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Así es la “ley Google” que permitiría denunciar al que habla mal de vos en internet

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Avanza un consenso en la Argentina hacia limitar la responsabilidad civil de los proveedores de servicios. Sin embargo, la forma de notificarlos sobre eventuales daños genera fuertes debates.

Internet es obviamente útil pero también sirve para vehiculizar toda clase de daños. Y, como en cualquier otro ámbito, quien se sienta vulnerado en la red puede solicitar medidas de reparación. Con una diferencia: en el mundo online es cada vez más frecuente no reclamar a la persona, muchas veces ignota o insolvente, que efectivamente subió contenidos objetables, sino a las plataformas donde éstos aparecieron. Por ejemplo, demandar a Google si en una búsqueda aparece el nombre de una modelo en relación con pornografía, a un ISP si su red se utilizó para subir copias no autorizadas de obras culturales, o a MercadoLibre si uno de sus usuarios vende mercadería falsificada, entre muchos ejemplos posibles.

Pero, ¿hasta qué punto puede hacerse responsable a este tipo de proveedores por esta clase de situaciones? ¿Cómo puede una empresa de internet operar con una variedad tan amplia e impredecible de contingencias por contenidos que no generó, en especial habiendo jurisprudencia contradictoria?

Por ejemplo, en 2015, en segunda instancia, la Justicia determinó que Taringa no incurrió en dolo por una publicación no autorizada de obras de Borges, en el entendimiento de que los intermediarios de internet no pueden ser considerados responsables a priori por el contenido compartido por los usuarios. En 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó en el fallo María Belén Rodríguez contra Google que los proveedores de servicios de internet no deben ser responsables de lo que hagan sus usuarios, salvo que no cumplan con orden de juez competente, y recomendó al Poder Legislativo dictar una norma que así lo aclarase.

Es decir: el debate por la llamada “responsabilidad de los intermediarios de internet” no es nuevo en la Argentina. Sin embargo, se ha recrudecido últimamente con la posible sanción de un proyecto de ley iniciado por los senadores Federico Pinedo (PRO) y Liliana Fellner (Frente para la Victoria-PJ), fundado en la intención de cumplir lo que la Corte recomendó en el fallo Rodríguez. Luego de ser aprobada en el Senado, esta iniciativa para limitar la eventual responsabilidad civil de los proveedores de plataformas tuvo dictamen positivo en tres comisiones en Diputados. Al tiempo del cierre de esta edición de Infotechnology aún no había sido tratada en el recinto, pero los trascendidos daban por muy posible su futura sanción.

Como explica Ricardo Porto, secretario de la Comisión de Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de expresión del Senado de la Nación, “este proyecto establece una responsabilidad subjetiva para los intermediarios. Es decir que no están obligados a monitorear o supervisar los contenidos que puedan enlazar y su responsabilidad solo nace a partir de una notificación. El gran debate es si esa notificación debía ser dada por los mismos afectados, por un organismo administrativo o por vía judicial. El proyecto toma esta última opción porque representa la visión más garantista con los derechos humanos, como los principios de Manila y las posiciones de relatorías de libertad de expresión”.

El requisito de orden judicial cuenta con el respaldo de varias organizaciones de la sociedad civil y académica especialistas en políticas públicas de internet, como las argentinas Ageia Densi, Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, Faro Digital y Fundación Vía Libre, así como otras entidades globales como Access Now y Public Knowledge.

“Nadie puede meterse en la casa de otra persona, ni escuchar conversaciones ajenas. Por eso es importante poder regular la responsabilidad de los prestadores y no dejar las cosas libradas al azar” 

Federico Pinedo, senador nacional por el PRO.

También hubo un comunicado de respaldo al proyecto firmado por la Cámara Argentina de internet (Cabase), la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Federación Latinoamericana y del Caribe de internet y el Comercio Electrónico (eCOM-LAC), la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA). Allí se destaca que no obligar a los intermediarios a monitorear contenidos es bueno para la privacidad de los usuarios y subraya la necesidad de otorgar certeza a la actividad de este tipo de empresas.

Sin embargo, hay sectores que objetan el sistema de notificación elegido en el proyecto. Por ejemplo, algunos consideran que éste debería estar a cargo de instancias administrativas como la Defensoría del Pueblo u otra defensoría creada a tal efecto. El problema, como observa Javier Pallero, analista de Políticas Públicas para América latina de Access Now, “es que esos funcionarios, o son puestos por el gobierno o no tienen los grados de garantías que tiene un juez”. 

Quienes se oponen con más fuerza al estándar legal elegido en el proyecto Pinedo-Fellner son las entidades asociadas con la industria cultural, como la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif),  y la Sociedad Argentina de Escritores (Sade), entre otras. Por ejemplo, la Fundación El Libro difundió un comunicado que decía: “¿Sabés que si se aprueba esta Ley tu creación intelectual puede piratearse y venderse impunemente?” y califica la iniciativa como “una ley en favor de los más poderosos y en contra de uno de los sectores más importantes y necesarios de la cultura: el de la creación intelectual y artística”.

Según el tesorero de la Fundación El Libro, Ecequiel Leder Kremer, “el proyecto prevé un mecanismo de judicialización, no de conciliación directa, y los tiempos y mecanismos de la Justicia no son para nada adecuados para administrar esto. Porque los links y los vendedores cambian de identidad constantemente, así que no se puede andar persiguiendo links con demandas judiciales”. Y añade: “No es que en la Argentina tengamos un problema de libertad de expresión, como en China o Tailandia. Entonces, creo que el único interés para sancionar una ley así es el de las plataformas de blindarse frente a situaciones claramente ilegales”.

En general, los representantes de la industria cultural preferirían un sistema como el de Estados Unidos donde, ante la simple notificación de un presunto afectado, el intermediario retire el contenido objetado. Claro está, quienes defienden el estándar legal no están de acuerdo. “El problema es que esto se prestaría a muchos abusos y denuncias falsas”, dice Javier Pallero. “Y posiblemente el intermediario optara por bajar todo lo que le pidan por miedo a equivocarse, aunque no esté justificado. El sistema de notificación privada da a los intermediarios un incentivo muy grande para convertirse en policías de internet.”

Además, el analista destaca que lo previsto en el proyecto es ejercer un recurso de amparo, que es el más rápido del sistema judicial, es barato, debe resolverse en 48 horas y ni siquiera obliga a contratar abogado.

“La Constitución argentina dice que el único poder que puede delimitar el derecho de las personas es la Justicia. Nadie puede meterse en la casa de otra persona, ni escuchar conversaciones ajenas. Por eso es importante poder regular la responsabilidad de los prestadores de servicios y no dejar las cosas al azar”, expresó en agosto de 2016 el senador Pinedo durante una de las reuniones preparatorias previa a la redacción del proyecto de ley.

En otro comunicado, otra de las sociedades que se oponen al proyecto de ley, Argentores, fue más lejos y apuntó directamente a quienes brindan conectividad. “Los proveedores de servicios de internet lucran con nuestros contenidos y no pagan derechos. Los creadores merecemos tener un reconocimiento económico por el uso de nuestras obras.” Desde Cabase, por supuesto, la posición es opuesta. En mayo, su presidente, Ariel Graizer, dijo que “para que la industria se quede en la Argentina, necesitamos que haya leyes que la promuevan y que no nos haga responsables de lo que no podemos ser responsables”.

Otro aspecto polémico del proyecto es que dice que cualquier intermediario podrá bloquear y remover contenidos, así como eliminar perfiles y cuentas de usuarios, sin informar sus criterios para hacerlo en sus términos de uso. Esto es preocupante, como expresó en un comunicado del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia su presidente ejecutivo, Gustavo Gómez, porque se presta al ejercicio de la censura privada. Por ejemplo Alphabet (Google) dijo que penalizará a los medios oficialistas rusos Russia Today y Sputnik por difundir noticias falsas.

Para Gómez “se trata de un anuncio, expreso y público, de la capacidad que tienen algunos intermediarios para afectar el libre flujo de contenidos, con un alcance global nunca antes visto”. Según Ricardo Porto, no obstante, la preocupación por este artículo es excesiva “porque toda empresa de servicios tiene cláusulas de uso donde su violación es sancionada. Pero esto no supone que tengan un cheque en blanco”. Su conclusión es que, si bien ninguna ley es perfecta o incuestionable, en general el proyecto Pinedo-Fellner era necesario y tiene más aspectos positivos que negativos. El debate sigue abierto.

Por LAURA SIRI

EL CRONISTA

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MDP : ACCIDENTE FATAL EL LURO Y JUJUY

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Aproximadamente a las 9:30hs del domingo 26 de junio, un hombre de 23 años manejaba un Ford Fiesta a alta velocidad sobre la avenida Luro de nuestra ciudad.

Por razones que se investigan el conductor del rodado perdio el control sobre la Av. Pedro Luro entre las calles Jujuy y España. El coche choco contra un contenedor plastico , rompió un cantero en la puerta de un supoermercado y una palmera tompió la vifdriera de un comercio dedicado a la maderas y luego detuvo su marcha.

Personal del Same, policias y bomberos constataron el fallecimiento del chofer y no encontraron mas ocupantes en el auto.

Aun no fue comunicado el nombre de la victima que perdio su vida en el día de la fecha en nuestra ciudad.

 

 

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LO QUE ENCONTRARON EN EL CELULAR DEL PILOTO IRANÍ

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En el teléfono de Gholamreza Ghasemi se lo puede ver en su juventud como parte de la Guardia Revolucionaria Al Quds. Las imágenes no son la evidencia de ningún delito y es extraño que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje las guarde en su celular. Igualmente, es muy probable que en la causa judicial las fotos se utilicen en su contra.

Aunque no constituye una evidencia de algún delito, en el celular del piloto del avión venezolano retenido en Ezeiza, el iraní Gholamreza Ghasemi, hay fotos en las que se lo ve mucho más joven como combatiente de la Guardia Revolucionaria Al Quds, también hay imágenes de misiles, tanques y de alguna bandera que dice “muerte a Israel”, según una primera traducción del farsí. 

Como se sabe, los celulares de todos los tripulantes del Boeing fueron secuestrados por orden del juez Federico Villena y a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Parece un poco contradictorio que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje o terroristas guarde fotos de esa naturaleza, pero es muy probable que en la causa judicial se utilicen en su contra, aunque no constituyan delito. Los datos sobre la existencia de las fotos fueron un adelanto exclusivo de Página/12.

Quienes trabajan en el análisis de los celulares se encontraron con esas fotos y ya lo reportaron al juez y la fiscal, aunque todavía no cuentan con una traducción fidedigna, porque no es sencillo conseguir un buen traductor del farsí, el idioma mayoritario en Irán. El peritaje es realizado por la División Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad. Está claro que las fotos son de Ghasemi y para completar el trabajo pericial falta la traducción de los textos. En principio, los tripulantes iraníes no usaban Whatsapp sino uno sistema más rudimentario, pero habrá que esperar la traducción oficial.

Es muy probable que Ghasemi argumente que hizo el servicio militar, que luego fue militar, y que gran parte de los jóvenes de su país integran la Guardia Revolucionaria Al Quds, que son brigadas organizadas y financiadas por el Estado orientadas a lo internacional: la base son consignas antinorteamericanas y antiisraelíes. De hecho, el nombre mismo –Quds– es la denominación en árabe de Jerusalem, es decir que apunta directamente a la confrontación con Israel.

Al Quds, además, mezcla también la cuestión religiosa y va en sintonía total con el régimen de los ayatolas. Los abogados de Ghasemi y del resto de la tripulación es seguro que van a alegar que son fotos viejas y que no implican ningún delito, menos aún cometido en la Argentina. También dirán que si Ghasemi hubiera tenido alguna actividad ilegal hubiera borrado las fotos o, más probablemente, usaría lo que en la inteligencia argentina llaman “un mocho”, es decir un celular paralelo, clandestino.

Un dato llamativo es que el gobierno de Venezuela no haya presentado ninguna protesta, entre otras cosas por el allanamiento ilegal que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sin orden judicial, al regreso del Jumbo desde Uruguay. También Venezuela podría protestar porque no se le cargó combustible al avión cuando no había ninguna denuncia de ningún tipo contra la aeronave de Emtrasur. Sin embargo, por lo que se sabe hasta ahora, Caracas optó por la mesura.

En el gobierno venezolano están agradecidos por el papel que jugó el gobierno argentino, y en especial Alberto Fernández, en la Cumbre de las Américas de Los Angeles, denunciando los bloqueos a Cuba y Venezuela. Debe recordarse que, antes de ese momento, la relación con Caracas era compleja, con idas y vueltas, porque Argentina respaldó lo hecho por Michele Bachelet como Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, con informes críticos –aunque con avances– respecto de la situación de derechos humanos y el encarcelamiento de opositores en Venezuela.

También se tranquilizó la relación con Caracas a raíz de la designación de un nuevo embajador argentino en Venezuela. El nominado es Oscar Laborde, que tiene el respaldo de todos los sectores del gobierno. Finalmente, tampoco se puede dejar de ver que incluso Estados Unidos, en el marco de la cuestión petrolera y la guerra Rusia-Ucrania, dio un paso significativo enviando una delegación de altísimo nivel a reunirse con Nicolás Maduro. Nada menos que el secretario de Seguridad, Jake Sullivan, estuvo en el Palacio de Miraflores en Caracas. Para redondear el cuadro, tampoco el presidente Joe Biden parece muy entusiasta con elevar la temperatura de los conflictos: baraja rehacer el pacto de limitación nuclear de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China con Irán. Todos esos elementos juegan en este momento en el insólito conflicto por un avión que pasó por doce países y un piloto que no tiene ni pedido de captura ni se lo acusó por ningún delito en ningún país.

La imputación al piloto

Como se sabe, el martes la fiscal Incardona igualmente imputó a Ghasemi en base a un informe del FBI que sostiene que el piloto fue ejecutivo y parte del directorio de Oeshm Fars Air que hace unos años –según la agencia norteamericana– realizó vuelos entre Teherán y Beirut llevando armamento. En comunicación con el gobierno argentino, el Mossad israelí aseveró que efectivamente eso es así, pero que desde que el 747 pasó a ser venezolano –la compra-venta se hizo en julio de 2021–, la nave no se estaría utilizando para nada ilegal. Por eso, no hubo objeciones en los movimientos del Jumbo. Lo asombroso es que la Embajada de Israel en Paraguay sacó un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la llegada del avión a la Argentina y no dice ni una palabra de que el 747 estuvo en Ciudad del Este –ni siquiera en Asunción– un mes antes, con la misma tripulación y que desde Ciudad del Este se dirigió a Aruba con un cargamento de cigarrillos de la empresa del multi-acusado Horacio Cartés, expresidente de Paraguay y amigo íntimo de Mauricio Macri.

Todo evidencia el contenido geopolítico del caso, que agrupa a la derecha de Estados Unidos, Israel y la Argentina, porque involucra al llamado eje del mal Irán-Venezuela y sirve para congraciarse aún más con Washington. Más allá de semejante escenario, el juez Villena le requerirá ahora más información al FBI –-agencia que se mueve con bastante independencia respecto del gobierno norteamericano– y es muy probable que alguno de los fiscales o jueces alineados con Donald Trump haga algún reclamo desde el país del Norte.

Más cerca, aquí en Lomas de Zamora, por pedido de Incardona, Villena está solicitando más documentos sobre la titularidad del avión —quiere ver si es cierto que es venezolano o sigue siendo iraní— y se harán nuevas verificaciones sobre la carga que trajo a Buenos Aires. En su dictamen, la fiscal afirmó que hay que investigar si la carga no fue una forma de ocultar actividades de espionaje o terrorismo, con el informe del FBI como única prueba. Ahora podrá decir que las fotos del joven Ghasemi son una evidencia adicional.

FUENTE : PAGINA 12

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LA EMBAJADA DE ISRAEL EN PARAGUAY ASEGURÓ QUE LOS TRIPULANTES DEL AVIÓN TRAFICAN ARMAS PARA HEZBOLLAH

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La cancillería israelí señaló que sigue atentamente y con preocupación el caso de los iraníes que se encuentran en territorio argentino.

Israel sigue con preocupación el caso de la llegada a Argentina del avión iraní que pertenece a una empresa fantasma venezolana sancionada por el gobierno de Estados Unidos y denunció que sus tripulantes están involucrados en el tráfico de armas.

En el avión que aterrizó en Argentina, se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. Incluso, el capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní Qeshm Fars Air”, denuncia este miércoles a través de un comunicado la embajada israelí en Paraguay.

El avión hasta hace poco era utilizado por la empresa iraní Mahan Air, que opera vuelos para Fuerza Quds en la ruta Teherán-Damasco, señala el comunicado.

Israel está especialmente preocupado por la actividad de las empresas aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Air en América Latina, empresas que están involucradas en el tráfico de armas, equipamiento y personas para la Fuerza Quds y que se encuentran bajo sanciones estadounidenses por su vinculación con el terrorismo y en la proliferación de armamento”, agrega el comunicado de la cancillería israelí.

Israel reconoció el buen trabajo conjunto y la coordinación de los países de la región, y destacó en especial la labor de las autoridades paraguayas que identificaron la eventual amenaza que representaba el avión y su tripulación, como también la determinación de Paraguay y Uruguay de cerrar el espacio aéreo.

Israel considera que la postura firme de Paraguay y Uruguay representa un mensaje importante a Teherán para que no intente actuar en Sudamérica”, destaca la embajada israelí en el comunicado.

“Para Israel se trata de otro incidente que demuestra los intento de Irán —a través de la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds y Hezbollah— de seguir estableciendo su influencia alrededor del mundo en Sudamérica, como base de operaciones para las actividades terroristas en el continente”, finaliza el comunicado.

El lunes, la fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Finalmente se conocieron los primeros resultados de las pericias que se realizaron al celular de Ghasemi. Según pudo averiguar Infobae, en el aparato encontraron fotos de tanques, misiles y una imágen en la que se lo ve a él de joven, como combatiente de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF).

Luego de una serie de traducciones del contenido —estaba en farsi—, se pudo desclasificar la información. Entre las fotos encontradas también se encuentra una en la que se ve una bandera con repudio hacia Israel.

El capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en EzeizaEl capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en Ezeiza

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

 

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