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Internacional

El caso de Australia: no tuvo más tiroteos desde que confiscaron armas

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Tras una masacre en 1996, los políticos conservadores cedieron ante la innegable realidad

En 1996, un tiroteo en la atracción turística más popular de Tasmania, un ex-presidio colonial, acabó con la vida de 35 personas, hiriendo a otras 23. Fue el tiroteo masivo más grande jamás registrado en Australia, y motivó un escándalo y debate público que, en última instancia, obligó a los políticos conservadores australianos a afrontar la dura realidad. Si querían detener el elevado número de “mass shootings” del país, tendrían que confiscar las armas de sus votantes.

Al igual que Estados Unidos, Australia había mantenido un irregular conjunto de legislación en torno a la posesión de armas. La jurisdicción era territorial, y no correspondía al Gobierno Federal pronunciarse sobre el asunto excepto acuerdo pleno de todos los gobernadores. Así, en regiones como New South Wales (la más urbana y progresista) la posesión se había abolido en términos generales después de la Segunda Guerra Mundial, mientras en otras, como en Queensland, no.

Las diferentes sensibilidades geográficas y políticas de los votantes australianos configuraban un clima social, a menudo, enconado. Los votantes rurales y conservadores del Partido Nacional (siempre en alianza electoral con el Partido Liberal, también conservador pero con un perfil más urbano) se oponían de forma furibunda a cualquier tipo de regulación, mientras que grandes sectores liberales y laboristas la observaban como un paso necesario.

El clima cambió decididamente tras una serie de matanzas entre mediados de los ochenta y de los noventa, estallando de forma definitiva tras Port Arthur.

Es aquí donde entra en escena John Howard, líder del Partido Liberal (y por tanto de la Coalición que incluía al Partido Nacional, de votantes reacios) y primer ministro australiano desde 1996. Howard se había definido como un crítico de la posesión desregulada de armas desde la oposición, y su acceso al gobierno le permitió implementar una serie de reformas que, de forma extraordinaria, terminarían en el National Firearms Programme Implementation Act 1996.

Port Arthur ofrece algunas similaridades con el caso americano. Al igual que ahora, había un sector de votantes muy reticente, cuando no beligerante (un grupo de pro-armas trató de afiliarse al partido Liberal con objeto de desestabilizar la balanza interna favorable a la regulación), en contra de cualquier tipo de regulación. La base de la oposición tendía a ser rural y conservadora, y sostenía, en parte, las aspiraciones electorales de la Coalición.

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Y del mismo modo, Australia contaba con un amplio espectro social que, si bien no favorable 100% a la abolición de la regulación, optaba por fórmulas que restringieran de forma mucho más clara la posesión de armas semi-automáticas, las causantes de los peores tiroteos. Al contrario que sus colegas republicanos, Howard se lanzó a la regulación previendo un taxativo rechazo por una sección sustancial de sus votantes (lo que incluyó abucheos públicos o que Howard acudiera con chalecos antibalas a algún foro público).

El mérito de Howard fue convencer a los gobernadores de los estados para que aceptaran el proyecto federal. La constitución australiana no permitía que el gobierno central levantara legislación en contra del deseo de los estados, por lo que necesitó de la colaboración consciente de figuras como Tim Fischer, líder del Partido Nacional, o Rob Borbidge, premier de Queensland, el estado más conservador, para aprobar el proyecto de ley. Borbidge lo hizo, muy a su pesar político: perdería su reelección hundido en su baja popularidad.

En el plazo de tres meses, el gobierno federal redactó, debatió y aprobó con apoyo de casi todos los partidos el NFA, y confiscó y destruyó alrededor de un millón de armas de fuego automáticas y semi-automáticas.

A largo plazo la política fue un éxito. Las matanzas públicas desaparecieron hasta convertirse en elementos residuales de la sociedad. La tasa de homicidios bajó, y también la de suicidios a causa de armas de fuego. En 2002 el gobierno federal recrudeció las condiciones para acceder a determinadas armas de fuego a consecuencia de otro tiroteo. A día de hoy, hay permisos para portar expedidos por todo el país, pero tanto la tipología de arma como las condiciones son duras.

En esencia, un grupo de políticos australianos decidió sacrificar parte de su capital político para atender a una urgencia social. Las consecuencias, en el largo plazo, han sido muy positivas. La tenencia libre de armas es una cuestión políticamente muerta: no hay voces en la agenda mediática que reclamen su regreso. Y lo más importante de todo: los tiroteos (y las víctimas mortales) se redujeron drásticamente.

El ejemplo australiano es un cóctel perfecto que puede trasladarse de forma mimética a Estados Unidos. Cuestión distinta es que el clima político estadounidense lo acepte algún día.

Nexofin

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Internacional

Boric sufrió una durísima derrota en el Senado y se acentúa su debilidad política

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Es la primera vez en la historia que un presidente no logra que le voten a su candidato a Fiscal General. Hubo deserciones en su propia bancada.

Gabriel Boric recibió otro golpe político. El Senado de Chile rechazó a su candidato a Fiscal General, un procedimiento que suele ser un trámite burocrático término sino un nuevo test medir la correlación de fuerzas del gobierno, siendo la primera vez en la historia que el Senadorechaza una nominación del presidente para fiscal nacional.

El oficialismo necesitaba juntar 33 votos pero solo alcanzó 31, con 6 en contra y 8 abstenciones. El hombre de Boric para el cargo era José Morales, un abogado que debía reemplazar a Jorge Abbott, cuestionado por su gestión en medio de los casos por financiamiento ilegal de las campañas políticas.

Con este rechazo, la Corte Suprema deberá iniciar de nuevo el proceso de escoger un nuevo Fiscal Nacional, hasta llegar la nueva candidatura al Senado, quien tendrá otra vez la última palabra para aprobar o rechazar la nueva propuesta del presidente.

El contexto de la elección del Fiscal se produce en medio de fuertes críticas a Boric por la delicada situación de seguridad, crimen organizado, violencia de género y rural en territorio mapuche, temas por lo que fue interpelado Morales en la Comisión de Constitución.

El oficialismo necesitaba juntar 33 votos pero solo alcanzó 31, con 6 en contra y 8 abstenciones. El hombre de Boric para el cargo era José Morales, un abogado que debía reemplazar a Jorge Abbott, cuestionado por su gestión en medio de los casos por financiamiento ilegal de las campañas políticas

Justamente, el Ministerio Público está en el ojo de la tormenta por el aumento de la criminalidad en el país, así como una menor consecución de condenas efectivas, falta de fiscales especializados, una desvinculación del ente persecutor de la ciudadanía y escasez de fiscales.

José Morales, el candidato de Boric para la fiscalía.

 

José Morales es abogado de la Universidad Central y uno de los fiscales más antiguos que ejerció desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en la institución. Estuvo a cargo renombrados casos de corrupción y lavado de activos en contra del ex comandante en Jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba; y el incendio del metro durante la ola de protestas de 2019, entre otras.De todas formas, al margen de la discusión técnica lo que queda el desnudo es la profunda debilidad política de Boris, agudizada desde la victoria del Rechazo en el plebiscito constitucional que lo obligó a girar al centro y abrir el juego para ex funcionarios de la Concertación.

En este contexto, LPO conversó con el politólogo de la Universidad Católica de Chile, Juan Pablo Luna, quien planteó que “esto es es una muestra de la debilidad política del gobierno, sobre todo no haber pedido si quiera ordenar a su propia bancada en la votación. Pero también muestra el desorden de un Congreso increíblemente fragmentado donde el gobierno no puede contar ni siquiera con la totalidad de los votos de los partidos que apoyan al oficialismo. Como le pasó a Piñera y Bachelet en su segundo mandato, le será muy difícil aprobar proyectos”.

“Estamos en un ciclo largo donde los gobiernos no pueden avanzar en agendas legislativas y eso genera problemas serios que requieren soluciones urgentes como el tema de las pensiones. Más allá de los consensos, priman los intereses de corte plazo”, agregó.

Esto es es una muestra de la debilidad política del gobierno, sobre todo no haber pedido si quiera ordenar a su propia bancada en la votación. Pero también muestra el desorden de un Congreso increíblemente fragmentado donde el gobierno no puede contar ni siquiera con la totalidad de los votos de los partidos que apoyan al oficialismo

Para Luna, después de la derrota en el plebiscito, “el gobierno está más ordenado gracias a la incorporación de los últimos cuadros, pero está reaccionado a la contingencia cotidiana y ha tenido que hacerse cargo del problema de segunda (el más importante para la ciudadanía), y por lo tanto, no ha podido avanzar en su agenda”.

El especialista también destaca las diferencias que persisten dentro de la coalición oficialista y afirma que “ha tenido menos errores no forzados y más apertura y autocrítica pero no cuenta con la colaboración de una derecha que tiene incentivos de corto plazo”. De todas formas, aclara que “hay dos derechas. Una naturista y radical y otra tradición que tienen intereses cruzados”.

Por último, Juan Pablo Luna considera que “el gobierno tiene poco margen porque debe construir un espacio político y eso no se logra con proyectos de ley o iniciativas programáticas. Acá lo que hay que hacer es un pacto para el salvaje del sistema tradicional  y la democracia liberal de estos desafiantes que existen en el centro y en la extrema derecha que viene con una lógica fuertemente anti-sistema”.

Por Augusto Taglioni01/12/2022

FUENTE LA POLITICA ONLINE

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Internacional

Con policías en las calles y censura en internet, China intenta controlar un movimiento de protesta histórico

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Con las calles custodiadas por la policía y la información en internet bajo censura, las autoridades chinas intentan contener un creciente movimiento de protesta, de un alcance histórico, contra las restricciones “anticovid” y más libertades. Por su alcance territorial, esta ola de protestas parece la más importante desde las movilizaciones prodemocracia de 1989.

El descontento fue creciendo en los últimos meses en China, uno de los pocos países que continúa aplicando una restricción política denominada “cero covid”, que implica confinamientos masivos y pruebas PCR casi diarios.

l domingo una multitud se manifestó en BeijingShanghái y Wuhan, entre otras ciudades. Los manifestantes corearon lemas como: “íXi Jinping, renuncia! íPCC (Partido Comunista Chino) renuncia!” o “No a los confinamientos, queremos libertad”.

Numerosos videos sobre las protestas circulan en las redes sociales, pero su veracidad no pudo ser confirmada.

Las protestas en China se vieron impulsadas por un incendio fatal en la región de mayoría musulmana de Xinjiang

La ira ciudadana también se vio impulsada por un incendio fatal ocurrido en Urumqi, capital de la provincia de mayoría musulmana de Xinjiang, en el noroeste del país. Testimonios sostienen que las labores de rescate se vieron entorpecidas por las restricciones impuestas contra el covid-19.

En Urumqi, una ciudad de 4 millones de habitantes, las autoridades suavizaron las restricciones. A partir del martes se podrá utilizar el autobús para hacer la compra y los servicios de mensajería y los comercios en zonas de “bajo riesgo” podrán retomar parcialmente su actividad.

Una policía le pide a una mujer que se vaya mientras sostiene hojas de papel blancas en Hong Kong, en protesta por las restricciones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en China, durante una conmemoración de las víctimas de un incendio en Urumqi (Reuters)
Una policía le pide a una mujer que se vaya mientras sostiene hojas de papel blancas en Hong Kong, en protesta por las restricciones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en China, durante una conmemoración de las víctimas de un incendio en Urumqi (Reuters)

El Ministerio chino de Relaciones Exteriores acusó a “fuerzas” movilizadas por “motivos ocultos” de haber relacionado el fuego con “la respuesta local al covid-19″, dijo su portavoz, Zhao Lijian.

Hubo detenidos en Beijing y Shanghái

Una protesta planificada en Beijing la tarde del lunes quedó en nada, ya que decenas de agentes y vehículos de policía abarrotaron un cruce cerca del punto de la convocatoria en el distrito de Haidian. Un manifestante solitario criticó al presidente Xi Jinping, antes de ser detenido.

En Hong Kong, donde en 2019 hubo protestas prodemocracia masivas, decenas de manifestantes se concentraron en la Universidad China en señal de duelo por las víctimas del incendio de Urumqi, constató un periodista de AFP.

En Shanghái, dos personas fueron detenidas cerca de la calle Urumqi, donde habían tenido lugar una manifestación el domingo. Las patrullas también dispersaron a las personas que se encontraron en el lugar y les obligaron a eliminar las fotografías tomadas con sus celulares.

La policía de Shanghái no precisó las detenciones que se implementaron durante el fin de semana. En esa ciudad, un periodista de la BBC en China fue detenido y “golpeado por la policía”, según la cadena británica, algo que el ministro británico de Empresas, Grant Shapps, tildó de “inaceptable” y “preocupante”.

La BBC está extremadamente preocupada por el trato con nuestro periodista Ed Lawrence, quien fue detenido y esposado mientras cubría las protestas en Shanghái”, indicó un vocero de la cadena.

En tanto, en Beijing, se desplegaron patrullas de policía cerca del río Liangma, donde más de 400 jóvenes se concentraron el domingo durante varias horas al grito de “¡Todos somos habitantes de Xinjiang!”.

El gobierno chino aplica la censura en internet para silenciar las protestas

“Esta manifestación fue algo bueno”, declaró a AFP una mujer de unos 20 años que estaba corriendo por el barrio y que pidió permanecer en el anonimato. “Envió el mensaje de que la gente está harta de estas restricciones excesivas. Creo que el gobierno entendió y aliviarán sus políticas para poder salir adelante. La censura no ha podido seguir el ritmo” de las protestas, afirmó.

Sin embargo, cualquier información sobre las marchas parecía haber sido eliminada de las redes sociales chinas.

En la plataforma Weibo, el equivalente chino de Twitter, las búsquedas “Río Liangma” y “calle Urumqi” no arrojaron ningún resultado relacionado con la movilización.

Además de Beijing y Shanghái, también se convocaron protestas en Cantón, Chengdu, Hong Kong y Wuhan, la ciudad del centro del país donde se detectó el primer caso de covid-19, hace casi tres años.

Las últimas grandes protestas en China ocurrieron en 1989, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron manifestaciones “prodemocracia” en la céntrica Plaza Tiananmen, de Beijing, provocando un número de víctimas que oscila entre 200 a 2000, según distintas organizaciones.

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Internacional

VENEZUELA: En lo que va de septiembre conatel clausuro 16 estaciones de FM

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Dos emisoras radiales más fueron cerradas este martes 20 de septiembre en el estado Zulia por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Ya suman más de 10 estaciones que quedan fuera del aire en septiembre.

Un trabajador de la estación Suprema 93.5 FM, de la ciudad de Cabimas, informó que un funcionario de Conatel llamó el 20 de septiembre al director de la emisora y le ordenó que apagara el transmisor; desde ese día permanecen fuera del aire.

Por instrucciones de Conatel también fue cerrada la emisora Jerusalén Stereo 98.5 FM, que transmitía desde Cabimas. Esperamos hacer contacto con quienes trabajaran difundiendo información por ese dial, para conocer más sobre las razones, estado de los equipos y ccómo se desarrolló el procedimiento.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP)3 condenaron los hechos de censura. Ambas organizaciones contabilizan 14 emisoras zulianas cerradas en todo septiembre.

Condenamos nuevamente el cierre de espacios para la difusión de información, dejando a la población sin estas vías para conocer qué sucede en el país, afectando puestos de trabajo, sin procedimientos claros, transparentes y atados al debido proceso, afectando directamente la libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia.

Fuente: Espacio público

foto Venezuela radio am y fm gogle play

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