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Causa Cuadernos: la Sala III de Casación confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por la cartelización de la obra pública

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La decisión la tomaron los jueces Liliana Catucchi, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci

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FOTO : Cristina Kirchner en el Senado (foto REUTERS/Agustin Marcarian)

Una sala de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles el procesamiento por cohecho (coimas) de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una del ramillete de causas que se abrió a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno. En este caso es la causa por la “cartelización de la obra pública”, en donde se estableció que funcionarios entre 2003 y 2015 montaron un sistema de “recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente” del que participaron los empresarios pagando coimas. Allí también están procesados un importante grupo de empresarios.

Se trata de la primera decisión de relieve contra Cristina Kirchner desde que llegó a la vicepresidencia, resaltaron a Infobae fuentes judiciales. Si bien en términos concretos no modifica el escenario, porque el expediente ya había sido elevado al Tribunal Oral Federal 7 por el juicio oral, lo cierto es que aún quedaba este recurso pendiente que deja firme el procesamiento.

La decisión la tomaron los jueces de la Sala III, a cargo de Liliana Catucchi, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci. El fallo se firmó cuando otra Sala, la I, con Ana María Figueroa a la cabeza, decidió revisar las declaraciones de los “arrepentidos” en el expediente principal y reclamar las grabaciones de esas confesiones. Hoy, también el fiscal de Casación Raúl Pleé reclamó dejar sin efecto esa medida.

No es un dato al pasar. El año pasado, hubo una “guerra abierta” en Casación sobre qué sala se quedaba con la causa cuadernos. Es que como el juez Claudio Bonadio abrió la causa de los cuadernos, adjuntándola a la causa Gas Licuado, que ya existía; y después fue declarando conexos expedientes que ya existían o que se abrían con las revelaciones de los arrepentidos, hubo idas y vueltas sobre a quién le correspondía intervenir en la revisión del caso.

Ana Maria Figueroa, jueza de Casación (NA)Ana Maria Figueroa, jueza de Casación (NA)

Finalmente, la Sala I, con la presidencia de Figueroa y Daniel Petrone y Diego Barroetaveña como vocales, se quedó con el capítulo Centeno. La Sala III, en cambio, se quedó con el resto de los expedientes.

Ahora, los jueces de la Sala III resolvieron confirmar el procesamiento de Cristina Kirchner, al declarar inadmisible el planteo de la defensa. Catucci, Riggi y Yacobuchi analizaron la apelación presentada por la defensa de la hoy vicepresidenta al fallo que dictó el 29 de octubre de 2019 la Sala I de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, hoy en la mira por los traslados.

En ese fallo se confirmó la ampliación del procesamiento de CFK, que se había dispuesto originalmente en el expediente Centeno, “en cuanto la responsabiliza por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real” y se “atuvo a la prisión preventiva impuesta en la causa conexa 9.608/18”. “Además en esa resolución la Cámara Federal confirmó parcialmente “el embargo decretado a Cristina Elisabet Fernández cuyo monto redujo a 200 millones de pesos”.

En esa causa también están procesados el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y medio centenar de empresarios, entre los cuales figuran Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri), Aldo RoggioCarlos WagnerJuan Chediack, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Gerardo Ferreyra. Buena parte de los hombres de negocios procesados por el juez Claudio Bonadio confesaron como arrepentidos haberse beneficiado del sistema de cartelización por el cual se fraguaban las licitaciones y se pagaban coimas. Hubo otros que lo negaron.

El fallo de Casación

En el centro de la foto, los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, que deben resolver en la Sala III. A sus costado, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que intervienen en la sala I. En el centro de la foto, los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, que deben resolver en la Sala III. A sus costado, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que intervienen en la sala I.

Contra esa decisión, los defensores de la ex presidenta fueron a Casación. “Considerando que la parte quejosa no logró refutar en forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que señaló el a quo como objeción al recurso que intentó –dijeron los jueces–. En efecto, los argumentos de la impugnante, lejos de contrarrestar los fundamentos expuestos por el tribunal de la instancia anterior, evidencian sólo una opinión diversa sobre el asunto traído en examen, razón por la cual la presentación directa no logra superar la barrera de admisibilidad”.

El fallo aseguró: “La defensa intentó discutir por esta vía elementos de prueba suficientes para avalar el tipo de pronunciamiento que pretenden atacar y que fueron acabadamente tratadas por la Alzada, sin cuestionamientos que pudieran perfilar una cuestión federal. Más aún cuando es el debate la etapa donde las partes tienen la oportunidad de discutir la prueba producida”.

“Es por ello que la decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, se aseguró.

A criterio de Casación, la resolución de Bruglia y Bertuzzi “ha satisfecho la garantía establecida en los artículos 8.1 y 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14, inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ambos incorporados a la Constitución Nacional”. “Al no haber podido los codefensores particulares acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme las pautas sentadas por la Corte”, se declaró inadmisible el pedido de la defensa de Cristina Kircnner.

(NA)(NA)

Esta causa, conocida como la cartelización de la obra pública o “la camarita”, como le dicen los abogados defensores, comenzó por los dichos de arrepentidos. Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa de los cuadernos, pidió un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo para confesar que había organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Desde su rol como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), explicó cómo armó un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien negó la acusación.

Otro arrepentido que dio información fundamental para explicar la cartelización de la obra pública fue el financista Ernesto Clarens. Es que las coimas acordadas por los funcionarios y los empresarios se pagaban en sus oficinas. Eso lo admitió tanto Clarens como algunos otros empresarios. El financista confesó que cobró dinero en pesos, lo pasó a dólares y lo entregó a Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens –citado a indagatoria– también entregó planillas que –según dijo– le dieron en la Dirección Nacional de Vialidad y en las que constaban los ganadores de cada licitación y los porcentajes que cada empresa debía pagar de coimas.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)

José López, ex secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista, confesó haber participado de la maniobra y aseguró que le explicó en enero de 2011 la situación a la entonces presidente Cristina Kirchner. Más tarde, volvió a declarar vinculando a los empresarios.

La ex presidente había dicho en su declaración que en esta causa se daban las mismas irregularidades de la “causa de las fotocopias”, en donde “no se realizó sorteo alguno para designar al juez que debía entender en el caso y el expediente se formó con copias de las supuestas confesiones de algunos arrepentidos, a la cual se agregaron, para juntar papeles, impresiones de actos de gobierno e informes irrelevantes referidos a más de cien empresas contratistas del Estado”.

“En este proceso se estarían investigando presuntos pagos ilegales efectuados por empresas vinculadas a la obra pública civil. Aquí se me acusa, una vez más, de haber liderado una supuesta asociación ilícita y tampoco se precisa cuál habría sido mi participación en los cientos de presuntos actos delictivos a los que genéricamente se hace referencia en el expediente. Todo se resume al supuesto carácter de jefe de tal imaginaria asociación, de la que no existe por cierto evidencia alguna”, afirmó. Y añadió: “En estas condiciones, como ya lo advertí, desarrollar el derecho de defensa en juicio resulta imposible, debiendo limitarme naturalmente a señalar que se trata de una nueva imputación calumniosa en mi contra”.

FUENTE : INFOBAE

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ESPIONAJE ILEGAL: APARECIÓ MUERTO UNO DE LOS PROCESADOS EN DOLORES

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Uno de los procesados en la causa por supuesto espionaje ilegal y extorsiones que tramita en la ciudad bonaerense de Dolores, Carlos Liñani, fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Liñani estaba procesado en la investigación que se lleva adelante en la Justicia Federal de Dolores y además tenía un procesamiento por defraudación en los Tribunales de Retiro.

El despachante de Aduanas y empresario fue hallado en su vivienda y se investiga si se trató de un suicidio por emanación de gas, según información de la Policía de la Ciudad.

El empresario fue hallado por personal de la comisaría vecinal 14B, el martes a las 19.30, cuando concurrió al edificio donde vivía, en Soler al 6000, ante reportes de vecinos sobre un escape de gas desde un departamento del primer piso. Los bomberos cortaron el suministro de gas de todo el edificio, se evacuaron todas las instalaciones y se forzó el ingreso al departamento con autorización de la fiscalía a cargo de Adrián Peres.

Liñani, de 48 años, fue encontrado muerto tendido sobre el piso del living y en el lugar, según el informe policial, se hallaron “varias cartas de despedida”, supuestamente escritas por él.

Además, se informó que las “hendijas de puertas y ventanas estaban selladas con cinta”, no había desorden, ni tampoco evidencia de un ingreso forzado.

Liñani estaba procesado sin prisión preventiva y pesaba sobre él un embargo de 5 millones de pesos en la Justicia Federal de Dolores por intento de extorsión en la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. Según la acusación, habría cometido este delito contra varias personas con la pretensión de forzar o direccionar sus declaraciones en el marco de la llamada causa cuadernos. Estaba procesado por “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y contraria a las previsiones de la Ley Nacional de Inteligencia, extorsión en grado de tentativa y tráfico de influencias”.

Liñani se presentaba como “colaborador” de D’Alessio y además estaba procesado en los Tribunales Federales de Retiro por haber mencionado, de manera falsa, tener vínculos con el fiscal Carlos Rivolo, quien lo denunció. En Comodoro Py tenía procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña por “defraudación”.

FUENTE : PAFINA 12

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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