de la comisión de un presunto delito y cuyo origen no puede ser justificado en virtud de sus ingresos.

Esto incluye a todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad  u otros derechos, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria.  Incluye ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de estos bienes.

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– Los delitos penales que disparan el proceso civil

El artículo 6 hace un pormenorizado de los delitos a partir de los cuales procede la acción civil de extinción de dominio. Incluye aquellos vinculados a la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas, entre otros.

La nueva fiscalía especializada podrá promover la acción siempre y cuando se haya dictado una medida cautelar sobre alguno de los bienes sospechados en el proceso penal. Además, podrán pedir otras medidas cautelares para asegurar el éxito de la acción.

– La carga probatoria

La parte demanda, es decir el sospechoso de haber cometido alguno de los delitos especificados en el régimen, tendrá la carga de la prueba para demostrar que los bienes afectados al proceso fueron incorporados a su patrimonio de forma lícita.

Este punto es trascendental porque invierte el principio general en derecho de la carga de la prueba, donde un demandado es inocente hasta que se demuestra lo contrario y quien tiene que probar el ilícito es la parte que impulsa la acción. 

– El destino de los bienes recuperados

El decreto establece que los bienes que sean recuperados quedarán bajo la órbita de la Agencia de Administración de Buenos del Estado, para su posterior subasta.

En el caso de dinero en efectivo, será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación. Y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

– Devolución de bienes

En caso de una sentencia firme de sobreseimiento dictada en sede penal, el Estado quedará obligado a restituir el bien a su antiguo poseedor. De resultar imposible, deberá entregarle un valor equivalente en dinero.

– Prescripción

La acción de extinción de dominio prescribe a los 20 años. El plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio del bien objeto de la acción. De aquí surge otra polémica porque el artículo permitirá la aplicación retroactiva de la norma, algo prohibido por los principios generales del derecho.

Anexo: régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio

República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional

2019 – Año de la Exportación

Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-02582495- -APN-DGDYD#MJ

ANEXO I

RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 1°.- Naturaleza. La acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier
derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el presente régimen. La extinción de dominio
se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no
pudiendo acumularse a ninguna pretensión.
ARTÍCULO 2°.- Competencia. Será competente para entender en las acciones previstas en el presente
régimen, la Justicia Federal con competencia en lo civil y comercial. En la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, será competente la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal.
Será competente el juez del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren ubicados sus bienes, a
elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora
podrá accionar en todas o cualquiera de ellas.
ARTÍCULO 3°.- Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional. La Procuración
General de la Nación contará con una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional,
con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización
de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente, en los
casos que así lo dispongan los fiscales intervinientes en esas investigaciones.
La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, junto con los fiscales competentes
conforme a lo establecido en el artículo 2o, deberán presentar las demandas e impulsar las acciones de
extinción de dominio previstas en el presente régimen.
El Procurador General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22, segundo párrafo, de la
Ley N° 27.148 y su modificatoria, determinará el funcionamiento de la Procuraduría de Extinción de
Dominio a favor del Estado Nacional y establecerá los criterios que orienten el inicio y selectividad de las
acciones de extinción de dominio en función de la significación económica de los bienes, el grado de
afectación al interés público y los objetivos que orientan el accionar del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional estará facultada para requerir
información a todas las áreas del Estado Nacional así como a entidades públicas y privadas, las que no
podrán negarla bajo ninguna circunstancia.
A requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el juez competente deberá levantar el secreto
fiscal, bancario, bursátil o el establecido en los artículos 22 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y 87 –
primer párrafo- de la Ley N° 27.260.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría podrá conformar equipos de investigación conjunta
con organismos locales, internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar colaboración
internacional en los términos de la normativa, los convenios y pactos vigentes.
ARTÍCULO 4°.- Partes. En la oportunidad prevista en el artículo 8° del presente régimen, el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la
tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de
dominio, se encuentre o no imputada en la investigación penal.
Deberá impulsar la citación como tercero de intervención obligada en los términos de los artículos 90 y 94
del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN y a toda otra persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la
demanda que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.
ARTÍCULO 5°.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al
patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por
no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un
incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de
los delitos enunciados en el artículo siguiente.
Quedarán abarcados:
a. Todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o
no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes
mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria;
b. La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso
anterior;
c. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes previstos en cualquiera
de los incisos anteriores.
ARTÍCULO 6°.- Procedencia. La acción de extinción de dominio procede respecto de los bienes que
presuntamente provienen de los siguientes delitos:
a) Los previstos en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 23, 24 y 29 bis de la Ley N° 23.737 y sus
modificatorias;
b) Los previstos en los artículos 866 y 867 del CÓDIGO ADUANERO, aprobado por la Ley N° 22.415 y
sus modificatorias;
c) Los delitos agravados por el artículo 41 quinquies del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
d) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146 y
170 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
e) El previsto en el artículo 174, inciso 5° del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando la

investigación impute a un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes
públicos;
f) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268
(2), 269, y 277 a 279 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
g) Los previstos en los artículos 300 bis, 303, 304 y 306 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre
que el hecho ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en este artículo;
h) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando
los delitos que se le atribuyan a la asociación sean alguno o varios de los detallados precedentemente.
ARTÍCULO 7°.- Medidas cautelares. Los fiscales intervinientes deberán informar a la Procuraduría de
Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, el inicio de todas aquellas actuaciones en las que
pudieran existir bienes que, directa o indirectamente, provengan de alguno de los delitos enumerados en el
artículo 6° del presente.
Cuando la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional tenga elementos que
permitan considerar que un bien proviene directa o indirectamente de alguno de los delitos enumerados en
el artículo 6°, podrá requerirle al fiscal interviniente que solicite el dictado de las medidas cautelares que
estime necesarias para asegurarlo a los fines de la acción de extinción de dominio y que aún no se hubieran
decretado.
ARTÍCULO 8o.- Demanda. Objeto. El dictado de medidas cautelares sobre alguno de los bienes descriptos
en el artículo 5o de este régimen en una investigación por alguno de los delitos enumerados en el artículo
6o, habilita la presentación de una demanda de extinción de dominio sobre dichos bienes, debiéndose
acompañar la documentación que así lo acredite.
La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las reglas del procedimiento previsto en el
artículo 498 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, con excepción del plazo
de contestación de demanda, que será de QUINCE (15) días.
ARTÍCULO 9o.- Excepción previa. Sólo será admisible, como excepción de previo y especial
pronunciamiento en los términos del artículo 346 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE
LA NACIÓN, la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del
demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado, cuando esa
circunstancia fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el
juez la considere en la sentencia definitiva.
ARTÍCULO 10.- Etapa probatoria. La parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los
bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con
anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los
que los hubiera adquirido.
No será de aplicación la prueba confesional.
En lo demás, los medios de prueba admisibles serán los previstos en el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Se aplicará en lo pertinente, la Sección 8° del Capítulo V, del Título II, del Libro Segundo del CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL propenderán a alcanzar acuerdos de extinción de
dominio, siempre y cuando los activos involucrados resulten adecuados para compensar el detrimento
patrimonial del Estado Nacional o el daño causado a la sociedad. Dichos acuerdos serán sometidos a la

homologación judicial, y tendrán efecto de cosa juzgada.
ARTÍCULO 11.- Sentencia de extinción de dominio. Además de los requisitos previstos en el CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, la sentencia de extinción de dominio deberá
contener:
a) Los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos
de propiedad del o los demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a su
patrimonio;
b) Si se dispusiere la extinción de dominio, la identificación precisa de los bienes o derechos afectados por
la sentencia;
c) La declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados conforme al inciso b) sin
contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y
productos, en caso de resultar aplicable;
d) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;
e) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio
constituido en forma previa a los hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a
favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su valor en dinero para su ejecución;
f) Las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios previstos por el CÓDIGO PROCESAL
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, así como el plazo para la subasta de los bienes de conformidad
con lo establecido en el último párrafo del artículo 13 del presente;
g) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificación a los registros
respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia;
h) El pronunciamiento sobre las costas, la regulación de honorarios y la compensación prevista en el
artículo 18 del presente régimen, en caso de corresponder;
i) En caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la República Argentina, deberá
identificarlos de manera precisa, con el objeto de que la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del
Estado Nacional proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución de sentencia en la
jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación aplicable.
j) En caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de dominio, deberá comunicarse al juez a
cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos de
que adopte la determinación que estime corresponder.
ARTÍCULO 12.- Cosa juzgada. La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos
involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acción judicial.
La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del
hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a
restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor
equivalente en dinero.
ARTÍCULO 13.- Destino de los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio. Durante la
tramitación del proceso de extinción de dominio, la administración y el mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo de la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado en el ámbito de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. En las mismas circunstancias, el dinero en efectivo o

depositado en cuentas bancarias a la vista será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a
fin de mitigar su depreciación, y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados
nacionales o internacionales serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona
en la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá ordenar la subasta de los bienes y,
una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y
demás costos procesales, su producido ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando exista una
asignación específica establecida en las leyes mencionadas en el artículo 6° del presente.
ARTÍCULO 14.- Disposición anticipada. El juez podrá, a pedido del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y
con intervención de la autoridad a cargo de la administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de
los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o
cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público.
El juez siempre podrá ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su
consentimiento.
Previo a resolver, el juez deberá escuchar a quienes invoquen derechos reales o personales sobre aquellos
bienes. De no presentarse los interesados, procederá sin más la venta anticipada y el producido con sus
intereses pasarán a conformar el objeto del proceso de extinción de dominio.
El juez podrá adoptar las medidas que considere adecuadas para evitar la compra simulada o fraudulenta del
bien que frustre los fines de desapoderamiento perseguidos por el presente régimen. Asimismo, el juez
podrá ordenar la destrucción de los bienes cautelados cuando:
a. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza;
b. Representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad pública;
c. Amenacen su ruina.
ARTÍCULO 15. – Fondo de garantía. El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer un fondo de garantía,
conformado por un porcentaje del producido de lo que enajene de acuerdo con el presente régimen, a los
efectos previstos en el último párrafo del artículo 12.
ARTÍCULO 16.- Prescripción. La acción de extinción de dominio prescribe a los VEINTE (20) años. El
plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien
o de los bienes objeto de la presente acción. Cuando no pudiera determinarse, deberá computarse desde la
fecha de presunta comisión del delito investigado en sede penal.
ARTÍCULO 17.- Suspensión. La suspensión del dictado de la sentencia civil prevista en el artículo 1775
del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN no resulta de aplicación en el presente régimen.
ARTÍCULO 18.- Programas de colaboración. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá desarrollar
programas de colaboración de personas que aporten información relevante para las investigaciones que
lleve adelante la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, fijando como
compensación un porcentaje que no podrá exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) de los bienes cuyo
dominio se declare extinguido como consecuencia de la información aportada por el colaborador. A tal
efecto, en cualquier instancia informará al juez a cargo del proceso, la existencia de uno o más
colaboradores, cuya identidad será preservada, con el objeto de que la sentencia incluya dicha
compensación.
ARTÍCULO 19.- Bienes cautelados. La acción de extinción de dominio procede aún en los casos en que
los bienes se encuentren cautelados o vinculados de cualquier modo a otro proceso.

ARTÍCULO 20.- Inoponibilidad. Ningún acto jurídico realizado sobre los bienes objeto de la demanda es
oponible a la acción de extinción de dominio prevista en el presente régimen, con excepción de los
realizados a favor de terceros de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso deberá procederse conforme a lo
establecido en el inciso e) del artículo 11 del presente.
ARTÍCULO 21.- Disposición transitoria. La PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en
trámite a los efectos del artículo 7° del presente, dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de su
entrada en vigencia.
ARTÍCULO 22.- Comunicación a la Comisión Bicameral Permanente. El MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL deberá dar cuenta de la aplicación del presente régimen a la COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN prevista en el artículo 6° de la Ley N°
27.148 y su modificatoria.

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El Gobierno anunció que llegarán cuatro millones de dosis de Astrazeneca durante este mes

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 Fue comunicado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la reunión del Consejo Federal. Es el primer embarque del contrato que se firmó el año pasado y cuyo cumplimiento estaba demorado

Antes de fin de año llegarán a la Argentina 4 millones de vacunas de AstraZeneca REUTERS/Lim Huey TengAntes de fin de año llegarán a la Argentina 4 millones de vacunas de AstraZeneca REUTERS/Lim Huey Teng

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, les comunicó este miércoles a sus pares de los gobiernos provinciales que antes de fin de mes llegarán a la Argentina 4 millones de vacunas de AstraZeneca.

Se trata de los embarques correspondientes al contrato celebrado el año pasado por las 22,4 millones de dosis entre el gobierno argentino y la empresa farmacéutica, cuyo cumplimiento está demorado y generó críticas del Poder Ejecutivo. Se sumarán a las que se recibirán a través del mecanismo COVAX en el transcurso de este mes. El principio activo de estas dosis fue producido en la Argentina por el hub biotecnológico mAbxience (Grupo Insud).

Recientemente, Alberto Fernández había declarado durante su gira europea que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se había comprometido a destrabar el envío de las vacunas durante el mes de mayo. En ese país se terminan de envasar las inyecciones cuyo principio activo se produce en un laboratorio ubicado en la provincia de Buenos Aires. Este martes hubo confirmación oficial en Buenos Aires durante una reunión del Comité Federal de Salud (COFESA).

Este martes hubo confirmación oficial en Buenos Aires durante una reunión del Comité Federal de Salud (COFESA)Este martes hubo confirmación oficial en Buenos Aires durante una reunión del Comité Federal de Salud (COFESA)

“Sin dudas es el inicio de una nueva etapa luego de todo el esfuerzo que hizo el gobierno nacional a través de distintas gestiones para conseguir las vacunas y poder seguir aplicando tanto primeras dosis como completar esquemas”, expresó Vizzotti.

La ministra de Salud de la Nación indicó que si se cumple el cronograma presentado por la empresa, en poco tiempo se podrá vacunar a la población objetivo priorizada en esta etapa ya que las jurisdicciones tienen la capacidad para hacerlo. “Esto cambiará el curso de la segunda ola de la pandemia en Argentina”, aseguró Vizzotti y además reivindicó el proyecto de articulación y el papel de Argentina y México para posibilitar el acceso a esta vacuna en Latinoamérica con la colaboración local en la producción.

Parte del cargamento será utilizado para completar el esquema de vacunación de quienes recibieron a fines de febrero dosis de Covishield.

“Esto cambiará el curso de la segunda ola de la pandemia en Argentina”, aseguró Vizzotti “Esto cambiará el curso de la segunda ola de la pandemia en Argentina”, aseguró Vizzotti

El anuncio de la llegada de las 4 millones de dosis se realizó en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), según informaron hoy los representantes locales de la empresa farmacéutica durante una reunión matutina que encabezó la titular de la cartera sanitaria nacional.

En este sentido, el mecanismo de suministro de la vacuna de AstraZeneca para Latinoamérica por medio de la articulación entre Argentina y México se sumará al de COVAX que también durante este mes enviará 861.600 dosis. “Sin dudas es el inicio de una nueva etapa luego de todo el esfuerzo que hizo el gobierno nacional a través de distintas gestiones para conseguir las vacunas y poder seguir aplicando tanto primeras dosis como completar esquemas”, expresó Vizzotti.

La ministra de Salud de la Nación indicó que si se cumple el cronograma presentado por la empresa, en poco tiempo se podrá vacunar a la población objetivo priorizada en esta etapa ya que las jurisdicciones tienen la capacidad para hacerlo. “Esto cambiará el curso de la segunda ola de la pandemia en Argentina”, aseguró Vizzotti y además reivindicó el proyecto de articulación y el papel de Argentina y México para posibilitar el acceso a esta vacuna en Latinoamérica con la colaboración local en la producción.

FOTO TAPA : FRANCE 24

FUENTE : INFOBAE

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PASO 2021: el Gobierno y la oposición acordaron la postergación de las elecciones

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De Pedro y Massa se reunieron con diputados de la oposición para acordar la postergación de las PASO para el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre.

La reunión se lleva a cabo en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, donde De Pedro se encuentra junto a Massa, mientras que los referentes del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) asisten vía Zoom, según confirmaron a NA fuentes del Gobierno y de la oposición.

Publican el Padrón Provisorio para las elecciones legislativas de 2021

El acuerdo para postergar un mes las PASO, de agosto a septiembre, y lo mismo las generales, de octubre a noviembre, ya está cerrado según deslizaron fuentes parlamentarias consultadas, pero resta que se pongan de acuerdo en los últimos detalles antes de avanzar con el tratamiento de un proyecto de ley.

Que pidió Juntos por el Cambio para postergar las elecciones

En ese contexto, el principal planteo de Juntos por el Cambio es que el proyecto tenga una cláusula que establezca que se hará un único cambio de fecha este año y que las PASO se llevarán adelante, ante la postura que habían expresado algunos gobernadores de suspenderlas.

La reactivación de este proyecto para reformular el calendario electoral ocurre luego de que el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto presentara una iniciativa que reproduce exactamente el cronograma que De Pedro había presentado semanas atrás a los bloques a modo de borrador.

PASO sí o no: ¿esa es la cuestión?

Tras una primera aceptación por parte de los diputados de Juntos por el Cambio, el tema quedó en suspenso cuando De Pedro suspendió una reunión, pero se reactivó con el proyecto presentado por Casaretto.

FUENTE ; PERFIL

FOTO TAPA : LA NACION

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Guillermo Moreno se reunió con Julio Zamora en Tigre y después criticó con dureza a Alberto Fernández: “No está apto para gobernar”

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El intendente de Tigre se fue antes del acto con el Presidente para reunirse durante dos horas con el ex funcionario, un ácido opositor al primer mandatario

Guillermo Moreno: “Estamos frente a un presidente que no está apto para gobernar”

El economista Guillermo Moreno volvió a criticar con dureza la gestión del presidente Alberto Fernández. Tras realizar la coyuntura política en una entrevista radial, el ex secretario de Comercio Interior de la Nación manifestó que el Presidente “no está apto para gobernar y ya se dio cuenta todo el mundo”.

Consultado sobre la realidad del país, Moreno fue contundente: “Estamos frente a un presidente que no está apto para gobernar. Y de esto se dio cuenta el mercado. Todos, todos se dan cuenta. Desde los ferreteros hasta los grupos económicos. Ya se dieron cuenta, ya se le vio la hilacha. Ya dicen: ‘Miren este muchacho, no está apto’. A pesar de que es legítimo y legal en su cargo, nadie está cuestionando eso, eh”.

En diálogo con el periodista Ernesto Tenenbaum por Radio con Vos, expresó: “De la última conversación que hemos tenido la cosa está extremadamente más grave, porque antes te decía yo solo que no estaba apto Alberto Fernández, que Cristina (Kirchner) había elegido al peor. Y ahora ya se dio cuenta el mercado. Cuando te digo el mercado no te hablo de la city, eh. Te hablo del mercado, el mercado de verdad. La definición clásica: de la compra y de la venta donde vos comercializás los bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas. Esa es la definición correcta de mercado”.

Ayer por la tarde, durante un acto presidencial en Ensenada, en el cual estuvieron presentes Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa (entre otros), el intendente de Tigre, Julio Zamora, se fue antes del lugar para recibir a Moreno (candidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores) con quien mantuvo un encuentro que duró más de dos horas.

Guillermo Moreno junto al intendente de Tigre, Julio ZamoraGuillermo Moreno junto al intendente de Tigre, Julio Zamora

En Twitter, Moreno compartió una imagen junto a Zamora. Allí estableció que “analizaron la situación del país de cara a las próximas elecciones”. El intendente compartió la foto y redactó: “Un placer recibir a Guillermo y escuchar su experiencia de gobierno”.

Durante la entrevista radial, Moreno también cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires: ”Kicillof fue el economista que inventó el índice 7 provincias, con lo cual cuestionaron al INDEC por años. Después me dijo: ‘Guillermo, me equivoqué’, pero los juicios ya estaban hechos. No lo dijo públicamente. A Kicillof correlo de la década ganada, no tuvo nada que ver con la década ganada. Sí tuvo que ver con los últimos dos años”.

También opinó sobre la disputa entre el ministro Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo: “Lo que está pasando ahora entre ellos es una discusión de sordos. Lo primero que tienen que hacer es poner los costos por arriba de la mesa. No decirme que tienen que aumentar o que no tienen que aumentar. Si un producto o un servicio está debajo del costo hay que aumentarlo. Ahora nadie sabe eso porque no ponen los costos encima de la mesa”.

Consultado sobre el ingreso de divisas al país, remarcó: “Si las divisas estuvieran entrando qué necesidad tenés de tener como mínimo cinco tipos de cambio distintos. Qué necesidad tenés vos en el Banco Central de estar violando la ley de la partida doble. De dejar los dedos marcados de una manera tal que nunca donde dólares oficiales terminan en el circuito negro. Es absurdo”.

Moreno volvió a criticar con dureza al presidente Alberto FernándezMoreno volvió a criticar con dureza al presidente Alberto Fernández

Y continuó: “Y sobre la recaudación, al margen de que vos tengas un impuesto extraordinario, la realidad es que la actividad económica es deplorable. ¿Dónde los ves? Fijate lo que pasa con la seguridad social. ¿Cuándo la economía anda bien? Cuando los impuestos vinculados a la seguridad social al menos están incorporando los puestos de trabajo. Precisamente eso es lo que no está aconteciendo”.

Sobre el final reiteró sus dichos acerca del accionar Alberto Fernández en sus casi 17 meses al frente de la presidencia: “La aptitud no tienen nada que ver con seas elegible o no elegible. No es apto. Estoy diciendo legítimo y legal. Acá tienen que quedar dos cosas claras:la primera es que el presidente no está apto para estar en el lugar que está, y ahora ya estamos donde estamos, hay que aguantársela. Segundo, por favor hagan costos con los servicios de las tarifas eléctricas. Si no hacen costos no se entiende cómo liquidan los subsidios. No hay expediente administrativo”.

La política no está para contar lo que está pasando hoy. La política está para contar los próximos seis meses. ¿Si no cómo toman decisiones los hombres de negocios? Que el Presidente diga ‘no creo en los planes, no me gusta planificar’. Bueno que él haga con su vida lo que quiera”, completó Moreno.

foto tapa : EL LITORAL

FUENTE : INFOBAE

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