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Carne 300% más cara, 12 millones de cabezas menos y 12.000 empleos perdidos: las consecuencias del cierre de exportaciones del 2006

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El entonces presidente Néstor Kirchner implementó la misma medida durante su gestión para intentar bajar los precios en el mercado local. Había sido anunciada por seis meses y se extendió por 10 años. Los resultados fueron el cierre de frigoríficos y la pérdida de entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo

La suspensión por 30 días de las exportaciones de carne se da a conocer apenas un día después de que el presidente Alberto Fernández expresara su preocupación por el aumento “inexplicable” de los precios en los últimos dos meses. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

El Gobierno decidió suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna, una medida orientada a contener la presión sobre los precios que se viene registrando en los últimos meses. La medida que ya fue comunicada al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC y se hará oficial en las próximas horas tiene antecedentes negativos para el país.

En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner estableció la misma medida por 180 días aunque que finalmente se extendió por 10 años. La medida anunciada en ese momento por la ex ministra de Economía Felisa Miceli apuntaba a frenar el alza de los precios de dicho producto en el mercado interno.

Según Andrés Halle, ingeniero agrónomo y consultor, el cierre de exportaciones de carne en 2006 trajo aparejado el cierre de más de cien frigoríficos y la pérdida de entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo. “Por otra parte se contaron por miles la cantidad de productores ganaderos que se fundieron. El stock de hacienda entre marzo del 2006 y marzo del 2011 cayó un 20%, lo que representó una caída de casi 12 millones de cabezas”, destacó Halle en abril en un informe de Econoagro.

El volumen exportado tuvo una caída del 69%, obligando a frigoríficos a cerrar, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, no permitiendo el desarrollo del sector y afectando el ingreso de divisas al país (Andrés Halle)

Según el ingeniero, “el consumo de carne per cápita pasó de 62 kilos a fines de 2005, a 55,5 kilos promedio en 2011. En términos porcentuales significó una merma del 11,3%”. Asimismo, indicó que “la producción de carne tuvo una caída del 21% entre el 2005 al 2011″. Y agregó que se pasó de un volumen de 3.147.396 toneladas res con hueso a 2.497.896, lo que significó una caída en la faena de casi 3,5 millones de cabezas.

“El volumen exportado tuvo una caída del 69%, obligando a frigoríficos a cerrar, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, no permitiendo el desarrollo del sector y afectando el ingreso de divisas al país”, afirmó Halle. Y añadió: “El precio del novillo cayo luego del cierre de exportaciones por un tiempo, para luego (frente a la escasez) pegar un importante salto hacia la suba”.

En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) recordó en 2013 el episodio a través de un comunicado de prensa en el que remarcó “acerca de las nefastas consecuencias que la prohibición de exportar y que la constante intervención a los mercados traería para el futuro de la ganadería, para el productor ganadero y para el país, así como para un producto que había representando con creces a la Argentina en los mercados internacionales más exigentes transformándose en un demandado emblema del país a nivel mundial”.

Según los datos más recientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Argentina es el quinto productor y el cuarto exportador mundial de carne vacuna. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo Según los datos más recientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Argentina es el quinto productor y el cuarto exportador mundial de carne vacuna. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Según la SRA, “la brutal liquidación del stock ganadero por un total de 12 millones de cabezas, la desaparición de productores, el cierre de más de 125 frigoríficos, la destrucción de más de 12 mil empleos genuinos y federales, la enorme caída de las exportaciones y el incumplimiento de la Cuota Hilton por quinto año consecutivo”.

La entidad presidida entonces por Miguel Etchevehere señaló en su comunicado que “los argentinos perdimos de ingresar alrededor de 10.000 millones de dólares en divisas desde que se comenzó a implementar la infortunada política que llevó a la quiebra a cientos de criadores de ganado. Y todo esto, en la supuesta defensa de la mesa de los argentinos, pero con graves efectos para los consumidores: una drástica reducción del consumo de carne por habitante y el aumento del precio de la carne al consumidor como consecuencia de la escasez”.

La mirada de los economistas

Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Empiria, afirmó en Twitter: “Cuando se pusieron restricciones a las exportaciones, entre 2006 y 2015, se perdieron 10 millones de cabezas de ganado, la producción cayó un 18% y los precios subieron 300% vs inflación del 200%”. Y agrego que las mismas recetas no llevarán a resultados distintos, “menos luego de emitir 8% del PIB”.

Con estas políticas el Estado destruye las empresas privadas y después se presenta como salvador, repartiendo planes a los que perdieron el trabajo (Ramiro Castiñera)

En tanto, el economista y docente Eduardo Levy Yeyati dijo que “los rubros que más subieron de precio fueron los que venden en mercados protegidos, y los que sufren en los costos la presión cambiaria por falta de dólares”. En ese sentido, destacó en Twitter: “La prohibición de exportaciones de carne presiona al dólar (+ inflación hoy) y destruye stock (+ inflación mañana)”.

Asimismo, Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, afirmó que el cierre de exportaciones “es una deliberada política destructiva del aparato exportador”.

“Con estas políticas el Estado destruye las empresas privadas y después se presenta como salvador, repartiendo planes a los que perdieron el trabajo”, destacó.

Cuando se pusieron restricciones a las exportaciones, entre 2006 y 2015, se perdieron 10 millones de cabeza de ganado, la producción cayó un 18% y los precios subieron 300% vs inflación del 200% (Juan Ignacio Paolicchi)

La suspensión por 30 días de las exportaciones de carne se da a conocer apenas un día después de que el presidente Alberto Fernández expresara su preocupación por el aumento “inexplicable” de los precios en los últimos dos meses.

Sinceramente no hay ninguna razón, más que el aumento del consumo, para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y abril”, analizó Fernández. ”Celebro que la Argentina exporte carne”, dijo el mandatario “pero no que hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne, y que les den una migaja de 8.000 toneladas de carne cuando acá se consumen 200.000”.

La referencia del presidente fue respecto al acuerdo que el Gobierno alcanzó con el Consorcio de Exportadores y otras cámaras del sector frigorífico para sostener hasta fin de año un programa de 11 cortes de alta demanda local, a precios por debajo del promedio de mercado.

Ese acuerdo anunciado hace 10 días prevé llegar a 3.000 bocas de expendió en todo el país con un volumen de 8.000 toneladas mensuales, un 25% mas de lo que se venía abasteciendo en los últimos meses desde la puesta en marcha de este acuerdo.

 

FUENTE : INFOBAE

 

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IIMPUESTO A LAS GANANCIAS: POR DECRETO, EL GOBIERNO NACIONAL SUBIÓ EL PISO A $175 MIL

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El mínimo no imponible volverá a actualizarse el 1 de enero en función de la evolución de los salarios.

Tras el incremento anticipado del salario mínimo, vital y móvil, el gobierno nacional anunció la firma de un decreto para elevar el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que pasará a ser de 175 mil pesos. Volverá a actualizarse en enero.

Tras la derrota electoral del Frente de Todos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el gobierno nacional empezó a anunciar una serie de medidas ante el difícil contexto económico y así, en primer lugar,  este martes centrales sindicales, empresarios y el gobierno acordaron elevar el salario mínimo a 33 mil pesos hacia febrero.

Y como segunda medida este miércoles se  anunció oficialmente que mediante un decreto a publicar este jueves en el Boletín Oficial el gobierno decidió elevar el piso a partir del cual los asalariados deben abonar el impuesto a las Ganancias: desde septiembre, quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $175 mil quedarán exentos. Hasta ahora, ese valor era de $150 mil.

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Tras la reunión del Consejo del Salario, el gobierno nacional, empresarios y centrales sindicales acordaron llevar el mínimo, vital y móvil a 33 mil pesos en febrero.

De la misma manera, el umbral de los 173 mil pesos pasará a ser de 203 mil pesos. A su vez, informaron que los trabajadores gozarán de la exención del Sueldo Anual Complementario de diciembre.

Así, destacaron que las 1.267.000 personas que dejaron de pagar el impuesto tras la última reforma del régimen aprobada en abril seguirán sin abonarlo a pesar del incremento de los sueldos y lo acordado en las paritarias: sostienen que solo alcanza al 10% de los trabajadores bajo relación de dependencia.

impuesto a las ganancias

En este marco, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, todas las deducciones y las escalas del impuesto volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

FUEENTE : QUE DIGITAL

FOTO TAPA : BONANO

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Economia

PRESIÓN TRIBUTARIA: SI UN EMPLEADO TRABAJA DE 9 A 18, TODO LO QUE GANA HASTA LAS 14:25 SE DESTINA A PAGAR IMPUESTOS

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Un trabajador en relación de dependencia tiene que destinar el 60% de sus horas laborales a afrontar la carga impositiva, entre descuentos al salario e impuestos al consumo

 

Un empleado privado en relación de dependencia puede destinar hasta un 60% de su semana laboral solo para hacer frente a los impuestos nacionales y locales que se cobran sobre su salario y sobre los productos que compra con ese dinero. Para graficar: para un trabajador que desempeña sus tareas de lunes a viernes de 9 a 18, hasta el miércoles a las 15 solo trabaja para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ese fue el resultado de una estimación realizada por el economista Manuel Adorni, que publicó en su cuenta de Twitter y que se viralizó de inmediato. “Si tu horario laboral es de 9 a 18 horas, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. Si trabajás de lunes a viernes, hasta el miércoles a las 15 horas vas a trabajar para el Estado. Que disfrutes de tu jornada”, ironizó.

En diálogo con Infobae, Adorni comentó que para realizar esa cuenta se basó en una carga tributaria del 60 por ciento. “Estamos hablando de promedios y de porcentaje estándares; después dependerá de cada caso, si se retiene o no impuesto a las Ganancias o si trabaja media jornada, en ambos casos lo que se termina pagando terminaría siendo más”, aseguró.

Para llegar a esa conclusión, el economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto, entre los aportes patronales y las cargas jubilatorias que hace el propio empleado, y luego para un caso de un trabajador en relación de dependencia, el cobro de ART y el descuento sindical. En esa primera instancia Adorni consideró que, como ejemplo, un empleado con un sueldo bruto de $30.000 termina recibiendo 20.000 pesos.

Fuente: TwitterFuente: Twitter

Y sobre esa base estimó cuánto es lo que ese empleado pagará de impuestos una vez que quisiera, por ejemplo, comprar alimentos en un supermercado. Esa cuenta da un 40% de presión tributaria sobre esos productos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“Aunque depende del producto, están calculados todos los impuestos de la cadena. Hay otros, por supuesto, que tienen más o menos IVA. En definitiva, desde que empezaste a trabajar hasta que llevaste la comida a la mesa de tu casa, trabajaste por $30.000 y pudiste disfrutar -por así decirlo- por $12.000, la diferencia te da un 60% aproximadamente″, concluyó Adorni.

El economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto entre los aportes y cargas jubilatorias, el cobro de ART y el descuento sindical. Y luego, los impuestos a consumo de alimentos en un supermercado

Hace dos años el economista había hecho una cuenta similar, también en Twitter y que también se viralizó. “Sueldo de Comercio: $34.293,57. Imp. al trabajo: $ 5.829,90. Sindicato: $957,35. => Cobrás $ 27.506,32. Con eso salís a consumir productos con 50% de impuestos en promedio. Trabajaste por $34.293,57 y compraste por $13.753,16. Impuestos = $20.540,41. Que tengan todos un buen día”, había mencionado en ese entonces.

Independencia Tributaria

En los últimos 10 años hasta 2020, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaboró un indicador que dio a conocer como el Día de la Independencia Tributaria, es decir, en qué momento del año una persona deja de trabajar para pagar impuestos y comienza a “gozar” de su salario propiamente dicho.

El año pasado esa fecha llegó el 28 de junio para el caso de un trabajador que ganaba en ese entonces en promedio 50 mil pesos de bolsillo mensuales. Según el informe de la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz, desde el 1° de enero los ciudadanos y ciudadanas comienza a trabajar “para el Estado”, entendido como destinar su ingreso a cumplir con el pago de impuestos que tienen alguna incidencia en su salario.

El año pasado el Día de la Independencia Tributaria llegó el 28 de junio

Una vez cumplido ese plazo determinado, comienza a percibir ingresos “para sí mismo”. Según los resultados obtenidos en el último relevamiento realizado por ese centro de estudios, un trabajador asalariado formal en Argentina debió trabajar en 2020 entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de sus ingresos.

Iaraf toma en consideración cuatro tipos testigo de asalariados para hacer su estimación. El Caso 1, el nivel más bajo de ingresos ejemplificado, se trata de un empleado que no queda alcanzado ni por el impuesto a las Ganancias ni por el impuesto a los Bienes Personales (ni el impuesto PAIS en 2020). Para este ejemplo, su “Día de la independencia tributaria” permaneció relativamente estable a lo largo de la última década.

Por su parte, los Casos 2 al 4, con sueldos más altos, demoraron una mayor cantidad de días en 2020 para alcanzar su independencia tributaria en comparación con 2019. Por otra parte, si bien se mantienen aún alejados del pico de 2015, en todos estos casos necesitaron más días para cumplir con sus obligaciones tributarias que al inicio de la serie, en 2011. Ante esto, Iaraf aclaró que “los cuatro casos considerados terminarían el 2020 con un aumento de la carga tributaria formal, acercándose nuevamente a los valores de 2017”.

FUENTE : INFOBAE

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EL ENACOM RECHAZARA LOS AUMENTOS DE MOVILES INTERNET Y TELEVISION PAGA

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró a Télam el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”.

“Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

“Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar”, indicó López en diálogo con Télam.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

“En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público” insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, “las empresas están invirtiendo más que en el 2019”, cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, “la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía”.

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: “subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”.

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que “nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor”.

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector “quisieron volver a aumentar de un modo brutal” los precios de los servicios.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público “le pese a quien le pese”.

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que “en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas”.

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que “vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda”.

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.

“Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo especifico”, indicó.

Recordó que “todo esto vino a partir de la pandemia” y que “el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba”.

Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en “Chile ya tiene media sanción el servicio publico de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada”.

A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y “algunos países de Europa”, agregó el funcionario.

“Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio publico nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre”, finalizó López.

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