Sin ocultar su frustración, encaró el micrófono, frente a muchos periodistas, e hizo oír su reclamo: “No puede ser que apenas salimos a la ruta 2 se nos corte el celular”. El indignado no era un viajero frecuente a Mar del Plata, ni un dirigente de la oposición, ni pertenecía a una entidad de defensa del consumidor. Era el presidente Mauricio Macri, y estaba hablando, al cabo del retiro con sus ministros en Chapadmalal, el mes pasado, de conectividad: el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Las ya célebres TIC, que han dividido la historia en antes y después. En el Primer Mundo, la conectividad es un tema virtualmente superado; en la Argentina, llega a ser dramático.

Según cifras oficiales, uno de cada tres argentinos no está conectado a una red de banda ancha fija, y los que sí están no pueden cantar victoria: probablemente su conexión es precaria -lenta, insegura- y, en muchos casos, cara. Además, al menos el 40% de los que acceden a la Web no saben usarla. La distancia entre unos y otros, entre los que la han incorporado a sus vidas a tal punto de no imaginarse ya sin ella, y los que quedan afuera, al desamparo, se denomina “brecha digital”. Una suerte de grieta tecnológica, acaso más traumática y disfuncional que la política.

Mal de muchos, consuelo de argentinos. En el mundo hay unos 4500 millones de personas (dos tercios de la población) a las que no les llegan las nuevas tecnologías. La otra brecha se da entre quienes les sacan provecho y los que no saben usarlas. Este déficit, que hace estragos en la calidad de vida, tiene un nombre: analfabetismo digital.

En buena parte del país, comunidades enteras no tienen Internet, están tecnológicamente aisladas, y muchas otras reciben ese caudal con cuentagotas.

El de los excluidos digitales es un mundo de flagrante desigualdad, porque tienen infinitamente menos oportunidades en el campo laboral, social, educativo, de la salud, comunicación e información. Algunos sostienen incluso que hablar de brecha es un eufemismo, porque lo que existe es una fractura feroz, un abismo.

La exclusión no es solo un drama de localidades del interior, alejadas de los grandes centros urbanos. Una encuesta de Microsoft entre 100 chicos de 15 a 18 años de la villa 31, de Retiro, reveló que ninguno de ellos tiene Internet en sus casas, salvo en sus celulares y si disponen de crédito. En este caso, la brecha se cuenta en metros: la banda ancha y el Wi-Fi aparecen en la Avenida del Libertador.

La referencia del Presidente a la conectividad no fue casual ni aislada: en la Jefatura de Gabinete dicen que es, junto con la infraestructura y el turismo, la niña de sus ojos. Al frente del Ministerio de Modernización, encargado de achicar la brecha, puso a alguien que hizo gran parte de su carrera ejecutiva en el Grupo Macri y al que primero llevó a Boca, como gerente general, y después al gobierno porteño, también en Modernización: el economista Andrés Ibarra.

Como el objetivo “pobreza cero”, el plan de inclusión digital parece estar en pañales. Ibarra lo matiza: “Sobre 12 millones de hogares que hay en el país, hoy tenemos 8 millones conectados a Internet, y en los próximos dos años vamos a conectar dos millones de hogares más. Es cierto que se venía creciendo muy lentamente, pero a partir de este año vamos a dar un gran salto: el tendido de fibra óptica está avanzando muchísimo”.

Reconoce, sí, un déficit estructural: la velocidad de conexión. Unos 3,5 millones de hogares -prácticamente la mitad de los conectados- tienen una banda ancha lenta. En el campo digital, desarrollo y subdesarrollo se miden en cantidad de megabits por segundo (mbps: la velocidad de descarga de datos). La Argentina, con un promedio de 6,3 mbps (ver gráfico), está a distancia sideral de países como Corea del Sur (el de mayor promedio: 28,6 mbps), Japón (20,2) y Estados Unidos (18,8). La Unión Europea oscila entre 15 y 20. También está por debajo, aunque mucho menos, de sus vecinos Uruguay (9,5), Chile (9,3) y Brasil (6,8). El mundo ya había llegado a la velocidad promedio que hoy tiene la Argentina hacia 2008. “Atrasamos 10 años”, se lamenta Ibarra.

“Mi hijo, que vive en Amsterdam, en su casa tiene 30 megas [mbps], ¡y gratis!”, dice Enrique Hofman, director del máster en Business & Technology de la Universidad de San Andrés. Para personas de mercados tecnológicos avanzados, llegar al país es, en ese rubro, una suerte de regresión a la edad de piedra. Hoy, cuando más del 50% de tráfico mundial de Internet son videos e imágenes, tener poca velocidad de descarga equivale a desplazarse por una ruta en el lomo de un burro.

En la geografía digital de la Argentina conviven el burro, la moto y las 4×4. “Algunas ciudades tienen buena conectividad, pero muchísimas localidades están desconectadas o con conexiones malas”, dice Enrique Carrier, experto en telecomunicaciones y tecnología digital. Muestra el mapa del país (ver infografía) para señalar las desigualdades: de más de un 50% de hogares con banda ancha fija en Capital, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, se pasa a menos de 30% en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

Recorrer el norte por la mítica ruta 40, que atraviesa el país desde Santa Cruz hasta La Quiaca, es encontrarse con una sucesión de postes blancos clavados a un costado del camino. De solo un metro, hay que acercarse para leer en letra chica: fibra óptica. Esos postes no llaman la atención del turista, pero son como maná caído del cielo para los lugareños. Quizá no sepan que es la mejor tecnología digital, pero sí saben que ahí debajo está el cable salvador, el que los conectará con el país y con el mundo.

Carrier sostiene que si bien el Gobierno está atacando el principal déficit estructural, que es llevar la fibra óptica a todo el país, con eso no alcanza. “Está perfecto extender la red, pero es como una gran autopista: se necesitan bajadas y después calles que lleguen hasta las casas. Una autopista sin bajadas no sirve”.

En Modernización argumentan que ese tramo final de la conexión, el que va del cableado subterráneo hasta los hogares -lo que se denomina “última milla” o capilaridad- es responsabilidad del sector privado: empresas telefónicas o de TV por cable, y cooperativas. “Perdimos 10 o 15 años de oro. Estábamos bien y nos quedamos -dice José Crettaz, especialista en comunicaciones y director de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)-. Se llevan gastados hasta 20.000 millones de pesos en distintos planes de desarrollo y el atraso subsiste. Los más pobres son los que peor conectividad tienen, si es que tienen, y la pagan más cara”. Atribuye este rezago a cuatro factores: mezquindad política de los gobiernos kirchneristas, que lo veían como una oportunidad de condicionar a los medios; ignorancia de los legisladores; poca inversión privada, y falta de presión social.

Llamada desde la Puna

En la secretaría privada de Ibarra recibieron, en agosto de 2016, una llamada inesperada: Rufino Llampa, comisionado municipal de Mina Pirquitas, 350 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, pedía una entrevista con el ministro. Un par de días después estaba en Buenos Aires.

Llampa, piel cobriza, retacón, de 34 años, es un personaje. Nacido en Loma Blanca, una de las cinco localidades (en total, 1600 habitantes) que conforman la comuna de la que él es una suerte de intendente, su primer trabajo fue en la mina de plata y cinc que le dio nombre al caserío de trabajadores que fue creciendo a sus pies: Mina Pirquitas. Ahí, en la mina, conoció Internet, y también ahí descubrió su vocación por lo público. Las dos cosas le cambiarían la vida. También a esos parajes de la deslumbrante Puna jujeña, a 4100 metros de altura y a 90 km de la frontera con Bolivia.

Gracias a esa conexión pudo estudiar a distancia una tecnicatura en Seguridad e Higiene y una diplomatura en Gestión Pública. En 2010 lo eligieron presidente de la comunidad de Loma Blanca, y lo primero que hizo fue gestionar la instalación de una antena satelital que pudiera darles señal de Internet y telefonía. Lo consiguió en 2013. Hoy lo recuerda casi entre lágrimas: “Fue increíble. El pueblo festejaba en las calles, porque por fin íbamos a dejar de estar aislados”. Al poco tiempo llegaron las primeras PC, y la gente, dice, “no se animaba a tocarlas”.

En diciembre de 2015, Llampa ganó las elecciones, como candidato del PJ, para el cargo de comisionado municipal de las cinco localidades, con cabecera en Mina Pirquitas. Su mayor preocupación era que esas comunidades dejaran de depender de la mina, que más de una vez había cerrado (la última, en 2016), lo que provocó un shock económico y social en la zona. Con ese reclamo se presentó ante el ministro Ibarra. Le explicó que necesitaban un desarrollo sustentable y que estaban empezando a cultivar quinua, un grano que se da bien en la Puna y es muy requerido en todo el mundo por sus propiedades nutritivas. “Pero necesitamos más y mejor Internet, señor. Sin Internet no se la podemos vender a nadie”.

Meses después, Mina Pirquitas ya había mejorado sensiblemente su conexión satelital y el equipamiento, se abrieron nuevos “puntos digitales” (oficinas públicas con banda ancha, PC y cursos de capacitación) y el Gobierno los ayudó a hacer su primera página web, orientada a la producción. “Ahora tenemos mail -suspira Llampa-. Empezamos a recibir órdenes de compra de quinua y eso incentivó a otros a sembrar. Un día nos escribieron de Italia: ¡querían una tonelada por mes! Imposible llegar a esos volúmenes, pero poco a poco vamos incrementando la producción. Es increíble lo que estamos consiguiendo. El gobernador Morales, que también está colaborando mucho, ya vino tres veces a visitarnos”.

A las afueras de Loma Blanca, Gabriel Martínez (19 años) revisa una plantación de quinua, el nuevo emprendimiento de su familia. Antes tenían un esquema de autosustentación: verduras, gallinero y algunas cabras. El año pasado, su primera cosecha, de media hectárea, les rindió 600 kilos: unos 54.000 pesos. “Nos fue muy bien. Ahora vivimos de la quinua y vamos a sembrar un terreno más grande”, dice.

“El padre de Gabriel me contó que jamás en la vida había visto tanta plata. En esta zona, 54.000 pesos rinden mucho”, cuenta Llampa.

En Coranzulí, una localidad a 55 kilómetros de Mina Pirquitas, la mayor atracción no es un bar, el almacén de ramos generales o el polideportivo. Es el Colegio Secundario N° 18, que tiene la única bajada de Internet. Entre las 18 y las 21, cuando ya no quedan alumnos, las autoridades del colegio dejan pasar a los vecinos para que puedan usar el Wi-Fi. Y los fines de semana lo dejan prendido para que se puedan conectar desde afuera. “Vienen familias enteras y toman la señal en la vereda”, dice Nirma Lamas, directora de la primaria.

Coranzulí, de 570 habitantes, no parece menos desarrollada que localidades vecinas, pero la desconexión casi total y la falta de trabajo están provocando un lento éxodo de su población. “Hace 16 años que estoy en la escuela -dice Lamas-. Tuvimos hasta 300 alumnos y hoy apenas son 45”.

En el pueblo hay una sola cabina telefónica, que muchas veces no funciona. “Vivimos en un gran aislamiento. Hasta que no llegue la fibra óptica, estamos sonados -dice Fidel Sosa, encargado de Obras Públicas de la comisión municipal-. Yo también reparo radios y televisores, y cuando me falta un repuesto tengo que ir a capital porque acá es muy difícil meterse en Internet para buscar algo”.

La brecha digital tiene números que asustan. Sobre 2400 municipios, la red de fibra óptica llega a 400, y en los próximos dos años, según el Gobierno, serán 1300. A muchos les faltará todavía la “última milla”. Cuando la red esté completa tendrá una extensión de 34.000 kilómetros; hoy son 26.000, de los cuales 14.000 se hicieron en los últimos dos años.

La mayoría de las localidades de menos de 10.000 habitantes no tienen “gobierno digital”: seguir online trámites, licitaciones, compras, control de la gestión. “Cuando asumimos, miles de localidades ni siquiera tenían página web. Ya hicimos 348 e instalamos 334 puntos digitales”, dicen en Modernización.

Además, confían en que ahora vendrá “un despliegue grande” de las telefónicas, al haberse destrabado un viejo conflicto por el reparto de frecuencias. “El 4G se extenderá a todo el país”, prometen en las empresas.

¿Los celulares son una solución para achicar la brecha? La opinión de los expertos está dividida. Para algunos, sí, porque el mundo tiende a conectarse a través de ecosistemas móviles. Para otros, la realidad del país indica que un porcentaje menor de los celulares en uso (38%) son inteligentes, y que la conectividad es todavía cara, además de frágil. Macri lo comprobó en la ruta 2.

Hofman dice que no hay que estar tan atentos a la fibra óptica, satélites, 4G. Que todo eso, más temprano o más tarde, va a estar. Pueden pasar dos o tres años y llegarán. Lo que le preocupa es el analfabetismo digital. “Construir comunicación es fácil. Pero estar conectado no significa nada si no se sabe utilizar esa tecnología. Nuestro déficit en infraestructura es mucho menos grave que el déficit en conocimiento”, dice.

Para Hofman, la brecha más grande está ahí. “Si tenés una mala educación escolar, la conectividad no te sirve, no mejora tu calidad de vida. Si no hablás inglés, ¿para qué querés estar conectado con el mundo?”.

Crettaz comparte ese criterio: solucionar el problema de infraestructura, sostiene, llevará mucho menos tiempo que instruir a la gente en el uso de las nuevas tecnologías. “No se está viendo talento humano como para generar un ‘Sarmiento digital’. Para educar se necesitan educadores, y me pregunto dónde se están formando los educadores digitales”.

En Coranzulí encontrará una parte de la respuesta. La directora de la escuela dice que prefiere trabajar con los libros que con la computadora; que usa muy poco el celular, incluso cuando va a su casa de la capital, y que no lamenta mucho que no haya buena conectividad: “Los chicos solo usan Internet para jugar, y los grandes. los grandes se ponen como locos”.

“La tecnología debería servirnos para incluir”

Estenssoro, de la Fundación Equidad, dice que la principal brecha es la desigualdad

“Gracias, eternamente gracias por enseñarme para qué servía ese aparatito que resultó llamarse mouse y al que no me atrevía a tocar cuando iba a limpiar una casa. Gracias por sacarme del analfabetismo digital en el que estuve inmersa 52 años”.

El testimonio es de María del Carmen González, egresada de uno de los cursos de informática de la Fundación Equidad, que presiden la periodista y exsenadora María Eugenia Estenssoro y su marido, Haroldo Grisanti. Era tanta su gratitud que quiso dejarla por escrito: “No imaginan siquiera lo valioso que resulta aprender en su escuela y lo agradecidos que estamos de haber conocido eso tan importante llamado tecnología”.

Con la carta en sus manos, Estenssoro reflexiona: “La principal brecha es la desigualdad, y la tecnología puede servir para igualar, equiparar, dar el gran salto, o, al contrario, para dividir”. Dice que ese fue el objetivo de la creación de Equidad: convertir la tecnología en un instrumento de inclusión.

Nacida en 2001, la fundación trabaja con personas de sectores vulnerables para promover, mediante cursos, su integración social, educativa y laboral a través del uso de las nuevas tecnologías. En diciembre de aquel año llevó adelante en Manzano Amargo, un pueblito de Neuquén, la primera conexión de una escuela rural a la Web.

Desde entonces ha corrido mucha agua, pero algunas cosas progresaron muy poco. De un total de 2800 escuelas rurales que hay en el país, solo 540 tienen conectividad. El Gobierno promete que a partir de este año se va a llegar a cientos de escuelas más mediante señal satelital. “No hay forma de justificar que a estas alturas ya no estén conectadas todas las escuelas del país, rurales y no rurales -dice Estenssoro-. Si los chicos que están en el colegio estudiasen con computadoras personales e Internet como nosotros usábamos el pizarrón, el salto sería extraordinario”.

Al igual que muchos especialistas, insta a ir a “otra pedagogía”, trabajar en las aulas por proyectos, por objetivos, y fomentando tanto la autonomía personal como la integración de equipos.

En Equidad sostienen que hoy la educación pública es una “educación pobre para los pobres”, y que si no se hace algo urgente, los sectores postergados serán cada vez más amplios porque quedarán excluidos del mercado laboral.

Desde hace varios años, la fundación imparte en la ciudad de Buenos Aires, con fondos asignados por el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno porteño, cursos gratuitos de tecnología digital destinados exclusivamente a personas de bajos recursos -en su mayoría, vecinos de villas, desempleados, beneficiarios de planes sociales- que no han completado sus estudios. En la actualidad asisten anualmente unos 1000 alumnos de entre 25 y 60 años.

Estenssoro vuelve a mostrar la carta de María del Carmen, la señora que no se animaba a tocar el mouse. “Es muy lindo todo lo que escribió, pero al mismo tiempo nos debe hacer pensar. Es imperdonable que estemos así”.