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Politica

Catorce intendentes del Conurbano se niegan a entregar su declaración jurada

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Infobae requirió la información a los 33 jefes comunales. Son los únicos que no están obligados a hacerla pública en toda la Provincia. Las excusas recurrentes y las más insólita

“La información está en poder de la AFIP”. “No la hacemos pública porque hay datos sensibles”. “La estamos subiendo a la web”. “Adherimos a la ley 15.000 pero estamos esperando la aprobación del Concejo Deliberante”. “Ya la mandamos al Tribunal de Cuentas” (desde este organismo informaron que no reciben esa información). “Está en la Oficina de Transparencia”, donde nadie atiende o es imposible comunicarse. “Pone en riesgo la seguridad y la intimidad de los funcionarios municipales”. “La información la tiene el contador”. “Hay que venir a buscarla personalmente a la Municipalidad”. O directamente un “no”.

El ingenio popular se aplica como nunca a la hora de poner excusas. Un total de 14 de los 33 intendentes del Conurbano se negaron a entregar su declaración jurada de bienes ante una iniciativa de Infobae para relevar y hacer pública esa información. La resistencia alcanza a todos los sectores políticos. Once de ellos están alineados con el kirchnerismo, dos son de Cambiemos y uno del Frente Renovador.

Durante tres meses, este medio se comunicó con voceros, jefes de prensa, secretarios, funcionarios municipales y hasta con los propios intendentes para conocer su patrimonio. Sorpresa, resistencia, justificaciones diversas y hasta enojo fueron las respuestas más habituales.

Fuera de la ley

Los intendentes fueron excluidos de la ley 15.000, sancionada en diciembre del 2017, que obligó a todos los funcionarios de la provincia de Buenos Aires a presentar su declaración jurada. Se trata de un universo de casi 26.000 personas. Incluye a la gobernadora María Eugenia Vidal, funcionarios del Ejecutivo provincial, comisarios de la Policía Bonaerense, jefes del Servicio Penitenciario y legisladores, que se sumaron este año. “Si bien fue una iniciativa de Vidal, es una ley que votó toda la dirigencia política, entendiendo el cambio de época a partir del triunfo de Cambiemos“, sostuvo Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.

Las declaraciones tienen una parte pública, que se puede descargar del sitio web del Ministerio de Justicia bonaerense, y otra privada, con datos sensibles, como los números de las cuentas bancarias o las patentes de los autos. “Solo el escribano general del Gobierno tiene un token (una clave de seguridad) para acceder a la parte privada ante un requerimiento judicial, y las áreas de asuntos internos de la Policía y del Servicio Penitenciario“, explicó Luis María Ferella, titular de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) de la provincia de Buenos Aires.

Por esa misma ley, este año también deberán declarar sus bienes todos los candidatos bonaerenses para los cargos de gobernador y vice, diputados y senadores provinciales.

Privilegio con aval político

Del otro lado, los 135 jefes comunales de la Provincia nunca estuvieron obligados a mostrar sus bienes y, hasta el día de hoy, están eximidos de hacer público su patrimonio. En el medio, pasaron gobernadores de todos los signos políticos. Ninguno avanzó contra ese privilegio.

El gobierno de Vidal amagó con incluirlos en la ley 15.000, aunque terminó cediendo frente a las presiones y las quejas. “Cuando se envió el paquete de leyes sobre transparencia, los intendentes estaban originalmente incluidos en la obligación de presentar la declaración jurada, pero comenzaron a reclamar que era una injerencia en la autonomía municipal“, admitió una espada del oficialismo en la Legislatura provincial.

Luego de tres meses de reclamar información que debería ser pública, este medio se topó con la negativa de 14 jefes comunales. “Son muchos años en el poder y nunca les habían pedido un solo papel“, admitió el vocero de uno de ellos frente a los sucesivos pedidos de Infobae.

Entre los que se negaron hay referentes del Frente Para la Victoria (FPV), como Verónica Magario y Martín Insaurralde, que encabezó la lista de Cristina Kirchner en las legislativas de 2013. También aparecen barones del Conurbano como Mario Ishi o Alberto Descalzo, y hasta dos jefes comunales del mismo color político que el Gobierno nacional, como Darío Kubar y Mauricio Gómez.

A partir de la negativa de estos 14 intendentes, Infobae comenzó a investigar su patrimonio en base a registros oficiales. Los resultados se conocerán en los próximos días.

Jorge Ferraresi – Avellaneda

Jorge Ferraresi - Intendentes Declaraciones Juradas

El primer pedido para acceder a la declaración jurada del intendente Jorge Ferraresi (FPV) fue a través de la oficina de prensa de Avellaneda, donde prometieron averiguar. Nunca devolvieron los llamados. Tras algunos intentos fallidos, la respuesta oficial fue que el Municipio no adhirió a la ley 15.000 porque tiene su propia reglamentación, y que la declaración estaba presentada ante la “Oficina de Transparencia” a cargo Geraldine García. Parecía una buena noticia, pero terminó siendo todo lo contrario.

Jorge Ferraresi con Geraldine García, nombrada al frente de la Oficina de Transparencia.

Jorge Ferraresi con Geraldine García, nombrada al frente de la Oficina de Transparencia.

En esa Oficina derivaron la consulta nuevamente al área de Prensa. Tampoco respondieron los pedidos vía mail, pese a que el organismo ya tiene una página web y hasta abrieron una oficina para hacer denuncias relacionadas con funcionarios o personal municipal.

Juan Patricio Mussi – Berazategui

Los voceros del intendente de Berazategui Juan Patricio Mussi (FPV) se mostraron desde un comienzo reacios a colaborar. La jefa de prensa del Municipio dijo que “iba a averiguar”, pero nunca devolvió los llamados. Ante la reiteración de la consulta, argumentó que tenía que hablar con el contador, una de las respuestas dilatorias más comunes recogidas por Infobae. A partir de ese momento, nunca más contestó los mensajes de los integrantes del equipo de investigación.

El patrimonio de Mussi, quien sucedió a su padre Juan José Mussi en el Municipio en 2011 y fue reelegido hace tres años, está siendo investigando por la Justicia a partir de un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que detectó irregularidades con los fondos públicos del programa social Argentina Trabaja.

La causa abierta por malversación de caudales públicos y supuesto enriquecimiento ilícito la lleva adelante el juez federal de Quilmes Luis Armella. El magistrado sigue sumando medidas de prueba, como la apertura de documentación patrimonial, aunque todavía no hizo un llamado a indagatoria. En 2016, Armella allanó un estudio contable, donde encontró una serie de facturas sospechosas con las cuales el intendente de Berazategui facturó servicios como abogado a su estudio y otras empresas, como Transportes Dadi.

Mario Secco – Ensenada 

El intendente de Ensenada Mario Secco tampoco accedió a entregar información sobre su patrimonio. Ante los llamados de este medio, desde la oficina de prensa respondieron que el intendente “sólo presenta su declaración jurada ante la AFIP“. Hace dos semanas, ante un nuevo pedido para completar el informe, la respuesta fue la misma.

Secco es intendente desde 2003. En 2015 logró su tercera reelección con más del 55% de los votos por el FPV. Antes de acceder a ese cargo, fue secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada durante tres períodos consecutivos, desde 1994.

En diciembre del 2017, protagonizó un escándalo cuando ingresó por la fuerza a la Legislatura provincial junto a un grupo de manifestantes kirchneristas. Buscaban frenar la sesión en la que se estaba discutiendo un paquetes de leyes enviado por Vidal, entre las que estaba la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los legisladores.

Por ese hecho, Secco fue denunciado por el presidente de la Legislatura, Manuel Mosca. En febrero del 2018 fue citado a indagatoria por la fiscal Ana Medina por los delitos de coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa.

Darío Kubar – General Rodríguez

El intendente de General Rodríguez, Darío Kubar, electo en 2015 por Cambiemos, fue uno de los primeros en recibir el pedido de Infobae hace tres meses. Ante la primera consulta, la respuesta de su vocera fue que estaba “reclamando la información”.

El mismo argumento se repitió una y otra vez. La respuesta al último requerimiento, en diciembre, fue nuevamente infructuosa. Esta vez, desde la oficina de Prensa argumentaron que “estaban ocupados atendiendo a las personas afectadas por las inundaciones de la última tormenta“.

Alberto Descalzo – Ituzaingó 

En el caso de Alberto Descalzo (FPV), que gobierna Ituzaingó desde hace 23 años, en un comienzo hubo disposición a colaborar. “Me la mandan hoy”, dijo la subsecretaria de Imagen y Comunicación del Municipio, Valeria Susperreguy. Ante la reiteración del pedido, dejó de responder los mensajes. Ya en diciembre, contestó: “Transmito el mensaje, pero no me respondieron todavía”.

La negativa de Descalzo a hacer público su patrimonio contrasta con la imagen que busca mostrar desde la web del Municipio, donde hay una solapa llamada “Transparencia”, en la que está disponible on line información sobre la ejecución presupuestaria o incluso la escala salarial de los empleados del Municipio, incluido el del intendente.

Mario Ishii – José C. Paz

El primer requerimiento para acceder a la declaración jurada del pintoresco caudillo justicialista de José C.Paz, Mario Ishii, fue a través de José Pérez, secretario de Gobierno, quien derivó la consulta a la Secretaría Privada de la Municipalidad. Allí, una secretaria informó que la declaración jurada del intendente “estaba en Hacienda”, y que por lo tanto era necesario hablar con el contador a cargo del área. Sin embargo, fue imposible encontrarlo disponible. Finalmente, desde la misma secretaría privada informaron que “no podían” facilitar la declaración jurada del intendente a los medios porque “no hay una ley que los obligue”.

Uno de los principales aliados de Néstor y Cristina Kirchner durante sus presidencias, “El Japonés”, fue reelecto en 2015 y va por su cuarto mandato al frente de José C. Paz. Como el resto de los barones del Conurbano, nunca presentó públicamente su declaración jurada.

En 2010, cuando Clarín lo consultó sobre la expansión de sus negocios rurales en Corrientes, lo confirmó aunque se quejó porque la prensa “lo perseguía”. “Tengo un pedacito de monte en Santiago, ¿y qué?”, fue su respuesta.

Verónica Magario – La Matanza

“No hay problema, es un pedido perfectamente normal”, fue la primer respuesta del vocero de Verónica Magario, intendenta de La Matanza, un bastión kirchnerista. Es más, hasta se ofreció a enviar el recibo de sueldo. Sin embargo, desde entonces todas las respuestas fueron siempre amables, pero evasivas. Ante el último reclamo de Infobae, en diciembre, la respuesta de quien se perfila como una de las candidatas de Unidad Ciudadana para disputar la gobernación bonaerense fue: “Le trasladamos el pedido a la intendenta”.

En contraste, el Municipio publica en su página web que en 2010 creó una Oficina Anticorrupción a nivel local, “con el objetivo de velar por el cumplimiento de normativas vinculadas a ética pública e impulsar la aplicación de prácticas transparentes de gestión administrativa mediante el establecimiento de un sistema de contralor permanente“. Los matanceros no pueden ejercerlo sobre el patrimonio de quien maneja los recursos públicos en el principal partido del Conurbano bonaerense.

Martín Insaurralde – Lomas de Zamora

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, al frente del Municipio desde 2009 -cuando reemplazó a su mentor Jorge Rossi-, también se negó a hacer públicos sus bienes. Reelecto en 2015 con el 47% de los votos, después de haber sido elegido diputado por el FPV en 2013, es otro de los que suena como potencial candidato del kirchnerismo para enfrentar a Vidal en la Provincia. De ser así, se vería obligado a divulgar sus bienes por la ley 15.000.

Su vocero nunca dio una respuesta definitiva ante el pedido de Infobae.

Luis Andreotti – San Fernando

El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, fue el único representante del Frente Renovador que se negó a facilitar su declaración jurada de bienes. En 2015 fue reelecto por segunda vez con el 50% de los votos.

Si bien había dicho que iba a entregarla, finalmente, ante el último requerimiento de Infobae, su vocero respondió que no lo iba a hacer.

Leonardo Nardini – Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, asumió con 35 años en 2015 como el más joven del Conurbano. Ganó por el Frente para la Victoria, desplazando a Jesús Cariglino (Unión por una Nueva Argentina, de Sergio Massa), el primer y único jefe comunal que había tenido el municipio por 20 años.

Como el resto de los jefes comunales contactados por Infobae, Nardini recibió el primer pedido hace tres meses a través de sus voceros. La respuesta llegó recién hace dos semanas, sobre el límite de tiempo establecido para recibirla: “La declaración jurada fue presentada ante la AFIP y la declaración jurada de domicilio al Tribunal de Cuentas de la Provincia, los organismos a los que está obligado a presentarlas“.

Walter Festa – Moreno

El intendente de Moreno, Walter Festa, aliado de La Cámpora, también rechazó el pedido de este medio para acceder a su declaración jurada. Las respuestas de sus voceros fueron variando con el transcurso del tiempo. En julio, un vocero dijo que “la parte informática iba a estar lista para el año que viene”, en alusión a las supuestas trabas para cargar la declaración en la web del Municipio. Y aseguró que ya eran “públicas las declaraciones juradas del intendente y de los funcionarios jerárquicos”.

Luego, el argumento comenzó a ser otro. “Como no hay normativa provincial al respecto, debemos esperar la normativa local para sacarlo“, respondió el mismo vocero tiempo después. En las últimas semanas, ante la insistencia de Infobae, los voceros apelaron a una situación personal del intendente: dijeron que “estaba ocupado” porque su esposa está por dar a luz y que “no tenía obligación” de hacerlo.

Gustavo Menéndez – Merlo

El jefe comunar de Merlo, Gustavo Menéndez, también electo en 2015 por el FPV, es otro de los que se negó a facilitar su declaración jurada. Su encargado de prensa se comprometió a trasladar el pedido, e incluso solicitó “más tiempo” tras asegurar que estaba “encaminado”. Pero luego dejó de contestar los mensajes.

Menéndez acaba de ser condenado a 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el faltante de 600.000 pesos. La Justicia de Mar del Plata lo encontró culpable de fraude a la administración pública por una serie de irregularidades ocurridas en el Casino Central y Del Mar de la ciudad Mar del Plata entre 2006 y 2007, cuando el actual intendente era director de las dos casas de juegos de azar. Menéndez anticipó que apelará la medida, tras criticar al juez correccional Luis Rodríguez y al gobierno provincial de Cambiemos por “escandalosas operaciones sobre la Justicia”.

Aníbal Regueiro – Presidente Perón

El intendente de Presidente Perón, Aníbal Regueiro, va por su cuarto mandato consecutivo al frente del Municipio. Proveniente de un partido vecinal, se sumó a las filas del FPV en 2003. Nunca respondió los mensajes vía Whatsapp ni atendió los llamados en su teléfono personal. El vocero del Municipio sorteó las consultas con evasivas.

Como otros intendentes del Conurbano, Regueiro tiene una investigación abierta por corrupción. Tras un pedido del fiscal Franco Picardi, acaba de ser indagado por las sospechas sobre la construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Guernica. La Justicia sospecha que hubo una sobrefacturación de casi 29 millones de pesos y que de esa manera se “enriqueció el Municipio”, y los dueños de la sociedad comercial a cargo de la obra, la constructora Mako SA.

Según la denuncia realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) también había “diferencias entre el avance físico que se asentó en los certificados de avance de obra -soporte a partir del cual se justifican y realizan los pagos- y lo constatado durante una inspección”.

Mauricio Gómez – San Vicente

Esteban Mauricio Gómez llegó a la intendencia de San Vicente en 2015 por Cambiemos, con el 36% de los votos. Es el otro jefe comunal del oficialismo que no quiso hacer público su patrimonio, pese a su vehemencia en apoyar la gestión de la gobernadora.

A mediados de este año se vio envuelto en una polémica por la designación de más de una veintena de familiares en el Municipio.”Avisé que mi familia iba a ser parte de mi equipo”, sostuvo en una conferencia de prensa para defenderse. También fue cuestionado por el aumento de la planta jerárquica de personal.

Cuando Infobae se contactó con el área de Comunicación de San Vicente para solicitar su declaración jurada, no logró obtener una respuesta. Sobre el cierre del plazo para este informe, Gómez accedió él mismo a explicar sus motivos: “Las declaraciones juradas están a resguardo y a disposición del presidente del Concejo Deliberante. Están lacradas y si hay que abrirlas, se abren. Hacerlas públicas es un riesgo para las personas. Hay que respetar la seguridad y la intimidad de las familias“, argumentó.

El jefe comunal de San Vicente no dio vueltas a la hora de justificar su negativa: “Vengo de una familia de empresarios, no quiero que mi patrimonio lo sepa todo el mundo“.

Politica

Kicillof, Insaurralde y Magario: los candidatos que más suenan en el PJ bonaerense

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El peronismo de la provincia de Buenos se reúne el fin de semana en Santa Teresita. Los nombres para hacerle frente a María Eugenia Vidal.

El PJ bonaerense se reúne este sábado para empezar a elaborar su estrategia electoral con la que enfrentará a Cambiemos este año. Desde la oposición saben que la gobernadora María Eugenia Vidal es la oponente más complicada del oficialismo y necesitan proyectar las opciones disponibles dentro de su espacio ante el posible desdoblamiento de las elecciones.

En ese marco, el PJ bonaerense reunirá a su consejo partidario este sábado a las 11 de la mañana en Santa Teresita. Muy activo desde que asumió las riendas dela fuerza, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, movió sus influencias y organizó un encuentro en plena temporada alta estival. Luego, almorzará con la comitiva de intendentes justicialistas.

Diagramar la campaña del peronismo es fundamental en medio de las conversaciones entre funcionarios de Provincia y de Nación para desdoblar las elecciones, un escenario que el peronismo mira con desconfianza. La decisión final no llegaría hasta marzo, cuando Vidal lo acuerde con el presidente Mauricio Macri y la Comisión Bicameral haya dado sus recomendaciones en torno a la cuestión.

Las especulaciones apuntan a que un calendario electoral unificado entre Provincia y Nación, como es costumbre desde hace décadas, permitiría al peronismo atar su suerte en cada uno de los distritos que gobiernan a la performance que obtenga en la presidencial la senadora Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente con mayor volumen electoral de la oposición.

Los argumentos de Vidal para desdoblar la elección bonaerense Por el momento, las opciones del peronismo bonaerense para jugar en la categoría a gobernador se reducen a tres: el diputado de Unidad Ciudadana y exministro de Economía Axel Kicillof, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien es el predilecto de la expresidenta; ; y su par de La Matanza, Verónica Magario. En el caso de que finalmente hubiese un desdoblamiento electoral, las tornas giraría a favor de Kicillof.

El exministro tiene alcance nacional ya instalado, es conocido entre la población y es quien fideliza mejor al electorado de Cristina Kirchner.

No obstante, en territorio bonaerense no todos ven con buenos ojos que un dirigente importado de la Capital Federal compita a gobernador. Por su lado, Insaurralde y Magario tienen peso territorial en sus distritos pero no les alcanzaría el tiempo de campaña para instalarse y darle pelea a Vidal. B.D.N. (Fuente www.perfil.com).

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Politica

Artículo por artículo, cómo es el decreto para recuperar bienes de la corrupción

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Artículo por artículo, cómo es el decreto para recuperar bienes de la corrupc

El Presidente y todo su gabinete firmaron el DNU que fue publicado este martes en el Boletín Oficial

El gobierno nacional publicó este martes el decreto de necesidad y urgencia a través del cual puso en marcha el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

 El yate de Ricardo Jaime, emblema de los bienes recuperados asociados a la corrupción

La norma, que había sido adelantada por Infobae, fue instrumentada a partir de la modificación del artículo 1907 del Código Civil, que incluye la nueva modalidad de extinción de los derechos reales, y un anexo que define punto por punto cómo será el nuevo procedimiento que se sustanciará en el fuero civil.

En los argumentos, el Poder Ejecutivo precisó los lineamientos básicos de la medida. Aseguró que “el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley“.

Y en virtud de ello, indicó que “el Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de manera integral contra el flagelo del crimen organizado“.

El anexo crea el nuevo régimen procesal propiamente dicho. Del análisis de su articulado, se puede precisar cómo será el procedimiento a partir del cual  los jueces civiles podrán recuperar bienes vinculados a la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves que fueron detallados en el artículo 6.

Los puntos más importantes:

– Acción civil

La acción de extinción de dominio se sustanciará en el fuero civil a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial. Este tema es relevante en virtud de los debates que se habían dado el año pasado en el Congreso. 

– Creación de la Procuraduría de extinción de dominio

El decreto contempla la creación de una nueva fiscalía que tendrá facultades para realizar investigaciones de oficio y colaborar en la identificación y localización de los bienes.

Esta nueva Procuraduría deberá presentar demandas e impulsar las acciones de extinción de dominio. Tendrá la potestad de pedir informes a todas las áreas del Estado Nacional, como así también entidades públicas y privadas, que no podrán negarse bajo ninguna circunstancia.

A requerimiento de la Fiscalía, el juez estará obligado incluso a levantar el secreto fiscal, bancario, o bursátil. 

– Bienes a recuperar

Se podrán recuperar todos los bienes que el demandado haya incorporado a su patrimonio con posterioridad a la fecha de la comisión de un presunto delito y cuyo origen no puede ser justificado en virtud de sus ingresos.

Esto incluye a todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad  u otros derechos, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria.  Incluye ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de estos bienes.

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– Los delitos penales que disparan el proceso civil

El artículo 6 hace un pormenorizado de los delitos a partir de los cuales procede la acción civil de extinción de dominio. Incluye aquellos vinculados a la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas, entre otros.

La nueva fiscalía especializada podrá promover la acción siempre y cuando se haya dictado una medida cautelar sobre alguno de los bienes sospechados en el proceso penal. Además, podrán pedir otras medidas cautelares para asegurar el éxito de la acción.

– La carga probatoria

La parte demanda, es decir el sospechoso de haber cometido alguno de los delitos especificados en el régimen, tendrá la carga de la prueba para demostrar que los bienes afectados al proceso fueron incorporados a su patrimonio de forma lícita.

Este punto es trascendental porque invierte el principio general en derecho de la carga de la prueba, donde un demandado es inocente hasta que se demuestra lo contrario y quien tiene que probar el ilícito es la parte que impulsa la acción. 

– El destino de los bienes recuperados

El decreto establece que los bienes que sean recuperados quedarán bajo la órbita de la Agencia de Administración de Buenos del Estado, para su posterior subasta.

En el caso de dinero en efectivo, será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación. Y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

– Devolución de bienes

En caso de una sentencia firme de sobreseimiento dictada en sede penal, el Estado quedará obligado a restituir el bien a su antiguo poseedor. De resultar imposible, deberá entregarle un valor equivalente en dinero.

– Prescripción

La acción de extinción de dominio prescribe a los 20 años. El plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio del bien objeto de la acción. De aquí surge otra polémica porque el artículo permitirá la aplicación retroactiva de la norma, algo prohibido por los principios generales del derecho.

Anexo: régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio

República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional

2019 – Año de la Exportación

Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-02582495- -APN-DGDYD#MJ

ANEXO I

RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 1°.- Naturaleza. La acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier
derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el presente régimen. La extinción de dominio
se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no
pudiendo acumularse a ninguna pretensión.
ARTÍCULO 2°.- Competencia. Será competente para entender en las acciones previstas en el presente
régimen, la Justicia Federal con competencia en lo civil y comercial. En la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, será competente la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal.
Será competente el juez del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren ubicados sus bienes, a
elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora
podrá accionar en todas o cualquiera de ellas.
ARTÍCULO 3°.- Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional. La Procuración
General de la Nación contará con una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional,
con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización
de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente, en los
casos que así lo dispongan los fiscales intervinientes en esas investigaciones.
La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, junto con los fiscales competentes
conforme a lo establecido en el artículo 2o, deberán presentar las demandas e impulsar las acciones de
extinción de dominio previstas en el presente régimen.
El Procurador General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22, segundo párrafo, de la
Ley N° 27.148 y su modificatoria, determinará el funcionamiento de la Procuraduría de Extinción de
Dominio a favor del Estado Nacional y establecerá los criterios que orienten el inicio y selectividad de las
acciones de extinción de dominio en función de la significación económica de los bienes, el grado de
afectación al interés público y los objetivos que orientan el accionar del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional estará facultada para requerir
información a todas las áreas del Estado Nacional así como a entidades públicas y privadas, las que no
podrán negarla bajo ninguna circunstancia.
A requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el juez competente deberá levantar el secreto
fiscal, bancario, bursátil o el establecido en los artículos 22 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y 87 –
primer párrafo- de la Ley N° 27.260.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría podrá conformar equipos de investigación conjunta
con organismos locales, internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar colaboración
internacional en los términos de la normativa, los convenios y pactos vigentes.
ARTÍCULO 4°.- Partes. En la oportunidad prevista en el artículo 8° del presente régimen, el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la
tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de
dominio, se encuentre o no imputada en la investigación penal.
Deberá impulsar la citación como tercero de intervención obligada en los términos de los artículos 90 y 94
del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN y a toda otra persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la
demanda que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.
ARTÍCULO 5°.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al
patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por
no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un
incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de
los delitos enunciados en el artículo siguiente.
Quedarán abarcados:
a. Todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o
no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes
mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria;
b. La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso
anterior;
c. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes previstos en cualquiera
de los incisos anteriores.
ARTÍCULO 6°.- Procedencia. La acción de extinción de dominio procede respecto de los bienes que
presuntamente provienen de los siguientes delitos:
a) Los previstos en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 23, 24 y 29 bis de la Ley N° 23.737 y sus
modificatorias;
b) Los previstos en los artículos 866 y 867 del CÓDIGO ADUANERO, aprobado por la Ley N° 22.415 y
sus modificatorias;
c) Los delitos agravados por el artículo 41 quinquies del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
d) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146 y
170 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
e) El previsto en el artículo 174, inciso 5° del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando la

investigación impute a un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes
públicos;
f) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268
(2), 269, y 277 a 279 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;
g) Los previstos en los artículos 300 bis, 303, 304 y 306 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre
que el hecho ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en este artículo;
h) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando
los delitos que se le atribuyan a la asociación sean alguno o varios de los detallados precedentemente.
ARTÍCULO 7°.- Medidas cautelares. Los fiscales intervinientes deberán informar a la Procuraduría de
Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, el inicio de todas aquellas actuaciones en las que
pudieran existir bienes que, directa o indirectamente, provengan de alguno de los delitos enumerados en el
artículo 6° del presente.
Cuando la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional tenga elementos que
permitan considerar que un bien proviene directa o indirectamente de alguno de los delitos enumerados en
el artículo 6°, podrá requerirle al fiscal interviniente que solicite el dictado de las medidas cautelares que
estime necesarias para asegurarlo a los fines de la acción de extinción de dominio y que aún no se hubieran
decretado.
ARTÍCULO 8o.- Demanda. Objeto. El dictado de medidas cautelares sobre alguno de los bienes descriptos
en el artículo 5o de este régimen en una investigación por alguno de los delitos enumerados en el artículo
6o, habilita la presentación de una demanda de extinción de dominio sobre dichos bienes, debiéndose
acompañar la documentación que así lo acredite.
La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las reglas del procedimiento previsto en el
artículo 498 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, con excepción del plazo
de contestación de demanda, que será de QUINCE (15) días.
ARTÍCULO 9o.- Excepción previa. Sólo será admisible, como excepción de previo y especial
pronunciamiento en los términos del artículo 346 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE
LA NACIÓN, la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del
demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado, cuando esa
circunstancia fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el
juez la considere en la sentencia definitiva.
ARTÍCULO 10.- Etapa probatoria. La parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los
bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con
anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los
que los hubiera adquirido.
No será de aplicación la prueba confesional.
En lo demás, los medios de prueba admisibles serán los previstos en el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Se aplicará en lo pertinente, la Sección 8° del Capítulo V, del Título II, del Libro Segundo del CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL propenderán a alcanzar acuerdos de extinción de
dominio, siempre y cuando los activos involucrados resulten adecuados para compensar el detrimento
patrimonial del Estado Nacional o el daño causado a la sociedad. Dichos acuerdos serán sometidos a la

homologación judicial, y tendrán efecto de cosa juzgada.
ARTÍCULO 11.- Sentencia de extinción de dominio. Además de los requisitos previstos en el CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, la sentencia de extinción de dominio deberá
contener:
a) Los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos
de propiedad del o los demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a su
patrimonio;
b) Si se dispusiere la extinción de dominio, la identificación precisa de los bienes o derechos afectados por
la sentencia;
c) La declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados conforme al inciso b) sin
contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y
productos, en caso de resultar aplicable;
d) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;
e) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio
constituido en forma previa a los hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a
favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su valor en dinero para su ejecución;
f) Las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios previstos por el CÓDIGO PROCESAL
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, así como el plazo para la subasta de los bienes de conformidad
con lo establecido en el último párrafo del artículo 13 del presente;
g) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificación a los registros
respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia;
h) El pronunciamiento sobre las costas, la regulación de honorarios y la compensación prevista en el
artículo 18 del presente régimen, en caso de corresponder;
i) En caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la República Argentina, deberá
identificarlos de manera precisa, con el objeto de que la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del
Estado Nacional proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución de sentencia en la
jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación aplicable.
j) En caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de dominio, deberá comunicarse al juez a
cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos de
que adopte la determinación que estime corresponder.
ARTÍCULO 12.- Cosa juzgada. La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos
involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acción judicial.
La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del
hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a
restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor
equivalente en dinero.
ARTÍCULO 13.- Destino de los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio. Durante la
tramitación del proceso de extinción de dominio, la administración y el mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo de la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado en el ámbito de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. En las mismas circunstancias, el dinero en efectivo o

depositado en cuentas bancarias a la vista será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a
fin de mitigar su depreciación, y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados
nacionales o internacionales serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona
en la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá ordenar la subasta de los bienes y,
una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y
demás costos procesales, su producido ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando exista una
asignación específica establecida en las leyes mencionadas en el artículo 6° del presente.
ARTÍCULO 14.- Disposición anticipada. El juez podrá, a pedido del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y
con intervención de la autoridad a cargo de la administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de
los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o
cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público.
El juez siempre podrá ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su
consentimiento.
Previo a resolver, el juez deberá escuchar a quienes invoquen derechos reales o personales sobre aquellos
bienes. De no presentarse los interesados, procederá sin más la venta anticipada y el producido con sus
intereses pasarán a conformar el objeto del proceso de extinción de dominio.
El juez podrá adoptar las medidas que considere adecuadas para evitar la compra simulada o fraudulenta del
bien que frustre los fines de desapoderamiento perseguidos por el presente régimen. Asimismo, el juez
podrá ordenar la destrucción de los bienes cautelados cuando:
a. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza;
b. Representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad pública;
c. Amenacen su ruina.
ARTÍCULO 15. – Fondo de garantía. El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer un fondo de garantía,
conformado por un porcentaje del producido de lo que enajene de acuerdo con el presente régimen, a los
efectos previstos en el último párrafo del artículo 12.
ARTÍCULO 16.- Prescripción. La acción de extinción de dominio prescribe a los VEINTE (20) años. El
plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien
o de los bienes objeto de la presente acción. Cuando no pudiera determinarse, deberá computarse desde la
fecha de presunta comisión del delito investigado en sede penal.
ARTÍCULO 17.- Suspensión. La suspensión del dictado de la sentencia civil prevista en el artículo 1775
del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN no resulta de aplicación en el presente régimen.
ARTÍCULO 18.- Programas de colaboración. El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá desarrollar
programas de colaboración de personas que aporten información relevante para las investigaciones que
lleve adelante la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, fijando como
compensación un porcentaje que no podrá exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) de los bienes cuyo
dominio se declare extinguido como consecuencia de la información aportada por el colaborador. A tal
efecto, en cualquier instancia informará al juez a cargo del proceso, la existencia de uno o más
colaboradores, cuya identidad será preservada, con el objeto de que la sentencia incluya dicha
compensación.
ARTÍCULO 19.- Bienes cautelados. La acción de extinción de dominio procede aún en los casos en que
los bienes se encuentren cautelados o vinculados de cualquier modo a otro proceso.

ARTÍCULO 20.- Inoponibilidad. Ningún acto jurídico realizado sobre los bienes objeto de la demanda es
oponible a la acción de extinción de dominio prevista en el presente régimen, con excepción de los
realizados a favor de terceros de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso deberá procederse conforme a lo
establecido en el inciso e) del artículo 11 del presente.
ARTÍCULO 21.- Disposición transitoria. La PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en
trámite a los efectos del artículo 7° del presente, dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de su
entrada en vigencia.
ARTÍCULO 22.- Comunicación a la Comisión Bicameral Permanente. El MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL deberá dar cuenta de la aplicación del presente régimen a la COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN prevista en el artículo 6° de la Ley N°
27.148 y su modificatoria.

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Politica

Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para recuperar bienes de corruptos y narcotraficantes

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“Estoy hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y obras de arte”, aseguró el jefe de Estado al anunciar la extinción de dominio en Casa Rosada

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, informó que firmará un decreto para poner en marcha la extinción de dominio, el instituto jurídico que permite recuperar bienes vinculados a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico.

En un anuncio realizado en Casa de Gobierno, el jefe de Estado aseguró: “Estamos hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se van a poder subastar y destinar a políticas públicas que son fundamentales para los argentinos“.

Según explicó, decidieron instrumentar la medida por decreto porque el proyecto que impulsaba Cambiemos “está estancado hace años” en el Congreso.

El gobierno nacional logró imponer la iniciativa en Diputados, pero fue modificada en el Senado, de ahí la demora en la sanción de la ley a la que se refirió Macri.

Los argentinos ya esperamos demasiado y la Justicia necesita este mecanismo ya mismo“, argumentó el Presidente, quien además les solicitó a los jueces que “actúen rápido en el compromiso con la verdad y la transparencia“.

Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. El que las hace, las paga. Sí, repito: en la Argentina, el que las hace las paga“, suscribió Macri.

La semana pasada, la diputada nacional Elisa Carrió había reclamado por el tema en una entrevista con Infobae. Y este lunes minutos después del anuncio la Coalición Cívica emitió un comunicado de prensa en el que resaltó “esta herramienta fundamental” que tendrán los jueces.

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Según explicaron los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano en una conferencia improvisada en el Salón Blanco, el decreto permitirá avanzar con la extinción de dominio por la vía civil incluso cuando el o los imputados aún no hayan sido condenados en el fuero penal.

Un juez civil determinará qué bienes puede tener esa persona en virtud de sus ingresos y su actividad declarada. En este caso, se va a invertir la carga de la prueba y será independiente del proceso penal“, declaró Bullrich.

La ministra de Seguridad advirtió que durante los primeros años de gestión de Cambiemos se recuperaron cerca de 23 millones de pesos en campos, propiedades y secuestro de drogas. “Es un porcentaje mínimo”.

(Prensa Presidencia)

(Prensa Presidencia)

“Con este nuevo mecanismo tienen que tener miedo los narcotraficantes y los corruptos. Todo aquel delincuente que tuvo un proceso penal y fue condenado, cuando salga de la cárcel no va a poder tener los bienes que obtuvo con actos ilícitos”, explicó Bullrich.

La funcionaria también explicó que el proceso puede tener quince años de retroactividad y que hay millones de pesos que “podrían haber sido recuperados” con este mecanismo nuevo. Además, envió un mensaje a los legisladores que no están de acuerdo con el proyecto de Cambiemos: “No creemos que haya un solo diputado o senador que esté en contra de sacarles los bienes a aquellos que le roban a la gente”.

El ministro Garavano detalló cómo es el proceso que describe el nuevo decreto. “Se origina un proceso penal donde hay bienes secuestrados. La fiscalía avisa sobre la cantidad de bienes a una procuración que se va a crear específicamente para seguir este tema y esta evalúa el inicio de la acción civil”, sostuvo.

Infobae

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