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Camaristas explicaron por qué permitieron la exploración petrolera frente a la costa de Mar del Plata

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Este lunes se conoció el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que revocó la medida cautelar que prohibía la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. En ese marco, los jueces Alejandro Taza Eduardo Jiménez brindaron una conferencia de prensa, donde argumentaron su posición.

“La Cámara ha tomado la decisión judicial de autorizar la exploración petrolera en el marco de un proyecto que es más grande, superior, en base al aporte de nuevos informes brindados tanto por el Estado como de la empresa encargada de hacer este tipo de tareas, considerando que aquellos requisitos que hemos impuesto para preservar el medio ambiente estaban cumplidos“, expresó el juez Alejandro Taza.

En relación a la posibilidad que la decisión judicial sea apelada, Taza explicó: “Estamos en un proceso de amparo en el marco de una medida cautelar que había sido dictada por el juez en primera instancia, luego vino a la Cámara, se impusieron una serie de requisitos. El Estado y la empresa petrolera dieron respuesta a esos requisitos, la Cámara los analizó e impuso nuevas condiciones y autorizó al exploración petrolera que estaba programada oportunamente por el Estado como la empresa. En principio, es una decisión definitiva y las partes pueden interponer únicamente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema”, dijo.

En ese caso, “la Cámara debe analizar si es procedente o no y en su caso, conceder o no el recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.

“El Poder Judicial no es el encargado de fijar las políticas públicas por parte del Estado, eso es algo que le incumbe al poder político. Nuestras tarea es simplemente velar por la legalidad del proceso que se lleva a este tipo de proyecto y cuidar y preservar el medio ambiente que en definitiva es algo que nos comprende e interesa a todos”, remarcó.

Y agregó: “En ese contexto, hemos hecho una serie de resoluciones  tendientes a preservar el medio ambiente de la mejor manera posible, procurando a que existan observadores y velando pro el cuidado del medio ambiente, fundamentalmente de la Ballena Franca que se alimenta en esa zona y el fitoplancton. Hemos ordenado medidas de mitigación del impacto porque se hace a través de artefactos sonoros que pueden llegar a perturbar la tranquilidad o algún indicio de perturbación al medio ambiente, frente a cualquier situación que se produzca en ese sentido, nosotros estaríamos dispuestos a tomar las medidas pertinentes que correspondieran”, aclaró.

En tanto, para el juez Eduardo Jiménez, justificó la decisión porque “nos enmarcamos en el mandato constitucional, que es de desarrollo sustentable y remarcó que la justicia “no va a interferir en la política de desarrollo del gobierno” pero “sí marcar pautas de resguardo” ambiental.

En ese análisis, argumentó que “YPF hace ese tipo de prospecciones desde hace 90 años, con bombeos de aire sonoros, para ver si el lugar es aceptable o no y con más de 138 procesos en marcha y no hay ningún accidente ecológico que se haya producido” y mencionó el CAN 114 y 08 “que están en zona de reproducción y alimentación” de las ballenas francas.

Asimismo, mencionó la zona del Agujero Azul, “que es donde descansan los restos del (crucero ARA) General Belgrano que tiene una media sanción para ser protegida” y “que es uno de los sectores de biodiversidad más importantes que tiene la República”.

Jiménez aclaró que con este fallo “se está explorando y no explotando” y que se impusieron “observadores calificados como los del proyecto Pampa Azul, con 9 universidades y 6 ministerios y están para la preservación del Mar Argentino”.

Si hubiera la posibilidad que los cetáceos murieren, se detiene el proceso“, remarcó Jimenez y dijo: “No quisimos avalar ni un fascismo ambiental ni una explotación a cómo venga, tenemos que buscar un justo equilibrio para que no dañe los ecosistemas”, completó.

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La Justicia rechazó recursos extraordinarios de ambientalistas y ratificó la exploración petrolera

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La Cámara Federal de Apelaciones declaró inadmisibles las presentaciones en diciembre realizadas por diversas organizaciones.

La exploración petrolera sigue sumando capítulos judiciales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por organizaciones ambientalistas contra el fallo que habilitó la exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

La decisión confirma la autorización que los jueces habían otorgado el 5 de diciembre para el comienzo de las actividades. Los recursos, presentados 20 días después, habían frenado el inicio de los trabajos de la empresa Equinor.

El mes pasado, la Cámara consideró que tanto el Gobierno nacional como Equinor cumplieron con los requisitos que le habían sido requeridos, y revocó parcialmente la medida dictada por el juez Santiago Martín. También establecieron una serie de “condiciones esenciales” para la ejecución de la exploración petrolera.

Por caso, dispusieron que deberán incluirse como “observadores permanentes” a miembros del equipo “Pampa Azul”, en el número de integrantes que la autoridad administrativa considere adecuado, quienes “deberán velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca, por la tutela del Agujero Azul, así como denunciar a las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades”.

Otra de las condiciones fijadas es que las actividades de prospección sísmica “no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta 50 kilómetros” del sector que comprende la zona denominada “Agujero Azul”.

En tercer lugar, la exploración “deberá suspenderse inmediatamente ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente, tanto por parte de las autoridades administrativas o judiciales como por parte de los responsables de su ejecución”.

Por otro lado, exhortaron a las autoridades administrativas a que “propicien y mantengan permanentemente un máximo nivel de control” sobre las tareas de exploración, a fines de “cumplir con las mandas que el derecho impone en la materia respecto a la tutela del medio ambiente, y para velar por el cumplimiento de cualquiera de las condiciones antes establecidas, debiendo articularse la inmediata suspensión de las actividades del proyecto en caso de incumplimiento”.

En su momento, la organizaciones ambientalistas que presentaron el recurso habían advertido que, si era rechazado, recurrirían a una queja extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Tabacaleras: Denuncian por presunta corrupción a jueces de la Cámara Federal de Rosario

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Los jueces Toledo y Facciano fallaron en favor de la tabacalera Bronway aprovechando la ausencia de uno de sus pares. Se trata de un juicio por el pago de impuestos que superaría los 100 mil millones.

En los juzgados federales de Rosario se viene librando una batalla de impacto nacional que pone en juego miles de millones de pesos de recaudación. La tabacalera rosarina Bronway presentó un amparo para no pagar lo que se conoce como “impuesto mínimo”, esto fue un invento del macrismo ideado por Massalin que a cambio de que le bajen cinco puntos los impuestos que pagaba a los cigarrillos, propuso que se fije un monto mínimo -hoy ronda los 200 pesos- para los atados de cigarrilos.

Como las marcas internacionales de Massalin, que es Philips Morris, que es Marlboro, cuestan de 300 para arriba era un negocio estupendo, que además tenía la ventaja de dejar al borde de la quiebra a las tabacaleras nacionales que venden sus marcas en torno a los 200 pesos.

La Justicia citó a declarar a un diputado de Misiones por su cercanía con la tabacalera Massalin

El problema con Bronway es que se metió en el negocio después de la creación de ese impuesto mínimo -antes se dedicaba a hacer CDs, por eso la segunda parte de su nombre es Technology- y su negocio, explican en el mercado, esta basado en la hipótesis de no pagar el impuesto mínimo mediante un amparo. Una distorsión que se suma a un mercado muy distorsionado. En la AFIP calculan que esta tabacalera tiene una deuda acumulada de impuesto impagos que ronda los 100 mil millones.

Bronway enfrentó en el pasado investigaciones  por contrabando y robo y falsificación de estampillas de cigarrillos, causa está última en la que se declararon culpables.

El fallo de los camaristas José Toledo y Osvaldo Pacciano, que le redujo a la tabacalera Bronway la contracautelar de 2.000 millones a 90 millones, será investigado por el fiscal Claudio Kishimoto. En los tribunales federales de Rosario consideran un “escándalo” que se haya habilitado la feria para esa decisión.

Como sea, en su pelea en la justicia rosarina, Bronway logró movilizar a un grupo de tabacaleras pymes nucleadas en la denominada Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet) que realizaron varias manifestaciones frente a los tribunales federales de Rosario, amenazando con despedir a cientos de trabajadores si no les concedían el amparo para no pagar el impuesto mínimo.

La presión de la tabacalera de Darío Ippolito, fue tan intensa que incluso logro que le bajaran la caución para darle el amparo de 2.000 millones a 90 millones. Una nimiedad si se tienen en cuenta los montos en juego.

El fallo express que consiguió Ippolito lleva la firma de los camaristas José Toledo y Osvaldo Facciano y se produjo luego de una maniobra muy visible, para evitar que voten magistrados que estaban en contra del beneficio.

Ahora estos jueces serán investigados por la fiscalía número 2 de Rosario, por los presuntos delitos de cohecho y violación de los deberes de funcionario público. El fiscal Claudio Kishimoto quedó a cargo de la denuncia.

Carlos Castagnetto, titular de la AFIP.

La polémica se remonta al 23 de mayo de 2022 cuando la jueza federal Silvia Arramberri, le deniega el amparo a Bronway, en base a estimaciones de la propia AFIP que debían más de 100 mil millones en impuestos. Ippolito apeló ante la Cámara Federal de Rosario.

El 29 de Diciembre del año que acaba de terminar la Sala “B” de la Cámara Federal de Rosario rechazó la solicitud de Bronway, pero le concedió un plazo de tres meses para que regularice su situación impositica con algún plan de pagos con la AFIP. Los camaristas dispusieron además en ese momento un seguro de cautela (contracautela), cuyo monto y modalidad debían ser fijados por la jueza Aramberry, hasta que se alcanzara la  resolución definitiva del conflicto.

El 4 de enero la jueza Aramberry fijó una contracautela de 2.000 millones de pesos, en base a un informe económico de AFIP que dispuso ese monto equivalente al 30% de la deuda impositiva de Bronway de los últimos cuatro meses.

Pero el 14 de enero, los camaristas Toledo y Facciano, habilitando la feria judicial de una manera que abogados del fuero calificaron de “escandalosa” ya que no habrían justificado debidamente esa excepcionalidad, redujeron la contracautela a 90 millones. Esto es, 1910 millones menos de lo fijado por la jueza de la causa.

Esto derivó en la causa penal contra los magistrados y una denuncia en el Consejo de la Magistratura de Santa Fe. No es un problema menor el que se plantea, ya que abre las puertas a una rebelión fiscal, explicaron a LPO fuentes al tanto de los pormenores del juicio.

No es un problema menor el que se plantea con este fallo, ya que abre las puertas a una rebelión fiscal. Bronway empezó a operar en el sector tabacalero con posterioridad a las leyes que fijan el tributo mínimo, de manera que al meterse en el negocio del tabaco ya conocían la ley y el costo de comercializar.

Este riesgo surge porque Bronway empezó a operar con posterioridad a las leyes que fijan el tributo mínimo, de manera que al meterse en el negocio del tabaco ya conocían la ley y el costo de comercializar. “Cualquier empresa de cualquier rubro que quiera incumplir con los impuestos puede plantear una cautelar. Por ejemplo, una cerealera contrata 200 empleados y va y pide cautelar para evadir impuestos porque sino los costos no le dan y la gente se queda sin empleo. Esto es desigualdad ante la ley, además de competencia desleal garantizada por un Tribunal Federal”, explicó la fuente consultada.

Sin embargo, la movida no cuenta con el respaldo del sector. Es que el no pago de impuestos está dejando sin recursos al Fondo del Tabaco (FET) que subsidia a los productores del norte del país, nucleados en la Federación Argentina de Productores de Tabaco. Estos trabajadores emitieron un comunicado en el que respaldan a la AFIP y le dan su apoyo “por asegurar el cumplimiento de la Ley de Impuesto Mínimo que ordena la recaudación y Distribución del Fondo del Tabaco (FET)”, que dispone que el 7% de la venta de cigarrillos integra ese fondo que luego se distribuye como subsidio a los productores del norte.

Es decir que sobre la supuesta deuda de 100 mil millones de pesos que tiene Bronway con el fisco,  unos 7 mil millones se destinarían a subsidiar a los productores que cultivan tabaco en el norte del país, en condiciones de subsistencia.

“Los miles de productores nos sentimos ahora escuchados, después de demostrar con números el enorme perjuicio que generan las empresas cigarrilleras que se manejan al margen de la ley”, agregaron los productores en su comunicado en apoyo a la AFIP.

En las provincias tabacaleras hay 23 mil empleados directos registrados – de los cuales 15 mil son pequeños productores- y la actividad genera empleo para más de cien mil trabajadores en forma indirecta. La Federación esta representada por trabajadores de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco.

FUENTE : LA POLITICA ONLINE

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“A ver si volvés a pegar, negro de mierda”: las pruebas que complican a los tres rugbiers que no hablaron en el juicio

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Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli no tomaron la palabra ante el Tribunal N°1 de Dolores. Las revelaciones en su contra en el proceso y en el expediente: sangre de Fernando en la camisa y un anillo de seguridad para lograr impunidad

Tres de ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa eligieron callar. Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli mantuvieron el silencio hasta la última de las audiencias de declaraciones testimoniales, con peritos y testigos directos del crimen que complicaban a ellos y a sus compañeros y con vecinos de Dolores que les gritaban “asesinos” desde la calle, mientras sus compañeros de causa hablaban de manera aparentemente espontánea. Dijeron que habían bebido alcohol esa noche —con solo una botella de vodka para diez personas incautada en la casa que ocupaban—, que se habían visto involucrados en una pelea, maniobras consonantes con una calificación de homicidio en riña, que les garantizaría una pena de apenas seis años de cárcel como máximo.

Sus padres estuvieron presentes durante las jornadas. Sergio Viollaz, padre de Ayrton, fue una presencia casi constante durante las tres semanas del proceso. Benicelli tuvo que oír el sufrimiento que el crimen le provocó a su padre, Héctor, que declaró como testigo, citado por la defensa de Hugo Tomei. “Vivimos acosados. Le han querido pegar a mi hija y a mi señora en la calle. Escucho cómo la insultan mediáticamente a mi señora. Escucho que cuando lastimen a mi hijo en el penal no lo van a defender. No hay un día que no me levante con insultos. El dolor no se cura con más dolor”, sostuvo.

María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli, aseguró ante los jueces: “Estamos devastados desde ese momento”. Desde la segunda hilera del banquillo de los acusados, su hijo se secaba las lágrimas con un pañuelo de papel. Luego, Guillén tomó aire y siguió. “Nos cambió la vida a todos. Yo desde ese día pienso que… Es una agonía constante. No podés salir a la calle. Mi marido, que trabajaba en una ferretería, casi pierde el puesto. Es tremendo”.

Benicelli, Comelli y Viollaz fueron señalados durante el proceso y en el expediente. Benicelli es el más complicado de todos.

Matías Benicelli, complicado por testigos y la pericia de ADN

Sebastián Saldaño, el quiosquero que presenció la agresión, marcó a Benicelli como arengador del ataque, al tiempo que Thomsen pateaba en la cabeza a Báez Sosa. Tomás D’Alessandro, quien salió con Fernando cuando los patovicas de Le Brique los expulsaron, y que también fue uno de los agredidos, aseguró que durante la golpiza, Benicelli le gritó a su amigo: “A ver si volvés a pegar, negro de mierda”. Por su parte, Tomás Bidonde, testigo presencial de la paliza mortal, lo marcó como uno de los que atacó a los amigos de Báez Sosa “para evitar que lo salven”.

Los testigos señalaron a Benicelli por su peinado. “El de la colita, el del rodetito”, dijeron. Ese peinado fue instrumental para que los policías de tres DDI de la Bonaerense lo reconocieran tras verlo en cámaras de seguridad, cuando lo arrestaron en la casa que los rugbiers ocupaban en Villa Gesell.

También, el perito César Guida reveló que se halló sangre de Fernando en la camisa floreada que Benicelli vistió en la noche del crimen.

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Tumulto: los padres de los acusados al salir de la última audiencia.Tumulto: los padres de los acusados al salir de la última audiencia.

Cinco testigos marcaron a Viollaz como partícipe de la pelea. Durante la segunda jornada del debate, Federico Raulera, amigo de Báez Sosa, lo ubicó en el rol de “arengador”. En la rueda de reconocimiento, según consta en la elevación a juicio, lo había identificado y ya por entonces lo describió como de “pelo negro, como (con) un corte en su flequillo medio para el costado y para abajo, de remera blanca”.

Santiago Corbo y Franco Cervera, otros amigos de la víctima, también hicieron referencia a Viollaz como “uno de los que hacían de barrera” para que ellos no pudieran auxiliarlo. Esto coincide, a su vez, con lo que declaró Bidonde, testigo clave de la pela: aseguró que Benicelli y Viollaz atacaron a uno de los amigos de Báez Sosa para evitar que lo socorrieran.

Comelli, en cambio, se encuentra entre los menos mencionados. Lo identificó Juan Bautista Besuzzo, amigo de la víctima. Dijo que atacó a Fernando por la espalda y que “lo sentó con un golpe”. Comelli, descubrió Policía Científica, tenía un hematoma en el labio inferior cuando lo detuvieron.

Ahora, los tres junto a los otros cinco acusados continuarán detenidos hasta el próximo momento clave del juicio: los alegatos, que ocurrirán el 25 y 26 de este mes y el veredicto, que llegará el martes 31.

FUENTE INFOBAE

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