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Caso Lucía Pérez: por qué los jueces sostienen que no hubo abuso sexual ni femicidio

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Detalles del polémico fallo firmado por Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale

Lucía Pérez tenía 16 años

Lucía Pérez tenía 16 años

La muerte de la estudiante Lucía Pérez, de 16 años, no fue un femicidio. No hubo abuso sexual de parte de dos adultos, sino relaciones consensuadas con uno de ellos, el más joven, que a la vez le vendía cocaína. Y a pesar de que durante la investigación la fiscal dijo que hubo empalamiento, la causa del paro cardíaco fue una sobredosis. Esas fueron las conclusiones de la Justicia tras un mes de juicio.

El Tribunal Oral Criminal Nº1 de Mar del Plata llegó a ese punto y lo informó el lunes en la última audiencia. Los jueces condenaron a Matías Farías y Pablo Offidani, adultos de 23 y 41 años en el momento del hecho, no por el crimen de Lucía, sino por el delito de vender drogas ilícitas (y a menores y cerca de escuelas). Y pasarán ocho años en prisión.

En 71 páginas de hojas oficio los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale argumentaron su posición en cinco conceptos: el mal desempeño de la fiscal María Isabel Sánchez, que condicionó a la opinión pública al instalar un “empalamiento” que no existió, la vida privada de Pérez, los chats que la chica tuvo con sus amigas y con el más joven de los imputados en las horas previas al hecho, la autopsia, y la actitud de Farías durante la relación con Lucía y después de su muerte.

Para la fiscal Sánchez el 8 de octubre de 2016 cerca de las 9 de la mañana, Farías y Offidani, en la camioneta de este último, pasaron a buscar a Lucía Pérez Montero, y la llevaron hasta la casa de Racedo al 4800, donde vivía Farías, con la finalidad de abusar sexualmente de la adolescente aprovechándose de su condición de adicta. La investigadora planteó violencia y abuso de sustancias y que esa situación llevó a la muerte a Pérez, a quien Offidani, junto al cómplice, llevó en su camioneta al hospital.

Los integrantes del Tribunal Oral 1

Los integrantes del Tribunal Oral 1

Pero los jueces destrozaron el trabajo de la fiscal (“expuso sin ningún tipo de tapujo que la menor Lucía Pérez había fallecido producto de una agresión sexual inhumana provocada por un empalamiento anal” o “horripilante historia surgida de la propia imaginación de la Dra. Sánchez”) y entre consideraciones de tinte misógino, la fortaleza de algunas pruebas forenses y la interpretación del comportamiento de Farías, le dieron la razón a la abogada defensora de los acusados, quien planteó que las relaciones habían sido consensuadas, y que la muerte de Lucía se debió exclusivamente a la sobredosis.

Para el magistrado Carnevale, “Lucía era una persona que llevaba una vida normal y nadie hizo mención alguna que el tema de su adicción se hubiera transformado en un tema preocupante para nadie de su entorno o que la llevara a la desesperante situación de someterse sexualmente para conseguir estupefacientes”.

El Tribunal da a entender que Pérez no era una persona “que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento”, ya que, según los jueces, por los chats registrados, era una persona que sólo consumía sustancias cuando podía comprarlas y que elegía de manera voluntaria los hombres con quienes quería estar.

“Puede visualizarse claramente el grado de autodeterminación que tenía Lucía”, dice Carnevale y transcribe una charla en la que la chica cuenta cómo un dealer quiso tener relaciones sexuales con ella y no se lo permitió.

Offidani (de azul) y a su lado, Farías durante el juicio (Christian Heit)

Offidani (de azul) y a su lado, Farías durante el juicio (Christian Heit)

Aunque aclara el juez que no está en su ánimo meterse en la vida sexual de Pérez, Carnevale escribe: “Resulta muy importante para reforzar esta idea de que Lucía no estaría con nadie sin su consentimiento, el chat # 10 que ella mantuviera con un joven identificado como ‘amigo de juli’, en el que luego de intercambiarse insinuaciones de contenido sexual, fotografías en ropa interior y hasta del miembro viril del joven, Lucía frena el avance del mismo diciéndole de manera directa ‘es que vos tenés 17 y yo he estado con chabones de 29, 28, 26, 23, 21′”.

Entonces, el magistrado concluye que “de los chats analizados surge claramente que sus vivencias en ese sentido alejan por completo la posibilidad de que hubiera sido sometida sin su voluntad”.

El Tribunal se pregunta: “¿Existió una relación de subordinación entre Lucía y Farías que le hicieran mantener relaciones sexuales no consentidas?”.

Para el juez Carnevale, que lleva la voz cantante en el fallo, “nada de eso existió”. Y ataca a la fiscal: “Se está tratando de encauzar de cualquier manera el desatino inicial de la Dra. Sánchez, para satisfacer las falsas expectativas generadas por ella misma”.

(Christian Heit)

(Christian Heit)

“Lucía tenía 16 años y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Lucía quien no se mostraba como una chica de su edad y que además había referido mantener relaciones con hombres de hasta 29 años”.

Para los jueces no hay elementos que indiquen que Farías fustigaba a Pérez, todo lo contrario: indican que quedó evidenciado que sentían atracción mutua. Como ejemplo, ponen que Lucía pensaba decirle que tenía 17 años para parecer más grande.

Ni tampoco pruebas que muestren intención del muchacho para abusar sexualmente de la adolescente. Considera que ellos tuvieron un “prolongado intercambio de mensajes” en los que se mandaban música y “no se hizo referencia a ningún tema sexual”.

Además, consideraron destacable que Farías, en la previa a encontrarse con Lucía, “compró facturas y una Cindor” porque habían quedado en tomar el mate. “Estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas con intención de cometer un hecho tan aberrante“, remarca Carnevale, quien además celebró la conducta posterior del hombre.

(Christian Heit)

(Christian Heit)

Lo primero que hace Farías no fue ocultar el hecho, ni intentó eludir su responsabilidad, sino que llamó a Offidani y en su vehículo la llevaron (aparentemente ya sin vida) a la Sala de Salud del barrio. Pero no solo la llevó a recibir atención médica, sino que además permaneció en el lugar para saber qué le había pasado a Lucía aún cuando (como lo afirmara el testigo Mauricio Fabián Stambulsky) pudo haberse ido junto a Offidani y Maciel antes que nadie notara su presencia”, explica el Tribunal.

En el fallo los jueces del TOC 1 de Mar del Plata describen el testimonio de una policía apostada en la sala de salud que en su declaración contó que Farías le dijo que Lucía tenía 18 años y que habían tomado cocaína. Y otro policía cuenta que, mientras iban a buscar las cosas de la chica a su casa en un móvil, él les dijo que “estábamos teniendo relaciones y dejó de respirar”.

Carnevale asegura en el fallo que el Tribunal no desconoce “la existencia de la llamada violencia de género”, que es una preocupación para ellos, pero advierte: “Eso no significa que bajo ese escudo se pretenda encuadrar un hecho que -como se analizara- es diametralmente opuesto a ello”.

“La acusación no ha podido probar que Lucía fuera abusada sexualmente en un contexto de violencia de género por la cosificación de la mujer y con la facilitación de estupefacientes que hubiera potenciado una situación de vulnerabilidad e impedido consentir con plenitud de libertad la acción. Menos aún se ha probado que Farías quería o debía representarse como posible la muerte de la víctima y que aun así se desinteresó de ese resultado”, remarca el magistrado marplatense.

La fiscal Maria Isabel Sanchez

La fiscal Maria Isabel Sanchez

La decisión de los jueces generó repudio en varios sectores de la comunidad. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) consideró que “la sentencia exhibe una indiferencia total a las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos plantea desde hace décadas en relación con la incorporación de perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales”.

Marta Montero, la mamá de Lucía, se preguntó: “Ellos no la violaron, no la mataron, no le dieron nada. Y la muerte de mi hija qué, ¿es de regalo?”.

Pero el fallo indica contundencia en la decisión: “Acá no ha existido ni violencia física, psicológica, subordinación ni humillación ni mucho menos cosificación“.

Para INECIP los fundamentos que se exponen en la sentencia están basados en que hubo consentimiento para la relación. “Los jueces del Tribunal se apoyan en la vida pasada de Lucía –con ejemplos de hasta 6 meses de previos al hecho en algunos casos- para dar por sentado que en una escena en la que participan hombres adultos, que comercializan drogas con una persona menor de 16 años de edad, existió consentimiento”.

Guillermo Pérez y Marta Montero, padres de Lucía (Télam)

Guillermo Pérez y Marta Montero, padres de Lucía (Télam)

Los jueces consideran “espantoso imaginar la muerte de una menor de 16 años que se produjo por la ingesta de algún estupefaciente y que el mismo le pudo haber sido proporcionado (onerosa o gratuitamente) por la misma persona con la que había mantenido relaciones sexuales”.

“La abrumadora cantidad de prejuicios ostentados durante el transcurso del juicio y ratificados por los términos de la sentencia, hacen de la decisión una imposición arbitraria y reivindicativa de la cultura de la violación”, insistieron desde INECIP, ya que creen que de esa forma el caso se vuelve un juicio contra la víctima.

Los jueces, en cambio, remarcan que el contexto dio margen para la especulación. “Gente de ‘mal vivir’, venta de drogas, marginales, pero eso no los convierte en violadores ni en asesinos, salvo que, por supuesto, violen o asesinen. Lo que no se probó”.

Para los magistrados resulta “un dato significativo” que Farías le contó a una amiga de Lucía que se iba a ver con la chica, y por eso, en uno de los párrafos finales del fallo, se preguntan “¿Qué razón de ser tenía ese mensaje sí su intención era drogar y abusar sexualmente de la menor?”.

Infobae

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El fiscal Stornelli pidió la detención de un abogado, su hija y su yerno por la plata de Daniel Muñoz

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El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la detención de Miguel Ángel Plo, el ex abogado de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner que habría sacado del país más de 70 millones de dólares vinculados a la causa de los cuadernos. El fiscal también pidió arrestar a la hija de Plo, la abogada María Jesús Plo, y a su marido, Federico Zupicich, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

El fiscal planteó que tanto Plo como su hija y su yerno habrían sido parte de los intentos de la viuda de Muñoz para deshacerse de las 16 propiedades que, a través de distintos testaferros, adquirió en Miami y Nueva York.

La existencia de esos departamentos quedó al descubierto cuando el caso Panamá Papers reveló las inversiones que había hecho el ex secretario de Néstor Kirchner con sociedades off shore a través de la empresa panameña Mossack Fonseca.

Incluso, se detectaron viajes de Plo, su hija y/o su yerno a Estados Unidos en los momentos claves en donde se habría activado la venta de esas propiedades a través de distintas empresas, con el presunto fin de complicar la ruta del dinero.

Carolina Pochetti (Adrián Escandar)

Carolina Pochetti (Adrián Escandar)

Según pudo saber Infobae, el pedido de detención fue formulado por el fiscal ante el juez Claudio Bonadio, quien, por el momento, dispuso la citación a indagatoria de los involucrados. El magistrado espera interrogar hoy a María Jesús Plo y a su marido para saber qué explicaciones dan ante las sospechas que plasmó el Ministerio Público.

El lunes, Plo desfiló en una indagatoria en el juzgado de Bonadio. En su presentación, aseguró que los viajes que hizo a Estados Unidos habían tenido razones turísticas y rechazó las sospechas sobre los vínculos con el dinero de Daniel Muñoz y su entorno.

Hace unas semanas, el abogado había denunciado penalmente a Bonadio y Stornelli por violación de secreto.

Plo es un abogado respetado, con un fuerte lazo en el peronismo bonaerense, que fue funcionario de la provincia de Buenos Aires en el área penitenciaria en el año 2000 y hasta representó a Claudia Rucci, hija del sindicalista peronista José Ignacio Rucci -secretario general de la CGT asesinado a balazos en 1973- para reclamar la indagatoria de cuatro ex jerarcas de Montoneros.

Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

En una causa que nació en el juzgado de Luis Rodríguez y terminó anexándose al expediente de los cuadernos de la corrupción, Stornelli avanza sobre una presunta “estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero” que funcionó en torno a Daniel Muñoz , “con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados (en la causa de los cuadernos) y convertirlos integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud”.

Tras el aporte de dos imputados-colaboradores (un ex matrimonio que confesó haber sido testaferro de Muñoz), Stornelli cree que Plo habría sido parte de las maniobras que se activaron para que su clienta buscara desprenderse de las propiedades que se detectaron en Miami y Nueva York.

Según la acusación, los hoy detenidos Juan Manuel Campillo -ex ministro de Hacienda de Kirchner en Santa Cruz y ex titular del ONCAA- y su sobrino Gastón Campillo participaron junto al abogado Plo de “la disolución de la estructura sociedad ya armada en los Estados Unidos en la venta de los inmuebles registrados” a nombre de presuntos testaferros de Muñoz, que también están detenidos en la causa o lo estuvieron y lograron ser excarcelados tras declarar como arrepentidos.

a investigación que apunta a recuperar el dinero que pasó por las manos del fallecido ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner
 Infobae

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Un arrepentido contó cómo le pagaba coimas a un secretario del juez Soto Dávila: montos y entregas como en las películas

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Es un abogado que era intermediario entre los acusados y el juzgado. Hacía los “arreglos” con un secretario judicial que está detenido y que repetía: “Tengo que juntar para el viejo”

Como en las películas, pero pasó en la realidad, puntualmente en Corrientes. Cada uno llegó en su auto a un lugar poco transitado y sin cámaras de seguridad. Uno se bajó de su vehículo y se subió al otro y le entregó el dinero de la coima. Después cada uno se fue por su lado.

La escena fue relatada por uno de los arrepentidos del caso del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávilacon orden de detención por cobrarles sobornos a acusados de narcotráfico para dejarlos en libertad o dictarles resoluciones beneficiosas. El arrepentido es uno de los cinco abogados detenidos en el caso que actuaban de intermediarios en el pago de los sobornos y que declaró ante el juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación junto con el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

El arrepentido –cuya identidad se mantiene en reserva– relató cómo se pagaban las coimas e involucró directamente a Soto Dávila y a uno de sus secretarios, Pablo Molina, quien está preso. Contó seis hechos, pero aclaró: “Fueron muchos los hechos de ‘arreglos’con Molina por liberados y él me decía ´mirá que yo tengo que juntar para el viejo´”, en referencia a Soto Dávila. Infobae accedió a su declaración.

El juez Soto Dávila

El juez Soto Dávila

El primer caso que relató fue el de Ricardo González, conocido como “caballo” e integrante de la banda narco de Itatí, en Corrientes, liderada por Federico “Morenita” Marín. Era septiembre de 2015 y González tenía una orden de detención y el abogado presentó una exención de prisión para que estuviera en libertad mientras era investigado.

El caso era del juzgado de Soto Dávila y del secretario Federico Grau –también detenido– que se tomó licencia. “Molina me avisó que él sería el encargado de suplirlo en esta causa, y eso abrió la posibilidad de ‘arreglar’. Esta no era la primera vez que eso sucedía. Nosotros ya habíamos hecho un ‘arreglo’ con anterioridad. En esta ocasión, Molina me dijo: ‘Quedate tranquilo que si se paga, González sale'”, contó el arrepentido.

Fueron $30 mil de coimas que pagó Lourdes Alegre, esposa de “Morenita” Marín, quien estaba preso, y que le entregó el dinero en su casa. “Una vez en su vivienda, Lourdes se comunicó telefónicamente con Marín. Luego me pasó el teléfono para que yo hable con su marido. ‘Está todo el mundo trabajando para que salga Caballo, nosotros cumplimos, tenés que cumplir vos”. Cuando le dije “nosotros” me refería a Molina, al juez y a mí”, contó el arrepentido.

También relató que había urgencias: “Molina me había dicho que parte del dinero tenía que ser entregado al juez Soto Dávila. Todas estas cosas me generaron presión, y la necesidad de conseguir la plata. De hecho, Molina me dijo: ‘Mirá que a las 10 de la mañana ya está firmada la eximición y yo puedo aguantar sin notificarle al imputado, como máximo, hasta las 12 del mediodía’, porque algo pasaba con el Juez que se iba”.

Luego relató cómo fue el pago: “Al día siguiente le entregué el 50% de los $30.000 a Molina, en la calle. Nos encontramos en la esquina de Bolívar y Don Bosco, de Corrientes capital, tal como lo hacíamos siempre. Era un lugar donde no había mucho tránsito, hay un depósito, no hay mucho movimiento de gente. Cada uno venía en su auto. Cuando Molina llegaba, yo me subía al vehículo de él, que era un Vento blanco que tenía como depositario judicial, ya que se lo había entregado Soto Dávila. Ahí, adentro de su auto, le entregué la plata y él se fue. Así terminó este arreglo. Sé que después Molina le entregaba una parte a Soto Dávila, no sé cuánto, eso lo arreglaban entre ellos”.

El abogado arrepentido contó otros “arreglos” y aclaró que cuando decía arreglos se refería a “la entrega de dinero a Molina y Soto Dávila, para lograr beneficios en las causas para mis clientes”.

El primero fue por la detención de dos argentinos y un paraguayo en un camión con marihuana en la ruta nacional 14. La causa le tocó a la secretaria de Molina y el abogado fue a verlo. “Le conté sobre la posibilidad de sacarles ‘una buena moneda’ a los detenidos, especialmente al paraguayo, que tenía mucho dinero debido a que era bancado por una organización paraguaya. Molina me dijo: ‘Sí, vamos a hacerlo’. Molina se encargaba de hacer la excarcelación y yo de recaudar la plata”, contó. El paraguayo pagó 150 mil pesos y cada argentino 15 mil. “Eso nos lo repartimos 50% cada uno con Molina y los imputados fueron excarcelados”, sostuvo.

El juez federal Sergio Torres

El juez federal Sergio Torres

Otro caso fue el de dos misioneros detenidos con 327 kilos de marihuana y cigarrillos. Pagaron 170 mil pesos para quedar en libertad. “Luego, me fui al Juzgado y le dije a Molina: ‘ya me entregaron el 50%, yo lo guardo. Cuando salgan y me paguen el resto, te doy la plata’.

El resto se lo dio al abogado la mujer de uno de los detenidos. El arrepentido volvió a relatar la escena de los autos: “La mujer me llevó en su vehículo hasta la esquina donde siempre me encontraba con Molina, la misma esquina que mencioné antes. Eran aproximadamente las 13:20 horas. En ese instante llegó Molina, me subí a su auto, el mismo Vento blanco, y le di el dinero. Fue ahí cuando él me dijo: ‘de esto va a cobrar también el viejo su parte’, en referencia a Soto Dávila. La esposa del imputado vio todo desde su auto. Me observó mientras iba con la bolsa con el dinero y también cuando volví con las manos vacías. Cuando subí al auto de la mujer le dije a ésta: ‘viste, acá está’, porque yo le había mencionado que esa plata era para el Juzgado. Inicialmente, ella y su marido se habían quejado del monto: ‘es mucho, es mucho’, y yo les respondía: ‘Así te asegurás'”.

El abogado contó otro “arreglo” en el que perdió plata para satisfacer la demanda de Molina. Fue la detención de un hombre que era buscado por la justicia federal de Rosario y que manejaba un auto propiedad de un contador que no estaba involucrado con el hecho. El contador, de apellido Gómez, quería recuperar el vehículo y el abogado lo representó. “En esa época se cobraba aproximadamente $10.000 como honorarios para lograr la restitución de un auto secuestrado. Entonces, conociendo estos precios, le propuse a Molina repartir $5000 para cada uno. Pero Molina quería $10.000. Yo no podía cobrarle tanto dinero a Gómez, por lo que decidí cobrarle $11.000 a este último, y yo me quedé sólo con $1000, el resto se lo entregué a Molina”, recordó el arrepentido y dijo que el dinero lo entregó en la habitual esquina de los arreglos.

En 2016 dos brasileños fueron detenidos con dos camiones con 30 kilos de marihuana que llevaban a Chile. El abogado les explicó cómo podían quedar libres: 50 por ciento ahora y el resto en libertad. La coima fue de cinco mil dólares cada uno. “Siempre supe que era una parte para Soto y una para Molina. En esa época ya coordinábamos por whatsapp, que era más seguro. Pero Molina siempre usó el mismo teléfono. Fueron muchos los hechos de ‘arreglos’ con Molina por libertados”, explicó.

El último caso que relató fue el de siete detenidos, uno de ellos un ex policía de Corrientes de apellido Ferrari, con 300 kilos de marihuana. “Por los siete detenidos, $400.000”, contó el arrepentido que le dijo Molina.

El arrepentido describió a Molina como “una persona que se desesperaba por la plata”. “‘¿Dónde está la plata? ¿Ya pagó?’, era tremendo, a veces era tan insistente que me daban ganas de hacer todo por derecha. A veces me insistía tanto que prefería darle su parte y quedarme sin ganancia”, contó y recordó que “al principio, yo tuve que convencer a Molina, porque él quería cobrar 100 o 150 mil pesos por las excarcelaciones, y yo le decía que teníamos que cobrarles menos, que el valor del mercado era menor. Si bien yo tenía el ‘as de espadas’ que era el contacto con Molina, tenía que cobrar una cantidad similar a la que se pagaba en el mercado. No me podía exceder tanto, porque los narcos se iban con otro abogado”.

También dijo que el secretario de Soto Dávila viajaba seguido a Europa, Nueva York y a Paraguay para comprar electrónica. Y que el propio juez iba todos los veranos a Punta del Este, en Uruguay.

El arrepentido contó que en un momento los arreglos “se cortaron”. Fue cuando Molina y el abogado Duylio Barboza Galeano -detenido en la causa- fueron denunciados por irregularidades en una causa. “Luego de esto le dije a Molina: ‘vamos a cortar y levantar el pedal’, a lo que él me respondió: ‘sí, vamos a cortarlo, pero más adelante vamos a seguir’. Yo no estaba de acuerdo con seguir más adelante, Molina era un Kamikaze. Esto lo charlamos en la esquina donde siempre nos juntábamos, lo hacíamos así porque ahí no hay cámaras, ni tránsito”, recordó. Todo se terminó después del inicio del “Operativo Sapucay”, en el que en marzo del año pasado fueron detenidos el intendente de Itatí, Natividad Terán, y el vice, Fabián Aquino, por formar parte de una banda narco. A esa organización, según la acusación, Soto Dávila les daba protección. Luego fue detenido otro ex intendente de Corrientes en los años 90: Juan Manuel Faraone, de Empedrado. En la causa también están detenidos oficiales de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional.

Natividad Terán, el intendente de Itatí preso

Natividad Terán, el intendente de Itatí preso

“Molina estaba preocupado. Después de esto, por motivos de autopreservación, no me comuniqué nunca más con él. Sólo me habré cruzado y le dije ‘hola, qué tal'”, concluyó el arrepentido sobre su relación con el secretario.

“El concepto en Corrientes de Soto Dávila es pésimo, desde hace años. Esto no es nuevo, por todas las denuncias que tiene, vive teniendo denuncias. Me cuentan los abogados que en una época Fresneda se quedaba con las cauciones. Esto viene de hace mucho en este Juzgado”, concluyó su declaración ante el fiscal Stornelli -el mismo de la causa de los cuadernos de la corrupción que tiene una veintena de arrepentidos- y que fue homologada por el juez Torres. Fresneda es otro secretario del juzgado de Soto Dávila.

El abogado es uno de los seis arrepentidos que ya tiene la causa. Los otros cinco son narcotraficantes. Además de estas declaraciones, la causa tiene escuchas judiciales sobre los pagos y el análisis de las resoluciones de Soto Dávila que los investigadores consideran contradictorias en los términos jurídicos en las que fueron hechas.

Soto Dávila lleva más de 20 años como juez federal en Corrientes. Tiene a su cargo la investigación del crimen organizado pero además es un hombre clave para la política local porque tiene la competencia electoral y es el encargado de la organización, control y la toma de decisiones de los comicios en la provincia.

Si bien tiene un pedido de detención, no se puede concretar porque como juez tiene fueros. El Consejo de la Magistratura de la Nación -el órgano encargado de analizar la conducta de los jueces- ya decidió citarlo para que dé explicaciones de las acusaciones. Cuando lo haga –se prevé que recién será en febrero próximo– podrá suspenderlo en el cargo y enviarlo a juicio político. Recién ahí perderá sus fueros y podrá ser detenido.

Soto Dávila se presentó ayer a indagatoria en los tribunales de Comodoro Py para declarar. Fue acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. El juez dijo que es inocente.

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Procesaron al dueño de OCA por quedarse con la plata de impuestos y aportes patronales de varias empresas

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Se trata de Patricio Farcuh, un empresario vinculado a Hugo Moyano

El juez Javier López Biscayart procesó por los delitos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social y apropiación indebida de tributos al empresario Patricio Farcuh, presidente de OCA y un empresario vinculado a Hugo Moyano

El titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9 investiga si varias empresas retuvieron y percibieron dinero de la seguridad social e impuestos a las ganancias y al valor agregado, entre enero de 2013 y diciembre de 2017, pero que nunca lo aportaron.

“El cuadro probatorio existente hasta el momento es suficiente para afirmar que las conductas desarrolladas por [las empresas] Pertenecer, GPS Servicios, Slam Servicios, Guía Laboral, Iron Security, Agrupación Grupo Rhuo y Universal Facility coinciden con los delitos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social y de tributos, por lo que habrá de ordenarse su procesamiento”, indicó el juez.

Además, valoró que “ha podido acreditarse que Farcuh integraba cada una de las firmas como presidente, socio gerente o administrador, siendo además quien detentaba la mayoría del capital social”.

“Dicha condición -agregó- permite inferir que el nombrado [Farcuh] habría intervenido en los hechos (…). Farcuh ejerció la efectiva administración de las firmas y, de haberlo así querido, tuvo la posibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales que fueron omitidas (…). Fue el nombrado quien con su obrar propio se apropió de recursos destinados al Sistema Único de la Seguridad Social y de los tributos retenidos”.

“En definitiva fue el encausado quien determinó, con su obrar propio, consciente y voluntario, dentro del marco de las estructuras societarias que lideró, que la omisión de ingresar los aportes al Sistema Único de la Seguridad Social y los tributos retenidos fuera llevada a cabo”, concluyó el juez.

Asimismo, advirtió que Farcuh “recurrió en forma sistemática y permanente a planes de pagos para refinanciar gran cantidad de las obligaciones tributarias y de la seguridad social por cientos de millones de pesos” y que esas maniobras no derivaron de la existencia de problemas financieros puntuales, sino de la decisión del empresario de “financiarse con dinero de retenciones y percepciones recaudadas” o aplicar “las sumas recaudadas para la expansión empresarial del denominado ‘Grupo Rhuo'”.

Farcuh, Oca y Moyano

OCA (Organización Coordinadora Argentina SRL) fue vinculada en más de una oportunidad a la familia del líder camionero Hugo Moyano. Y los lazos entre Moyano y Farcuh aún siguen bajo sospecha. Incluso después de que el presidente de OCA declarara ante la Justicia que el sindicalista le había “tomado” la compañía para vaciarla y firmar contratos con firmas vinculadas al camionero. Más de 6 mil de los 7 mil empleados del correo están afiliados formalmente al Sindicato de Camioneros.

En ese contexto, en septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplió una denuncia contra Farcuh por insolvencia fiscal fraudulenta. En esta ocasión, lo acusó por millonarios desvíos y malversación de fondos de su empresa entre 2016 y 2018.

Entre las múltiples irregularidades, se detectó que el acusado contrató diversos proveedores apócrifos y no vinculados a la actividad comercial de OCA. Por ejemplo, la adquisición millonaria de bienes y servicios suntuarios para el propio titular de la firma, como motos de alta gama, relojes costosos, servicios de vuelos aéreos para personas del ambiente artístico y político, además de servicios y bienes del exterior.

También se verificaron contrataciones de empresas vinculadas al propio Farcuh y a su hermano, por montos superiores a los valores del mercado.

Infobae

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