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Causa Cuadernos: la Sala III de Casación confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por la cartelización de la obra pública

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La decisión la tomaron los jueces Liliana Catucchi, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci

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FOTO : Cristina Kirchner en el Senado (foto REUTERS/Agustin Marcarian)

Una sala de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles el procesamiento por cohecho (coimas) de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una del ramillete de causas que se abrió a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno. En este caso es la causa por la “cartelización de la obra pública”, en donde se estableció que funcionarios entre 2003 y 2015 montaron un sistema de “recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente” del que participaron los empresarios pagando coimas. Allí también están procesados un importante grupo de empresarios.

Se trata de la primera decisión de relieve contra Cristina Kirchner desde que llegó a la vicepresidencia, resaltaron a Infobae fuentes judiciales. Si bien en términos concretos no modifica el escenario, porque el expediente ya había sido elevado al Tribunal Oral Federal 7 por el juicio oral, lo cierto es que aún quedaba este recurso pendiente que deja firme el procesamiento.

La decisión la tomaron los jueces de la Sala III, a cargo de Liliana Catucchi, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci. El fallo se firmó cuando otra Sala, la I, con Ana María Figueroa a la cabeza, decidió revisar las declaraciones de los “arrepentidos” en el expediente principal y reclamar las grabaciones de esas confesiones. Hoy, también el fiscal de Casación Raúl Pleé reclamó dejar sin efecto esa medida.

No es un dato al pasar. El año pasado, hubo una “guerra abierta” en Casación sobre qué sala se quedaba con la causa cuadernos. Es que como el juez Claudio Bonadio abrió la causa de los cuadernos, adjuntándola a la causa Gas Licuado, que ya existía; y después fue declarando conexos expedientes que ya existían o que se abrían con las revelaciones de los arrepentidos, hubo idas y vueltas sobre a quién le correspondía intervenir en la revisión del caso.

Ana Maria Figueroa, jueza de Casación (NA)Ana Maria Figueroa, jueza de Casación (NA)

Finalmente, la Sala I, con la presidencia de Figueroa y Daniel Petrone y Diego Barroetaveña como vocales, se quedó con el capítulo Centeno. La Sala III, en cambio, se quedó con el resto de los expedientes.

Ahora, los jueces de la Sala III resolvieron confirmar el procesamiento de Cristina Kirchner, al declarar inadmisible el planteo de la defensa. Catucci, Riggi y Yacobuchi analizaron la apelación presentada por la defensa de la hoy vicepresidenta al fallo que dictó el 29 de octubre de 2019 la Sala I de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, hoy en la mira por los traslados.

En ese fallo se confirmó la ampliación del procesamiento de CFK, que se había dispuesto originalmente en el expediente Centeno, “en cuanto la responsabiliza por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real” y se “atuvo a la prisión preventiva impuesta en la causa conexa 9.608/18”. “Además en esa resolución la Cámara Federal confirmó parcialmente “el embargo decretado a Cristina Elisabet Fernández cuyo monto redujo a 200 millones de pesos”.

En esa causa también están procesados el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y medio centenar de empresarios, entre los cuales figuran Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri), Aldo RoggioCarlos WagnerJuan Chediack, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Gerardo Ferreyra. Buena parte de los hombres de negocios procesados por el juez Claudio Bonadio confesaron como arrepentidos haberse beneficiado del sistema de cartelización por el cual se fraguaban las licitaciones y se pagaban coimas. Hubo otros que lo negaron.

El fallo de Casación

En el centro de la foto, los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, que deben resolver en la Sala III. A sus costado, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que intervienen en la sala I. En el centro de la foto, los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, que deben resolver en la Sala III. A sus costado, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que intervienen en la sala I.

Contra esa decisión, los defensores de la ex presidenta fueron a Casación. “Considerando que la parte quejosa no logró refutar en forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que señaló el a quo como objeción al recurso que intentó –dijeron los jueces–. En efecto, los argumentos de la impugnante, lejos de contrarrestar los fundamentos expuestos por el tribunal de la instancia anterior, evidencian sólo una opinión diversa sobre el asunto traído en examen, razón por la cual la presentación directa no logra superar la barrera de admisibilidad”.

El fallo aseguró: “La defensa intentó discutir por esta vía elementos de prueba suficientes para avalar el tipo de pronunciamiento que pretenden atacar y que fueron acabadamente tratadas por la Alzada, sin cuestionamientos que pudieran perfilar una cuestión federal. Más aún cuando es el debate la etapa donde las partes tienen la oportunidad de discutir la prueba producida”.

“Es por ello que la decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, se aseguró.

A criterio de Casación, la resolución de Bruglia y Bertuzzi “ha satisfecho la garantía establecida en los artículos 8.1 y 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14, inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ambos incorporados a la Constitución Nacional”. “Al no haber podido los codefensores particulares acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme las pautas sentadas por la Corte”, se declaró inadmisible el pedido de la defensa de Cristina Kircnner.

(NA)(NA)

Esta causa, conocida como la cartelización de la obra pública o “la camarita”, como le dicen los abogados defensores, comenzó por los dichos de arrepentidos. Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa de los cuadernos, pidió un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo para confesar que había organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Desde su rol como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), explicó cómo armó un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien negó la acusación.

Otro arrepentido que dio información fundamental para explicar la cartelización de la obra pública fue el financista Ernesto Clarens. Es que las coimas acordadas por los funcionarios y los empresarios se pagaban en sus oficinas. Eso lo admitió tanto Clarens como algunos otros empresarios. El financista confesó que cobró dinero en pesos, lo pasó a dólares y lo entregó a Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens –citado a indagatoria– también entregó planillas que –según dijo– le dieron en la Dirección Nacional de Vialidad y en las que constaban los ganadores de cada licitación y los porcentajes que cada empresa debía pagar de coimas.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)

José López, ex secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista, confesó haber participado de la maniobra y aseguró que le explicó en enero de 2011 la situación a la entonces presidente Cristina Kirchner. Más tarde, volvió a declarar vinculando a los empresarios.

La ex presidente había dicho en su declaración que en esta causa se daban las mismas irregularidades de la “causa de las fotocopias”, en donde “no se realizó sorteo alguno para designar al juez que debía entender en el caso y el expediente se formó con copias de las supuestas confesiones de algunos arrepentidos, a la cual se agregaron, para juntar papeles, impresiones de actos de gobierno e informes irrelevantes referidos a más de cien empresas contratistas del Estado”.

“En este proceso se estarían investigando presuntos pagos ilegales efectuados por empresas vinculadas a la obra pública civil. Aquí se me acusa, una vez más, de haber liderado una supuesta asociación ilícita y tampoco se precisa cuál habría sido mi participación en los cientos de presuntos actos delictivos a los que genéricamente se hace referencia en el expediente. Todo se resume al supuesto carácter de jefe de tal imaginaria asociación, de la que no existe por cierto evidencia alguna”, afirmó. Y añadió: “En estas condiciones, como ya lo advertí, desarrollar el derecho de defensa en juicio resulta imposible, debiendo limitarme naturalmente a señalar que se trata de una nueva imputación calumniosa en mi contra”.

FUENTE : INFOBAE

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Las conclusiones de la junta médica de Maradona: así fue el peligroso cóctel de pastillas y alcohol que pudo haber matado a Diego

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La situación empeora para Leopoldo Luque y Agustina Cosachov: un documento que fue analizado por la junta médica que intentó esclarecer su muerte detalla una serie de diez medicamentos y los riesgos que implican sus interacciones. El informe oficial fue presentado hoy a los fiscales tras ser filtrado a la prensa
 Ídolo final: Diego en sus últimos días como DT de Gimnasia y Esgrima.

Diego Armando Maradona, al momento de su muerte, según revelaron las pericias toxicológicas a su cuerpo y varios testimonios, consumía un cóctel de psicofármacos de alto calibre para tratar su alcoholismo, una serie de antidepresivos y antipsicóticos o la naltrexona, empleada en tratamientos de síndrome de abstinencia, todo recetado por la psiquiatra Agustina Cosachov y administrado por su entorno, o por los enfermeros a cargo de cuidarlo.

Además, bebía alcohol.

Los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, a cargo de investigar el expediente bajo la coordinación del fiscal general John Broyad, preguntaron expresamente por los efectos que podían producir las interacciones de estos psicofármacos y la bebida en el cuerpo de Diego a la junta médica citada para esclarecer su muerte y definir las imputaciones contra los acusados del caso y si específicamente podrían haber influido en el cuadro cardiológico que se encontró en la autopsia, con una insuficiencia cardíaca como causa aparente de muerte.

Cosachov, responsable del tratamiento con pastillas.Cosachov, responsable del tratamiento con pastillas.

La junta, entre peritos oficiales y de parte, más especialistas designados por las defensas, deliberó durante dos meses por Zoom cada lunes y jueves, conectados entre sí en un grupo de WhatsApp. Aseguraron que, efectivamente, así lo era, que los remedios eran correctos, pero que sus combinaciones podían traer efectos adversos directamente relacionados con el corazón de Diego. Encontraron que esas interacciones entre pastillas y alcohol podrían haber dañado gravemente a Maradona e incluso costarle la vida.

Sus conclusiones, que debían ser presentadas este mediodía en la Fiscalía General de San Isidro, fueron filtradas el viernes pasado a la prensa.

El informe de la junta médica afirmó:

“A pesar de que por separado los psicofármacos indicados pudieran no tener una interacción directa y marcada con bebidas alcohólicas, la acción conjunta de los mismos, en un paciente complejo con una triple afección (cardíaca-hepática-renal), puede producir estados de sedación intensos, confusión, posibles descontroles conductuales severos, disminución de la capacidad motora, alteraciones en el ritmo cardíaco y la presión arterial. Teniendo en cuenta la farmacodinamia y farmacocinética de los fármacos y el etanol, el suministro conjunto (no necesariamente en el mismo momento, sino durante el mismo día) está contraindicado”.

Infobae, por otra parte, accedió a un documento que fue evaluado por la junta médica para llegar a su conclusión, más allá del informe final. El informe detalla los diez medicamentos que Maradona tomaba al menos hasta el 24 de noviembre de 2020, el día previo a su muerte. También detalla, combinación por combinación, lo que podía ocurrir y los graves efectos colaterales.

Junta médica: parte por parte, el cuerpo de Diego según las conclusiones de los médicos.Junta médica: parte por parte, el cuerpo de Diego según las conclusiones de los médicos.

La combinación de alcohol y gabapentina, levetiracetam, lurasidona, naltrexona y quetiapina, cada droga por separado, lleva a los mismos resultados: depresión y deterioro del sistema nervioso central y el sistema psicomotriz, hemorragias intestinales, úlceras. Mezclar alcohol con venlafaxina puede ser, de acuerdo al documento, “potencialmente mortal” por “efectos aditivos antiplaquetarios aumentados por la inhibición de la captación de serotonina plaquetaria”.

El combo de quetiapina y venlafaxina puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial. En su casa, según el informe, se halló agua mineral con alto contenido de sodio, además de un consumo de mariscos fritos a la provenzal y sándwiches de miga. El cuadro no lo favorecía. Lo mismo podía pasar con mezclar ketorolac y quetiapina o venlafaxina. En varias de las combinaciones se recomienda expresamente controlar la presión arterial: Maradona, de por sí, era hipertenso.

Dos altas fuentes con acceso al expediente confirmaron a Infobae que el archivo que se distribuyó fue el enviado a Aníbal Areco, perito psiquiatra designado por la defensa de Cosachov. Pero Areco mismo no fue quien envió el documento por WhatsApp a los periodistas interesados en el caso. Las mismas fuentes sospechaban que el informe había sido enviado para intentar un truco en los Tribunales de San Isidro: impugnar a la junta misma y así invalidar la principal prueba del caso.

Luque, más complicado (EFE)
Luque, más complicado (EFE)

El informe fue finalmente entregado este lunes a los fiscales, lo que se convierte en un momento clave para el caso: así, Capra, Iribarren y Ferrari podrán definir las imputaciones y si efectivamente los médicos son imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, tal como pidió el querellante Mario Baudry, en nombre de Diego Fernando, hijo del ídolo.

En una entrevista reciente, Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, anunció la posibilidad de impugnar la junta. El abogado Julio Rivas, defensor de Luque, aseguró hoy que el resultado de la junta “será motivo de una impugnación judicial”.

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FUENTE : INFOBAE

 

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Es diputado, tiene 43 años, se vacunó en febrero y figura como personal de salud: lo investiga la Justicia Federal

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Se trata de Santiago Igon, legislador de La Cámpora y referente de Esquel. Un médico lo denunció y ahora lo investiga un fiscal federal
Santiago Igón, diputado nacionalSantiago Igón, diputado nacional

El 17 de febrero, apenas 24 horas antes del operativo de vacunación VIP montado en las oficinas del Ministerio de Salud, un diputado de La Cámpora de apenas 43 años recibía la primer dosis de la Sputnik V. Según registros oficiales a los que accedió Infobae, Santiago Igon se vacunó en el Hospital Zona del Esquel. Pero lo más llamativo es que fue registrado como “personal de salud”, tal como ocurrió con el procurador del Tesoro Carlos Zannini, entre otros casos resonantes. El caso de Igon, uno de los 75 diputados vacunados, ya está en manos de la Justicia. La fiscalía federal de Esquel abrió una investigación y ya tiene datos sobre el proceso de vacunación.

Igón fue denunciado por Fernando Urbano, un médico que supo militar en política y ahora preside la Fundación FUSSO. En realidad, la presentación inicial fue ante el Procurador General de Chubut, el 10 de marzo, luego fue derivada al juzgado federal de Esquel, y terminó en la Fiscalía a cargo de Federico Baquioni.

“Es indignante observar a este funcionario que asume su posición como un privilegio de casta que lo eleva por encima de los ciudadanos que él está representando”, dice esa denuncia.

El fiscal de Esquel le pidió colaboración a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodriguez, que ya respondió con los datos suministrados por el Ministerio de Salud. Esa Fiscalía especializada está investigando el caso del vacunatorio “VIP” junto al fiscal federal Eduardo Taiano y recibió el listado completo de todos los vacunados entre el 29 de diciembre y el 23 de febrero de este año. Son casi 2 millones de personas.

Igon estaba en ese listado porque se inoculó el 17 de febrero con la Sputnik V. Para ese entonces, en la provincia de Chubut todavía no se había terminado de vacunar a los residentes en geriátricos ni a los trabajadores de la salud.

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El diputado Santiago Igon admite que se vacunó en Esquel

“Yo me podría haber vacunado cuando se vacunaron distintos referentes de la provincia. En ese momento había una discusión (sobre la vacuna). Yo decidí que no. Me anoté como cualquier hijo de vecino. Nos dimos la primera dosis hace una semana”, dijo el diputado en una entrevista con FM del Lago Esquel. Fue a fines de febrero, tras una denuncia pública de la abogada Florencia Arietto.

El diputado camporista se apuró en ese momento para intentar despegarse de los vacunados “VIP”. “No tiene que ver con el contexto VIP, tengo afecciones de salud importantes, con temas coronarios y de diabetes muy importante”, dijo. En Esquel, muy pocos le creyeron.

“Se blindó el tema en la mayoría de los medios locales. Igón dijo que se había anotado como cualquiera. Pero en el Hospital lo desmintieron, la partida que había llegado no era para su segmento etario. Su caso fue en simultáneo a las vacunas que se roban en Comodoro Rivadavia”, recordó el diputado de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, ante una consulta de este medio.

Igon es oriundo de la ciudad de Mercedes, al igual que el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, y se fue a vivir al sur hace poco más de una década. En 2015 encabezó la lista de diputados en su provincia y en 2019 volvió a repetir ese lugar. Ahora apunta a presentarse como candidato a senador.

Alberto Fernández en ChubutAlberto Fernández en Chubut

El camporista estaba junto al presidente Alberto Fernández el día de los incidentes en la localidad de Lago Puelo, que derivaron en una fuerte disputa política. El gobierno de Mariano Arcioni lo acusó de desviar la comitiva oficial. También fue apuntado el intendente local.

“Lamento lo que dijo el Gobernador (Mariano Arcioni) con respecto a que el Presidente acompañaba el proyecto de la minería, es muy difícil decir algo en nombre de otro y termina provocando algunas reacciones que son repudiables”, dijo el camporista luego de ese incidente.

FUENTE : INFOBAE

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El fiscal Pleé busca que la Corte revise sobreseimientos en la causa dólar futuro

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Pleé presentó un recurso extraordinario contra la decisión que sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por inexistencia de delito.

Pleé, en la audiencia en la que la Cámara sobreseyó a Fernández de Kirchner y a Kicillof.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Raúl Pleé presentó este lunes un recurso extraordinario contra la decisión que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a ex miembros del directorio del Banco Central en la llamada causa “dólar futuro”.

En un escrito entregado a la sala I de la Cámara Federal de Casación, el fiscal pidió que se le conceda el recurso extraordinario para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que el máximo tribunal del país “deje sin efecto la sentencia impugnada”, según el texto al que tuvo acceso Télam.

El 13 de abril pasado, la sala I de Casación sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta Kirchner, al exministro de Economía Kicillof, al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli y a Miguel Angel Pesce, exdirector al momento de los hechos y actual presidente de la entidad, entre otros procesados.

El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a un planteo de la defensa de la Vicepresidenta, entre otros, y revocó una decisión del Tribunal Oral Federal 1 que había resuelto avanzar con la preparación de un juicio oral pese a que una pericia concluyó que no hubo delito con la operatoria.

Casación deberá resolver ahora si concede el recurso extraordinario y envía la causa a la Corte y caso contrario sólo quedará como recurso ir en queja directa ante el máximo tribunal.

En su escrito, Pleé insistió en la “importancia de la realización del juicio oral para dar una adecuada respuesta jurisdiccional a la pretensión acusatoria del Ministerio Público Fiscal respecto de los imputados”

La fiscalía aludió a la “arbitrariedad de la resolución” de Casación por “falta de fundamentación suficiente” y “valoración fragmentaria de los elementos probatorios”.

 

FUENTE : INFOBAE

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